Corrupción estructural y necesidad de modernización. El primer Ministro, Edi Rama apuesta a la tecnología para combatir la corrupción y modernizar el Estado
El gobierno de Albania anunció un paso sin precedentes: la inteligencia artificial (IA) Diella fue designada como ministra contra la corrupción, en el marco del cuarto mandato del primer ministro Edi Rama. Se trata de la primera vez en Europa que un sistema digital asume responsabilidades ministeriales, con el objetivo de detectar irregularidades administrativas, reducir la burocracia y garantizar mayor transparencia en la gestión pública.
Albania enfrenta desde hace décadas graves problemas de corrupción y debilidad institucional, señalados en informes de la Unión Europea y organismos multilaterales como uno de los principales obstáculos para el desarrollo y la integración regional.
La decisión de Rama responde a la necesidad de reformar el aparato estatal con nuevas herramientas de control. “La inteligencia artificial no tiene intereses personales ni vínculos políticos, por lo que puede garantizar transparencia y objetividad en la gestión pública”, afirmó el primer ministro durante la presentación oficial de Diella.
La propuesta había sido adelantada en agosto de 2025, luego de un proceso de consultas con expertos en tecnología y gobernanza digital. El anuncio se concretó ahora, en el inicio del nuevo período presidencial, acompañado de ajustes legales y capacitaciones a funcionarios para facilitar la integración de la ministra digital.
Funciones de Diella: control de datos y eficiencia administrativa
La inteligencia artificial Diella tendrá acceso directo a bases de datos gubernamentales, con la capacidad de analizar en tiempo real grandes volúmenes de información para identificar patrones de corrupción, prácticas administrativas irregulares y eventuales conflictos de interés.
Además de la supervisión anticorrupción, la IA estará orientada a:
Optimizar la eficiencia del Estado, reduciendo trámites y tiempos burocráticos.
Mejorar los servicios públicos, mediante la automatización de procesos y la eliminación de duplicidades administrativas.
Alertar sobre posibles delitos o irregularidades, permitiendo respuestas más rápidas de los organismos de control.
Rama calificó la medida como un “paso decisivo hacia un Estado moderno, eficiente y libre de corrupción”.
La incorporación de Diella generó reacciones dispares en el ámbito político y social. Mientras que sectores oficialistas celebran la apuesta innovadora que podría posicionar a Albania como referente internacional en gobernanza digital, críticos advierten sobre riesgos legales y éticos vinculados a la protección de datos, los derechos ciudadanos y la capacidad de una IA para interpretar contextos políticos y sociales complejos.
En el plano internacional, el caso albanés será observado con atención por la Unión Europea, donde Albania busca avanzar en su proceso de adhesión. Expertos anticipan que, si resulta exitoso, el modelo podría convertirse en un laboratorio de referencia para otros países que enfrentan problemas similares de corrupción y burocracia.
Entre el experimento político y la innovación global
El nombramiento de Diella abre un debate de fondo sobre el futuro de la inteligencia artificial en la política. Aunque por ahora su rol es limitado a la lucha contra la corrupción y la gestión administrativa, analistas no descartan que pueda ampliarse hacia otras áreas del Estado.
Si bien la medida es vista como audaz y disruptiva, su eficacia dependerá de la capacidad de integración institucional y de la supervisión humana que acompañe al nuevo ministerio digital.
Con esta decisión, Albania se convierte en pionera en Europa y en el mundo, abriendo un capítulo que combina política, tecnología y ética democrática en un terreno todavía inexplorado.
El IPCVA participó en Santiago del Estero en las jornadas de “Diálogo sobre sistemas silvopastoriles y Manejo de Bosque con Ganadería Integrada: construcción de una estrategia para integrar la ganadería en ambiente de Bosques Nativos en la región del Chaco Argentino”.
Este evento se realizó el 25 y 26 de abril y fue organizado por la Secretaría de Bioeconomía, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.Durante el evento, Adrian Bifaretti, Jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizó la presentación “Aportes para la construcción de un liderazgo ambiental de la carne vacuna argentina” profundizando sobre los desafíos y oportunidades que implica la aplicación del reglamento sobre deforestación de la Unión Europea que entrará en vigencia a partir de inicios del año que viene.
Comentó sobre el estado de situación del proyecto que desarrolla el IPCVA con la Red de Seguridad Alimentaria del Conicet denominado “Benchmarking de riesgo de la ganadería argentina para la regulación de deforestación de la Unión Europea”.
