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Gisela Spasiuk: “No somos ni adoctrinadores ni terroristas, somos docentes comprometidos”

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La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) atraviesa un escenario de tensión presupuestaria y dificultades crecientes para sostener la permanencia de sus estudiantes, pero mantiene abierta una agenda de expansión académica y nuevas propuestas de formación. En ese contexto, la vicerrectora Gisela Spasiuk cuestionó los recientes cuestionamientos del presidente Javier Milei contra las universidades y el Conicet y sostuvo que detrás de esas declaraciones existe un “acto sistemático” contra el sistema universitario nacional.

“La estrategia de Gramsci de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, de tomar la cultura, de tomar el Estado pasó a una etapa 2.0, entonces se le meten como estudiantes, como profesores, se le meten como investigadores. […] Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores”, enumeró Milei.

En contraste, la vicerrectora de la UNaM,, respondió que “no somos ni adoctrinadores ni terroristas, somos docentes comprometidos con una educación integral cívica y critica“.

“Como comunidad de la universidad, como autoridad, claramente es un acto sistemático en donde quieren que el sistema universitario nacional deje de existir”, afirmó Spasiuk. La vicerrectora planteó que los cuestionamientos alcanzan a docentes y estudiantes y consideró que el conflicto de fondo está vinculado con el papel de la universidad en la formación del pensamiento crítico.

“Si hay algo que sigue bien vivo adentro del sistema universitario es la posibilidad de la formación integral del pensamiento crítico y creo que es contra eso por lo que vienen”, sostuvo. Frente a ese escenario, aseguró que la comunidad universitaria continuará defendiendo la educación pública y remarcó el acompañamiento de estudiantes, docentes y demás integrantes de la institución.

La discusión también alcanza al concepto de adoctrinamiento que el Gobierno nacional utiliza para cuestionar a las universidades públicas. Spasiuk reivindicó la libertad de cátedra y sostuvo que la formación universitaria permite abordar un mismo tema desde diferentes perspectivas, para que cada estudiante construya su propio posicionamiento y esquema de valores.

En esa mirada, la universidad no se limita a formar profesionales. “La universidad pública forma además de profesionales, ciudadanos también”, señaló la vicerrectora, al destacar el papel de la institución en la construcción de ciudadanía y en el desarrollo de la ciencia pública y nacional.

Spasiuk puso el foco, además, en una característica que considera distintiva del sistema universitario argentino: la posibilidad de ampliar el horizonte social de jóvenes que, sin la universidad pública, tendrían mayores dificultades para acceder a una formación superior.

“La universidad pública sigue siendo ese espacio construido históricamente que es muy de nuestro país. No existen otros lugares del mundo que facilita que cualquier hijo de un obrero pueda acceder a un título universitario”, expresó. Para la vicerrectora, esa posibilidad tiene un impacto que excede la obtención de un título y se proyecta sobre las condiciones futuras de las familias y de la sociedad.

Financiamiento: el reclamo por el cumplimiento de la ley

En materia presupuestaria, Spasiuk señaló que la UNaM espera que el Gobierno nacional anuncie el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de la ratificación legislativa a la que hizo referencia durante la entrevista.

La autoridad universitaria explicó que, más allá de los acuerdos salariales parciales alcanzados, la institución espera que se concrete el cumplimiento “total y efectivo” de la norma. En paralelo, indicó que existen acciones colectivas junto con los gremios y gestiones desde el Consejo Interuniversitario para insistir con ese reclamo.

El financiamiento aparece así como una de las variables centrales para sostener no solamente los salarios, sino también las políticas que permiten que los estudiantes permanezcan dentro del sistema. En la UNaM, esa discusión se encuentra atravesada por el deterioro de las condiciones económicas de una parte de su comunidad estudiantil.

La crisis golpea la permanencia de los estudiantes

Spasiuk aclaró que los problemas de permanencia y egreso no son nuevos ni pueden atribuirse exclusivamente a la actual administración nacional. Sin embargo, sostuvo que las dificultades vinculadas con las condiciones de vida se profundizaron durante los últimos años.

Uno de los indicadores que mencionó es el crecimiento de la demanda de albergues universitarios, especialmente relevante para estudiantes provenientes del interior de Misiones que necesitan sostenerse en Posadas durante su formación.

La vicerrectora reconoció que la situación presupuestaria limita la posibilidad de ampliar los cupos de alojamiento pese al aumento de la demanda. El problema se suma a otras dificultades que atraviesan los estudiantes para sostener la cursada.

