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Ucrania necesitará casi tres PBI para reconstruirse: nuevo informe del Banco Mundial y la UE

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Cuatro años después de la guerra con Rusia, la nueva Evaluación Rápida de Daños y Necesidades (RDNA5) estima que la recuperación y reconstrucción de Ucrania demandará casi USD 588.000 millones en la próxima década. La cifra —equivalente a más de EUR 500.000 millones— representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y expone la magnitud fiscal, económica e institucional del desafío.

La evaluación, publicada de manera conjunta por el Gobierno de Ucrania, el Grupo del Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas, releva 46 meses de impacto —entre febrero de 2022 y diciembre de 2025— y actualiza el mapa sectorial de daños, pérdidas y necesidades. El informe no sólo cuantifica destrucción física: también delimita prioridades de política pública, reformas estructurales y condiciones para movilizar inversión privada.

Daños acumulados y sectores críticos: energía, transporte y vivienda concentran el impacto

Al 31 de diciembre de 2025, los daños directos superan los USD 195.000 millones (EUR 166.000 millones), frente a los USD 176.000 millones (EUR 150.000 millones) estimados en la RDNA4 de febrero de 2025. Es decir, en menos de un año el daño relevado aumentó en casi USD 19.000 millones.

Los sectores más afectados son:

  • Transporte: más de USD 96.000 millones (EUR 82.000 millones) en necesidades de reconstrucción.
  • Energía: casi USD 91.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Vivienda: casi USD 90.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Comercio e industria: más de USD 63.000 millones (EUR 54.000 millones).
  • Agricultura: más de USD 55.000 millones (EUR 47.000 millones).

Además, la gestión del riesgo de explosivos y la remoción de escombros demandan casi USD 28.000 millones (EUR 24.000 millones).

En el frente energético, el informe registra un aumento aproximado del 21% en activos dañados o destruidos desde la RDNA4, incluyendo generación, transmisión, distribución y calefacción urbana. El transporte también se deterioró: las necesidades crecieron alrededor del 24% por la intensificación de ataques a ferrocarriles y puertos durante 2025.

En vivienda, al cierre de 2025, el 14% del parque habitacional resultó dañado o destruido, afectando a más de tres millones de hogares. La concentración geográfica de daños se mantiene en provincias de primera línea y grandes áreas metropolitanas.

“Cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia, el costo total de la reconstrucción y recuperación de Ucrania se estima en casi 588.000 millones de dólares durante la próxima década, casi el triple del PIB nominal proyectado para 2025”, afirmó la primera ministra Yulia Svyrydenko. Y agregó: “La asistencia nos ayuda a reparar urgentemente nuestra infraestructura crítica para mantener el país en funcionamiento, así como a continuar con las actividades de recuperación sistemáticas”.

Financiamiento inmediato y rol del sector privado: reformas como condición para la inversión

Para 2026, el Gobierno de Ucrania prevé ejecutar más de USD 15.000 millones en proyectos de inversión pública y programas esenciales, incluyendo financiamiento de viviendas destruidas, desminado y apoyo económico multisectorial. Desde febrero de 2022, ya se habrían cubierto al menos USD 20.000 millones mediante reparaciones urgentes y recuperación temprana en sectores estratégicos.

Sin embargo, la magnitud del esfuerzo excede con creces la capacidad fiscal doméstica. En este punto, el informe enfatiza el papel del sector privado y la necesidad de reformas estructurales. La RDNA5 sostiene que liberar el potencial de inversión —nacional e internacional— dependerá de:

  • Mejoras en el entorno empresarial.
  • Fortalecimiento de la competencia.
  • Ampliación del acceso al financiamiento.
  • Superación de restricciones laborales.
  • Alineamiento con estándares verdes y digitales de la Unión Europea.

