Transporte fluvial

La hidrovía mantiene el peaje bonificado hasta que asuma la nueva concesionaria

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La transición hacia la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal tendrá un impacto inmediato sobre uno de los principales costos de la logística exportadora argentina: el peaje. A través de la Resolución 105/2026, la Administración General de Puertos (AGP) prorrogó la bonificación vigente para el tramo Santa Fe-Confluencia de la hidrovía hasta que la nueva concesionaria tome formalmente el control del servicio.

La medida busca garantizar previsibilidad para las empresas que utilizan la hidrovía mientras se completa el proceso de traspaso a la unión transitoria conformada por Jan de Nul N.V. y Servimagnus S.A., adjudicataria del nuevo contrato de concesión otorgado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

En los hechos, la resolución evita que los operadores enfrenten un incremento inmediato en los costos de navegación. El transporte internacional continuará abonando un peaje bonificado de US$ 1,30 por tonelada de registro neto (TRN), el mismo valor que se viene aplicando desde comienzos de este año.

La decisión tiene especial relevancia para el comercio exterior argentino. La Vía Navegable Troncal concentra la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país y constituye el principal corredor logístico para la salida de granos, aceites, harinas, minerales y otros productos con destino a los mercados internacionales.

Desde el Gobierno explican que la continuidad de la bonificación responde a razones tanto administrativas como económicas. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación, creada a comienzos de 2025 tras la reorganización del sistema portuario nacional, continúa atravesando un proceso de transición institucional que demoró la conformación definitiva de la Mesa de Trabajo encargada de revisar la estructura tarifaria del tramo Santa Fe al Norte.

En paralelo, la nueva concesión ya fue adjudicada y el contrato fue firmado el pasado 8 de julio de 2026. Sin embargo, el acuerdo prevé un período previo a la denominada “toma de posesión” del servicio, instancia que marca el inicio efectivo de las operaciones por parte de la nueva empresa concesionaria.

Hasta que ese proceso concluya, el Ejecutivo optó por mantener sin cambios el esquema tarifario vigente para evitar incertidumbre entre armadores, exportadores y operadores logísticos.

La historia reciente de este peaje explica la cautela oficial. La tarifa originalmente fijada en 2022 había generado fuertes cuestionamientos por parte de usuarios y entidades representativas del sector, que incluso impulsaron acciones judiciales. Como consecuencia, el entonces Ministerio de Transporte suspendió su aplicación y posteriormente comenzaron a otorgarse sucesivas bonificaciones que fueron prorrogándose a lo largo de 2024, 2025 y 2026.

La nueva resolución mantiene esa política de transición y evita modificaciones tarifarias mientras cambia el operador de uno de los activos estratégicos más importantes de la infraestructura argentina.

Más allá del aspecto administrativo, la decisión también refleja una lógica de estabilidad económica. En un contexto donde la competitividad de las exportaciones depende en buena medida de los costos logísticos, mantener el peaje sin aumentos contribuye a reducir incertidumbres para las cadenas productivas que dependen de la hidrovía.

El desafío comenzará una vez que la nueva concesionaria asuma plenamente la operación. Allí deberán definirse las condiciones tarifarias de largo plazo, las inversiones comprometidas y el esquema de mantenimiento y dragado que sostendrá la competitividad del principal corredor fluvial del país durante los próximos años.

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Paro de prácticos: el Gobierno suspendió la desregulación, acordó una rebaja del 20% y se levantó la medida

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El conflicto que había paralizado la asistencia a la navegación de buques en las principales vías navegables del país encontró una salida provisoria. El Gobierno Nacional acordó con los representantes del sector de practicaje una reducción del 20% en las tarifas y dispuso la suspensión temporal del Decreto 690/2026, la norma impulsada por Federico Sturzenegger que había modificado de manera integral las reglas de una actividad regulada desde 1991.

Con la firma del acta de entendimiento, los prácticos retomarán de inmediato sus tareas en los puertos y vías navegables, mientras el Ejecutivo y el sector abrirán una instancia de negociación para revisar los aspectos normativos y operativos que permanecen en disputa. La solución permite desactivar una medida de fuerza que había comenzado a impactar sobre el funcionamiento de la cadena exportadora.

El Gobierno confirmó que la suspensión del decreto tendrá carácter temporal y que, durante ese período, funcionará una mesa de trabajo conjunta coordinada por el Poder Ejecutivo. Participarán representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, además de otros organismos con competencia en la materia.

