UE-Mercosur

El tratado UE-Mercosur: ¿Por qué están nerviosos los agricultores europeos?

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En general, el acuerdo comercial entre la UE y los países latinoamericanos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) se centra en eliminar la mayor cantidad posible de aranceles de importación y, por lo tanto, en aumentar el comercio entre ambos bloques. Los aranceles de importación se eliminarán gradualmente en gran medida para maquinaria y equipo, así como para productos químicos y farmacéuticos, por ejemplo.

El acuerdo ha sido una gran preocupación para los productores europeos durante años. Los productores de toda Europa temen una presión significativa sobre el mercado europeo, debido a las importaciones más baratas procedentes de América Latina.

Las organizaciones agrícolas europeas han declarado que esto constituye competencia desleal, ya que los productores de esos países no tienen que cumplir con las mismas regulaciones que los europeos, por ejemplo, en materia de bienestar animal y uso de pesticidas.

La industria láctea europea ve oportunidades

Por otro lado, las cuotas para ciertos productos también se mantendrán en los países del Mercosur. El sector lácteo es un sector particularmente sensible. Para las exportaciones a la región del Mercosur, se introducirá un máximo de 10.000 toneladas de leche en polvo, una cuota de 5.000 toneladas para alimentos infantiles y una cuota de 30.000 toneladas para queso.

La industria láctea europea ve oportunidades en este sector. La nueva cuota de queso es diez veces mayor que la cantidad de queso que se exporta actualmente a los países del Mercosur, según la Asociación Europea de Productos Lácteos.

Parte del acuerdo con los países del Mercosur también incluye la protección oficial de muchos nombres regionales europeos de productos en países sudamericanos. Las imitaciones de estos nombres quedarán prohibidas.

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Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea

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El Parlamento Europeo decidió remitir el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los Tratados comunitarios. La votación, realizada este miércoles, paraliza de manera efectiva la tramitación del pacto —firmado recientemente— hasta que la corte se pronuncie, un proceso que podría demorar entre 18 y 24 meses y reconfigura el escenario político, institucional y comercial del entendimiento birregional.

La decisión fue aprobada por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, en un resultado ajustado que confirma la división interna en el Parlamento. El envío al TJUE activa el artículo 218.11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y obliga a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, a formalizar la consulta ante el tribunal con sede en Luxemburgo.

Qué se cuestiona: base legal, autonomía regulatoria y procedimiento

El núcleo del debate es la validez jurídica del acuerdo y, en particular, dos aspectos sensibles. Por un lado, el mecanismo de reequilibrio incluido en el texto, que varios eurodiputados consideran potencialmente lesivo para la autonomía regulatoria de la UE. Por otro, la base legal elegida para la aprobación, que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin el consentimiento de los parlamentos nacionales, al presentarlos como competencia exclusiva de la Unión.

La remisión al TJUE supone un freno institucional al calendario previsto: el Parlamento no podrá votar la aprobación hasta que los jueces emitan su opinión. Además, el tribunal podría suspender cautelarmente la aplicación provisional del acuerdo por parte de la Comisión Europea.

Según la práctica del TJUE, las opiniones consultivas tardan en promedio entre 18 y 24 meses, aunque el propio tribunal “tiene el control total” del procedimiento y puede priorizar una solicitud cuando las circunstancias lo requieran. En los hechos, el impacto temporal es relevante: la entrada en vigor queda en suspenso.

Un precedente institucional y una votación inédita

Es la primera vez que una mayoría del Parlamento Europeo accede a consultar al TJUE sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con los Tratados, en los términos del artículo 218.11 del TFUE. La votación fue precedida por advertencias internas sobre su extrema paridad y por llamados a evitar dilaciones, especialmente en un contexto de tensiones comerciales y amenazas arancelarias atribuidas a Donald Trump.

La medida introduce incertidumbre jurídica y tensión política en un acuerdo que la UE firmó el sábado como su mayor pacto comercial, y que involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Aunque el texto aún requiere aprobación para entrar en vigor, la decisión parlamentaria reordena prioridades y reabre el debate sobre competencias, control democrático y soberanía normativa.

La fragmentación del acuerdo y la crítica política

La Comisión Europea había optado por dividir el acuerdo en dos instrumentos: el ITA, de naturaleza comercial, y el Acuerdo de Asociación (EMPA), enfocado en cooperación y política. El objetivo era aplicar la parte comercial sin ratificación nacional, al encuadrarla como competencia exclusiva de la UE. Esta estrategia fue cuestionada por eurodiputados que denunciaron una vulneración de los principios de legalidad y soberanía consagrados en los Tratados.