Anna Bjerde, Directora Gerente de Operaciones del Banco Mundial, subrayó: “El Grupo Banco Mundial mantiene su firme compromiso de apoyar la recuperación y reconstrucción de Ucrania y de ayudar a su población a progresar con empleos, oportunidades y esperanza en una economía resiliente, moderna y competitiva”.

La dimensión institucional aparece como eje transversal. La evaluación complementa la agenda de reforma e inversión del Mecanismo para Ucrania y el proceso de adhesión a la UE, integrando programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. La estrategia económica posguerra —denominada Economía Ucraniana del Futuro (UEF)— se centra en estabilidad macrofiscal, gobernanza, estado de derecho, dinamismo privado e inversión en capital humano.

Reconstrucción, convergencia europea y resiliencia social

El volumen de USD 588.000 millones redefine cualquier parámetro comparativo regional. Representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y consolida a Ucrania como el mayor programa de reconstrucción en Europa en décadas.

Desde el punto de vista macroeconómico, el desafío es doble. Por un lado, sostener el funcionamiento del Estado y los servicios esenciales en contexto de conflicto. Por otro, diseñar una arquitectura financiera que combine ayuda multilateral, financiamiento concesional, inversión privada y reformas estructurales.

La dimensión social tampoco es marginal. Matthias Schmale, Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Ucrania, afirmó: “El recurso más importante de Ucrania es su gente. El retorno de los refugiados, la reintegración de los veteranos y la participación de las mujeres en la fuerza laboral determinarán la recuperación económica tanto como los flujos de capital y la reconstrucción de la infraestructura”.

En consecuencia, la reconstrucción no se limita a infraestructura física. Implica reconstruir capital humano, fortalecer instituciones y garantizar sostenibilidad fiscal y ambiental. La convergencia con la Unión Europea aparece como ancla estratégica de mediano plazo, tanto para reformas regulatorias como para la atracción de inversión.

En síntesis, la RDNA5 no sólo actualiza cifras: redefine el mapa de prioridades económicas y políticas para la próxima década. El desafío financiero es monumental, pero el componente institucional —reformas, gobernanza y confianza— será determinante para transformar destrucción en oportunidad de convergencia y modernización.

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El Gobierno redefinió el control sobre transporte y obras públicas dentro del Ministerio de Economía

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El Gobierno nacional modificó el organigrama y los objetivos del Ministerio de Economía, reasignando funciones estratégicas de control sobre organismos clave de obras públicas, infraestructura y transporte. La medida, formalizada por decreto presidencial, busca ajustar la estructura administrativa a las necesidades de gestión y tiene impacto directo sobre entes reguladores, organismos descentralizados y empresas públicas.

Mediante el Decreto 57/2026 (DECTO-2026-57-APN-PTE), dictado el 28 de enero de 2026 y publicado en el Boletín Oficial el 29 de enero, el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones al Decreto 50/2019, que establece el organigrama de aplicación y los objetivos de la Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de subsecretaría.

La norma redefine objetivos específicos de la Secretaría de Obras Públicas, de la Subsecretaría de Obras y Servicios y de la Secretaría de Transporte, todas bajo la órbita del Ministerio de Economía, y actualiza el listado de organismos desconcentrados y descentralizados que actúan en esa jurisdicción. El decreto entra en vigencia desde el día de su dictado.

Nuevos objetivos en Obras Públicas: control tutelar y foco en infraestructura

Uno de los cambios centrales del decreto recae sobre la Secretaría de Obras Públicas, cuyo Objetivo 23 fue sustituido para establecer expresamente que deberá “ejercer el control tutelar del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y del Instituto Nacional del Agua (INA)”.

La redefinición formaliza bajo una misma órbita el control institucional de organismos técnicos clave vinculados a la valuación de activos públicos, la seguridad de presas y la gestión de los recursos hídricos. En términos administrativos, el control tutelar implica supervisión funcional, seguimiento de objetivos y alineamiento con las políticas definidas por la autoridad central.