Remarcó el excelente trabajo que se viene realizando con lectura de imágenes satelitales e inteligencia artificial para empezar a delinear el análisis de riesgo de nuestro país. Informó además sobre el proyecto de Declaración Ambiental de Producto de la carne bovina argentina que viene financiando el IPCVA y que llevan adelante expertos del INTA y el INTI.
La recorrida a campo en la zona de Quimilí, permitió analizar en el territorio las diferencias que tienen lugar desde el punto de vista de la regeneración de los bosques nativos analizando distintos niveles de intensidad e intervenciones propias de sistemas silvopastoriles y el manejo de bosques con ganadería integrada.
Durante la actividad del taller de estas jornadas, se llevó adelante un diálogo técnico político entre máximos funcionarios de las áreas de producción y de ambiente de nueve provincias de la región, junto a representantes del sector privado, representantes de Organizaciones No gubernamentales con experiencias en la región, representantes de Federaciones Profesionales, representantes de Agencias de Cooperación Internacional y funcionarios de la Secretaría de Bioeconomía, Subsecretaría de Ambiente y de INTA para reflexionar y acordar ajustes a las prácticas y procedimientos para reducir la deforestación/degradación forestal asociada a la ganadería, en concordancia con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y las progresivas exigencias de los mercados de producciones libres de deforestación y degradación forestal.
El último reporte de monitoreo del comercio agroalimentario (que incluye exportaciones e importaciones) hecho por la Comisión Europea de enero a julio de este año alcanzó los 133 billones de euros. Mantener y potenciar este nivel de negocios con la UE fue el tema central de un nuevo SEMINARIO AFoA que reunió a los más destacados referentes para explicar, compartir y conocer en profundidad cuáles serán los requerimientos necesarios para poder seguir exportando a Europa, luego de que en 2024 entre en vigencia la normativa de cadenas libres de deforestación.
La Asociación Forestal Argentina – AFoA – realizó este jueves 26 de octubre un nuevo seminario virtual y gratuito sobre un tema de gran preponderancia mundial para quienes tienen negocios con el exterior, especialmente con la Unión Europea. Bajo el nombre “Alcances del Reglamento de UE – Cadenas libres de deforestación en productos de base forestal”, esta conferencia brindó argumentos, conocimientos y experiencias para quienes ya mantienen relaciones comerciales con la UE y que, luego de que entre en vigencia definitiva esta disposición, deberán respetar sus lineamientos; como para quienes deseen iniciar ese camino y puedan conocer todo lo que se les requerirá para llegar a un comercio concreto. Hoy abarca a los productos de base forestal, soja y carne vacuna y cueros (entre otros) pero se podrían sumar en dos años el tr igo, el maíz y otras cadenas productivas.
El primero en tomar la palabra fue Guillermo Rodolico – funcionario responsable del seguimiento del Reglamento de Deforestación Europea, en la Unidad de Relaciones Económicas y Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. “Para nosotros en cancillería es muy importante poder explicar cuál es el panorama que se presenta con esta nueva disposición. Se trata de una medida unilateral de la Unión Europea, un ordenamiento interno con un gran impacto en los diferentes flujos de comercio y el sistema multilateral de comercio. Por eso, lo primero que debemos tener en cuenta es que esto surge del conocido PACTO VERDE, que está fuertemente vinculado a los temas del cambio climático. La meta es lograr la neutralidad de carbono para el 2050 desvinculando el crecimiento económico del uso de rec ursos naturales para promover una economía sostenible” comentó el especialista.
“Con lo cual, esta visión estratégica para Europa se aplica a todos los sectores de la economía, tanto en el transporte, como en la energía y en la construcción, pero, específicamente, le da un rol principal a la agricultura. Para ello va a trabajar en dos estrategias importantes: una es la de “granja a la mesa” y la otra es la “de biodiversidad”. Ambas apuntan a cambiar las políticas, regulaciones y estándares de sostenibilidad de los alimentos y la agricultura en la Unión Europea. Esto implica transformaciones en la industria que no solamente se restringen a esa región, sino que tienen un impacto en los mercados externos que está dado porque la Unión Europea es el principal importador y exportador de productos agroalimentarios. Por ende, todo cambio de estándares y requisitos tiene una enorme connotación al momento de exportar como para importar” explica el funcionario.
“La principal novedad que tiene este reglamento es que hablamos de una prohibición concreta, es decir, se prohíbe comercializar en el mercado europeo ciertos bienes y productos derivados de tierras deforestadas, así como se deben asegurar que los productos no contribuyan a la degradación de los ecosistemas forestales” continuó Rodolico. “Estos productos son aceite de Palma, carne vacuna, soja, café, cacao, madera y caucho y productos derivados. Para la Argentina son tres ahora los productos alcanzados: carne vacuna, soja y la madera. Con esto la UE desea certificar que los productos a consumir respeten esos estándares, tanto sea en suelo europeo como en otras regiones”.
