Transporte fluvial

Hidrovía: el Gobierno avanza con la licitación y deja solo a dos oferentes en carrera tras filtrar la primera etapa

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El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la licitación de la Vía Navegable Troncal al aprobar, el 19 de abril de 2026, la primera etapa del proceso y dejar en carrera a solo dos oferentes. A través de la Resolución 21/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), se precalificaron las propuestas de JAN DE NUL N.V. junto a SERVIMAGNUS S.A. y de DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV, mientras que se declaró inadmisible la oferta de DTA ENGENHARIA LTDA. La apertura del Sobre N° 2 —clave para definir la adjudicación— quedó fijada para el 22 de abril a las 13 horas. La decisión ordena el proceso, pero también delimita la competencia en una licitación estratégica: ¿se consolida un esquema de concentración o se garantiza competencia real en el control de la hidrovía?

Un proceso bajo control estatal y reglas estrictas

La licitación se enmarca en el régimen de concesión de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520 y sus modificatorias, con el objetivo de modernizar, ampliar y mantener el sistema de señalización y dragado desde el kilómetro 1238 del río Paraná hasta el Río de la Plata exterior. Se trata de un corredor clave para el comercio exterior argentino.

El esquema institucional fue redefinido en 2025 con la creación de la ANPYN, que absorbió las funciones de la ex Subsecretaría de Puertos y de la Administración General de Puertos. Desde allí se centraliza la conducción del proceso licitatorio, con facultades delegadas por el Poder Ejecutivo para llamar, evaluar y adjudicar.

Antes de llegar a esta instancia, el Gobierno habilitó una etapa de observaciones al pliego, con participación de actores del sector y recomendaciones internacionales. Ese proceso derivó en ajustes técnicos y en la apertura formal de la licitación a fines de 2025.

En febrero de 2026 se recibieron tres ofertas. Tras el análisis técnico del Sobre N° 1, la comisión evaluadora consideró admisibles dos propuestas y recomendó su precalificación. La tercera fue descartada por no cumplir un requisito clave: la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta en los términos exigidos por el pliego.

Reglas formales y tensión con los oferentes

El rechazo de DTA ENGENHARIA LTDA no solo reduce la competencia, sino que expone el peso de las condiciones formales en el proceso. La empresa intentó cuestionar el dictamen de evaluación, pero su presentación fue desestimada por no cumplir con los requisitos de impugnación, entre ellos la garantía correspondiente.

La resolución subraya un punto sensible: las instancias para cuestionar el pliego o las condiciones del proceso ya habían concluido. En ese marco, cualquier intento de revisión fuera de término es considerado improcedente.

El mensaje es claro: la administración prioriza la estabilidad jurídica del proceso y el respeto estricto a las reglas. Pero esa misma rigidez también redefine el escenario competitivo, dejando a dos actores en la instancia decisiva.

Impacto en la puja por la hidrovía

Con dos oferentes precalificados, la licitación entra en su fase más sensible. El Sobre N° 2 contendrá las variables económicas que definirán la adjudicación de una concesión que abarca dragado, señalización y mantenimiento de la principal vía de exportación del país.

La reducción de competidores puede tener efectos directos en la dinámica de la puja. Menos oferentes implica menor presión competitiva, aunque también puede interpretarse como un filtro que garantiza estándares técnicos y financieros.

Desde el punto de vista político, el Gobierno avanza con una licitación que considera estratégica para la economía nacional. El proceso busca combinar inversión privada con control estatal en un sector donde históricamente se concentran intereses económicos de alto impacto.

Definición inminente y foco en el resultado

La apertura del Sobre N° 2, prevista para el 22 de abril, marcará el inicio de la etapa final. Allí se pondrán en juego las condiciones económicas de las propuestas, incluyendo tarifas, peajes u otras formas de remuneración.

El proceso llega a esta instancia sin impugnaciones formales vigentes, lo que fortalece su validez administrativa. Sin embargo, la atención estará puesta en la transparencia de la adjudicación y en el equilibrio entre competencia y concentración.

La hidrovía vuelve a ser un eje de poder económico y político. La resolución ordena el procedimiento, pero la definición de fondo —quién controlará el principal corredor fluvial del país— todavía está en construcción.

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Puerto Iguazú: rescinden el contrato con Delta y quedan sin operar dos embarcaciones turísticas

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Puerto Iguazú pierde sus paseos fluviales, el Gobierno formaliza la salida de Delta tras dos años de operaciones. La rescisión del convenio expone un vacío en la oferta turística y deja vacante un espacio clave en la terminal fluvial en Puerto Iguazú. ¿Se abre una nueva licitación o un rediseño del esquema turístico?

