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Puente de la Integración: nuevo esquema de tránsito busca aliviar la congestión histórica del Puente de la Amistad

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El Puente de la Integración comenzará una nueva etapa operativa a partir del 3 de agosto con un esquema de circulación que redefine el funcionamiento del corredor fronterizo entre Presidente Franco, en Paraguay, y Foz de Iguazú, en Brasil. La Comisión Mixta del Puente de la Integración aprobó una reorganización del tránsito que modifica los recorridos de camiones, transporte de cargas menores y distintos servicios de pasajeros con el objetivo de distribuir de manera más eficiente el flujo vehicular y reducir la congestión que desde hace años afecta al Puente de la Amistad.

La decisión, difundida por la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, representa un cambio estratégico para uno de los principales corredores logísticos del Mercosur. La nueva infraestructura dejará de tener un rol complementario para asumir una función central dentro de la movilidad regional, mientras las autoridades migratorias, aduaneras y de transporte coordinan nuevos procedimientos de control para acompañar la ampliación de las operaciones.

Uno de los cambios más importantes alcanza al transporte de cargas menores. A partir de agosto, los vehículos deberán ingresar y salir vacíos —en condición de lastre— exclusivamente por el Puente de la Integración entre las 7:00 y las 19:00. Sin embargo, una vez cargados, el regreso continuará realizándose obligatoriamente por el tradicional Puente de la Amistad, manteniendo allí parte del circuito comercial que conecta Ciudad del Este con Foz de Iguazú.

El nuevo esquema también amplía significativamente la operación de los camiones en lastre. Hasta ahora, el Puente de la Integración tenía un funcionamiento limitado durante determinadas franjas horarias. Con la modificación aprobada, los vehículos pesados podrán cruzar entre las 20:30 y las 5:00, incorporando la operación nocturna y de madrugada como herramienta para distribuir mejor el tránsito de cargas y disminuir los embotellamientos durante el día.

El transporte internacional de pasajeros también experimentará cambios relevantes. Los servicios urbanos vecinales que unen Presidente Franco con Foz de Iguazú podrán utilizar el Puente de la Integración para sus recorridos de ida y vuelta entre las 7:00 y las 19:00. Para acceder a este beneficio será obligatorio que los pasajeros cuenten con el documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF), conforme a las disposiciones del Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas del Mercosur, fortaleciendo así la integración de las comunidades que desarrollan actividades cotidianas a ambos lados de la frontera.

En el caso del transporte turístico, la reorganización busca una separación más clara de los flujos. Los servicios de pasajeros bajo modalidad de circuito cerrado cuyo destino final no sea Ciudad del Este ni Foz de Iguazú deberán utilizar exclusivamente el Puente de la Integración durante las 24 horas del día. La misma obligación alcanzará a las líneas internacionales regulares de larga distancia, que pasarán a operar permanentemente por esta nueva infraestructura.

La medida responde a una lógica de planificación regional. Durante décadas, el Puente de la Amistad concentró simultáneamente el tránsito comercial, turístico, urbano y de cargas, generando frecuentes demoras que impactan sobre la competitividad logística y la calidad de vida de miles de personas que cruzan diariamente la frontera. La incorporación plena del Puente de la Integración busca distribuir esos flujos según el tipo de transporte y optimizar los controles migratorios y aduaneros mediante una mayor especialización de cada paso fronterizo.

El impacto trasciende a Paraguay y Brasil. Para Misiones y el norte argentino, donde el comercio, el turismo y la logística mantienen una fuerte vinculación con la Triple Frontera, una circulación más eficiente puede traducirse en menores tiempos de viaje, mayor previsibilidad para el transporte regional y mejores condiciones para la integración económica del corredor bioceánico.

La reorganización constituye un ejemplo de cómo la infraestructura solo genera beneficios cuando va acompañada por cambios en la gestión. La construcción del Puente de la Integración representó una inversión estratégica para el Mercosur, pero su verdadero potencial comienza a materializarse recién con una redistribución inteligente del tránsito, apoyada por la coordinación entre organismos migratorios, aduaneros y de transporte de ambos países. El desafío, ahora, será sostener esa coordinación institucional para que la nueva infraestructura contribuya efectivamente a reducir la congestión, fortalecer el comercio regional y mejorar la movilidad de miles de personas que atraviesan diariamente una de las fronteras más dinámicas de Sudamérica.

