UNIVERSIDADES

Marcha Federal Universitaria: “Cumplan con la ley, no hipotequen el futuro”

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Rectoresdocentes estudiantes universitarios llevaron adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria, en defensa de la Ley de Financiamiento y le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “los acompañe” y “no permita” que el Gobierno Nacional siga “incumpliendo” con la aplicación de la normativa.

Estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (CONADUCONADU HistóricaFEDUNFAGDUTUDACTERA y por la Federación de no docentes (FATUN).

Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades “no ha superado“, en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, “el 64% del que tenía en enero de 2023“.

“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho“, remarcaron. 

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 “se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias“; asimsimo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades “no es solo presupuestaria“, porque como ciudadanos “deben denunciar con dolor y firmeza” la “ruptura del acuerdo democrático” de la división de poderes que tenemos en la nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, “son factores fundamentales de la economía del país” y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda “competir en el mundo” y “generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables”: “Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científicatecnológica y de las artes a su desarrollo“, añadieron.

“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentesnodocentesinvestigadores estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia“, concluyeron.

Declaracion_IV Marcha Naciional-12 Mayo by CristianMilciades

Debajo del escenario estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; senadores, diputados y legisladores porteños tanto del peronismo como de las agrupaciones de izquierda, como el FIT y el Nuevo MAS.

También habrá representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de los sectores vinculados a la investigación, debido a que atraviesan “una situación límite“, marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó también con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la “recomposición salarial para docentes y nodocentes” y la aplicación del “presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios“.

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“La universidad da pocos graduados”, dijo el subsecretario de Políticas universitarias

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El subsecretario de Políticas universitarias Alejandro Álvarez, “la universidad da pocos graduados” y añadió además que “se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional endureció su discurso sobre el sistema de educación superior y oficializó una reducción de $78.768 millones en distintos programas de la Secretaría de Educación, incluida la suspensión de transferencias para obras universitarias.

La decisión quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y coincidió con una ofensiva pública del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien cuestionó el modelo de financiamiento actual, habló de un sistema “arbitrario” y aseguró que las universidades “dan pocos graduados” pese al nivel de gasto estatal.

El conflicto no se limita a una discusión presupuestaria. El trasfondo combina ajuste fiscal, disputa por el control político de las universidades y redefinición de los criterios de distribución de fondos en uno de los sectores históricamente más sensibles del Estado argentino.

El recorte llega antes de la marcha universitaria

La reducción presupuestaria impacta sobre programas educativos nacionales, infraestructura escolar, becas y universidades. El mayor ajuste recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.288 millones destinados a transferencias a provincias.

También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, utilizado para equiparar salarios mínimos provinciales, con una quita cercana a $8.930 millones.

La poda incluyó además recortes en infraestructura escolar y equipamiento por más de $21.686 millones, una baja de $6.649 millones en programas socioeducativos y una reducción superior a $559 millones en becas estudiantiles.

La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48.000 millones.

En paralelo, el Gobierno dejó sin efecto transferencias de capital destinadas a infraestructura universitaria por $5.303 millones. Según el anexo de la medida, las obras quedaron suspendidas en trece universidades nacionales.

La Universidad Nacional de La Plata fue la más afectada, con una reducción de $1.043 millones. También registraron recortes las universidades de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.

La estrategia oficial: cambiar cómo se reparte el presupuesto

Mientras crece la tensión con rectores, sindicatos y centros estudiantiles, el Gobierno intenta instalar otra discusión: no sólo cuánto se gasta, sino cómo se asignan los recursos.

Álvarez sostuvo que el presupuesto universitario “se designa por rosca política” y planteó que la intención oficial es reemplazar ese esquema por un mecanismo basado en “indicadores objetivos”.

Según explicó, la Subsecretaría trabaja en el cruce de información vinculada a cantidad de docentes y estudiantes para diseñar nuevos parámetros de distribución presupuestaria.

La señal política es relevante porque apunta directamente al corazón del sistema universitario: el criterio histórico de negociación entre universidades, Estado nacional y actores políticos con peso parlamentario y territorial.

El funcionario también afirmó que las universidades reciben actualmente los fondos de funcionamiento “en tiempo y forma” y defendió la política salarial del Ejecutivo frente a los reclamos gremiales.

La pelea por los hospitales universitarios

Otro de los focos de conflicto quedó expuesto en la discusión sobre los hospitales universitarios.

Álvarez rechazó las críticas de la Universidad de Buenos Aires y sostuvo que el Gobierno transfirió regularmente los recursos correspondientes. Según dijo, la disputa real gira en torno a un fondo de refuerzo de $80.000 millones destinado a hospitales universitarios de todo el país.

