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Prorrogan por un año el régimen que otorga beneficios a la contratación de trabajadores

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El Gobierno prorrogó por un año la vigencia del “Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado”, que reduce las contribuciones a la seguridad social de las empresas que tomen nuevos empleados.

La decisión quedó establecida en un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial.

“Prorrógase desde el 1° de agosto de 2017 y por el término de doce meses el plazo establecido en el artículo 30 de la Ley N° 26.940”, según el texto oficial, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Trabajo Jorge Triaca.

El Poder Ejecutivo recordó que la N° 26.940 creó ese Régimen, estableciendo para su acogimiento un plazo de doce meses “contados a partir de la fecha en que las disposiciones de la ley tengan efecto”.

Además, puntualizó que el artículo 30 de esa Ley estableció que los beneficios comprendidos en el Régimen pueden ser prorrogados por el Gobierno.

“Se ha comprobado la continuidad e incremento en la utilización de los beneficios otorgados de la mencionada ley desde su entrada en vigencia, aumentando las posibilidades de la contratación regular de los trabajadores”, según el decreto.

Por ese motivo, la Casa Rosada aclaró que “persistiendo las razones que dieron origen al dictado del Decreto N° 946 del 18 de agosto de 2016, corresponde prorrogar la vigencia de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 26.940, desde el 1° de agosto de 2017 por el plazo de doce, a fin de posibilitar la continuidad de los beneficiosos efectos que la implementación de la mencionada ley generara”.

El beneficio dispuesto por esta Ley consiste en una reducción de contribuciones patronales de la Seguridad Social para los empleadores que tengan hasta 80 trabajadores, por el plazo de 24 meses contados a partir del inicio de una nueva relación laboral por tiempo indeterminado.

Alcanza a las contribuciones patronales establecidas en el régimen general, como el Sistema Integrado Previsional Argentino, el Fondo Nacional de Empleo, el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios.

No están comprendidas las contribuciones al Sistema de Obras Sociales ni las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

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Petroleros tomaron un yacimiento en Comodoro Rivadavia por despidos

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Trabajadores petroleros tomaron “de manera pacífica” el yacimiento “El tordillo”, a 27 kilómetros de Comodoro Rivadavia, concesionado a la empresa Tecpetrol, para frenar “la ola de despidos que esa operadora está produciendo en la cuenca del golfo San Jorge”, luego de que 167 operarios tercerizados recibieran los telegramas de cesantía.

Según explicó a Télam el secretario general del Sindicato de Trabajadores del petróleo y gas privados del Chubut, Jorge Ávila, “la toma del yacimiento en Comodoro Rivadavia se mantendrá hasta el próximo jueves, día en que vence la conciliación obligatoria, y advirtió que si no retrotraen los despidos a tercerizados seguirá la medida, “más dura porque no podemos permitir lo que nos están haciendo”.

Ávila enumeró que “los nuevos telegramas de despido llegan a las empresas de servicios que trabajan para las operadoras, en este caso Tecpetrol. Son 167 telegramas de despidos nuevos que llegaron a los trabajadores y esto rompe con la paz social, por lo que vamos a permanecer aquí para incluso cuidar las instalaciones, porque nos pasó en otros momentos que nos terminan culpando de roturas que no hicimos para justificar despidos”, señaló.

La crisis en el sector petrolero comenzó con la caída del precio internacional del crudo cuyo valor interno fue sostenido por un subsidio del Estado nacional a través del la resolución 21/2016 del Ministerio de Energía, vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, que fijó un aporte de 10 dólares por barril siempre y cuando el Brent no superara los 47,50 dólares.

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La CGT advirtió que “el Gobierno viene por los convenios laborales”

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El secretario general de la CGT, Carlos Acuña, afirmó que “lo sorprendieron” los allanamientos al sindicato que lidera por las denuncias sobre facturas truchas y lo relacionó con que “el Gobierno está buscando avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo”.

“Me sorprendieron. Pidieron facturas de unas empresas del total de dos años de 2.000.000 de pesos. Acá el tema es que cuando a uno le prestan el servicio, le traen una factura y se paga con cheques. Esa factura la autoriza la AFIP. El procedimiento se genera porque la empresa debe tener denuncias y vienen a cotejar”, dijo.

“Hay una explicación política, el Gobierno viene por los convenios laborales. Motorizan estas cosas para avanzar en una campaña de difamación no contra los dirigentes sino para avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo”, explicó en declaraciones a Radio 10.

Acuña sostuvo que “los funcionarios del Gobierno tienen una formación distintas a un trabajador común. Tiene formación de empresas, manejan dinero. No saben lo que es levantarse a las 5 de la mañana y tomarse el tren”.

