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Nación mantiene el nuevo peaje en la Ruta 12, pero no proyecta ampliar la Ruta 14 en Misiones

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El Gobierno nacional ratificó que avanza el proyecto para instalar un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12 en Misiones y dejó en claro que, al menos por ahora, no está prevista una ampliación integral de la Ruta Nacional 14 en territorio provincial.

Las definiciones surgieron durante una reunión de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, donde el senador nacional Carlos Arce, del bloque Movimiento por Misiones, planteó ante el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, dos de los principales reclamos vinculados con la infraestructura vial de la provincia.

El primero estuvo centrado en el nuevo peaje proyectado sobre la Ruta 12, en cercanías de Puerto Rico. Arce advirtió que la ubicación tendrá impacto directo sobre una zona caracterizada por una intensa circulación entre Puerto Rico, Capioví, Garuhapé y Ruiz de Montoya, donde miles de personas utilizan diariamente la ruta para desplazamientos relativamente cortos.

“Muchos son productores, trabajadores, estudiantes y comerciantes que tienen un recorrido corto entre estas localidades y tendrían que pagar este peaje”, señaló el legislador misionero.

La respuesta de Vialidad Nacional no puso en discusión la instalación del puesto de cobro. Campoy explicó que el punto previsto se encuentra fuera de la zona urbana de Puerto Rico y mencionó que, en otras concesiones viales, se implementaron beneficios para residentes y usuarios frecuentes mediante acuerdos con las empresas concesionarias.

La explicación ratifica así el esquema del nuevo peaje, aunque deja abierta la posibilidad de establecer algún mecanismo diferencial para quienes utilizan la Ruta 12 como corredor cotidiano entre las localidades de la zona.

Arce introdujo además otro elemento en la discusión sobre el costo que deberán afrontar los usuarios: recordó que automovilistas y transportistas ya realizan un aporte a través de los impuestos incluidos en los combustibles, históricamente vinculados al financiamiento de la infraestructura vial. Desde esa perspectiva, reclamó que la incorporación de nuevos peajes tenga como contrapartida mejoras efectivas en las rutas nacionales que atraviesan Misiones.

El segundo eje fue la situación de la Ruta Nacional 14, una arteria estratégica para Misiones que bordea el este misionero y conecta una extensa zona productiva hasta Bernardo de Irigoyen.

Arce puso el foco en las limitaciones de una ruta que conserva largos tramos angostos y soporta la circulación de camiones vinculados con la producción agrícola, forestal e industrial de la provincia. En ese contexto, consultó si Nación proyecta avanzar con una ampliación de su capacidad.

La respuesta de Campoy fue más cautelosa. Vialidad Nacional confirmó que estudia el corredor de la Ruta 14 hacia el norte, pero aclaró que las eventuales obras no necesariamente contemplarán la duplicación de la calzada.

El organismo analiza diferentes soluciones según el volumen y las características del tránsito de cada tramo. Entre las alternativas aparecen terceros carriles en sectores determinados, además de configuraciones de autopista o autovía allí donde la demanda eventualmente lo justifique, lo que será financiado con el mismo mecanismo que en la ruta 12: nuevos peajes.

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Caputo anticipó un proyecto para licitar 5.000 kilómetros de rutas nacionales sin impuestos

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El Gobierno de Javier Milei profundiza el proceso de privatización de las rutas nacionales y prepara un nuevo proyecto de ley para habilitar la licitación de más de 5.000 kilómetros bajo un esquema particular: las futuras concesiones estarán exentas de impuestos nacionales. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

La iniciativa amplía una estrategia que ya comenzó con la transferencia de corredores viales al sector privado. El objetivo oficial es avanzar hacia un modelo en el que la operación y el mantenimiento de determinados tramos de la red nacional queden en manos de concesionarios, con reglas económicas específicas para hacer atractiva la inversión privada.

El nuevo proyecto deberá pasar por el Congreso, donde se definirá el marco legal para las futuras licitaciones. La particularidad anunciada por Caputo es la eliminación de impuestos nacionales para las rutas que ingresen en este esquema, una condición que modifica la ecuación económica de las concesiones y apunta a facilitar la participación privada.

El anuncio se produce después de que el Ejecutivo formalizara la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales en el marco de la privatización de Corredores Viales. Esos corredores suman más de 3.900 kilómetros y llevaron el total de rutas adjudicadas a más de 9.000 kilómetros, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno.