El Gobierno provincial formalizó el 15 de abril de 2026 la rescisión del convenio con Delta Argentina Uruguay S.A. para el uso de la plazoleta y permisos de muelle en el puerto de Iguazú, tras el cese de operaciones de la firma desde el 1° de marzo. La medida, instrumentada mediante la Disposición Nº 028 de la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación, no solo pone fin a un vínculo administrativo reciente —vigente desde agosto de 2024— sino que reabre interrogantes sobre el control, explotación y reconfiguración del frente turístico fluvial en uno de los puntos más sensibles del circuito económico provincial.

Un retiro operativo que activa decisiones administrativas

La secuencia es formal, pero con implicancias políticas. La empresa comunicó la interrupción de sus servicios turísticos fluviales y solicitó la baja de los permisos de uso del muelle correspondientes a las embarcaciones Delta Queen (Matrícula N° 0834) y Delta Eco 1 (Matrícula N° 0285), junto con la rescisión del convenio por el uso de la plazoleta donde funcionaba su boletería.

Ese pedido activó un mecanismo previsto en el propio acuerdo firmado en 2024: la posibilidad de rescindir de común acuerdo, sin derecho a reclamo por parte del permisionario sobre las mejoras realizadas. En ese punto aparece un dato institucional clave: todas las obras fijas incorporadas al espacio pasan automáticamente a integrar el patrimonio portuario, bajo la figura de “accesión de dominio”, conforme al reglamento vigente.

La Subsecretaría avanzó entonces en una decisión integral: rescindió el convenio original, derogó las disposiciones que habían otorgado los permisos (Nº 115/2024, 104/2024 y 140/2024) y formalizó la recepción de las instalaciones sin objeciones, cerrando la relación administrativa sin litigios ni compensaciones.

Marco legal claro, impacto operativo abierto

Desde el punto de vista normativo, la resolución se apoya en instrumentos preexistentes y evita zonas grises. No hay conflicto contractual ni disputa judicial en puerta. Pero esa prolijidad administrativa no elimina el impacto político y económico de fondo: el retiro de un operador privado de un nodo estratégico del turismo fluvial en Iguazú.

El esquema vigente contemplaba permisos “precarios y onerosos”, lo que indica una lógica flexible de concesión. Esa flexibilidad, sin embargo, también expone la fragilidad de los modelos de explotación si no hay continuidad operativa. La salida de Delta deja no solo un espacio físico disponible —la plazoleta en la terminal fluvial— sino también infraestructura ya instalada que ahora pasa a manos del Estado.

La Prefectura Naval Argentina, la Dirección de Vías Navegables y la propia Subsecretaría quedan ahora como actores institucionales con capacidad de redefinir el uso inmediato del área.

Reacomodamiento de actores y señales al sector

En términos de correlación de fuerzas, la decisión no surge de una confrontación sino de un retiro empresarial. Sin embargo, el efecto político es similar al de una intervención: el Estado recupera control directo sobre un activo estratégico.

Esto puede fortalecer la posición del Gobierno provincial en futuras negociaciones con operadores turísticos, al contar con infraestructura disponible sin necesidad de inversión inicial. Pero también plantea una señal ambigua al sector privado: la viabilidad de los proyectos en el puerto dependerá no solo de permisos administrativos, sino de la sostenibilidad económica de la operación.

El movimiento podría reactivar el interés de otros actores del turismo fluvial o incluso abrir la puerta a un rediseño del esquema de concesiones. La ausencia de conflicto judicial facilita ese proceso, pero no elimina la necesidad de una definición política sobre el modelo de gestión.

Un espacio liberado y una decisión pendiente

Con la rescisión formalizada y el espacio ya restituido, el foco se traslada a lo que aún no ocurrió: qué hará el Gobierno con ese activo en el corto plazo. La infraestructura existe, la ubicación es estratégica y la demanda turística en Iguazú sigue siendo uno de los motores económicos de la provincia.

La pregunta ya no es administrativa sino política: si se optará por una nueva concesión, una explotación directa o un esquema mixto. Cada alternativa implica distintos niveles de control estatal, inversión privada y riesgos operativos.

Por ahora, la Disposición Nº 028 cierra un capítulo sin conflicto. Pero, al mismo tiempo, deja abierto un escenario donde el puerto de Iguazú vuelve a ser una pieza en disputa dentro del tablero turístico y económico provincial.

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La concesión del Puerto de Posadas será por 15 años y Misiones busca operadores internacionales

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Misiones puso en marcha un proceso clave para el desarrollo logístico regional: la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana (APPSA) lanzó la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 01/2026 para la concesión integral del Puerto de Posadas, con el objetivo de modernizar su infraestructura y consolidar un esquema operativo bajo gestión privada.