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El Gobierno adjudicó cuatro corredores viales por 20 años: quiénes operarán las rutas

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La privatización de Corredores Viales S.A. dio un nuevo paso con la adjudicación de cuatro tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones. A través de la Resolución 1149/2026 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional oficializó los ganadores de la licitación pública internacional que definirá durante los próximos 20 años la operación, mantenimiento, ampliación y explotación de algunos de los corredores más importantes del país.

La medida representa uno de los hitos centrales del proceso de reorganización de la infraestructura vial impulsado por la administración nacional, que busca trasladar al sector privado la gestión de las rutas concesionadas bajo el esquema de obra pública por peaje, con el argumento de mejorar la calidad del servicio y reducir la participación estatal en la operación.

La resolución aprueba la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0015-LPU25 correspondiente a la denominada Red Federal de Concesiones – Etapa II-B, luego de que la comisión evaluadora analizara las propuestas económicas presentadas por las empresas precalificadas y concluyera que las ofertas seleccionadas eran las más convenientes para el interés público.

Los cuatro corredores adjudicados abarcan zonas de alto tránsito productivo y logístico, fundamentales para el transporte de granos, manufacturas y exportaciones.

El Tramo Mediterráneo fue adjudicado a la unión de empresas CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., que ofertó una tarifa de $1.989,67 sin IVA. El contrato tendrá una duración de veinte años.

Para el Tramo Puntano, la adjudicación quedó en manos de BASAA S.A. – CECOSA S.A., con una propuesta de $1.440,08 sin IVA.

En tanto, el Tramo Portuario Sur también será administrado por CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., cuya oferta ascendió a $1.256,03 sin IVA.

Finalmente, el Tramo Portuario Norte fue adjudicado a CPC S.A., con una tarifa propuesta de $1.856 sin IVA.

Todos los contratos tendrán una vigencia de veinte años e incluyen la construcción, explotación, administración, reparación, conservación, ampliación de infraestructura vial, mantenimiento integral, prestación de servicios al usuario y el desarrollo de actividades complementarias que permitan generar ingresos adicionales.

La licitación despertó un fuerte interés del sector constructor. Más de una decena de grupos empresarios participaron del proceso competitivo, entre ellos Roggio, Cartellone, Rovella Carranza, Panedile, Luciano Construcciones, Paolini Hermanos e IEB Construcciones, entre otros. Tras la evaluación técnica y económica, las ofertas seleccionadas fueron consideradas las más convenientes en términos de tarifa y cumplimiento de las exigencias establecidas en los pliegos.

Un dato relevante es que el dictamen de adjudicación no recibió impugnaciones durante el período reglamentario de publicidad en el sistema CONTRAT.AR, lo que permitió avanzar con la adjudicación definitiva sin nuevos obstáculos administrativos.

Qué cambia para quienes utilizan las rutas

Desde la perspectiva de los usuarios, el cambio no implica una modificación inmediata en el funcionamiento de las rutas, pero sí abre una nueva etapa en la administración de la infraestructura vial nacional.

Las empresas adjudicatarias asumirán la obligación de mantener las condiciones de transitabilidad, ejecutar obras comprometidas, conservar el estado de los corredores y prestar servicios de asistencia al usuario durante toda la vigencia de la concesión.

El esquema busca que las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura sean financiadas mediante el sistema de peajes, reduciendo el aporte directo del Estado en la operación cotidiana.

Para el sector productivo, especialmente las economías regionales, el transporte de cargas y las cadenas exportadoras, la expectativa oficial es que corredores en mejores condiciones permitan disminuir costos logísticos, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial.

Sin embargo, el verdadero desafío será verificar durante los próximos años el cumplimiento efectivo de los planes de inversión comprometidos por las concesionarias y el equilibrio entre las mejoras en la infraestructura y la evolución de las tarifas de peaje, un aspecto que impacta directamente sobre transportistas, productores y usuarios particulares.