La UNaM mantiene, con esfuerzo de sus facultades, el funcionamiento de los comedores universitarios en cinco de sus seis facultades y una escuela. Spasiuk también destacó el sistema de becas y puso en valor el Boleto Educativo Gratuito implementado en Misiones como una herramienta que facilita la permanencia y que, según señaló, no está disponible de la misma manera en otras provincias.

Pero las restricciones económicas también se reflejan directamente en las trayectorias académicas. Según describió, algunos estudiantes cursan menos materias, abandonan determinadas asignaturas o deben incorporarse al mercado laboral para sostener sus estudios.

“Muchos se ven obligados a trabajar y muchos trabajan en condiciones sumamente precarias”, advirtió.

Ese punto transforma al financiamiento universitario en una discusión que excede las cuentas de una institución. Para la UNaM, sostener servicios como becas, comedor, alojamiento y mecanismos de accesibilidad puede convertirse en una herramienta concreta para evitar que la situación económica determine quién puede continuar una carrera y quién debe abandonarla.

Nuevas carreras para responder a la demanda regional

A pesar de las restricciones, la universidad mantiene una política de expansión de su oferta académica. Spasiuk destacó que se están desarrollando nuevas carreras en Oberá y Eldorado y que también avanzan propuestas de formación a distancia, entre ellas tecnicaturas vinculadas con la Facultad de Ciencias Forestales.

La estrategia apunta a responder a nuevas demandas de la sociedad y del mercado laboral, pero también a ampliar las posibilidades de acceso territorial. La universidad combina para ello la expansión de sus propuestas en distintas localidades con el crecimiento de las modalidades a distancia.

“Genera otro tipo de accesibilidad”, explicó Spasiuk al referirse a la educación virtual. No obstante, remarcó que la modalidad a distancia también presenta sus propios desafíos y no constituye una solución automática para todos los estudiantes.

La UNaM sostiene además un programa de expansión territorial mediante articulaciones con municipios e intendencias. El objetivo es acercar las oportunidades de formación superior a estudiantes que encuentran dificultades para trasladarse o radicarse en Posadas.

El desafío, en este punto, es doble: ampliar la oferta académica para acompañar las transformaciones productivas y sociales de Misiones y, al mismo tiempo, garantizar que esa oferta sea accesible para quienes tienen mayores dificultades económicas.

Una universidad que busca sostenerse en medio de la crisis

La entrevista con Spasiuk expone una tensión que atraviesa actualmente a la Universidad Nacional de Misiones. Por un lado, la institución enfrenta restricciones presupuestarias, mayores dificultades de permanencia y una demanda creciente de herramientas de asistencia. Por otro, mantiene una estrategia de expansión académica y territorial para responder a las necesidades de la provincia.

La cuestión central, desde esta perspectiva, no se reduce a la discusión política sobre el rol de las universidades. Tiene una dimensión económica concreta: cuando un estudiante debe trabajar más horas, reducir materias, abandonar asignaturas o enfrentar dificultades para acceder a alojamiento y alimentación, la crisis presupuestaria puede terminar convirtiéndose en una barrera de acceso y permanencia.

Frente a ese escenario, la respuesta institucional que plantea la UNaM combina financiamiento, políticas de bienestar estudiantil, expansión territorial y nuevas modalidades de enseñanza. El objetivo es sostener la universidad pública como una herramienta de movilidad social y, simultáneamente, adecuar su oferta a las demandas de una economía regional que requiere nuevas capacidades profesionales.

Spasiuk sintetizó esa posición al señalar que, pese al “agobio” que atribuye al actual contexto, la universidad continúa apostando por nuevas propuestas. “Todas las carreras que hemos creado son carreras novedosas que responden a lo que el mercado y sobre todo la sociedad y los tiempos nos están pidiendo”, afirmó.

En Misiones, la discusión sobre la universidad pública queda así ligada a una pregunta de impacto social: cómo sostener el derecho a estudiar cuando las condiciones económicas empujan a una parte de los jóvenes a trabajar en empleos precarios. La respuesta no pasa solamente por abrir nuevas carreras, sino por garantizar que quienes ingresan tengan condiciones reales para permanecer, avanzar y finalmente graduarse.

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La Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno en la causa por el financiamiento universitario

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación le asestó un nuevo revés procesal al Gobierno nacional en el conflicto judicial por el financiamiento de las universidades públicas. El máximo tribunal rechazó la queja presentada por el Poder Ejecutivo en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades contra el Estado Nacional por el Decreto 759/25, al considerar que el recurso extraordinario no cumplía con uno de los requisitos esenciales para su tratamiento: no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable.

