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La informalidad y el trabajo por cuenta propia marcan el crecimiento del empleo en Posadas

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En el primer trimestre de 2026, el aglomerado de Posadas presentó una tasa de empleo del 44,3%, con 176 mil ocupados y un incremento de la población ocupada de casi diez mil personas. Sin embargo, esa mejora en la cantidad de trabajadores se contrapone con las características: la suba se explica por trabajos informales y por cuenta propia.  

Sobre 176 mil ocupados en el aglomerado misionero, el 66% son asalariados, el 29% cuentapropistas y el 5% patrones. Respecto a estos niveles de participación, se destaca que el trabajo asalariado cayó en un punto porcentual respecto a igual período de  2025 cuando era del 67% y queda cada vez más lejos del pico para un primer trimestre que se observó en 2023 con el 73%. Es decir, el empleo asalariado continúa perdiendo peso relativo sobre la estructura laboral de Posadas. 

Por el contrario, el cuentapropismo pasó del 24% en 2023 al 28% en 2025 y 29% en 2026, con un incremento en la participación relativa que cambia la estructura laboral histórica de Posadas.  

Si se compara la cantidad de trabajadores por modalidad ocupacional, la situación muestra con más fuerza estas dinámicas. Por caso, en el primer trimestre de 2026 el empleo cuentapropista creció 8,2% interanual y el asalariado lo hizo en 4,2%; sin embargo, estos  crecimientos se dieron de la mano de la informalidad. Los trabajadores cuentapropistas  totales se incrementaron en 3.847 personas pero, en ese marco, los formales (registrados, como puede ser un monotributista) cayeron 18,2% (-2.541 trabajadores) mientras que los informales crecieron 19,4% (+6.388 personas). Es decir, el cuentapropismo creció de la mano del trabajo sin registración

Similar caso se ve para los asalariados: el total se  incrementó en 4.696 personas pero, dentro de esas, los asalariados formales (es decir,  trabajadores en relación de dependencia) cayeron 9,7% (-7.146 personas) mientras que los informales crecieron en 31,4% (+11.842 trabajadores).  

A esto, debe incorporarse también la situación de la otra modalidad ocupacional restante: los Patrones. Estos crecieron 9,6% equivalente a 727 personas, pero hacia dentro del grupo, los que trabajan de modo formal cayeron en 39,1% (-2.417) y los que lo hacen de modo informal crecieron en 223,8% (+3.144 personas). 

De este modo, los datos muestran que el incremento del empleo observado en Posadas  durante el último año no respondió a una expansión del trabajo registrado, sino a un avance  de las modalidades más precarias de inserción laboral. Mientras el empleo formal destruyó  12.104 puestos de trabajo (-12,9%), el empleo informal incorporó 21.603 ocupados (+30,0%), compensando ampliamente esa pérdida y explicando la totalidad del  crecimiento neto de la ocupación.  

Este proceso configura un deterioro en la calidad del empleo más que una mejora del  mercado laboral. Si bien más personas lograron incorporarse a una actividad económica, lo hicieron mayoritariamente en ocupaciones sin registración, con menores niveles de estabilidad, protección social y acceso a derechos laborales. Al mismo tiempo, la reducción del empleo asalariado formal y del cuentapropismo registrado evidencia que los segmentos de mayor calidad continúan perdiendo terreno frente a formas de inserción más vulnerables. 

¿Cómo se comportó Posadas respecto al NEA? 

La región mostró la misma dinámica que la  capital misionera, aunque a un ritmo algo menor. El empleo formal cayó 3,7% (-11.466 personas)  mientras que el informal creció en 16,6% (+47.034). Viendo por modalidad de ocupación, el cuentapropismo creció 12,7% con más fuerza en los informales de ese segmento  (+16,2% vs. +0,5% de formales); y el empleo asalariado creció 2,4% (con el formal cayendo  4,7% y el informal creciendo 16,2%). 

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Oficial: Volvió a subir la desocupación

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La recuperación macroeconómica que exhibe el Gobierno nacional todavía no logra traducirse en una mejora sostenida del mercado laboral. Según los datos difundidos por el INDEC correspondientes al primer trimestre de 2026, la tasa de desocupación volvió a aumentar y alcanzó el 7,8% de la población económicamente activa, consolidando una tendencia de mayor fragilidad en el empleo durante el inicio del año.

El informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestra además que la tasa de actividad se ubicó en 48,6%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 44,8%. Esto significa que, si bien una mayor proporción de personas salió a buscar trabajo, la economía no generó suficientes puestos laborales para absorber esa demanda, provocando un incremento del desempleo.

El dato adquiere relevancia porque se produce en un contexto donde el Gobierno nacional destaca la desaceleración de la inflación, la estabilidad cambiaria y la mejora de algunos indicadores de actividad. Sin embargo, el mercado laboral continúa mostrando señales de heterogeneidad, con sectores vinculados a la energía, minería y exportaciones que exhiben dinamismo, mientras actividades intensivas en empleo como el comercio, la construcción y parte de la industria manufacturera siguen enfrentando dificultades.

La situación resulta más compleja al analizar otros indicadores laborales. El porcentaje de ocupados demandantes de empleo alcanzó el 15,8%, reflejando que una porción significativa de trabajadores, aun teniendo empleo, busca mejorar sus ingresos o sumar una segunda ocupación. A su vez, la subocupación se ubicó en 11,1%, un nivel que evidencia persistentes problemas de calidad laboral y utilización insuficiente de la fuerza de trabajo.

Las diferencias regionales continúan siendo marcadas. El Gran Buenos Aires registró una tasa de desocupación de 8,7%, por encima del promedio nacional, mientras que la región Pampeana alcanzó el 8,2%. En contraste, las regiones del Norte mostraron menores niveles relativos de desempleo, aunque con mercados laborales históricamente más afectados por la informalidad.

En el caso del Noreste Argentino (NEA), la desocupación se ubicó en 7,2%, levemente por debajo del promedio nacional. Dentro de la región, Posadas volvió a destacarse entre los principales aglomerados urbanos por sus indicadores laborales relativamente favorables, con una tasa de desempleo de 4,7%, una de las más bajas del país. Sin embargo, la capital misionera mostró una subocupación del 9% y un 10,2% de ocupados demandantes de empleo, señales que reflejan una búsqueda creciente de mayores ingresos por parte de los trabajadores.

La evolución del mercado laboral se transforma así en uno de los principales desafíos para la segunda mitad del año. Si bien la estabilización macroeconómica comienza a consolidarse, los datos del INDEC muestran que la creación de empleo aún no acompaña con la misma velocidad la recuperación de algunos sectores de la economía. Para el Gobierno, el desafío ya no pasa exclusivamente por reducir la inflación, sino por lograr que la mejora de los indicadores macro se traduzca en más inversión, mayor actividad y generación sostenida de puestos de trabajo.

El aumento de la desocupación al 7,8% constituye una señal de alerta para una economía que busca consolidar su proceso de normalización. La estabilidad de precios y la recuperación de ciertos sectores productivos aparecen como condiciones necesarias, pero todavía insuficientes para recomponer un mercado laboral que continúa exhibiendo tensiones, desigualdades regionales y una creciente demanda de mejores oportunidades de empleo.

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El empleo agropecuario en América Latina se mantiene muy informal

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Inter Press Service – Más de 80 por ciento del empleo agropecuario en América Latina continúa desarrollándose bajo relaciones laborales sin protección formal, afectando desproporcionadamente a mujeres, jóvenes y personas mayores en zonas rurales, revela un nuevo informe de agencias de las Naciones Unidas.

“La informalidad sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales para la justicia social y el desarrollo sostenible en América Latina”, apuntó Ana Virginia Moreira Gomes, directora regional para América Latina y el Caribe en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La entidad elaboró el informe junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el propósito de “ofrecer una hoja de ruta” para abordar la informalidad agropecuaria “con políticas integradas y con enfoque territorial”, dijo Moreira Gomes.

El nuevo estudio identifica brechas estructurales en productividad, ingresos y acceso a la protección social como factores persistentes que limitan el avance hacia el trabajo decente en el sector.

A pesar de su papel fundamental en la seguridad alimentaria, el empleo agropecuario sigue enfrentando desafíos asociados a menores niveles de formación, condiciones laborales frágiles y una marcada exposición a riesgos ambientales y climáticos.

Falta de formalización

Entre 2019 y 2023, el volumen de empleo agropecuario se mantuvo estable, pero sin avances significativos en formalización, señala el informe.