La nueva etapa vuelve a poner en discusión quién financia la infraestructura vial argentina. Durante décadas, el Estado nacional concentró buena parte de la responsabilidad sobre construcción, conservación y mantenimiento de las rutas nacionales. El esquema que impulsa la administración de Milei busca trasladar progresivamente esa responsabilidad al sector privado mediante concesiones y mecanismos de explotación de los corredores.

El punto económico será determinar si las condiciones ofrecidas a los concesionarios se traducen en mayores inversiones y mejores niveles de mantenimiento sin generar un costo excesivo para los usuarios. La exención tributaria puede mejorar la rentabilidad de los proyectos, pero también abre un debate sobre la contraprestación que deberán asumir las empresas y sobre el esquema mediante el cual se financiará la conservación de las rutas.

Para las provincias, el proceso tiene una dimensión adicional. Las rutas nacionales constituyen infraestructura estratégica para la circulación de producción, el transporte de pasajeros y la conexión con los principales mercados. Por eso, cualquier cambio en el modelo de concesión puede tener efectos sobre los costos logísticos y la competitividad regional.

Entre las provincias alcanzadas por las concesiones ya adjudicadas aparecen Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. La inclusión de Misiones resulta especialmente relevante por su condición de provincia periférica dentro del sistema logístico nacional y por la importancia de las rutas para conectar su producción con los grandes centros de consumo y las fronteras internacionales.

En ese contexto, la discusión no se limita al estado físico de las rutas. Para Misiones y el NEA, el costo y la previsibilidad del transporte son variables que impactan directamente sobre la estructura de costos de las empresas. Una concesión que garantice mantenimiento, transitabilidad y obras puede mejorar las condiciones logísticas; un esquema que incremente significativamente los costos de circulación podría producir el efecto contrario.

El Gobierno sostiene que la participación privada permitirá recuperar una infraestructura que durante los últimos años acumuló problemas de mantenimiento. Caputo apuntó directamente contra las gestiones anteriores durante su exposición y cuestionó las críticas actuales sobre el estado de las rutas: “Verlos criticar me parece cómico”, afirmó.

Más allá de la disputa política, el nuevo esquema deberá medirse por resultados concretos. La variable central será si las concesiones logran sostener rutas transitables, reducir interrupciones, garantizar mantenimiento permanente y generar inversiones sin trasladar una carga desproporcionada a quienes utilizan la red vial.

La próxima discusión en el Congreso será, por lo tanto, decisiva. El proyecto no sólo definirá qué rutas pueden pasar a manos privadas, sino también bajo qué condiciones económicas, tributarias y contractuales se desarrollará una nueva etapa de la infraestructura vial argentina.

Con más de 9.000 kilómetros ya adjudicados y otros 5.000 kilómetros que el Gobierno pretende licitar, la privatización de rutas deja de ser una política puntual para convertirse en uno de los principales cambios estructurales de la infraestructura pública. Para las provincias atravesadas por esos corredores, el resultado se medirá menos por la propiedad de las rutas que por una cuestión concreta: cuánto costará mover personas y producción y qué calidad tendrá, en adelante, la red que sostiene esa circulación.

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Passalacqua cuestionó un posible nuevo peaje en la Ruta 12

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con la instalación de un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12 y reclamó que cualquier decisión en ese sentido sea revisada por las autoridades competentes.

La advertencia se produce en un contexto de fuerte presión sobre los costos que enfrentan las familias y las actividades económicas. Para Passalacqua, incorporar un nuevo cargo al tránsito por una de las principales vías de comunicación de la provincia significaría sumar una barrera económica para quienes utilizan diariamente la infraestructura vial para trabajar, estudiar, comerciar y producir.

“En un contexto difícil para todo el país, resulta inaceptable imponer una traba más a quienes trabajan, estudian, comercian y producen”, sostuvo el mandatario provincial, al plantear que las rutas nacionales cumplen una función que excede el transporte y resultan determinantes para la integración territorial y el desarrollo de las economías regionales.

La Ruta Nacional 12 constituye uno de los principales corredores de Misiones y concentra una parte significativa del movimiento de personas, bienes y servicios dentro de la provincia. Cualquier incremento asociado a su utilización puede trasladarse, de manera directa o indirecta, a los costos logísticos de las empresas y productores y, posteriormente, a los precios que afrontan los consumidores.

El planteo de Passalacqua coloca así el eventual peaje dentro de una discusión más amplia sobre el financiamiento de la infraestructura vial. El gobernador sostuvo que la prioridad debería estar puesta en garantizar obras, mantenimiento e inversión antes que en incorporar nuevas cargas sobre quienes utilizan las rutas.