La decisión no implica una resolución sobre el fondo de la controversia, pero sí constituye un límite procesal para la estrategia judicial impulsada por la administración de Javier Milei en uno de los conflictos institucionales más relevantes abiertos con el sistema universitario desde el inicio de su gestión.

En la resolución firmada este jueves, la Corte sostuvo que el recurso extraordinario cuya denegación parcial originó la presentación directa no satisfacía las exigencias previstas en el artículo 14 de la Ley 48, que restringe la intervención extraordinaria del máximo tribunal a decisiones definitivas o asimilables por sus efectos.

De esta manera, los jueces desestimaron la queja promovida por el Poder Ejecutivo Nacional, que interviene en el expediente a través del Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, en su carácter de demandado.

La resolución también rechazó un pedido de excusación formulado dentro del mismo expediente. En ese punto, el Tribunal remitió a lo resuelto previamente el pasado 4 de junio de 2026, cuando había rechazado un incidente de recusación con causa presentado en el marco de la misma controversia judicial.

Además del rechazo procesal, la Corte intimó al Estado nacional para que haga efectivo el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ese pago había sido diferido conforme a la Acordada 47/91 y deberá concretarse en el ejercicio financiero correspondiente.

El expediente se originó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 y posteriormente fue revisado por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, instancia desde la cual el Gobierno intentó llegar al máximo tribunal mediante un recurso extraordinario.

El pronunciamiento se produce en un contexto de alta tensión entre el Gobierno y el sistema universitario. La discusión sobre el financiamiento de las universidades públicas derivó en múltiples presentaciones judiciales luego de la implementación del Decreto 759/25 y de los cambios impulsados por el Ejecutivo en la asignación de recursos para la educación superior.

Si bien la Corte no ingresó a analizar la constitucionalidad del decreto ni el planteo de fondo realizado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la decisión mantiene vigente la tramitación de la causa en las instancias inferiores y posterga cualquier revisión extraordinaria hasta que exista una resolución definitiva sobre el conflicto.

Desde el punto de vista jurídico, el fallo reafirma un criterio reiterado por el máximo tribunal: la vía extraordinaria no puede utilizarse para revisar resoluciones interlocutorias o decisiones procesales que no pongan fin al litigio. En consecuencia, el Gobierno deberá continuar litigando el expediente en las instancias ordinarias antes de intentar nuevamente una revisión por parte de la Corte Suprema.

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Alicia Bohren: “El 70% de los salarios universitarios no llega a la canasta básica”

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La rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Bohren, advirtió sobre la profunda crisis que atraviesa el sistema universitario argentino y aseguró que el 70% de los trabajadores docentes y no docentes se encuentra por debajo de la canasta básica. En ese contexto, destacó el respaldo social a la cuarta Marcha Federal Universitaria y cuestionó con dureza al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y los nuevos recortes presupuestarios.

La movilización volvió a mostrar una masiva defensa de la educación pública en todo el país. Para Bohren, quien buscará su reelección al frente de la casa de estudios, no se trató solo de una protesta universitaria, sino de una expresión social más amplia en defensa de la educación superior como herramienta de futuro. “El acompañamiento fue masivo de la sociedad argentina que defiende la educación superior porque constituye el futuro para sus hijos y sus nietos”, señaló.

La rectora remarcó que el reclamo central fue la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por ambas cámaras del Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, pero aún sin ejecución efectiva. La norma hoy se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia, luego de una presentación judicial que suspendió su implementación. “Es inaudito que un gobierno nacional desoiga e incumpla una ley votada y ratificada por el Congreso”, sostuvo.

En paralelo, cuestionó el nuevo recorte de 78 mil millones de pesos anunciado por Nación para el sistema educativo, fondos que estaban destinados a infraestructura, mantenimiento y proyectos científicos. Según explicó, el ajuste también golpea a organismos vinculados a la investigación y al desarrollo tecnológico. “La ciencia es soberanía. Generar conocimiento propio evita que tengamos que salir a comprar esos desarrollos en otros países”, afirmó.

Pero el punto más crítico sigue siendo el salarial. Bohren alertó que los bajos ingresos están provocando renuncias, migración de investigadores y una pérdida de capital humano difícil de revertir. “Los salarios de docentes y no docentes son tan bajos que muchos buscan otros trabajos o emigran a centros de investigación de otros países”, explicó. La pérdida del poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión nacional ronda el 50%, mientras que los aumentos salariales quedaron muy por debajo de la inflación acumulada.

En la Universidad Nacional de Misiones, la situación se agrava por el incremento sostenido de los costos operativos: energía eléctrica, combustible, insumos y sostenimiento de servicios básicos como albergues, becas de comedor y la obra social universitaria. “Tenemos cada vez más demandas sociales y menos capacidad de respuesta”, resumió.