En tal sentido, para los tres sectores en conjunto se realizará una evaluación de riesgos. Los nuevos requisitos para operadores y comerciantes son 3:
– Que sean libres de deforestación (con fecha de corte al 31 de diciembre 2020)
– Que han sido producidos de acuerdo con la legislación relevante del país de producción
– Que han llevado el mecanismo de diligencia debida
Pero, además, la UE va evaluar los países de origen bajo un concepto de “benchmarking”. Esto es que la normativa establece que la comisión europea debe realizar una evaluación de los países o partes de estos para determinar y categorizar el riesgo de deforestación y degradación forestal asociado a sus productos exportados. Pueden ser países o regiones y se clasifican en riesgo bajo, estándar o alto, lo que determinará el alcance de las exigencias y el nivel de implementación de las obligaciones derivadas de la normativa. “Habrá consecuencias de no poder cumplimentar estos requerimientos. Sanciones políticas y económicas, que incluso pueden alcanzar al 4% de la facturación de la empresa y que, incluso, podrá aumentar para superar el beneficio económico potencial. Confiscaci ón de productos, multas, prohibiciones temporales para hacer negocios, entre otras.
En segundo lugar, fue Sabina Vetter, directora de Desarrollo Foresto Industrial en la SAGYP quien explicó cuáles son los requisitos de UE en el comercio de productos de la cadena forestal y las implicancias para la Ley 25080. En este sentido, hizo una diferenciación entre la EUTR anterior y EUDR actual en cuanto a objetivos, alcance, actores y requisitos. Entre los puntos más importantes que mencionó, se encuentra que la nueva norma introduce el concepto de deforestación y degradación forestal para reducir la contribución de la UE a la deforestación mundial, a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y a la pérdida de la biodiversidad mundial. Entre los requisitos que deben cumplir los productos de la EUDR figuran que sean libre de deforestación, degradación forestal, viola ción de los derechos humanos y de las poblaciones indígenas; y que estén de acuerdo con la legislación pertinente del país de producción. La funcionaria enfatizó en la geolocalización, uno de los requisitos que pide la norma. “De las 1.300.000 hectáreas que tenemos forestadas en nuestro país, todas están georeferenciadas”. Concluyó su exposición señalando que “nosotros tenemos que empezar a profundizar en el flujo de comercio que tiene la Argentina. De los productos que se fabrican en el país, tanto los que provienen de transformación mecánica como química, sólo el 15% se exporta, y menos del 1% va a la Unión Europea. A pesar de ello, nos parece importante prepararse y desde la función pública, acompañar a las empresas para que puedan certificar y que sus productos cumplan con esta normativa”
Posteriormente, Florencia Chavat – directora ejecutiva de CERFOAR- PEFC Argentina- profundizó en su exposición sobre lo que implica la debida diligencia (DD).”Como proveedores tenemos que poder entregar evidencia verificable de que nuestros productos provienen de áreas libres de deforestación, que fueron elaborados y producidos conforme a la legislación pertinente de nuestro país y a su vez, eso tiene que estar amparado por una declaración de diligencia debida que va a ser emitida por el operador, uno de los sujetos directos de aplicación de esta normativa”.
La DD tiene 3 pasos. Comienza con la recopilación de la información que abarca la descripción detallada del producto, el país de producción, la geolocalización de todas las parcelas donde provienen las materias primas, y la evidencia verificable, entre otros puntos. A partir de allí, se hace unaevaluación de riesgos que debe concluir en que no existe ningún riesgo o sólo existe un riesgo despreciable. Algunos de los puntos a considerar son el nivel de riesgo país, la presencia de pueblos indígenas, la fuente, fiabilidad y validez de la información, y la complejidad de la cadena de riesgo, etc. Por último, la etapa de reducción de riesgos, hace referencia a cómo los operadores, una vez que han identificado estos riesgos, deben actuar. Chavat concluyó en que “l a certificación PEFC es una aliada para ayudar a los productores forestales y foresto industriales con el cumplimiento de la DD”.
Ya en el cierre de la jornada, fue Esteban Carabelli – director ejecutivo de FSC Argentina- quien habló sobre los desafíos y oportunidades en el sector forestal. “Argentina todavía es uno de los países que pierde áreas de bosques, con cifras que llegan a más de 100.000 hectáreas de bosque por año. En el período 1998-2018 se perdieron 6.6 millones de hectáreas. Esto sirve como un llamado a la reflexión del contexto en el cual la UE pone esto en marcha.”