El llamado contempla la adecuación, mantenimiento, ampliación, modernización, equipamiento y operación del puerto, además de la provisión de un servicio de flete fluvial regular. Todo el esquema se desarrollará bajo un modelo de riesgo empresario, sin aval del Estado provincial, lo que marca una clara señal hacia la atracción de inversiones privadas.

La concesión tendrá un plazo de 15 años, con posibilidad de renovación, lo que abre una ventana de largo plazo para operadores logísticos y actores del comercio exterior interesados en posicionarse en un nodo estratégico sobre el río Paraná.

El pliego podrá adquirirse desde el 13 de abril hasta el 11 de junio de 2026 en la sede de la APPSA, con un costo de 1.000 dólares, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 11 de junio a las 13 horas. La apertura de sobres está prevista para el 12 de junio en la Casa de Gobierno de Misiones, en Posadas.

El proceso licitatorio se inscribe en una estrategia más amplia de la provincia para fortalecer su infraestructura logística, mejorar la competitividad exportadora y potenciar el uso del transporte fluvial, en un contexto donde los costos logísticos se han convertido en un factor determinante para las economías regionales.

Con esta iniciativa, Misiones busca consolidar al Puerto de Posadas como una plataforma clave para el comercio regional, articulando producción, transporte y acceso a mercados internacionales desde una lógica de eficiencia y escala.

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Hidrovía: empresa belga impugna la oferta de DEME y la acusa de prácticas “anticompetitivas“

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La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay volvió a tensarse en el corazón del Gobierno: una empresa belga impugnó formalmente la oferta de su competidora y la acusó de prácticas “anticompetitivas”, en un proceso que la administración nacional busca adjudicar antes de mayo. El dato no es menor. En un expediente ya marcado por su declaración de desierto al inicio de la gestión, la disputa corporativa ahora escala a un terreno político: ¿podrá el Ejecutivo sostener un proceso transparente o quedará atrapado en presiones cruzadas?

Un proceso bajo presión política y técnica

El conflicto enfrenta a dos actores centrales del negocio global del dragado. Por un lado, la actual operadora, con años de servicio en la vía navegable. Por otro, una competidora que presentó una propuesta en análisis. La evaluación está a cargo del área que conduce el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, con la responsabilidad de definir la adjudicación en un plazo acotado.

La impugnación introduce cuestionamientos técnicos concretos: incumplimientos en requisitos económicos, balances no auditables, irregularidades formales en la presentación y falta de equipamiento con la potencia exigida. Sin embargo, el núcleo del conflicto va más allá de la letra del pliego.

La acusación escala hacia prácticas estructurales del mercado: supuesta colusión, fijación de precios, intercambio de información sensible y abuso de posición dominante. En otras palabras, no se discute solo una oferta, sino las reglas de competencia en un negocio estratégico para el comercio exterior.

La Hidrovía como tablero de poder

El trasfondo del conflicto revela tensiones dentro del propio oficialismo. En los pasillos de la Casa Rosada conviven preferencias distintas sobre quién debería quedarse con el contrato. Algunos sectores ven con buenos ojos un cambio de operador, mientras otros valoran la continuidad de quien ya gestiona la vía navegable.

Ese dato introduce una variable política clave: la licitación no solo define un servicio técnico, sino el control de un corredor logístico central para la economía. El dragado y balizamiento de la Hidrovía impactan directamente en la competitividad del transporte fluvial y, por extensión, en los costos de exportación.

En ese contexto, la impugnación funciona como una herramienta de presión. Obliga al Gobierno a revisar el proceso, eleva el nivel de escrutinio y, al mismo tiempo, expone las tensiones internas sobre la decisión final.

Impacto en la gobernabilidad económica

La disputa entre empresas no queda encapsulada en el sector privado. Tiene efectos directos sobre la agenda económica del Gobierno. Sin acceso al financiamiento externo en otras áreas y con necesidad de mostrar señales de previsibilidad, la administración enfrenta un test de credibilidad institucional.

Si el proceso se judicializa o se dilata, puede afectar la continuidad operativa de la Hidrovía, un riesgo que el Gobierno difícilmente pueda asumir. Por el contrario, una adjudicación cuestionada podría abrir otro frente de conflicto, tanto en el plano legal como político.

El equilibrio es delicado. Transparencia, competencia y rapidez aparecen como objetivos que no siempre convergen.

Un desenlace abierto

La definición prevista para antes de mayo se vuelve ahora más incierta. La impugnación obliga a revisar aspectos técnicos, pero también a administrar un conflicto que combina intereses empresariales y decisiones políticas.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo el Gobierno procesa las acusaciones y si logra sostener el cronograma sin comprometer la legitimidad del proceso. También en si las tensiones internas se ordenan o se profundizan.