Consultada sobre la posibilidad de garantizar el ciclo lectivo 2026, Bohren admitió que este año podrá sostenerse por el esfuerzo de docentes y trabajadores, pero advirtió que sin recomposición salarial el escenario será mucho más complejo. “Vamos a llegar con compromiso, pero si no hay aumento de salarios, va a estar difícil”, indicó.

También confirmó que ya existen renuncias de docentes y no docentes, una señal preocupante para una estructura que requiere años de formación y especialización. “Formar un recurso humano lleva muchísimo tiempo. Cuando se van, la pérdida para la Argentina es enorme”, lamentó.

Finalmente, la rectora apuntó directamente contra la visión del presidente Javier Milei y consideró que existe una política deliberada de desmantelamiento del sistema público. “Lo más grave no es solo el ajuste, sino el incumplimiento de una ley. Eso es gravísimo para nuestra democracia”, concluyó.

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Bartolacci asume en el CIN y reordena la agenda universitaria en medio de la tensión por presupuesto y reformas

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El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, fue electo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el período 2026-2027, en una decisión tomada durante el 95° Plenario de Rectoras y Rectores realizado el 26 y 27 de marzo en La Pampa. El cambio de conducción se produce en un contexto atravesado por la discusión presupuestaria y el vínculo con el Gobierno nacional, lo que le otorga a la designación una dimensión política que excede lo institucional.

El nuevo titular del organismo —que nuclea a todas las universidades públicas del país— asumirá desde este viernes, acompañado por el rector de la Universidad Nacional de Río Negro como vicepresidente, y reemplazará a Oscar Alpa. La incógnita que se abre es si esta nueva conducción logrará articular una estrategia común frente a las demandas financieras y las exigencias de transformación del sistema.

Un liderazgo con agenda definida: reclamar, reformar y resguardar

El CIN funciona como el principal espacio de coordinación del sistema universitario público, y su conducción suele marcar el tono de la relación con el Gobierno y el Congreso. En ese marco, Bartolacci delineó tres ejes que anticipan la hoja de ruta de su gestión: reclamar, reformar y resguardar.

Por un lado, planteó la necesidad de exigir la recomposición salarial y un presupuesto acorde para el funcionamiento de las universidades. Este punto conecta directamente con la situación financiera del sistema, que fue uno de los ejes centrales del plenario.

Al mismo tiempo, propuso impulsar reformas internas, con el objetivo de “transformar la universidad” y adaptarla a las demandas actuales. La idea introduce una tensión conocida dentro del sistema: cómo modernizar sin perder identidad.

Finalmente, puso el foco en resguardar el reconocimiento social hacia la universidad pública, un capital simbólico que el sistema busca sostener en un escenario de creciente discusión sobre su financiamiento y su rol.

Correlación de fuerzas: universidades en bloque frente a la discusión presupuestaria

La elección se da en un momento donde el sistema universitario necesita consolidar posiciones comunes. El CIN, como órgano de representación, se convierte en un actor clave en la negociación política con el Gobierno nacional, especialmente en materia de recursos.

El plenario no solo abordó la situación presupuestaria, sino que también reafirmó el compromiso institucional con los Derechos Humanos, con una conmemoración por los 50 años del golpe de Estado. Ese gesto refuerza una línea histórica del sistema universitario, que también forma parte de su identidad política.

En este contexto, la nueva conducción deberá equilibrar dos planos: la negociación concreta por financiamiento y la defensa de un modelo de universidad pública con fuerte legitimidad social.

Un escenario abierto: negociación, reformas y legitimidad

La llegada de Bartolacci a la presidencia del CIN no implica un cambio abrupto, pero sí abre una etapa donde la conducción universitaria deberá definir cómo se posiciona frente a las demandas externas y las transformaciones internas.

Las próximas semanas serán clave para observar si el nuevo liderazgo logra consolidar una agenda común entre universidades con realidades diversas, y cómo se articula con el Gobierno en un contexto de restricciones presupuestarias.

La tensión entre reclamar recursos, impulsar reformas y sostener legitimidad social no es nueva. Pero en este ciclo, aparece más expuesta. Y la capacidad del CIN para administrar ese equilibrio empezará a medirse desde ahora.