“Los misioneros y los argentinos necesitamos obras, mantenimiento e inversión vial, no nuevas cargas que castiguen aún más el bolsillo de las familias”, afirmó.

La discusión adquiere una dimensión particularmente relevante para Misiones por su condición de provincia periférica y fronteriza. La distancia respecto de los principales centros de consumo y producción del país ya representa un componente estructural de los costos logísticos. En ese escenario, cualquier incremento adicional en el costo del transporte puede afectar la competitividad de las actividades productivas y comerciales.

Desde una perspectiva de desarrollo, el debate no se limita entonces a cuánto costaría atravesar un nuevo puesto de peaje. También involucra quién absorbe ese costo, qué contraprestación recibirían los usuarios y cuál sería el impacto acumulado sobre el transporte de mercancías, el turismo y la movilidad cotidiana de los misioneros.

El reclamo provincial apunta precisamente a que la discusión sobre el financiamiento vial contemple esas particularidades. Para Misiones, mejorar la infraestructura y asegurar el mantenimiento de los corredores estratégicos es una condición necesaria para reducir las desventajas derivadas de su ubicación geográfica, no una cuestión secundaria frente al equilibrio de las cuentas públicas.

Passalacqua formuló un llamado a la reflexión a las autoridades nacionales y solicitó que se revea cualquier medida orientada a instalar un nuevo peaje en la Ruta Nacional 12. El pedido abre una instancia para que Nación, la provincia y los distintos actores vinculados al transporte puedan evaluar alternativas de financiamiento que no terminen trasladando de manera automática el costo a las familias y al aparato productivo.

El desafío, en definitiva, consiste en encontrar un esquema que permita sostener la infraestructura vial sin profundizar los costos que ya enfrentan las economías regionales. En una provincia donde las rutas son esenciales para conectar productores, trabajadores, ciudades y mercados, la inversión vial funciona también como una política de competitividad.

La discusión sobre un eventual nuevo peaje vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para Misiones: la infraestructura no solo debe financiarse, sino también garantizarse y mantenerse en condiciones adecuadas para que pueda cumplir su función como herramienta de desarrollo.

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Misiones autoriza nueva base tarifaria para el transporte interurbano y suburbano

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El Gobierno de Misiones oficializó una actualización en la base tarifaria del servicio público de transporte de pasajeros por automotor de modalidad suburbana e interurbana, tanto de corta como de media distancia. La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación, y alcanza a todas las empresas cuyos vehículos estén matriculados en la provincia.

La normativa establece que las nuevas tarifas regirán para distintos tipos de servicios —comunes, directos, semi directos, expresos y diferenciales— y entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Nuevos valores de referencia

Según el Anexo I de la disposición, la estructura tarifaria se organiza en función del tipo de servicio y de la infraestructura vial:

  • Servicio común (camino sin pavimento): $117,40 por kilómetro
  • Servicio común, semi directo o directo (camino con pavimento): $107,10 por kilómetro
  • Servicio directo expreso (camino con pavimento): $140,00 por kilómetro
  • Servicio directo diferencial (camino con pavimento): $150,10 por kilómetro
  • Derecho de terminal: $432,10
  • Tarifa mínima: $2.000,00
  • Encomiendas y exceso de equipaje: $711,10

Además, se estableció un mecanismo de redondeo automático para los valores tarifarios finales, en función de múltiplos de diez centavos.

Control y presentación obligatoria

Uno de los puntos centrales de la disposición es la obligación impuesta a las empresas de transporte de presentar, en un plazo de quince días hábiles, el cuadro tarifario actualizado conforme a los valores establecidos. Este documento deberá ser presentado ante la Subsecretaría con carácter de declaración jurada, quedando sujeto a control y aprobación oficial.

El incumplimiento de esta obligación podrá derivar en sanciones para las empresas prestadoras del servicio.

La medida fue comunicada formalmente a las principales entidades del sector, entre ellas la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor Público de Pasajeros (AETAPP) y la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Misiones (CAEMTAP), con el objetivo de garantizar su implementación en todo el sistema provincial.

Con esta actualización, el Gobierno busca ordenar la estructura de costos del transporte de pasajeros en un contexto de fuerte presión inflacionaria y variación de costos operativos, estableciendo parámetros homogéneos para el cálculo de tarifas en toda la provincia.

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