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Desigualdad energética: el aumento de tarifas duplica el peso de los servicios en la economía de los hogares

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Tarifazos y pobreza energética: el gasto en servicios públicos asfixia los ingresos familiares

El aumento de tarifas de servicios públicos en Argentina supera ampliamente el crecimiento salarial e, incluso, la inflación general, acelerando una situación de pobreza energética que afecta tanto a sectores de menores ingresos como a la clase media. Un análisis detallado revela los datos detrás de esta problemática creciente.

El gasto en electricidad y gas se ha vuelto cada vez más difícil de cubrir para las familias, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la tarifa de electricidad para la clase media aumentó un 758% entre noviembre de 2023 y octubre de 2024. Este incremento contrasta con un alza salarial promedio del 154% en el mismo período, mientras que la inflación acumulada fue del 146,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Una carga insostenible para la clase media y los sectores más vulnerables

“La canasta de servicios públicos para la clase media se ha multiplicado por seis, con un incremento de casi el 500% en los últimos años”, destaca Hernán Herrera, economista especializado en energía y autor de un informe del Foro Multisectorial contra los Tarifazos. Según Herrera, este fuerte aumento en las tarifas ha colocado a numerosas familias, clubes de barrio y organizaciones comunitarias en una situación de vulnerabilidad extrema, llevándolos a recortar otros gastos básicos.

El informe, elaborado por un equipo de especialistas y representantes de pymes, cooperativas y usuarios, estima que el gasto en luz, gas y otros servicios públicos para la clase media representará el 12,2% de los ingresos netos en noviembre de 2024, un salto alarmante desde el 5,1% que representaba en el mismo mes de 2023.

Segmentación tarifaria y desigualdad en los aumentos

El esquema de segmentación tarifaria en Argentina divide a los usuarios en tres niveles según su capacidad de pago, para distribuir los subsidios de manera escalonada:

  1. Nivel 1: Hogares de mayores ingresos, sin subsidios progresivos, que pagan el costo completo del servicio.
  2. Nivel 2: Hogares de menores ingresos, con acceso a la mayor cantidad de subsidios.
  3. Nivel 3: La clase media, que recibe subsidios parciales.

En el último año, el Nivel 2 registró los mayores aumentos, con un alza del 225,9% en la tarifa de gas para los sectores de menores ingresos, mientras que el grupo de mayores ingresos vio una suba del 113%. Este diferencial ha impactado negativamente en el consumo, según el informe, reduciendo la demanda de energía en un 9,6% en promedio durante 2024.

Tarifas impulsan la inflación y erosionan el poder adquisitivo

Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, el IPC general del INDEC subió un 152%, mientras que los precios regulados, que dependen de decisiones oficiales como las tarifas de servicios públicos, aumentaron un 235%. “Este esquema impagable degrada cada vez más el poder adquisitivo de los hogares y agrava las desigualdades sociales”, sostiene Herrera.

La amenaza de la pobreza energética se vuelve cada vez más palpable, al acercarse el gasto en energía al umbral crítico del 10% de los ingresos familiares. “Es crítico que un país con capacidad para generar energía propia y un superávit en ese sector esté en una situación tan precaria”, concluye el economista.

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Universidades desmienten acuerdo con Nación por el presupuesto

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Apenas unas horas después de que el Gobierno nacional anunciara un “consenso” por el incremento presupuestario de las universidades, las autoridades de diversas casas de estudio, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional, desmintieron cualquier acuerdo y negaron haber sido informados oficialmente de alguna actualización de los recursos.

Ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, había anunciado un incremento del 70 por ciento en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, dijo que se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661.

En paralelo, anunció que se realizará una reunión en la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el Comité Ejecutivo del CIN para “conversar sobre como, juntos, avanzaremos,  en  los cambios que la sociedad reclama, al mismo tiempo que nos comprometemos a lograr una educación universitaria de calidad”.  

Petovello dijo que “se acordó avanzar en conjunto” entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales, en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes.

Sin embargo, el CIN aclaró que no hubo ningún acuerdo formal y espera una convocatoria para definir prioridades del presupuesto, además de ratificar la marcha federal del 23 en defensa de la Universidad Pública.

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¿Habrá un nuevo aumento de combustibles en agosto?

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En lo que va del año el aumento en los combustibles ronda el 20 por ciento en Capital Federal, con acumulados en los últimos 12 meses que supera el 75. Esta suba sostenida está generando una gran caída en las ventas sobre todo de las Premium.