En paralelo, el decreto modifica el Objetivo 7 de la Subsecretaría de Obras y Servicios, que pasa a asistir a la Secretaría en la ejecución de programas, proyectos y acciones en materia de obra, infraestructura pública e infraestructura vial, además del fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento. El texto consolida una mirada integral sobre infraestructura física y servicios esenciales, con énfasis operativo.

Transporte: redefinición del control sobre reguladores y seguridad

El Decreto 57/2026 también introduce cambios relevantes en la Secretaría de Transporte, al sustituir su Objetivo 37. A partir de ahora, el área deberá “ejercer el control tutelar” sobre un conjunto ampliado y explícito de organismos estratégicos:

  • Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
  • Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
  • Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
  • Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
  • Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
  • Junta de Seguridad en el Transporte

La definición refuerza la centralización del control político-administrativo sobre los entes reguladores del sistema de transporte terrestre, aéreo y vial, así como sobre los organismos de seguridad operacional. Desde el punto de vista institucional, el decreto refuerza la coordinación jerárquica y la responsabilidad política de la Secretaría frente a organismos con alta incidencia económica y regulatoria.

Actualización del mapa institucional del Ministerio de Economía

El artículo 4° del decreto sustituye íntegramente el Apartado IX del Anexo III del Decreto 50/2019, actualizando el detalle de organismos desconcentrados, descentralizados, empresas y entes del sector público nacional que actúan en el ámbito del Ministerio de Economía.

La planilla anexa incorpora y ordena un amplio universo institucional que incluye, entre otros:

  • Organismos regulatorios como ENRE, ENARGAS, CNV y Superintendencia de Seguros.
  • Entes técnicos como INDEC, INTI, INTA, INA, SEGEMAR y SENASA.
  • Empresas públicas estratégicas como Aerolíneas Argentinas, YPF, Energía Argentina S.A., Nucleoeléctrica Argentina y Corredores Viales S.A.
  • Entidades binacionales y organismos vinculados a infraestructura energética, transporte y recursos hídricos.

La actualización no crea nuevos organismos, pero redefine su encuadre jurisdiccional, lo que tiene impacto directo sobre los circuitos de supervisión, control presupuestario y articulación política dentro del Poder Ejecutivo .

Fundamentos normativos y efectos administrativos inmediatos

El decreto se dicta en el marco de la Ley de Ministerios N° 22.520 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional. Además, se apoya en el artículo 104 del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 – T.O. 2017), que establece que las normas referidas a estructura orgánica entran en vigencia sin necesidad de publicación, aunque en este caso sí fue publicada.

Desde el punto de vista práctico, la medida:

  • Ajusta formalmente responsabilidades políticas sobre organismos clave.
  • Ordena la cadena de control tutelar dentro del Ministerio de Economía.
  • Refuerza la centralización de funciones estratégicas en áreas sensibles como transporte, obras públicas e infraestructura.
  • Genera un marco institucional claro para la interacción entre secretarías, entes reguladores y empresas públicas.

Para los sectores regulados —energía, transporte, infraestructura, servicios públicos— el decreto no introduce cambios operativos inmediatos, pero sí redefine el esquema de gobernanza y supervisión estatal, con potencial impacto en decisiones futuras de regulación, control y planificación.

Una señal de ordenamiento institucional en la gestión económica

El Decreto 57/2026 se inscribe en una lógica de reorganización administrativa del Estado nacional, orientada a adecuar el diseño institucional a los objetivos de gestión del Ministerio de Economía. Sin alterar el marco legal de fondo, la norma redefine roles y clarifica responsabilidades, en un contexto donde la coordinación entre áreas técnicas, reguladores y decisores políticos resulta clave para la ejecución de políticas públicas.

La modificación del Decreto 50/2019 vuelve a poner en el centro la discusión sobre el alcance del control tutelar, la concentración de funciones estratégicas y el rol del Ministerio de Economía como eje articulador de áreas críticas para el funcionamiento económico e institucional del país.