El objetivo será revisar puntualmente los cambios introducidos por el decreto y buscar un consenso definitivo sobre el régimen de practicaje. La conformación de este espacio de diálogo respondía también a uno de los principales reclamos planteados durante el conflicto y había sido señalada por el sector agroexportador como una condición relevante para normalizar la actividad.

La disputa había adquirido una dimensión económica que excedía al propio sector de prácticos. El parate en los puertos implicaba, según las estimaciones citadas durante el conflicto, pérdidas superiores a US$4,5 millones diarios para el campo, en un sistema logístico donde cualquier interrupción de la navegación puede trasladarse rápidamente a los costos de exportación y a la operatoria de las cadenas agroindustriales.

El acuerdo incorpora además un componente directamente vinculado con la competitividad: la reducción del 20% en las tarifas del servicio. La rebaja apunta a disminuir los costos asociados a la navegación y, al mismo tiempo, ofrece al Gobierno una herramienta para sostener parte de su objetivo inicial de reducir costos logísticos sin mantener abierta, en esta etapa, la totalidad de los cambios regulatorios que provocaron la reacción del sector.

El origen de la crisis fue el Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La normativa había reemplazado la reglamentación vigente desde 1991 y planteaba una reestructuración profunda del sistema de practicaje marítimo y fluvial.

Entre los cambios introducidos se encontraba la posibilidad de que capitanes extranjeros con experiencia quedaran exceptuados de la obligación de contratar prácticos. También se ampliaban las dimensiones de los buques para los cuales resultaba obligatorio contar con asistencia, se eliminaba el límite de cupos para la inscripción de profesionales y se habilitaba a la Prefectura a prestar el servicio.

El decreto también eliminaba la segmentación por tramos geográficos que obligaba a rotar de práctico durante determinados recorridos, flexibilizaba los traslados del personal y ampliaba las exenciones de contratación para algunos buques.

El argumento oficial detrás de la reforma apuntaba a reducir costos y flexibilizar una actividad considerada estratégica para el comercio exterior. “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, había planteado Sturzenegger al defender los cambios.

La suspensión temporal del decreto no supone, por lo tanto, el abandono de la discusión sobre la regulación del practicaje. El Gobierno conserva abierta la posibilidad de revisar el esquema, pero ahora bajo una instancia de negociación que incorpora a los actores directamente involucrados y con una prioridad inmediata: garantizar la continuidad de la navegación y reducir los costos que impactan sobre la logística exportadora.

La salida acordada deja así dos resultados concretos en el corto plazo. Por un lado, se normaliza la asistencia a los buques y se evita que el conflicto continúe generando pérdidas sobre una cadena exportadora particularmente sensible a las interrupciones. Por otro, la reducción tarifaria introduce un alivio sobre los costos del servicio, mientras la mesa técnica deberá determinar qué aspectos de la reforma pueden sostenerse, cuáles requieren modificaciones y bajo qué condiciones.

La prueba para el Gobierno será convertir esta tregua en una reforma sostenible. El desafío consiste en combinar mayor eficiencia y menores costos para el comercio exterior con reglas previsibles para quienes prestan un servicio crítico para la seguridad de la navegación. La suspensión del Decreto 690/2026 abre ese espacio de negociación; el resultado dependerá de que la mesa técnica logre transformar el conflicto en un nuevo marco regulatorio con consenso suficiente para evitar otra interrupción de las vías navegables.

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Marina Mercante: Argentina actualiza los requisitos de titulación y alinea su sistema de formación con estándares internacionales

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) aprobó la actualización de los requisitos para obtener títulos y certificaciones del personal embarcado de la Marina Mercante. La medida incorpora formalmente las Enmiendas de Manila al Convenio STCW y busca subsanar observaciones realizadas por la Organización Marítima Internacional (OMI), un paso clave para sostener la competitividad del sistema logístico y portuario argentino.

La Resolución 35/2026 pone al día un aspecto central de la infraestructura invisible del comercio exterior: la formación y certificación del capital humano que opera buques mercantes. Aunque el impacto no es inmediato sobre los costos logísticos, la decisión tiene implicancias estratégicas para el transporte marítimo, fluvial y portuario, ya que asegura que los títulos emitidos en Argentina mantengan reconocimiento y equivalencia dentro de los estándares internacionales exigidos por la navegación comercial.

