El rostro sonriente detrás de una cortina y los dedos en V, burlones, de Nicolás Massot ante el reclamo furibundo de la oposición para que se discuta en el Congreso un freno a los aumentos de tarifa, desnuda un debate en el que solo gana el oficialismo. Como en el cruce de Gabriela Cerruti con el ministro de Finanzas of shore, Luis Caputo, la anécdota tapa lo importante.
El incremento de tarifas es un drama para buena parte de la población, agobiada por la inflación que no detiene su marcha. Y también se estaba convirtiendo en un problema para el Gobierno con las críticas de los propios aliados. Pero el escándalo del Congreso sirvió para desviar el foco.
El radicalismo, que venía amagando con críticas picantes, salió con el pecho inflado: logró ser recibido y escuchado por el Presidente. De socio quisquilloso a agradecer un descuentito en cuotas… con interés. Alfredo Cornejo terminó pidiendo que “el argentino consuma menos”, como paliativo a lo que debe pagar. “La inflación deriva de que la sociedad cree que tiene más derechos que recursos“, completó Javier González Fraga, con su habitual desdén por los que están más abajo. Obvia recordar que bajo su conducción en el Banco Central se desataron las dos peores hiperinflaciones entre 1989 y 1990.
Por esos años también se pagaba los servicios en cuotas. Durante la hiperinflación, en 1989, Carlos Menem, recién asumido después de la partida anticipada de Raúl Alfonsín, tuvo esa generosidad. En julio de ese año se anunciaba la medida. Al mismo tiempo, el radicalismo daba su apoyo al plan económico.
El presidente Mauricio Macri y su equipo no suavizaron un ápice los aumentos ya confirmados. Pero sus explicaciones dejaron conformes a “todos”, dijeron macristas y radicales después de la cumbre en la Casa Rosada. El todos excluye, claro, a quienes deben pagar las tarifas. Incluye a quienes la cobran y quienes deciden. Pero no a todos.
Lo curioso es que las fórmulas para justificar los tarifazos contradicen lo mismo que decían los ahora gobernantes cuando estaban en el llano. “Aumentan las tarifas de los servicios, aumenta el precio de gas en boca de pozo, se reabre el canje de deuda. ¿Renuncia Kicillof?, se preguntaba en 2012 un sonriente Rogelio Frigerio desde el llano. Ahora él mismo anticipa que no se terminaron las subas, sino que habrá varias más por “cuatro o cinco años”.
En dos años, la electricidad aumentó 562% en promedio, el agua (338%) y el gas (223%), muy por encima de lo que subieron (en términos nominales) los sueldos de los asalariados.
Según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda en 2015, el peso promedio de una canasta de servicios públicos rondaba el 6% del salario mínimo, mientras que en el 2018 este porcentaje subió al 21 por ciento. En este sentido, la Argentina pasó de estar última en 2015 al tercer puesto en 2018 detrás de Venezuela (33%) y Chile (23%).
La frialdad del Gobierno contrasta con la necesidad de la oposición de encontrar un elemento que aglutine fuerzas. El rechazo al tarifazo obligó a las principales fuerzas a sentarse en el recinto del Congreso, pero la sesión fracasó por el faltazo de varios actores principales. El quórum dependía de un legislador.
El misionero Daniel Di Stefano llegó sobre el sonido de la chicharra pero no alcanzó para evitar la frustración.
La sesión fallida no es responsabilidad de Di Stefano ni debe cargarse a Cambiemos, que, en el juego de la política, se puede permitir esos costos. Es un problema de la oposición. Algunas ausencias fueron notorias.
Fue una oportunidad perdida para que Misiones haga oír sus demandas por las asimetrías internas que soporta desde hace años con el costo de la energía. Lo había planteado ante sus pares el renovador Ricardo Wellbach al explicar que Misiones recibe energía cara y que no tiene cómo sustituir lo que demanda la producción.
La Provincia reclama cobrar las regalías de Yacyretá en energía, para poder darle el destino que mejor requiera el desarrollo económico local y eventualmente decidir el costo interno de la energía. El bloque Federal, que integra el Frente Renovador de la Concordia misionero, presentó una alternativa razonable a los tarifazos: propone que para los usuarios residenciales, las tarifas de luz y gas no podrán subir más que los salarios y serán estables por 12 meses. Además, para PyMEs, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas, los aumentos de tarifas no podrán ser mayores al índice de precios mayoristas del INDEC.