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Cambios en organismos clave: renunció el titular del RENAPER y el Gobierno reordenó la UIF, Transporte y ENARGAS

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El Gobierno nacional oficializó este lunes, a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, una serie de modificaciones en organismos estratégicos del Estado, que incluyen la renuncia del titular del RENAPER, Pablo Luis Santos, y el recambio de autoridades en la Unidad de Información Financiera (UIF), la Secretaría de Transporte y el ENARGAS. Los movimientos forman parte de un reordenamiento institucional que impacta en áreas sensibles vinculadas a la identidad ciudadana, el control financiero, la infraestructura de transporte y la regulación energética.

La salida más relevante es la de Pablo Luis Santos, quien dejará la conducción de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a partir del 1° de febrero. En su lugar, el Ejecutivo designó a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, formalizando así un cambio en un organismo central para la administración de documentos de identidad y el padrón poblacional.

Reordenamiento en la UIF y un enroque hacia el BICE

Los decretos también oficializaron la salida de Paul Starc como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La vacante será ocupada por Ernesto Gaspari, a quien en el entorno oficial señalan como cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.

Starc, exfiscal e identificado con el sector del asesor Santiago Caputo, no se desvinculará de la gestión pública. Según lo dispuesto, pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Desde la Casa Rosada descartaron que el recambio en la UIF responda a tensiones políticas internas y aseguraron que se trató de una “decisión personal”. Como argumento, remarcaron que, de haber existido un conflicto, no se le habría ofrecido un nuevo cargo dentro de una entidad financiera estatal, reforzando así la lectura de continuidad institucional más que de ruptura.

Transporte y energía: cambios en áreas sensibles de la regulación

La reestructuración del organigrama también alcanzó a dos áreas clave para la economía real y los servicios públicos. En la Secretaría de Transporte, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Luis Pierrini y designó en su reemplazo a Fernando Herrmann, formalizando un cambio en un área estratégica para la logística, la movilidad y la regulación del sistema de transporte.

En el sector energético, el Gobierno oficializó la salida del interventor del ENARGAS, Carlos Alberto María Casares, y nombró como nuevo responsable a Marcelo Alejandro Nachón. Según el decreto correspondiente, el reemplazante “reúne los antecedentes que justifican su postulación”, una fórmula habitual en este tipo de designaciones que busca respaldar la legitimidad técnica del nombramiento.

Señales políticas

Los cambios simultáneos en el RENAPER, la UIF, Transporte y el ENARGAS reflejan un ajuste fino en áreas de alto impacto institucional, donde se cruzan funciones administrativas críticas, control del sistema financiero y regulación de servicios esenciales. En términos políticos, el recambio de funcionarios en organismos sensibles sugiere una búsqueda de alineamiento interno y reorganización del esquema de gestión, sin que, al menos de manera oficial, se reconozcan conflictos abiertos.

Para los sectores involucrados, las modificaciones abren una etapa de transición operativa, con atención puesta en la continuidad de los procesos administrativos, los controles regulatorios y la ejecución de políticas en curso. En particular, el funcionamiento del RENAPER, la agenda de la UIF y las decisiones en Transporte y Energía quedarán bajo la lupa en las próximas semanas, a medida que los nuevos responsables asuman plenamente sus funciones.

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Vialidad abre una consulta pública para actualizar las tarifas de peaje en los corredores viales

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La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispuso la apertura del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas para avanzar con la aprobación de un nuevo esquema tarifario en los peajes concesionados a Corredores Viales S.A. La medida, formalizada mediante la Resolución 42/2026, habilita un período de consulta ciudadana de 15 días hábiles administrativos y constituye un paso previo obligatorio antes de la eventual actualización de tarifas, en línea con los criterios constitucionales de razonabilidad, gradualidad y transparencia en servicios públicos esenciales.