La medida responde a una observación formulada por la OMI durante la auditoría realizada al país en 2023, donde se detectó que las denominadas “Enmiendas de Manila 2010” al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW) aún no habían sido plenamente incorporadas a la normativa nacional. La actualización busca cerrar esa brecha regulatoria y adecuar los requisitos de capacitación a las tecnologías y procedimientos que hoy predominan en la actividad marítima.

Un tema técnico con impacto económico

Para el sector productivo, especialmente para las economías exportadoras que dependen de la Hidrovía Paraná-Paraguay y de los puertos marítimos argentinos, la relevancia de la resolución excede el ámbito académico o profesional.

La certificación del personal embarcado es uno de los elementos que evalúan organismos internacionales, armadores, aseguradoras y operadores logísticos al momento de validar operaciones. Una eventual falta de adecuación a los estándares STCW podría generar restricciones operativas, observaciones internacionales o mayores exigencias de control para buques con bandera argentina.

La actualización aprobada por ANPyN establece nuevas condiciones para la obtención, renovación y recuperación de títulos de oficiales de puente, oficiales de máquinas, electrotécnicos, radioperadores, marineros y demás categorías contempladas en la Marina Mercante. También incorpora exigencias vinculadas con seguridad operacional, lucha contra incendios, protección marítima, gestión de recursos de navegación y prevención de la contaminación.

Más exigencias formativas y foco en nuevas competencias

Uno de los cambios de fondo es la consolidación de un esquema de capacitación continua. Las reválidas de títulos exigen acreditar períodos mínimos de embarco o actividades vinculadas al sector, complementadas con cursos de actualización técnica y operativa.

La normativa también incorpora competencias asociadas a estándares internacionales modernos, incluyendo gestión de recursos de máquinas, prevención de la contaminación, protección de buques y procedimientos de seguridad exigidos por la navegación contemporánea.

Para las empresas navieras, esto implica una mayor necesidad de planificación en materia de recursos humanos, capacitación y certificación de tripulaciones. A cambio, se fortalece la capacidad del sistema argentino para operar bajo parámetros reconocidos internacionalmente.

La Hidrovía y la logística regional en el centro de la escena

La actualización adquiere especial relevancia para el corredor fluvial más importante del país. La Hidrovía concentra buena parte de las exportaciones agroindustriales argentinas y es el principal canal de salida para productos provenientes del NEA y del NOA.

Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa observan con atención cualquier modificación vinculada al sistema de navegación, ya que la recuperación del transporte fluvial es una de las apuestas recurrentes para reducir costos logísticos y mejorar competitividad frente a mercados internacionales.

La profesionalización del personal embarcado constituye una condición necesaria para sostener esa estrategia. La expansión de operaciones fluviales requiere tripulaciones certificadas bajo estándares aceptados globalmente, particularmente en segmentos donde convergen operadores privados, cargas regionales y servicios internacionales.

Lo que cambia para el sector

Entre los principales efectos de la resolución se destacan: Adecuación formal de Argentina a las Enmiendas de Manila 2010 del Convenio STCW. Mayor reconocimiento internacional de los títulos emitidos por el país. Actualización de competencias vinculadas a seguridad, protección marítima y prevención ambiental. Fortalecimiento de la empleabilidad internacional de los profesionales de la Marina Mercante. Reducción del riesgo regulatorio derivado de observaciones de organismos internacionales. Mayor previsibilidad para armadores, operadores portuarios y empresas navieras.

La actualización normativa resuelve una deuda regulatoria que Argentina mantenía desde hace más de una década respecto de los estándares internacionales de formación marítima. El desafío ahora pasa por la implementación efectiva: capacidad de los centros de capacitación, tiempos de certificación, disponibilidad de cursos y adaptación del sector privado a las nuevas exigencias. Para una economía que busca ganar competitividad exportadora, la calidad del capital humano embarcado es tan importante como la infraestructura portuaria o el dragado de la Hidrovía.

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El Gobierno prorrogó la regularización de puertos y extiende el proceso de habilitación

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) prorrogó por otros 180 días hábiles administrativos el plazo para que puertos preexistentes completen su proceso de habilitación definitiva. La decisión impacta sobre terminales estatales y privadas que operaban con autorizaciones precarias y que todavía están adecuando documentación técnica, jurídica y operativa.