Algunos de los desafíos que mencionó Carabelli son: los productos forestales con origen en bosques nativos, tienen desafíos mayores en materia de legalidad.
Asimismo, para los productos de materia prima triturada (celulosa, paneles MDF, aglomerados, etc.), la identificación de las fuentes de abastecimiento puede representar una carga adicional, lo mismo que para las cadenas de valor en las que participan acopiadores de diversas fuentes.
También agregó que hay que analizar si cuando se combina el manejo del bosque con la ganadería integrada alcanza los umbrales de las consideradas “otras superficies boscosas”.
En cuanto a las oportunidades, el ejecutivo sostuvo: “tengo confianza de que el sector forestal está un poco mejor preparado, que tiene algunos años de experiencia en lo que se refiere al reglamento. Y en el segmento de las empresa s certificadas, muchos de estos requisitos relacionados con la legalidad le son propios de su trabajo cotidiano”. Para finalizar su exposición, señaló: “FSC desarrolló evaluaciones de riesgo en 2015 para la materia prima no certificada que entra al sistema. En 2019 fue revisada y continúa vigente”.
La Comisión Europea propuso el miércoles ampliar por 10 años la aprobación de la UE para el uso de glifosato, el ingrediente activo del herbicida Roundup de Bayer AG (BAYGn.DE).
La agencia de investigación del cáncer de la Organización Mundial de la Salud concluyó en 2015 que el glifosato probablemente era cancerígeno para los humanos, pero otras agencias de todo el mundo, incluida la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y la Agencia Europea de Productos Químicos, han clasificado el glifosato como no cancerígeno.
Bayer ha dicho que décadas de estudios han demostrado que es seguro y que el producto químico ha sido ampliamente utilizado por los agricultores durante décadas, pero la aprobación de la UE expiraría a finales de año.
La alemana Bayer adquirió Roundup a través de su compra por 63 mil millones de dólares del grupo agroquímico estadounidense Monsanto en 2018 y desde entonces ha gastado miles de millones de dólares para resolver una serie de demandas en Estados Unidos que afirmaban que causaba cáncer.
La propuesta de la Comisión será sometida a votación el 13 de octubre por los 27 miembros de la Unión Europea, y se requerirá una “mayoría calificada” de 15 que representen al menos el 65% de la población del bloque para apoyar o bloquear la propuesta.
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) dijo en un informe publicado en julio que no había identificado “áreas críticas de preocupación” para impedir una nueva aprobación.
Bayer dijo que acogía con satisfacción la propuesta de la Comisión y que la decisión de los miembros de la UE debería basarse en las conclusiones científicas de las autoridades pertinentes, como la EFSA, que conduzcan a una nueva aprobación.
El grupo de campaña Pesticide Action Network Europe dijo que había serias preocupaciones sobre las evaluaciones de seguridad y que las encuestas en seis países de la UE mostraban que los ciudadanos no apoyaban la extensión de la aprobación.
A partir del 30 de agosto de 2023, se reanudarán las exportaciones de carne aviar procedente de la Argentina con destino a la Unión Europea, luego de que estuvieran suspendidas desde febrero debido a la detección de un brote de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP).
Así, la Argentina logró que la Unión Europea vuelva a abrir su mercado para la carne aviar, decisión que refleja el trabajo conjunto realizado por la Cancillería Argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a fin de recuperar un destino de gran importancia para nuestras exportaciones.
Desde el momento de la detección, la Argentina adoptó una serie de medidas para recuperar el estatus de país libre de IAAP que permitieron controlar la enfermedad y su difusión. Estas medidas incluyeron una política de sacrificio sanitario, acciones de limpieza y desinfección en los establecimientos afectados y un programa de vigilancia para demostrar la ausencia de infección. Gracias a un trabajo conjunto de las autoridades argentinas y el sector productor avícola, se posibilitó que se cierren todos los brotes de IAAP en aves de corral presentes en el territorio nacional.
Luego de obtenida la declaración de país libre de IAAP el 7 de agosto pasado y comunicada a la Comisión Europea, como resultado de las gestiones efectuadas por la Embajada Argentina ante la UE, junto con la Agregaduría Agrícola, se obtuvo en un breve plazo la decisión de la UE, publicada el día de hoy, a través del reglamento (UE) 2023/1664, que permite que la carne aviar y productos aviar de la Argentina vuelvan a ingresar al mercado europeo.
Esta decisión permitirá a nuestros productores recuperar un mercado por exportaciones, que en 2022 ascendieron a 7,8 millones de euros, y significó un aumento del 100% respecto a 2021.