“El reclamo de la UBA es otra cosa”, planteó el funcionario, al señalar que la universidad pretende acceder al 95% de ese fondo extraordinario.

La discusión adquiere peso político porque el Hospital de Clínicas se transformó nuevamente en uno de los símbolos visibles de la protesta universitaria y sanitaria.

La narrativa oficial frente a la marcha

El Gobierno endureció además su caracterización política de la movilización convocada en todo el país.

Álvarez definió la protesta como “un acto opositor” y afirmó que las universidades están dominadas por “dos corporaciones”, una política y otra sindical.

Aunque el Ejecutivo intenta separar la discusión presupuestaria de la protesta callejera, la simultaneidad entre los recortes oficializados y la movilización nacional terminó potenciando el conflicto.

La administración de Javier Milei busca sostener el ajuste fiscal sin ceder ante sectores que considera parte del entramado político tradicional. Del otro lado, rectores, gremios y estudiantes intentan reinstalar el financiamiento universitario como un eje de desgaste para el Gobierno.

Qué muestran los números del presupuesto universitario

Según datos citados del CEPA, el Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025.

El informe proyecta que, a valores constantes de diciembre de 2026, el crédito vigente alcanzaría los $4,87 billones, lo que ampliaría la retracción acumulada al 41,6% respecto de 2023.

El análisis también compara ese escenario con la Ley de Financiamiento Universitario vetada por el Poder Ejecutivo y luego reimpulsada en el Congreso. De haberse aplicado esa norma, el presupuesto universitario habría ascendido a $8,49 billones a valores de 2026.

En contraste, la propuesta oficial elevaría el crédito a $5,51 billones, aunque eso implicaría —según el CEPA— una caída real del 33,9% frente a 2023.

Álvarez cuestionó además la viabilidad financiera de esa ley y sostuvo que implicaba un aumento salarial del 50% “que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar”.

Impacto regional y tensión sobre las provincias

Aunque los mayores recortes informados corresponden a universidades de otras regiones del país, la discusión impacta también sobre el NEA y Misiones por múltiples vías.

La reducción de programas nacionales de alfabetización y compensación salarial docente afecta transferencias que alcanzan a las provincias. Además, cualquier modificación en los criterios de distribución presupuestaria universitaria podría alterar el esquema de financiamiento futuro para instituciones nacionales del interior.

En regiones con menor densidad económica relativa, las universidades públicas funcionan además como motores de movilidad social, empleo profesional y circulación de recursos estatales.

La combinación entre ajuste fiscal y revisión de criterios de asignación abre un escenario de incertidumbre para las casas de estudio que dependen en gran medida de fondos nacionales.

Un conflicto que excede la cuestión educativa

La discusión universitaria ya dejó de ser únicamente presupuestaria. El Gobierno intenta avanzar sobre mecanismos de financiamiento, control de gastos y lógica de funcionamiento institucional, mientras las universidades buscan preservar autonomía y capacidad de negociación política.

La magnitud de la movilización federal, la reacción del Congreso y la evolución del conflicto salarial serán variables centrales para medir hasta dónde el Ejecutivo puede sostener su estrategia sin ampliar el costo político.

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Movimiento Industrial Misionero acompaña la defensa de la Ley de financiamiento Universitario

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El Movimiento Industrial Misionero expresa su adhesión a la marcha del 12 de mayo de 2026, en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente y no docente.

La Universidad no es un privilegio: es el pilar imprescindible del conocimiento y, por ende, de la solvencia intelectual y económica de la Nación. Sin financiamiento adecuado, el país se expone a una degradación intelectual que condena a sus estudiantes —los futuros dirigentes— a un retroceso irrecuperable frente al mundo.

La historia demuestra que los avances científicos, tecnológicos e innovadores han surgido allí donde el Estado promovió la academia como motor de desarrollo. Negar ese financiamiento es estancar la calidad educativa y renunciar al progreso colectivo.

Invertir en educación superior significa crear, optimizar e innovar procesos que garantizan la posibilidad no solo el ascenso social de quienes acceden, sino también la evolución integral de la sociedad Argentina hacia altos estándares de crecimiento económico y desarrollo sostenible.

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El Gobierno dice que cumple con el presupuesto universitario

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que el Gobierno nacional cumple con la ejecución del presupuesto universitario y volvió a cargar contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el desfinanciamiento de los hospitales. 