Durante este mes, YPF aumentó sus naftas un 2,5 por ciento y el gasoil 1,75 debido al cobro del impuesto a los combustibles líquidos. Luego de esta señal, otras petroleras como Shell tomaron la misma posición con respecto a sus pizarras.

¿Habrá un nuevo aumento en agosto? Cristian Folgar, ex Subsecretario de Combustibles de la Nación, sostiene que podría haber una nueva suba.

“Todo va a depender de cuatro variables: el tipo de cambio, el precio del crudo (barril de petróleo), el de los biocombustibles y la inflación que afecta a la parte impositiva”, explica a surtidores.com.ar.

Aunque observa que “cada vez que se vienen las elecciones (presidenciales) siempre los gobiernos intentan que los precios (a los combustibles) se muevan lo menos posible para no generar algún efecto adverso”.

En ese sentido, el especialista reconoce que el Gobierno podría exhortar a YPF a no mover pizarras hasta tanto no se resuelva la contienda electoral.

No obstante, según algunas petroleras, hoy día los precios deberían actualizarse a precios superiores porque no reflejan la pérdida de rentabilidad tras distintas subas que terminaron absorbiendo las propias compañías. Señalan que el aumento tendría que ser de un 10% mayor al actual.

Sin embargo, para Folgar “depende de cuál sea la vara de comparación. Porque tiene que ver con lo que cada uno suponga que deberá ser el precio sobre el que le gustaría vender, con lo cual ese número es muy relativo”, observa el ex funcionario.

 
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Confirman que el jueves habrá cortes de ruta en Montecarlo

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El MPL (Movimiento Pedagógico de la Liberación) y tareferos de Montecarlo definieron en asamblea cortar la ruta nacional 12 el próximo jueves, en el marco de un plan de lucha lanzado con múltiples reclamos al gobierno provincial, según lo confirmó este lunes, el delegado de la CTA en Montecarlo y refernete del sindicato docente, Rubén Ortiz.
El comunicado:
El día 15 de febrero se realizó en Montecarlo una asamblea de trabajadores que contó con la presencia de desocupados, tareferos, campesinos, originarios y trabajadores de la educación (porteros, cocineras y docentes, entre otros). Allí se analizó la crítica situación enmarcada en un severo ajuste donde la inflación y la devaluación han corroído el poder adquisitivo de las masas trabajadoras ocupadas y desocupadas, en el marco de un concierto de políticas recesivas dictadas por el FMI y ejecutadas por los gobiernos nacional y provincial.
Los tarifazos han sido el medio de una transferencia descomunal de ingresos hacia un puñado de monopolios y empresarios, los verdaderos ganadores de este modelo económico. Boletas exorbitantes de luz y agua, junto a la deficiencia en la prestación de los mismos (cortes periódicos, directa ausencia), más aumentos en los combustibles, gas y transporte urbano, entre otros, exponen este panorama verdaderamente desolador.
Las escalofriantes cifras del aumento de la pobreza, la explotación y la marginación son el verdadero correlato de la timba financiera y del endeudamiento y fuga de capitales que perpetra un sector vinculado a las finanzas y a la especulación sentado en ambos lados del mostrador, como accionistas de empresas o CEOs y al mismo tiempo al frente de cargos públicos estatales.
Esta situación se torna muy aguda en vísperas del acercamiento del inicio de clases. Es evidente que el deterioro salarial que sufre el sector educativo no escapa este cuadro general de pauperización de las condiciones materiales del conjunto de las masas trabajadoras, lo que expone que no están garantizadas las condiciones más elementales para el comienzo del ciclo lectivo. ¿Qué educación digna y de calidad se puede brindar en este contexto de miseria, de hambre y necesidades? ¿Cuál debe ser el rol de la escuela pública entonces? ¿Mirar para otro lado y hacer como si nada pasara, apelar al “apostolado docente” y soportar sin quejas la crisis, o ponerse codo a codo con las demandas del conjunto de nuestro pueblo para educar con un sentido liberador?
Ante ello, se ha elaborado un pliego de reivindicaciones fundamentales:
Los tareferos planteamos que el comedor escolar comience a funcionar desde el inicio del ciclo lectivo, kit de útiles escolares y guardapolvos, aumento de la tarjeta social de $2300 a $4600, $3000 la tonelada de hoja verde y un Bachillerato para tareferos.
Los desocupados expresamos que el comedor escolar comience a funcionar desde el inicio del ciclo lectivo, kit de útiles escolares y guardapolvos, reforma urbana integral, $750 de ayuda alimentaria, Plan Materno Infantil, Plan de viviendas populares, Programa para tratamiento de adicciones, rechazo a los tarifazos.
Los campesinos nucleados en el Movimiento Campesino de Liberación levantamos como bandera “No al proyecto de maíz transgénico en la provincia de Misiones”. Soberanía alimentaria, legalización de la tenencia de la tierra, mejoramiento del camino de acceso a las chacras, herramientas y apeos de labranza, semillas, no paquetes tecnológicos con semillas genéticamente modificadas y agrotóxicos.
Los pueblos originarios expresamos la necesidad de creación de escuelas con cargos de maestros para las comunidades.
Las cocineras nucleadas en el MPL planteamos el pase a planta permanente, acabando con los contratos basura.
Los porteros expresamos que se respete la ley, a fin que todo aumento al básico docente vaya también al básico de los porteros.
Los docentes nucleados en el MPL planteamos una urgente recomposición salarial, teniendo en cuenta que el 23% al básico no logra recuperar la pérdida del año 2018 agravada por la inflación de enero de alrededor de 2,5%, además de una cláusula de indexación salarial concreta y no la vaguedad de un dudoso “monitoreo de las variables económicas”. También el pago a los jubilados teniendo en cuenta todos los ítems que hacen al cálculo haberes y aumentos.
Exigimos el pago en tiempo y forma del proporcional de vacaciones para los miles de suplentes sobre los cuales año a año se hacen ahorros leoninos con su cesantía vacacional y que denominan tristemente “administración austera”.
Por otra parte, rechazamos la reforma educativa “Secundaria 2030” porque se enmarca en los lineamientos de la Declaración de Purmamarca, Plan Maestr@ y otros documentos, cuyas intenciones y propuestas lejos están de las necesidades de los educandos, sino más bien de empresas vinculadas a servicios educativos digitales, al tiempo que constituyen una avanzada sobre las condiciones laborales y pedagógicas de los docentes. No podemos convalidar la distrofia educativa que habla de “escuelas de robótica” y “aula invertida” en una suerte de fetichización de la tecnología, con las carencias más básicas, sin recursos, con deterioro de infraestructura, de insumos, de conectividad, entre otros aspectos. El énfasis en el “saber hacer” deslindado del “saber” habla más de la formación de un sujeto disociado deshumanizado que lejos de comprender y actuar para transformar su realidad, solo acciona una serie operaciones mecánicas.
Como pasos a seguir la Asamblea de Trabajadores resolvió avanzar en una medida de acción directa para próximo día jueves 21 de febrero en Montecarlo, así como también promover la realización de una gran y única movilización provincial que reúna a todos los sectores que enfrentan las políticas de explotación, saqueo y ajuste en nuestra provincia.
Basta de tarifazos y saqueo organizado contra los trabajadores. Unidad, organización y lucha, caminos para vencer.