Residen en áreas rurales 39,2 % de las personas en situación de pobreza en América Latina y el Caribe, y 18,5 % de quienes viven en pobreza extrema.

El sector agropecuario aporta 6,5 % del producto interno bruto (PIB) regional y 12,6 % del empleo total; no obstante, registra la tasa de informalidad más alta entre las ramas de actividad económica, cercana al 80 por ciento de su ocupación.

La informalidad femenina alcanza 86,4 %, frente a 78 % en los hombres. Esa brecha se explica, en parte, porque el trabajo familiar auxiliar, informal por definición, concentra 38,5 por ciento del empleo femenino y solo 7,1 % del masculino.

Una proporción importante de las personas ocupadas trabajan menos de 35 horas semanales, lo que está asociado a mayores probabilidades de informalidad laboral.

Más de 50 % del empleo agropecuario está representado por personas con bajo nivel educativo (hasta seis años de estudio).

La estructura etaria del empleo agropecuario muestra una mayor presencia de jóvenes, y sobre todo de adultos mayores, que en el resto de la economía.

Cerca de 7,3 millones de niñas, niños y adolescentes (de cinco a 17 años) trabajan en la región, y 46 % de ellos lo hace en actividades agrícolas.

La estacionalidad del empleo, la falta de contratos, y las jornadas parciales, agravan aún más las condiciones laborales.

Falta de enfoque de género

El informe también analiza 35 políticas públicas implementadas en la región, concluyendo que, aunque muchas buscan mejorar la productividad rural, pocas integran explícitamente objetivos de formalización del empleo ni contemplan un enfoque de género.

“Asegurar el trabajo decente en el sector agropecuario no es solo mejorar condiciones laborales; es fortalecer la resiliencia de nuestros países, la seguridad alimentaria de millones y la capacidad de la región para enfrentar los desafíos globales”, dijo el representante regional de la FAO, René Orellana.

Orellana hizo un llamado a “fortalecer el diálogo social, la digitalización rural y el financiamiento sostenido”, para avanzar en la formalización y desarrollo del sector.

El informe FAO-OIT contiene 10 recomendaciones de política para potenciar al sector con trabajo decente y seguridad alimentaria, la primera de las cuales es impulsar estrategias y políticas que aceleren la transición a la formalidad.

Se debe “integrar la formalización de la unidad económica y laboral en las estrategias de transición climática justa”, pues “la adaptación y mitigación del cambio climático deben ir de la mano con la creación de empleo formal y trabajo decente”.

Asimismo, consolidar el diálogo social tripartito como herramienta de legitimidad y sostenibilidad, garantizar financiamiento sostenido y diversificado para la transformación rural, e incorporar tecnologías digitales como eje de inclusión productiva y formalización.

Debe también trabajarse en combatir la desinformación y rediseñar los incentivos para formalizarse, vincular la formación técnica y profesional con las demandas del sector, y ampliar la cobertura y calidad de la protección social en las poblaciones rurales, todo lo cual requiere monitoreo y evaluación sistemáticas.

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Corrientes: empresarios madereros revelan trabajo en negro y maniobras ilegales

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Crisis en la foresto–industria de Corrientes, denuncias cruzadas de empresarios madereros por trabajo informal, evasión y competencia desleal tras los cierres en Santa Rosa

Una entrevista a un referente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa detonó un conflicto interno sin precedentes: empresarios del sector se acusaron públicamente por prácticas laborales ilegales, evasión impositiva y maniobras con madera sin documentación. La reacción expuso una crisis estructural que va más allá de la coyuntura económica y revela fallas profundas en gestión empresarial, informalidad y ausencia de inversión.

Un testimonio que encendió la mecha: acusaciones inéditas dentro del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa

La entrevista publicada este miércoles por ArgentinaForestal al empresario Juan Ramón Sotelo —presidente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa, miembro de APEFIC y propietario de Todo Pallets SRL— abrió una grieta que el sector mantenía bajo silencio desde hace años. Lo que comenzó como un análisis sobre la caída del mercado interno, el aumento de costos y el impacto de las lluvias en la actividad derivó en una serie de denuncias cruzadas entre industriales de la zona.