La medida, formalizada mediante la Resolución 29/2026, tiene una lectura que excede el expediente burocrático. Para el NEA, donde el costo logístico explica buena parte de la pérdida de competitividad industrial y exportadora, el funcionamiento pleno de la infraestructura portuaria es un tema económico de primer orden.

Misiones observa el movimiento con atención porque la discusión sobre puertos y navegación está directamente vinculada a la posibilidad de reducir costos para la yerba mate, la madera, el té y las economías industriales orientadas a exportación.

El problema estructural: producir lejos y transportar caro

La competitividad del NEA no depende solamente del dólar o de la presión impositiva. El mayor diferencial frente al centro del país sigue siendo logístico.

Mientras una empresa radicada en Buenos Aires o Rosario tiene acceso directo a corredores portuarios consolidados, las industrias misioneras deben enfrentar:

largas distancias terrestres, mayores costos de flete, menor escala logística y dependencia del transporte por camión.

La hidrovía y los puertos regionales aparecen como una herramienta para compensar parcialmente esa desventaja estructural.

Por eso, aunque la resolución sólo extienda plazos administrativos, el trasfondo es otro: el Estado nacional reconoce que buena parte del sistema portuario todavía no terminó de regularizarse y necesita más tiempo para adecuarse a los requisitos definitivos.

Qué implica la prórroga

La ANPyN había establecido en 2025 un régimen transitorio que otorgó habilitaciones precarias a puertos existentes antes de la Ley de Actividades Portuarias. El objetivo era ordenar jurídicamente terminales que continuaban operando pero sin completar todos los requisitos formales exigidos por la normativa moderna.

Ahora, el organismo extiende el plazo para terminar ese proceso.

La señal es relevante porque evita que terminales queden en una situación de incertidumbre regulatoria que podría afectar operaciones comerciales, seguros, financiamiento o inversiones privadas.

Para operadores logísticos y exportadores, la previsibilidad regulatoria es tan importante como la infraestructura física.

Misiones juega una partida distinta al AMBA. La provincia compite directamente con Paraguay y Brasil bajo un esquema de asimetrías fronterizas, es decir, diferencias de carga tributaria, combustible, financiamiento y costos laborales que alteran la competitividad relativa.

Cuando el transporte interno argentino es caro, las economías regionales quedan doblemente presionadas: pierden margen exportador, encarecen el abastecimiento interno, y quedan expuestas al desvío comercial fronterizo.

La logística fluvial aparece entonces como una herramienta estratégica para reducir costos sistémicos.

Para sectores como la forestoindustria, donde el transporte representa una porción crítica del costo final, cada mejora en infraestructura portuaria puede modificar márgenes de rentabilidad.

El dato político detrás de la medida

La creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación reemplazó a la vieja estructura de puertos y vías navegables bajo una lógica de centralización técnica y simplificación administrativa.

La resolución muestra además otro dato político: el Gobierno evita avanzar con cierres o sanciones sobre terminales que todavía no completaron procesos documentales, priorizando continuidad operativa.

La decisión tiene racionalidad económica. Frenar operatorias portuarias en plena búsqueda de generación de divisas hubiese impactado sobre exportaciones regionales y cadenas logísticas.

La prórroga resuelve un problema administrativo inmediato, pero no modifica el núcleo de la discusión logística del NEA.

La región todavía enfrenta: fletes caros, baja conectividad ferroviaria, dependencia del camión y escasa integración multimodal. Misiones necesita que el debate portuario avance hacia inversiones concretas en infraestructura, dragado, conectividad y reducción de costos operativos.

Sin esa escala logística, la competitividad exportadora seguirá dependiendo más del esfuerzo privado que de una política estructural de transporte.

El nuevo plazo otorgado por la ANPyN funciona como una ventana para ordenar jurídicamente el sistema portuario argentino sin interrumpir operaciones. El mercado observará ahora qué terminales logran obtener habilitación definitiva y cuáles continúan operando bajo esquemas transitorios.

Para el NEA, la discusión real no pasa solamente por habilitaciones. Pasa por si Argentina finalmente construirá una política logística capaz de integrar a las economías regionales al comercio internacional con costos compatibles con Brasil y Paraguay. Ahí se juega buena parte de la competitividad futura de la yerba, la madera, el té y la industria regional.