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Cuáles son los servicios que aumentan a febrero

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Siguen los tarifazos de 2019. A partir de este viernes primero de febrero se registrarán nuevas subas de tarifas en el servicio eléctrico, en las prepagas y en las garrafas sociales. Cuánto aumentan y cuáles son las próximas subas.
Desde Emsa ratificaron que el precio de la boleta de luz sufrirá un incremento del 25% en la facturación de febrero, que se suma al aumento generado por la quita de subsidios que se vio reflejado en la boleta de enero. “No tenemos ninguna posibilidad de cobrar menos”, dijo Guillermo Aicheler, presidente de la empresa prestataria de energía, explicando que para este año la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) ya tiene previsto un incremento del 55 por ciento en varias etapas y en febrero es la primera.
Esta semana el Gobierno anunció una suba del 24% en el precio de la garrafa social de gas, a partir de febrero. Además, congeló el subsidio del Plan Hogar en $152 por garrafa, con lo cual unas 2,8 millones de familias de bajos recursos pagarán 125% más por la garrafa.
la garrafa de 10 kilos que ahora cuesta $216 pasará a costar $267,70 a partir del viernes. Se trata de una suba de 23,93%.
Es decir que la garrafa de 10 kilos tendrá un valor de $160,28 para el fraccionador, de $240,97 para el distribuidor y de $267,70 para el público.
En tanto, el envase de 12 kilos costará al público $ 321,24, en tanto que para el fraccionador tendrá un valor de $ 192,33; y para el distribuidor, de $ 289,17.
En el caso de la garrafa de 15 kilos, el precio al público se fijó en $ 401,55; para el fraccionador en $ 240,42 y para el distribuidor en $ 361,46.
Con relación a las prepagas, lo s distintos planes sufrirán un ajuste del 5% desde mañana. La medicina privada se encareció un 40,2% durante el 2018 y las subas se ejecutaron de manera escalonada, en cinco tramos.
 

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