Luego de que la Justicia concediera un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, el funcionario planteó que dicha “nació suspendida en su ejecución”, hasta que los legisladores que la sancionaran “determinen en el Congreso las fuentes de su financiamiento”.

“Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación o más pobreza”, sostuvo en conferencia de prensa. 

En la misma línea, amplió: “Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades y hasta han dicho que queríamos cerrarlas. El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026, la partida destinada a universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026″. 

Por su parte, denunció que el gobierno de Alberto Fernández transfería fondos a las universidades con hasta cuatro meses de atrasos y lo hacía en el marco de una inflación, que ubican, en un 211,4% anual. “Hoy, esos pagos se realizan en forma mensual y por supuesto la inflación hoy es del 31,5% y no del 211,4%. También es falsa la denuncia de la Universidad de Buenos Aires respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios”, sentenció. 

Asimismo, Adorni aclaró: “El Gobierno transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el Presupuesto 2026, que contempla la función salud tanto para gastos en funcionamiento como para gastos en personal. Lo que la UBA reclama es una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país”. 

“Una sola universidad pretende apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”, aseveró el ministro coordinador. 

Por último, en la previa a la movilización del 12 de mayo, el funcionario planteó que espera que prime “el sentido común y la sensatez”, y garatizó que la administración libertaria considera como derechos “fundamentales, inalienables y universales” a la edudación y la salud.

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Junto a las universidades de Misiones y Córdoba, Posadas avanza en estudios sobre leishmaniasis

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A través de un trabajo conjunto con la UNaM y la Universidad de Córdoba, la Municipalidad lleva adelante investigaciones sobre leishmaniasis y flebovirus para conocer su presencia en la ciudad y reforzar las acciones de prevención en la comunidad.

Con el objetivo de seguir preservando la salud de la población, en la Dirección de Epidemiología y Vigilancia de Salud de la Municipalidad se trabaja en conjunto con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y la Universidad de Córdoba en estudios sobre leishmaniasis, según detalló en declaraciones a Radio Municipal, FM 95.1, la responsable del área Maydolis Agüero.

El estudio que se lleva adelante mediante un convenio con la UNaM, cuya responsable es Karina Salvatierra, y con el Instituto Virológico de la Universidad de Córdoba busca obtener resultados sobre la presencia del flebovirus que está circulando en la ciudad, tanto de importancia humana como veterinaria. “Nosotros vamos realizando durante gran parte del año el monitoreo en toda la ciudad de Posadas, buscando los flebótomos que son los transmisores de la leishmaniasis y también portadores en alguna medida de estos flebovirus, le enviamos a ellos para que hagan sus estudios y corran toda su cadena de ARN para ver cuál es su presencia en la ciudad”, explicó Agüero.

La especialista aclaró que los resultados tardan aproximadamente tres meses en llegar porque se envían todas las muestras a Córdoba, donde las llevan a laboratorio, extraen el ARN del virus, lo analizan y luego se hace un proceso para la obtención de resultados.
El monitoreo se realiza en todas las chacras y barrios, pero se concentra específicamente donde existen casos positivos de leishmaniasis en perros porque ahí hay más circulación del flebótomo y más posibilidades de hacer la captura del insecto.
Agüero especificó que “el flebótomo actúa sobre todo al atardecer, tiene horario crepuscular, se crían en la humedad, en la tierra, en materiales en descomposición y tienen un vuelo corto, son mucho más pequeños, pero son similares a las moscas, y suelen estar también donde hay gallineros o cerca del dormitorio de los perros”.

Para combatir la presencia del insecto que contagia la leishmaniasis recomendó mantener la higiene en el patio, evitar cualquier material en descomposición o acumulación que genere humedad para que ellos estén presentes. También aconsejó cuidar a las mascotas que tienen que estar controladas con pipetas o collares que los protejan de ser picados por el mosquito. “Si vas a adoptar o comprar una mascota, que tenga su certificado de sanidad, que está libre de leishmaniasis, y si te vas de vacaciones con tu mascota, evitar llevarla a lugares donde esté circulando la enfermedad”, añadió.

Respecto a las consecuencias que hay que afrontar en el caso de ser picados por un mosquito infectado, la especialista advirtió que “puede afectar la calidad de vida de la persona porque es una enfermedad que va a padecer de por vida y que va a tener que estar con tratamiento y en caso de transmitir los flebovirus también son perjudiciales porque pueden producir enfermedades febriles agudas como la meningitis, que traen muchas veces complicaciones severas. A los animales les produce bastante deterioro, pero pueden ir mejorando la calidad de vida con tratamiento, que tiene que ser de por vida”.

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