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Puertos aplica una rebaja del 16,7% en la Hidrovía para buques que usen el Canal Martín García

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El Gobierno nacional decidió intervenir en la ecuación de costos de la Vía Navegable Troncal con una señal concreta: una rebaja del 16,7% en el peaje para los buques que transiten por el Canal Martín García. La decisión quedó formalizada el 4 de mayo de 2026 mediante la Resolución 25/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, con aplicación retroactiva desde el 1° de mayo y vigencia hasta el 30 de junio.

El movimiento no es menor. Se inscribe en pleno proceso de rediseño del esquema de concesión y control de la hidrovía, uno de los activos logísticos más sensibles del país. La pregunta que queda flotando es si se trata de un incentivo táctico de corto plazo o de una señal más profunda sobre el modelo de navegación que el Ejecutivo busca consolidar.

Reconfiguración institucional en la hidrovía

La medida no surge en el vacío. Se apoya en un proceso de reorganización que comenzó con la declaración como servicio público de las tareas de dragado, señalización y mantenimiento de las vías navegables en 2024, y que tuvo un punto de inflexión con la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante el DNU 3/2025.

Ese rediseño institucional implicó la disolución de la Administración General de Puertos y la transferencia de funciones a un ente autárquico con mayor capacidad de intervención. La nueva agencia no solo heredó competencias técnicas, sino también la potestad de actuar como autoridad de aplicación y control del sistema.

En ese marco, la resolución actual aparece como una herramienta operativa dentro de ese esquema: ajustar tarifas para ordenar el tráfico y sostener condiciones de navegabilidad mientras se define el futuro concesionario del sistema.

La decisión establece una bonificación del 16,7% sobre el peaje en el tramo comprendido entre la Sección 0.0 y la Sección 1.2 de la Vía Navegable Troncal, en ambos sentidos, exclusivamente para los buques que utilicen el Canal Martín García.

El beneficio no es nuevo en términos conceptuales. Ya había sido aplicado previamente mediante una resolución de marzo de 2026, pero con plazo vencido. Ahora se renueva bajo el argumento de los “resultados obtenidos”, aunque el texto no detalla cuáles fueron esos efectos.

La clave operativa está en tres elementos: Temporalidad definida: desde el 1° de mayo hasta el 30 de junio de 2026. Aplicación retroactiva: alcanza operaciones ya realizadas desde el inicio del período. Y focalización: solo para quienes opten por el Canal Martín García.

En términos concretos, la medida altera los costos relativos entre rutas dentro de la hidrovía, lo que puede incidir en la elección de trazas por parte de los operadores.

Control tarifario en transición

El movimiento refuerza el rol de la Agencia como actor central en la regulación económica del sistema. No solo administra contratos o fiscaliza obras: también interviene directamente en la estructura de incentivos del transporte fluvial.

En un contexto donde el contrato de concesión está en revisión y se proyecta una nueva licitación, la política tarifaria se convierte en una herramienta de gestión y, al mismo tiempo, en una señal hacia el mercado.

El Ejecutivo mantiene así capacidad de arbitraje en una etapa de transición. La bonificación puede leerse como un mecanismo para sostener flujo operativo, evitar desbalances en el tráfico o corregir distorsiones detectadas en la operatoria reciente.

Sin embargo, también introduce una variable política: quién define el costo de navegar la hidrovía mientras el modelo definitivo aún no está cerrado.

Costos logísticos en ajuste

Aunque la resolución no cuantifica impactos agregados, la reducción del peaje implica una disminución directa en los costos de transporte para los buques que utilicen el canal beneficiado.

En un sistema donde cada decisión logística impacta en la competitividad de las cargas, pequeñas variaciones tarifarias pueden modificar rutas, tiempos y márgenes.

La clave está en que la medida no es generalizada: premia una vía específica. Eso introduce competencia interna entre canales y puede redistribuir el tránsito dentro del sistema troncal.

Señales en medio de la transición

La bonificación tiene fecha de vencimiento: 30 de junio. Ese límite temporal funciona como recordatorio de que el esquema está en revisión.

Lo que ocurra después será clave. Si la medida se prorroga, podría consolidarse como política de incentivo. Si se modifica, indicará ajustes en la estrategia. Si desaparece, quedará como intervención puntual.

En paralelo, el proceso de licitación y redefinición del contrato de la hidrovía seguirá marcando el pulso de fondo. La política tarifaria, en ese contexto, aparece como una herramienta flexible para administrar una infraestructura crítica en plena transición.

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