La Hidrovía, una vez más, deja de ser solo una infraestructura y se convierte en un escenario donde se mide capacidad de gestión, alineamiento político y margen de maniobra frente a actores globales.

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El Gobierno extiende el peaje bonificado en la hidrovía mientras define la tarifa definitiva

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La Administración General de Puertos extendió hasta el 31 de enero de 2026 la bonificación del peaje en la Vía Navegable Troncal para el transporte internacional. La decisión mantiene un esquema transitorio de tarifas reducidas mientras continúa la transición institucional tras la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y se posterga la definición del valor definitivo del peaje en la hidrovía.

La Administración General de Puertos S.A.U. (en liquidación) dispuso una nueva prórroga de la bonificación del peaje en el tramo “Puerto de Santa Fe – Confluencia (Sección II)” de la Vía Navegable Troncal (VNT). A través de la Resolución 1/2026, firmada por el interventor Gastón Alejo Benvenuto y publicada el 13 de enero de 2026, se estableció que entre el 1° y el 31 de enero de 2026 la tarifa para el transporte internacional será de dólares estadounidenses uno con treinta centavos (US$ 1,30) por tonelada de registro neto (TRN).

La medida prolonga un régimen transitorio que se aplica desde febrero de 2023 y refleja la persistencia de condiciones institucionales y operativas que impiden avanzar en la definición del cuadro tarifario definitivo para el segmento norte de la hidrovía.

Un peaje en revisión permanente desde 2022

El origen del esquema actual se remonta a la Resolución 625/2022 del entonces Ministerio de Transporte, que fijó el peaje del tramo Santa Fe–Confluencia en US$ 1,47 por TRN para el transporte internacional y $ 1,47 por TRN para el cabotaje, sujeto al resultado de una instancia de participación ciudadana. Sin embargo, tras ese proceso se multiplicaron las presentaciones administrativas y acciones judiciales de usuarios y sujetos obligados al pago, lo que derivó en la suspensión de la aplicación plena de la tarifa.

Como respuesta, la AGP constituyó en septiembre de 2024 la “Mesa de Trabajo de la VNT – Sección Santa Fe al Norte”, en el ámbito del Comité Ejecutivo de la Vía Navegable Troncal, y dispuso una bonificación progresiva del peaje. El esquema redujo la tarifa a US$ 0,80 por TRN entre el 15 de febrero de 2023 y el 31 de agosto de 2024, luego a US$ 1,20 por TRN hasta el 28 de febrero de 2025, y desde entonces se sucedieron prórrogas mensuales o bimestrales con ajustes graduales.

Durante 2025, la tarifa bonificada pasó a US$ 1,25 por TRN y luego se mantuvo el beneficio hasta diciembre. Ahora, con la Resolución 1/2026, se avanza un nuevo escalón de convergencia hacia el valor original, llevándolo a US$ 1,30 por TRN.

Transición institucional y demora en la definición tarifaria

En los considerandos, la resolución subraya que la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dispuesta por el DNU 3/2025, modificó sustancialmente el contexto jurídico e institucional. La disolución y liquidación de la Administración General de Puertos, bajo un esquema de continuidad operativa, absorbió gran parte de los recursos técnicos y de gestión, lo que impidió la efectiva constitución de la Mesa de Trabajo y la realización de los estudios necesarios para evaluar la razonabilidad del peaje.

En ese marco, el Gobierno justifica la reiteración de las prórrogas en criterios de gradualidad y razonabilidad, aclarando que la política tarifaria no implica eliminar el peaje ni congelarlo indefinidamente, sino ajustarlo de manera progresiva mientras se completa la transición institucional y se definen las condiciones del régimen definitivo.

Impacto económico y señales al comercio exterior

La decisión tiene impacto directo sobre los operadores del comercio exterior, especialmente exportadores e importadores que utilizan la hidrovía para el transporte de cargas hacia y desde los puertos del norte argentino y la región del Paraná. La continuidad de una tarifa bonificada atenúa los costos logísticos en un contexto de alta sensibilidad de precios, aunque también prolonga la incertidumbre regulatoria respecto del valor final del peaje.

Desde el punto de vista institucional, la reiteración de prórrogas expone las dificultades del Estado para cerrar el debate tarifario en uno de los corredores logísticos más relevantes del país, mientras se redefine la gobernanza del sistema portuario y de navegación. El esquema actual mantiene una señal de previsibilidad de corto plazo, pero deja abierta la discusión sobre el equilibrio entre financiamiento del mantenimiento de la vía navegable y competitividad del transporte fluvial.

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