La garantía de gobernabilidad que le brinda Misiones a la Nación permite hacer una oposición seria y hacerse escuchar en las demandas. Es una posición mejor que la de los socios del radicalismo o los locales del PRO que tienen obediencia debida.
El sector empresario presentó su propia propuesta, que apunta a bajar la carga tributaria en el valor de la tarifa. Si la carga tributaria no cambia, el aumento porcentual de la factura es igual al aumento porcentual de la tarifa. Si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura es menor al aumento porcentual de la tarifa”, indica un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
Sin embargo, para la Nación, la culpa de los tarifazos es, como no podía ser de otra manera, culpa de la herencia, pero también de los gobiernos provinciales y municipales. Ese es el argumento del radical Luis Pastori, quien defendió los tarifazos de Juan José Aranguren y culpó a la provincia por los costos de energía.
En realidad, la tarifa eléctrica de un usuario residencial, subió 34 por ciento en Misiones, pero ese número podría ser mucho más dramático: Emsa paga por la energía que compra a la Nación, 62,50 por ciento más que en marzo del año pasado. La Provincia absorbió prácticamente la mitad de las subas en el último año, al mismo tiempo que normalizaba los números de Emsa.
El secretario de Energía, Sergio Lanziani, advirtió que lo peor no ha llegado: “Aranguren tomó la decisión de eliminar subsidios por 9 mil millones de dólares. Quiere decir que los redistribuidores van a tener que pagar el precio pleno de la generación en 2019, ese precio hoy es de 75 dólares el megavatio hora. Pastori dice la verdad: este nuevo gobierno federalizó el costo, a todos los distribuidores de entrega al mismo precio, que son alrededor de 50 dólares por megavatio hora, pero significa que para igualar el costo de generación, del mix nacional que son 75 dólares, todavía falta incrementar las tarifas eléctricas un 50% en dólares”. Si sube el dólar, será cada vez más caro, como sucede con los combustibles.
Los números oficiales ratifican que Misiones requiere una atención especial. No sólo subieron las tarifas de energía, sino que el combustible se disparó castigando a los usuarios de todo el país, pero especialmente a la Provincia, encajonada por las asimetrías con los países vecinos, pero especialmente con Paraguay. Desde marzo del año pasado la nafta súper aumentó en Posadas 50,5 por ciento interanual, acentuando las asimetrías con Encarnación, donde el mismo combustible se consigue hoy por ocho pesos menos el litro. En la vecina orilla en las últimas horas hasta bajó el precio. Aquí no hace más que subir.
Y no hay perspectivas de que la inflación se detenga. El Fondo Monetario Internacional –fuego amigo- anticipó para este año una inflación de 19,2 por ciento, por encima de las recalibradas metas del equipo económico. También habrá un menor crecimiento del esperado por el Gobierno, de solo 2 por ciento, cuando la expectativa era de 2,9. Eso implica menor reactivación y menor empleo.
La reactivación celebrada por el Gobierno es, hasta ahora, bastante endeble. Del medio millón de empleos creados en 2017, la mayoría son cuentapropistas y trabajadores en negro. 379 mil en total. Ese trabajador no aporta para su jubilación, tributa poco a la seguridad social y en definitiva, será un problema futuro para el Estado.
Misiones no escapa a esa tendencia, aunque en menor proporción. Según datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos, en Posadas al tercer trimestre de 2017 había 155.436 personas ocupadas (5,1% más que en el mismo trimestre del 2016). De ese total, 74,0% pertenecen a la categoría obrero/empleado, es decir, 114.981 personas (4,8% más que en el mismo trimestre del 2016).
Los cuentapropistas conforman el 20,6% del total de ocupados (con un crecimiento interanual del 3,0%) y son patrones el 4,6% de los ocupados (con un crecimiento interanual del 33,4%).
Por el contrario, trabajadores familiares sin remuneración el 0,8% (la cifra interanual disminuyó un 26,2%), lo que revela una “migración” de amas de casa a buscar un trabajo para complementar los ingresos familiares. El empleo no registrado o “en negro”, aumentó 6,2% con respecto al tercer trimestre del año anterior (pasando de 37.284 a 39.607 personas), mientras que el empleo registrado creció en menor proporción: un 4,1% de manera interanual (pasando de 72.431 a 75.374 empleados registrados).
Está claro que Misiones debe potenciar sus propias cualidades para no depender exclusivamente del rumbo nacional.