Con esta adjudicación, el Gobierno profundiza el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., declarado sujeto a privatización por la Ley 27.742, consolidando un nuevo modelo de gestión para parte de la red vial nacional basado en concesiones privadas de largo plazo.

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Privatización de Corredores Viales: precalifican ofertas y definen quién administrará ocho corredores estratégicos

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El Ministerio de Economía dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A. al aprobar la primera etapa de la licitación nacional e internacional que permitirá concesionar ocho de los principales corredores viales del país. La medida habilita el avance hacia la apertura de las ofertas económicas y acerca al Gobierno a uno de los procesos de infraestructura más relevantes impulsados desde la sanción de la Ley Bases.

La Resolución 1024/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, valida el trabajo realizado por la comisión evaluadora, precalifica a las empresas que cumplieron los requisitos técnicos y financieros y deja fuera de competencia a dos ofertas por incumplimientos en la documentación económica exigida en los pliegos.

La licitación forma parte del proceso de privatización total de Corredores Viales S.A., empresa que fue declarada “sujeta a privatización” por la Ley 27.742. El objetivo oficial es reemplazar el actual esquema estatal por concesiones privadas bajo el régimen de obra pública por peaje, transfiriendo al sector privado la construcción, mantenimiento, explotación y ampliación de la infraestructura vial.

La denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa III” comprende ocho grandes corredores: Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. Se trata de rutas nacionales estratégicas para el transporte de cargas, las exportaciones agroindustriales y la conectividad entre regiones productivas.

En total participaron 22 grupos empresarios que presentaron 50 ofertas para los distintos corredores, reflejando un elevado nivel de competencia en un negocio considerado clave para el desarrollo de la infraestructura logística del país.

Entre los oferentes precalificados aparecen algunas de las principales constructoras argentinas, como José Cartellone Construcciones Civiles, Benito Roggio e Hijos, Panedile, Supercemento, CPC, José J. Chediack, Lemiro Pablo Pietroboni, Luciano Construcciones, además de diversas uniones transitorias conformadas específicamente para competir en diferentes tramos.

La resolución también confirmó la exclusión de las propuestas presentadas por la UTE integrada por Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A. para los tramos Centro y Cuyo. Según explicó el Ministerio de Economía, la empresa intentó incorporar documentación económico-financiera nueva durante la etapa de subsanación, algo que la comisión evaluadora consideró incompatible con las reglas del proceso licitatorio.

El Gobierno rechazó además la impugnación presentada por esa unión empresaria y dispuso la pérdida de la garantía constituida para cuestionar el dictamen de precalificación, al considerar que aceptar la nueva documentación hubiera vulnerado el principio de igualdad entre todos los participantes.

Con la etapa técnica concluida, el cronograma continúa este martes 22 de julio con la apertura de los sobres económicos a través del sistema electrónico CONTRAT.AR. Allí comenzará la definición sobre qué empresas quedarán finalmente a cargo de cada uno de los corredores concesionados.

El proceso constituye uno de los pilares de la reorganización del sistema vial nacional impulsada por el Gobierno. La administración nacional sostiene que el nuevo esquema permitirá atraer inversiones privadas para mejorar el estado de las rutas, incorporar tecnología, optimizar el mantenimiento y reducir la participación del Estado en la gestión operativa.

Sin embargo, el avance del proceso también abre interrogantes sobre el impacto que tendrá el nuevo modelo en el costo de los peajes, la continuidad de las obras y el equilibrio entre rentabilidad privada y prestación de un servicio público esencial para millones de usuarios y para el transporte de la producción argentina.

Para provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe, la licitación reviste especial importancia debido a que los corredores Litoral, Mesopotámico y Noreste concentran buena parte del movimiento de cargas vinculado con las economías regionales, el comercio exterior y la actividad turística. La calidad de esas rutas incide directamente sobre los costos logísticos, la competitividad de las exportaciones y la seguridad vial.