El dirigente gremial adelantó que “para hacer una reformar laboral hay que ir al Congreso y hablaremos con los distintos bloque para fijar posición. Argentina no es Brasil, los gremios están organizados de otra manera. El movimiento obrero argentino es distinto. Esta pulseada la ganó siempre. La gente no es tonta y sabe lo que les dan los convenios”.

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Baja relación entre asalariados privados por emprendedor y por empleado en el sector público

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Sobre poco más de 18 millones de personas con trabajo, los indicadores oficiales revelan que apenas poco más de un tercio lo hace en condición de asalariado registrado. La reducida dotación de personal promedio por empresa no contribuye a generar índices de productividad y competitividad acordes con las exigencias del mundo moderno.

Un nuevo análisis de las estadísticas públicas por parte del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES resalta la “incapacidad del sector privado para generar puestos de trabajo en relación de dependencia de un emprendedor con potencial de desarrollo y crecimiento sostenido”.

El informe revela que sobre poco más de 18 millones de personas que trabajan, los indicadores oficiales del Ministerio de Trabajo y del INDEC revelan que apenas poco más de un tercio lo hace en condición de asalariado registrado. Una proporción similar se desempeña en la informalidad, principalmente como cuentapropista. El tercio restante se reparte casi en partes iguales entre la administración pública y tareas registradas como monotributista, profesional autónomo, casas particulares y monotributo social. Es una composición que no contribuye a generar índices de productividad y competitividad acordes con las exigencias del mundo moderno.

Un nuevo estudio de las estadísticas públicas por parte del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES resalta la “incapacidad del sector privado para generar puestos de trabajo en relación de dependencia de un emprendedor con potencial de desarrollo y crecimiento sostenido, habida cuenta de que apenas capta una de cada tres personas ocupadas en la economía en su conjunto. Una proporción similar se distribuye entre informales, empleados en la administración pública y en actividades personales, en su mayor parte con baja calificación”.

Considera el informe de la casa de altos estudios que “ese escenario contribuye no sólo a generar un elevadísimo grado de insatisfacción con su empleo que afecta a más de la mitad de los trabajadores, según surge de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, sino también a un inquietante nivel de pobreza en la población, porque la economía en su conjunto ha mostrado y mantiene una enorme incapacidad para crear puestos productivos y, por tanto, una remuneración que asegure a la mayoría de los ocupados la posibilidad de poder comprar todos los bienes y servicios básicos necesarios para una adecuada subsistencia y posibilitarle satisfacciones”.

IDELAS-UCES concluye que “ese movimiento de la generación de empleos por la principal fuente de ingreso ha llevado a un claro deterioro de la relación entre la cantidad de trabajadores privados registrados por ocupado en condición de cuenta propista formal, de 3,5 en 2012 a 3,3 en la actualidad”.

La serie oficial de empleo por modalidad de contratación es muy corta, apenas cinco años, pero en ese período IDELAS observó “una clara continuidad de lo que se percibe desde hace varias décadas en el país: un inquietante deterioro de la relación entre trabajadores asalariados formales en el sector privado por ocupado en la administración pública, de 2,4 en enero de 2012 a 2 que se mantiene desde mayo de 2016; y respecto de los que revisten en conjunto como emprendedores autónomos y monotributistas puros, en ese casi desde 3,5 a 3,2 desde junio de 2016”.

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Ordenan reincorporar a una decena de trabajadores de Pepsico

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La Cámara Nacional del Trabajo ordenó a la empresa de alimentos PepsiCo reincorporar a una decena de empleados despedidos de su planta ubicada en Vicente López.

La decisión, provisoria, que revocó un fallo de primera instancia adverso a los trabajadores, la dictó la Sala VI de la Cámara, bajo el apercibimiento de imponer multas diarias en caso de desobediencia a la orden judicial.

De esta manera, el tribunal concedió la medida cautelar pedida y dispuso que la demandada cumpla con el “deber de ocupación” de Leandro Javier Gómez, Elizabeth Myriam Vique Laime, Facundo Javier Guzmán, Mónica Ruiz, Orlando Daniel González, Angel David Gramajo, Estefanía Herbas, María Ester Albornoz, Myrna Beatriz Vega y Juan Carlos Romero.

Los camaristas Juan Carlos Fernández Madrid, Luis Raffaghelli y Graciela Lucía Craig concluyeron que PepsiCo no demostró haber cumplido con el “procedimiento preventivo de crisis” que la misma empresa había invocado para cesantear a todo su plantel de la planta fabril ubicada en Vicente López.

Ese procedimiento prevé que la empresa “como mínimo” tenga que “explicitar las medidas” que propone para superar la crisis o atenuar sus efectos. “Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad” y “sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia”, agregaron los camaristas.

La resolución destacó que, en caso que la empresa no cumpla con la reincorporación, se le aplicará una “sanción conminatoria” equivalente a 5.000 pesos “por cada día de demora”.

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