La buena sintonía del gobernador Hugo Passalacqua con el presidente Mauricio Macri no anula la idea de que la prioridad es el “misionerismo” y, por el contrario, encuentra oportunidades para potenciarla. El Presidente tiene a Misiones entre sus favoritas a la hora de promocionar el turismo y lo demostró en una nueva “minicumbre” con el mandatario misionero en el Foro Mundial del Turismo que se celebró en Buenos Aires. Allí se cerró el acuerdo con Globalia, el grupo español que invertirá en dos hoteles en Cataratas, además de unirla en vuelo directo con Madrid con una inversión global de 80 millones de dólares.
El ministro de Turismo, José María Arrúa, mantuvo además reuniones con otros potenciales inversores. Hoy, sin dudas, es el turismo el gran atractivo: en los últimos dos años la actividad atrajo 160 millones de dólares, mucho más que otros sectores económicos.
El sector forestal, por caso, principal beneficiado de la reforma fiscal, que este año dejará de tributar 500 millones de pesos en Misiones, no ha reinvertido ni generado empleo en los últimos meses. La Mesa Forestal provincial se reunió el viernes es una herramienta fundamental para fortalecer la sinergia entre privados y Estado. Pero el empresariado debe ponerse en línea con el momento. El sector más concentrado de la economía, como nunca está recibiendo una enorme transferencia de recursos y, aún ganando más, lo ideal sería que haya una retribución social. De otro modo, el denostado Estado será el único aportante: menos recursos para atender más demandas.
Los productores entendieron que la única manera de proteger a la familia yerbatera es mantenerse unidos. Una demostración de fuerza fue la que hicieron al firmar un documento en contra de la desregulación del mercado, con la que insiste el Presidente.
Los yerbateros no quieren que se repita la historia, esa que los fundió entre 1991 y el 2000 y los obligó a malvender por limosnas el producto de su esfuerzo. Curiosamente, el documento elaborado contiene una fuerte defensa del Instituto Nacional de la Yerba Mate, la herramienta imperfecta que vino a poner un poco de orden después de sendos tractorazos entre 2001 y 2002. “El INYM nos pertenece, porque lo parimos, con gran sufrimiento, con dolor y lo vamos a defender como una madre defiende un hijo”, resaltaron los productores, como una advertencia a la ola de protestas que se levantará si Macri decide finalmente ponerle la firma a su proyecto.
Cambiemos tuvo que salir, casi por obligación a poner el pecho en defensa de la desregulación.
Alfredo Schiavoni indicó que “el Estado no puede meterse indefinidamente en el mercado, pero no puede retirarse de la fijación de precios”. Como propuesta, sugirió fijar cupos –algo que el INYM ya hizo sin suerte- para equilibrar oferta y demanda. El ex diputado provincial sostuvo que otra medida puede ser el reemplazo de los yerbales por plantas de pomelo y palta, que “tienen mercado en el mundo”. De cualquier modo, reconoció que el Estado no puede retirarse del todo, porque hay problemas en el mercado.
Lo cierto es que el mercado tiene problemas. Hay una concentración en cuatro empresas que marcan el ritmo de los precios a quince mil productores. Hace unos años eran diez las que dominaban el mercado. Una desregulación hará incluso más grande la porción para unos pocos. E incluso las grandes tienen problemas financieros que vienen de arrastre.
Lejos de medias tintas, el embajador en España, Ramón Puerta, dejó al desnudo que los argumentos del Presidente son los suyos. “La fijación de precio es un error, pero la desregulación sería tremenda. Hay que regular; no hay que plantar cuando hay superproducción; los precios deben ser reales, es decir lo que la oferta y la demanda van marcando”, señaló Puerta.
El ahora diplomático, pero nunca lejos de la política, reconoció que quiere ser parte de la alianza Cambiemos en 2019. “Unión Popular es en Misiones un brazo muy importante de un peronismo que fue vapuleado en los últimos años. Nosotros (Unión Popular) no somos parte de Cambiemos, pero somos un partido frentista”, se ofreció.
En Cambiemos no lo quieren pero reconocen su lealtad para con Macri y un núcleo duro de votos que puede aportar.
En cambio, en el radicalismo local hay enojo por el posible acercamiento. Pretenden una exclusividad que el PRO le niega persistentemente. De ambas partes reconocen que prácticamente no hay diálogo. La UCR disfruta más de las internas que de la construcción. El presidente, Francisco Fonseca, es cuestionado por sus correligionarios por el escaso apego al trabajo político en el partido y como enlace con Cambiemos. Incluso, un dirigente ironizó: “Tenemos más motivos para una intervención que el PJ”.