Desde VOX, el resultado fue celebrado como “una victoria histórica”. El jefe de delegación, Jorge Buxadé, afirmó que se trata de “una gran victoria para el campo español” y sostuvo que la decisión gana tiempo y credibilidad frente a lo que definió como imposición burocrática. En ese marco, la consulta al TJUE es leída como un golpe institucional para la Comisión y un freno a la ratificación acelerada.

Repercusiones

En términos prácticos, la remisión al TJUE congela la tramitación y prolonga la incertidumbre para los sectores productivos y exportadores de ambas regiones, que aguardaban señales claras sobre plazos y reglas. Políticamente, eleva el umbral de control sobre la arquitectura legal del acuerdo y reafirma el rol del Parlamento en la verificación de compatibilidad con los Tratados.

Hacia adelante, los escenarios dependen del dictamen del TJUE: una opinión favorable despejaría el camino institucional, aunque con el costo del tiempo perdido; una observación crítica obligaría a revisiones sustantivas del diseño legal y del procedimiento de aprobación. En ambos casos, el episodio marca un precedente y redefine el equilibrio entre rapidez comercial y control jurídico-democrático en la política comercial de la UE.

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La Unión Europea reprograma la firma del acuerdo con el Mercosur y fija nueva fecha

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Tras el aplazamiento forzado por la presión de Francia e Italia, la Comisión Europea reactivó la hoja de ruta para concretar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. El nuevo objetivo es firmarlo el próximo 12 de enero, con Paraguay como sede prevista, en lo que sería un paso clave para cerrar una negociación que lleva más de 25 años y que tiene alto impacto económico, político e institucional para ambos bloques.

La decisión se conoció luego de que el Ejecutivo comunitario debiera suspender, a último momento, la firma prevista originalmente para el 13 de diciembre en Brasil, ante la falta de consenso interno entre los Estados miembros de la UE. La resistencia de Francia e Italia volvió a bloquear el acuerdo y expuso, una vez más, las tensiones internas que atraviesan al bloque europeo frente a la apertura comercial con el Mercosur.

Presiones internas y nuevo cronograma en Bruselas

El aplazamiento anunciado el día anterior representó un revés político para la estrategia impulsada por la Comisión Europea, junto con Alemania y España, que presionaron para avanzar sin más dilaciones. Sin embargo, lejos de abandonar el proceso, el Ejecutivo comunitario retomó rápidamente las gestiones y puso una nueva fecha sobre la mesa.

Según confirmaron una fuente de la Comisión Europea y dos diplomáticos europeos, el nuevo horizonte es el 12 de enero, con un acto de firma previsto en territorio paraguayo. En ese marco, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró “confiada” en que el acuerdo podrá cerrarse durante enero, pese a las resistencias internas.

Desde Berlín, en tanto, minimizaron el impacto del freno y aseguraron que, más allá de la postergación, la firma del acuerdo ya no estuvo en duda, sino que se trató de una discusión sobre tiempos y condiciones políticas.

El rechazo agrícola vuelve al centro del debate europeo

Mientras avanzaban las negociaciones, el conflicto con el sector agropecuario europeo volvió a ganar protagonismo. Miles de productores rurales se movilizaron el jueves en Bruselas, en simultáneo con una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, para expresar su oposición al tratado.

La FNSEA, principal sindicato agrícola de Francia, llamó a sostener las protestas incluso después del aplazamiento, al considerar que el acuerdo con el Mercosur perjudica a sectores sensibles del agro europeo. La apertura a productos sudamericanos es uno de los principales focos de resistencia interna dentro de la UE y explica, en buena medida, la postura de París y Roma.

Un acuerdo negociado durante más de 25 años

El tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur es uno de los procesos de negociación más extensos de la historia reciente. Discutido durante más de 25 años, el acuerdo busca abrir nuevos mercados y profundizar el intercambio entre ambos bloques.

Para la Unión Europea, el entendimiento habilita mayores exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y licores hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A cambio, el bloque europeo aceptó facilitar el ingreso de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, un punto que genera fuerte preocupación entre los productores agrícolas del continente.

Desde la Comisión Europea insisten en que el proceso ingresó en su etapa final. “La cuestión ya no es si el acuerdo se firmará, sino cuándo”, afirmó Sebastian Hille, portavoz adjunto del Ejecutivo comunitario, durante una conferencia de prensa.

Un punto de inflexión en la relación UE-Mercosur

Con la nueva fecha en agenda y pese a las resistencias internas, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur volvió a encaminarse hacia una definición. De concretarse el 12 de enero, marcará un punto de inflexión en las relaciones comerciales, políticas e institucionales entre ambos bloques, en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas, disputas comerciales y reconfiguración de alianzas económicas.

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