La resolución aprobada por Economía representa, así, un paso decisivo hacia la adjudicación definitiva de las concesiones, en un proceso que redefinirá durante los próximos años quién administra una parte sustancial de la red vial nacional y bajo qué condiciones se financiarán las inversiones en infraestructura.

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Fin del pago a cuenta en rutas: ATM señala que el 95% de los transportistas pasará los controles en menos de dos minutos

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La suspensión del cobro anticipado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal de Misiones comenzó a regir este miércoles y ya muestra un cambio visible: donde antes había largas filas de camiones, ahora el tránsito fluye con controles exclusivamente documentales.

En una entrevista con Open 101.7, el subdirector de la Agencia Tributaria Misiones (ATM), Gabriel Petta, explicó cómo funcionará el nuevo esquema, que estará vigente en forma de prueba hasta el 30 de junio de 2027 y representa uno de los cambios tributarios más importantes de los últimos años en la provincia.

“La diferencia es que ahora el paso está totalmente dinamizado”, resumió el funcionario, al describir el nuevo funcionamiento de los puestos fiscales.

Según precisó Petta, de un universo cercano a 17.600 contribuyentes que durante 2025 estaban alcanzados por el régimen, alrededor de 16.800 -el 95%- quedan excluidos del pago a cuenta.

En esos casos, las empresas únicamente deberán presentar el Formulario 341 de carácter informativo antes de llegar al puesto de control. Una vez escaneado el documento y verificada la carga transportada con la documentación, el camión continúa su recorrido.

“Si coincide todo, el paso demora menos de dos minutos”, explicó.

El 5% restante corresponde a unos 800 grandes contribuyentes. Sin embargo, la mayoría de ellos tampoco deberá detenerse para realizar pagos, ya que opera mediante un sistema de pago global mensual previamente informatizado. Solo casos puntuales continuarán abonando el anticipo cuando corresponda.

Los puestos seguirán funcionando

Petta aclaró que la eliminación del cobro no implica la desaparición de los controles fiscales. Los puestos continuarán verificando la documentación respaldatoria del transporte de mercaderías, en línea con la normativa vigente de ARCA.

“Es exactamente igual que ocurre en Entre Ríos, Buenos Aires o cualquier otra provincia. Se controla la documentación, la factura y el Formulario 341. Ya no hay discusión por el pago ni demoras administrativas”, explicó.

La informatización del sistema permitió reducir considerablemente los tiempos de permanencia de los transportistas en los controles.

“Toda la operatoria está mucho más dinámica. Hace dos horas que estoy en un puesto y me estoy aburriendo de lo rápido que circulan los camiones. Hace un par de años había filas de hasta dos kilómetros”, graficó.

Consultado sobre el efecto económico de la medida, el subdirector de la ATM evitó hacer pronósticos categóricos, aunque reconoció que el objetivo es favorecer una mayor competencia entre proveedores.

“Mi mayor deseo es que esto repercuta en góndolas y en precios“, señaló Petta.

El funcionario explicó que numerosos proveedores evitaban operar con Misiones debido a las complicaciones administrativas que implicaba el pago anticipado del tributo.

“Había muchos proveedores que directamente no querían vender en Misiones por este inconveniente. Hoy esa excusa se termina. Al haber más competencia y más oferta, eso puede generar alguna consecuencia sobre los precios. Ojalá sea así”, sostuvo.

La suspensión del pago a cuenta fue anunciada semanas atrás por el gobernador Hugo Passalacqua y reglamentada mediante la Resolución General Nº 09/2026 de la Agencia Tributaria Misiones.

La medida pone fin, al menos por un año, a un mecanismo vigente desde 2007, conocido popularmente como la “aduana paralela”, que obligaba a anticipar parte del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al ingresar mercaderías a la provincia.

Con el nuevo esquema, Misiones mantiene los controles fiscales sobre la circulación de bienes, pero elimina el componente recaudatorio anticipado para la inmensa mayoría de los contribuyentes, apostando a una mayor fluidez logística y a mejorar la competitividad del comercio provincial.