La decisión fue adoptada en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial los días 14 y 15 de enero de 2026, bajo el número 1808/26, en el marco del expediente EX-2025-138657392-APN-DNV#MEC.

Consulta ciudadana y actualización tarifaria: el procedimiento que activa Vialidad Nacional

La Resolución RESOL-2026-42-APN-DNV#MEC declara formalmente la apertura del procedimiento previsto en el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el Artículo 3° del Decreto N.° 1.172/2003, para el Proyecto de Aprobación de los Cuadros Tarifarios aplicables a los Contratos de Concesión de los Corredores Viales Tramos I al X.

El proceso se inicia a partir de una solicitud presentada por Corredores Viales S.A., que requirió la aplicación del apartado 8.2 de la Cláusula Octava de los Contratos de Concesión, junto con el Artículo 49° para los Tramos I a V y el Artículo 50° para los Tramos VI a X de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales. En ese marco, la concesionaria sometió a consideración un cuadro tarifario para su análisis y eventual aprobación.

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía conforme al Decreto N.° 644/2024, y bajo el control tutelar de la Secretaría de Obras Públicas según el Decreto N.° 866/2025, elaboró los informes técnicos correspondientes, los cuales fueron remitidos a dicha Secretaría. A partir de ese análisis, se consideró “apropiada la implementación de la tarifa propuesta por la empresa concesionaria”.

Posteriormente, la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones confeccionó los nuevos cuadros tarifarios, respetando la escala entre categorías de vehículos prevista en los contratos de concesión vigentes, y promovió la actualización para los Tramos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.

Fundamentos constitucionales, participación y resguardo de los usuarios

La resolución pone el acento en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza los derechos de los usuarios a la protección de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a condiciones de trato equitativo y digno, así como el deber del Estado de controlar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

En ese sentido, la Subgerencia de Atención al Usuario destacó que la implementación de un procedimiento participativo previo al dictado de actos de alcance general “es altamente beneficiosa”, ya que permite una mayor eficacia administrativa y un mayor grado de acierto en decisiones que impactan directamente sobre los usuarios del sistema vial.

La medida también se apoya en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando el fallo CSJN 339:1077, donde el máximo tribunal fijó criterios rectores sobre la razonabilidad de la política tarifaria en servicios públicos esenciales. Según ese precedente, el Estado debe actuar con “especial prudencia y rigor” al fijar tarifas, asegurando certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, y evitando restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios.

Bajo ese marco, Vialidad Nacional resolvió aplicar el mecanismo previsto en el Anexo V del Decreto N.° 1.172/03, que regula la participación ciudadana en la elaboración de normas, designando como autoridades responsables del procedimiento a la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones y a la Subgerencia de Atención al Usuario.

Plazos, acceso a la información y canales habilitados

A partir del día siguiente a la última publicación en el Boletín Oficial, los interesados cuentan con un plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos para acceder a los proyectos de norma y a los cuadros tarifarios propuestos.

La documentación estará disponible en el sitio web oficial de la Dirección Nacional de Vialidad, dentro de la sección “Espacios Participativos”, y también podrá ser consultada a través del sistema Trámite a Distancia (TAD), seleccionando la opción “Presentación ciudadana ante el poder ejecutivo”, en el marco del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Asimismo, se aprobó el “Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas” (Anexo II – IF-2026-02978183-APN-RRIICP#DNV), conforme a lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento y el Anexo VI del Decreto N.° 1.172/03. Dicho formulario podrá descargarse, completarse y enviarse en formato PDF a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar dentro del plazo establecido.

Las opiniones y propuestas recibidas serán incorporadas en un Registro que funcionará en la Subgerencia de Atención al Usuario, consolidando así el proceso de consulta pública previo a la definición final del nuevo esquema tarifario.