A partir de esa publicación, diferentes referentes de la foresto–industria correntina señalaron que los problemas no responden únicamente a la coyuntura económica, sino a fallas estructurales de gestión. Según un empresario consultado, los inconvenientes de Sotelo “no tienen nada que ver con la crisis actual”, sino con “cuestiones internas de su administración”, una situación que —según señalaron— se repite en la mayoría de los aserraderos de la región.

La polémica escaló rápidamente. Los industriales comenzaron a exponer públicamente lo que describen como una “cultura de informalidad” en la zona de Santa Rosa: evasión tributaria, trabajo en negro, subdeclaración de horas, compra de madera ilegal y uso de guías adulteradas para trasladar la producción. Incluso algunos testimonios mencionaron vínculos con organizaciones delictivas que operan en la región.

Trabajo informal, evasión y denuncias de madera ilegal: la estructura que los empresarios revelaron

Los testimonios coinciden en que la informalidad es la regla, no la excepción. La brecha entre los costos laborales formales y los pagos informales es uno de los puntos centrales.

De acuerdo con empresarios de la zona: Un empleador formal debería pagar cerca de $300.000 mensuales por operario en cargas sociales. Muchos aserraderos pagan solo $30.000 por trabajador, utilizando seguros u otros esquemas no registrados. La hora oficial de un operario maderero, fijada en $4.300, se paga en la práctica entre $2.500 y $3.000. Varias empresas declaran menos horas de las trabajadas para reducir su carga formal.

La consecuencia inmediata es una competencia desleal que perjudica a quienes operan en regla, profundiza la desigualdad de condiciones y deteriora el mercado.

Uno de los testimonios más duros fue el del empresario Hermann Rodolfo Karsten, quien escribió en redes sociales que: “Casi todos los ‘aserraderos’ de Santa Rosa no son industrias: no pagan aportes laborales, no pagan impuestos, compran materia prima en negro, venden en negro, trasladan la madera con guías truchas, compran madera robada y realizan fletes con sobrecarga.”

En otro tramo, redobló su denuncia al afirmar que algunos actores “de vez en cuando hacen de mulas del gran mercado narco con base en Santa Rosa”.

Karsten también remarcó que quienes cumplen las normas deben enfrentar una competencia que considera destructiva: “Yo vengo bancando la crisis de valor y volumen, poniendo la madera a valor cero, pagando todos los impuestos y teniendo todo el personal en blanco. Por mí que se ardan todos, así desaparece la competencia desleal.”

Las afirmaciones, lejos de ser aisladas, replican comentarios que habitualmente se escuchan “por lo bajo” entre industriales formales de la región.

Una crisis estructural: informalidad, falta de inversión y quiebre en la gobernanza sectorial

Más allá del impacto económico coyuntural —como la caída del mercado interno o la presión de costos—, los distintos actores coinciden en que la crisis tiene raíces más profundas.

Entre los factores estructurales señalados por empresarios y especialistas del sector se encuentran: Falta de capacitación de propietarios, mandos medios y altos directivos. Escasa inversión en tecnología, maquinaria y automatización. Dependencia de madera de zonas afectadas por eventos climáticos, como inundaciones. Problemas logísticos que encarecen la operatoria y afectan la competitividad.

Un productor forestal sintetizó así la contradicción central del negocio: “Las empresas que cumplen con todo son las más exitosas. Entonces, ¿por qué evadir? Se supone que evadiendo ganás más, pero la realidad muestra lo contrario”.

El conflicto escaló al plano personal cuando, tras el posteo de Karsten, varios empresarios expresaron su molestia. Según trascendió, incluso el propio Sotelo le pidió “mesura” para evitar tensiones crecientes en el sector.

Lejos de moderar su postura, Karsten desafió públicamente: “Invito a todos los empleadores y empleados a una audiencia pública en la plaza de Santa Rosa, a cara descubierta. Que digan quiénes están enojados y debatamos con nombre y apellido.”

La reacción dejó al descubierto una fractura interna que trasciende los aspectos económicos: enfrenta a empresarios que operan formalmente contra quienes trabajan por fuera del marco legal, pese a beneficiarse de un régimen provincial que promueve “impuestos cero” para atraer inversiones.

Paradójicamente, el estallido se produce en un contexto en el que el Gobierno de Corrientes sigue posicionando a Santa Rosa como modelo de radicación industrial, mientras el sector revela problemas de informalidad, fallas de gestión y un esquema productivo que muchos describen como “terminal” para cientos de aserraderos.

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