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El Gobierno congela las Becas Manuel Belgrano y tensiona su apuesta a formar profesionales estratégicos

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El Gobierno nacional decidió mantener sin cambios el monto de las Becas Manuel Belgrano para la convocatoria 2026: $81.685 mensuales durante un año para hasta 36.000 estudiantes. La definición, tomada por el Ministerio de Capital Humano, se inscribe en una estrategia más amplia de ajuste del gasto, pero introduce una tensión evidente: cómo sostener la formación de recursos humanos en sectores estratégicos —como energía, hidrocarburos y minería— con una asistencia que pierde poder frente al costo de vida. El dato no es solo presupuestario. Interpela la coherencia entre el modelo productivo que impulsa el Gobierno y las herramientas que destina para hacerlo viable.

Formación estratégica con financiamiento limitado

El programa mantiene su lógica original: incentivar el ingreso, la permanencia y el egreso en carreras consideradas clave para el desarrollo económico. Para 2026, la prioridad está puesta en Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, y Logística e Infraestructura.

El diseño no es neutro. Responde a una orientación clara hacia sectores primarios y extractivos, en línea con la agenda económica oficial. En ese esquema, la formación universitaria aparece como un eslabón necesario para abastecer de profesionales a industrias que el Gobierno busca consolidar.

Sin embargo, la decisión de congelar el monto —idéntico al de 2025— introduce una contradicción operativa. El incentivo existe, pero su capacidad real de sostener trayectorias académicas se debilita en un contexto inflacionario. La beca, en términos reales, pierde eficacia como herramienta de inclusión.

El programa establece además criterios de acceso específicos: estudiantes de hasta 30 años, con ingresos familiares que no superen seis salarios mínimos, y con distintos requisitos de avance académico según el nivel. También prioriza la continuidad de becarios ya incorporados, lo que reduce el margen para nuevas altas.

El ajuste como marco de decisión

La política de becas no puede leerse de forma aislada. Forma parte de una estrategia fiscal más amplia, donde el Gobierno decidió sostener el superávit mediante recortes o congelamientos en distintas áreas, incluida la educación.

En ese contexto, el financiamiento universitario se convirtió en uno de los focos de conflicto. Reclamos por mayores partidas conviven con una postura oficial que prioriza el orden fiscal por sobre la expansión del gasto.

Las Becas Manuel Belgrano quedan en el cruce de esas dos lógicas. Por un lado, son funcionales al modelo productivo que impulsa el Gobierno. Por otro, se ven limitadas por la restricción presupuestaria que atraviesa toda la política pública.

Impacto concreto: el desfasaje con el costo de vida

La distancia entre el monto de la beca y los gastos reales de un estudiante expone el problema con claridad. Solo el alquiler de un monoambiente en ciudades universitarias puede alcanzar los $700.000 mensuales, según datos del mercado inmobiliario en Córdoba. La relación es directa: la asistencia estatal cubre apenas una fracción mínima de los costos básicos.

Este desfasaje no es un dato accesorio. Define quién puede sostener una carrera y quién queda condicionado. En particular, impacta sobre estudiantes del interior que deben trasladarse a centros urbanos, donde el costo de vida es significativamente más alto.

La consecuencia es doble. Por un lado, se limita el alcance real del programa como herramienta de movilidad social. Por otro, se introduce un cuello de botella en la formación de profesionales que el propio Gobierno considera estratégicos.

Correlación de fuerzas y señales al sistema educativo

La decisión de mantener congelado el monto refuerza la señal de disciplina fiscal hacia el sistema educativo. Al mismo tiempo, deja en una posición más frágil a universidades y estudiantes, que dependen de estos recursos para sostener la matrícula en determinadas carreras.

En términos políticos, el Gobierno preserva su coherencia macroeconómica, pero asume costos en el frente educativo. El equilibrio es delicado: prioriza el orden fiscal, pero tensiona la capacidad de generar capital humano en áreas clave.

El sector privado, potencial beneficiario de la formación de estos profesionales, también queda indirectamente condicionado. La disponibilidad futura de recursos humanos dependerá, en parte, de la capacidad del sistema educativo para retener estudiantes en condiciones económicas adversas.

Un programa entre la estrategia y la restricción

La convocatoria 2026 mantiene la estructura del programa, con 36.000 cupos y criterios de asignación que priorizan continuidad, mérito académico y equidad regional. Incluso contempla reasignaciones de vacantes y nuevas altas desde octubre, aunque con una duración reducida de seis meses.

Son mecanismos que buscan optimizar recursos en un contexto de escasez. Pero también evidencian que el programa opera bajo restricciones más que en expansión.

El interrogante de fondo permanece abierto. La apuesta a sectores como el Oil & Gas y la minería requiere una base sólida de formación técnica y universitaria. La política de becas es una de las herramientas disponibles para construirla.

Lo que queda por ver es si el esquema actual alcanza para sostener esa ambición o si, en el camino, el propio diseño económico termina limitando su desarrollo.

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