Impacto institucional y proyección del proceso

La apertura de este procedimiento constituye un paso institucional clave en la redefinición de las tarifas de peaje de los corredores viales concesionados, al articular los derechos de los usuarios, las obligaciones contractuales de la concesionaria y las facultades regulatorias del Estado.

El proceso participativo no implica aún la aprobación definitiva de los nuevos valores, pero habilita el marco formal para que la ciudadanía y los actores interesados expresen sus opiniones antes del dictado del acto administrativo final, que quedará en cabeza de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme al Artículo 20° del Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas.

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La inflación cerró 2025 en 31,5%: diciembre marcó un 2,8% y el Gobierno destacó el dato como el más bajo en ocho años

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en diciembre de 2025 una suba mensual de 2,8% y acumuló un incremento anual de 31,5%, según informó el INDEC. El dato permitió al Gobierno nacional cerrar el año con la inflación más baja de los últimos ocho años, tanto en la medición general como en el componente núcleo, en un contexto de reordenamiento de precios relativos, flotación cambiaria y una fuerte contracción monetaria. El resultado consolida al proceso de desinflación como uno de los ejes centrales del programa económico.

El informe oficial fue publicado el 13 de enero de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y corresponde al Índice de Precios al Consumidor con cobertura nacional, que releva la evolución de precios en 39 aglomerados urbanos del país.

Dinámica mensual y sectores que impulsaron la suba de diciembre

Durante diciembre, la división con mayor aumento fue Transporte, que registró una suba del 4,0%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 3,4%. En contraste, las menores variaciones se observaron en Educación (0,4%) y Prendas de vestir y calzado (1,1%).

Desde el punto de vista de la incidencia sobre el nivel general, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más aportó al incremento mensual del IPC en todas las regiones del país, lo que confirma su peso estructural en la canasta de consumo de los hogares.

Por categorías, los precios Regulados lideraron la suba mensual con un 3,3%, seguidos por el IPC Núcleo (3,0%), mientras que los Estacionales mostraron un aumento más moderado del 0,6%. En términos agregados, los servicios aumentaron 3,4%, por encima de los bienes, que subieron 2,6%, una brecha que refleja el impacto persistente de los precios regulados y de los costos asociados a servicios esenciales.

Diferencias regionales: el Noreste encabezó las subas

El informe del INDEC también evidenció diferencias regionales significativas. En diciembre de 2025, la región Noreste registró la mayor suba mensual del IPC, con un 3,4%, mientras que Noroeste y Patagonia presentaron los incrementos más bajos, ambos con 2,6%.

Estas variaciones se explican, en buena medida, por la estructura de consumo regional, el peso relativo de los alimentos y los servicios regulados, y la incidencia de componentes como transporte y vivienda, que tuvieron comportamientos dispares según la región.

El balance anual: la inflación más baja en ocho años

Con el cierre de diciembre, el IPC acumuló en 2025 un aumento del 31,5% interanual, un nivel que el Gobierno nacional destacó como el más bajo de los últimos ocho años. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que se trata de “la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo”.

Según el funcionario, el resultado se alcanzó “en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2”.

Caputo sostuvo además que el proceso de desinflación se apoya en un esquema macroeconómico definido: “El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación”.

Impacto económico

El dato de inflación de diciembre y el cierre anual consolidan una señal clave para la economía argentina: la desaceleración inflacionaria se sostiene incluso en un escenario de ajustes en precios regulados y normalización de variables macroeconómicas. Para los sectores productivos, el sendero descendente del IPC mejora las previsiones de costos y la planificación financiera, mientras que para los hogares representa una moderación en la pérdida del poder adquisitivo, aunque con fuertes diferencias según el peso de alimentos y servicios en cada región.

Desde el punto de vista institucional, el resultado refuerza la estrategia oficial de priorizar el equilibrio fiscal y el control monetario como herramientas centrales contra la inflación. En ese marco, el ministro de Economía fue contundente al señalar que “este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación”.

ipc_01_26 INDEC by CristianMilciades

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