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Impuesto a los combustibles: el Gobierno autoriza un aumento parcial de $22 por litro de nafta y $31 por litro de gasoil

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La política de actualización gradual de los impuestos sobre los combustibles suma un nuevo capítulo. Mediante el Decreto 562/2026, el Gobierno nacional modificó el cronograma previsto para la actualización de los tributos que gravan la nafta y el gasoil, manteniendo la estrategia de diferir parte de la carga fiscal para reducir el impacto inmediato sobre los precios en surtidor.

La medida posterga nuevamente una parte de los incrementos acumulados correspondientes a las actualizaciones previstas por la Ley 23.966, que se calculan trimestralmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En lugar de trasladar la totalidad del ajuste desde julio, el Ejecutivo resolvió aplicar únicamente una fracción y dejar el resto para el 1 de agosto de 2026.

Para el entramado productivo, la decisión tiene una lectura que va más allá del surtidor. El combustible representa uno de los principales costos transversales de la economía argentina: impacta sobre el transporte de cargas, la logística de exportación, la producción agropecuaria, la industria y el comercio.

En provincias como Misiones, donde buena parte de la actividad económica depende del transporte terrestre de largas distancias, cualquier variación en el precio del gasoil repercute sobre toda la cadena de costos, desde la producción primaria hasta la distribución comercial.

Un incremento parcial para contener el traslado a precios

El decreto establece que durante todo julio regirá únicamente una actualización parcial de los impuestos.

Los incrementos fiscales fijados son:

  • Naftas: aumento de $21,192 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y $1,298 en el impuesto al dióxido de carbono.
  • Gasoil: incremento de $18,959 por litro en el impuesto específico, $10,266 correspondientes al tratamiento diferencial y $2,161 por dióxido de carbono.

La actualización completa de los remanentes acumulados durante 2024, los primeros dos trimestres de 2025 y parte de 2026 quedó reprogramada para los hechos imponibles que se produzcan desde el 1 de agosto, salvo que el Gobierno vuelva a modificar el cronograma, una práctica que se repitió durante los últimos meses.

Una herramienta para administrar el impacto inflacionario

Aunque los impuestos a los combustibles tienen una actualización prevista por ley, el Poder Ejecutivo viene utilizando decretos para escalonar su aplicación.

La lógica económica detrás de esta decisión responde a dos objetivos simultáneos: Por un lado, evitar que un incremento tributario significativo acelere la inflación mensual mediante un aumento inmediato de los combustibles. Por otro, mantener cierta previsibilidad sobre los costos de transporte para los sectores productivos mientras continúa el proceso de desaceleración inflacionaria.

El propio decreto fundamenta la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, combinando el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas con una implementación gradual de la carga impositiva.

La postergación parcial del impuesto no elimina futuros aumentos, pero sí distribuye su impacto en el tiempo, permitiendo una planificación más gradual de costos operativos.

Para el sector privado, los principales efectos son menor presión inmediata sobre los costos logísticos durante julio. Reducción del impacto inflacionario derivado del precio de los combustibles. Persistencia de incertidumbre respecto del ajuste previsto para agosto. Mayor previsibilidad de corto plazo para industrias, transportistas y cadenas comerciales.

Un alivio transitorio que mantiene pendiente el ajuste fiscal

La estrategia oficial no implica una reducción de impuestos, sino un diferimiento de su aplicación.

Eso significa que la presión tributaria prevista por la legislación permanece vigente, aunque distribuida en distintos momentos para amortiguar sus efectos sobre la inflación y el consumo.

Desde la óptica fiscal, el Estado posterga parte de la recaudación potencial; desde la mirada empresarial, se evita un incremento más pronunciado del costo operativo en un solo mes.

El principal interrogante pasa por agosto. Si el cronograma establecido en el decreto se cumple sin nuevas modificaciones, el mercado enfrentará la aplicación del remanente acumulado de las actualizaciones impositivas. La decisión que adopte el Gobierno dependerá del comportamiento de la inflación, la evolución del precio internacional del petróleo y la estrategia oficial para sostener la desaceleración de los precios sin resignar recursos fiscales.

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