usurpación

Pasos firmes

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Hace un mes, Misiones fue a las urnas para elegir a sus diputados provinciales. El contundente resultado ratificó el rumbo en la provincia y abrió heridas en las oposiciones que difícilmente puedan cicatrizar en el corto tiempo que falta para que la maquinaria electoral vuelva a ponerse en marcha. El 14 de este mes vence el plazo para conformar las alianzas de cara a las legislativas nacionales y esa fecha resultará clave para las aspiraciones políticas del Gobierno nacional y de la alianza opositora en el país. Mientras que la Renovación ya comienza a delinear los nombres que la representarán, en la oposición hay devaneos sobre sociedades y candidatos. 

En Cambiemos, que resultó segundo en las legislativas provinciales, la atención está puesta en los movimientos de los socios. Ya habían acordado que el reparto de espacios en la lista provincial no se iba a repetir en las nacionales y que cada partido iba a competir en las primarias. Por eso los que fueron socios ahora se miran con desconfianza. El radicalismo además deberá dirimir primero sus cuestiones internas, ya que a la ratificación de Martín Arjol como candidato oficial, le siguió la ratificación de su candidatura por parte de Gustavo González. El diputado de Eldorado está decidido a ir hasta las últimas consecuencias para desplazar al candidato de la cúpula y está convencido además de que puede superar con comodidad en las primarias a los candidatos rivales en Cambiemos. 

Por el PRO se mantiene firme Martín Göerling -con la bendición de Patricia Bullrich, quien se “preserva” como candidata presidencial en 2023-. Sin embargo, un sector quiere impulsar a Walter Kunz, frustrado candidato a intendente de Montecarlo y promotor del plan Maizar en Misiones. Kunz tiene aceitados contactos con organizaciones rurales que avalan su postulación. En cambio, en su ciudad fue uno de los menos votados. 

El peronismo republicano de Activar ya tiene a Pedro Puerta como confirmado. 

Los negociadores quieren concentrar fuerzas en las primarias oficiales, pero es poco probable que se evite el encontronazo interno. 

González, por ejemplo, se despachó contra la conducción partidaria del radicalismo por la práctica “poco democrática” de proscribir a candidatos con posibilidades. 

En el Frente de Todos también hay heridas abiertas después del tercer puesto que tuvo sabor a poco. Héctor “Cacho” Bárbaro buscó refugio en Cristina Britez, pero quedó envuelto en una tormenta de proporciones cuando se filtró su convocatoria a un piquete para presionar a un juez y “apretar” al Gobierno provincial a que compre tierras que tienen dueños reconocidos y cuyos ocupantes fueron desalojados. La sorpresa fue mayúscula porque esa actitud era esperable de Martín Sereno, el diputado provincial que fue eyectado de la organización justamente por estar más del lado de los piqueteros que de la base electoral del partido surgido de las chacras. A Sereno le reprochaban haber corrido a eventuales votantes con sus habituales piquetes de escasa representatividad pero enorme conflictividad. 

Después, en un intento de defensa de Bárbaro, el partido Agrario buscó diferenciar las palabras “usurpación” de “ocupación”. Pero la diferencia semiótica -y judicial- no aplacó las críticas que llovieron desde todos los rincones y llegaron hasta el Congreso de la Nación. No hubo cámara empresaria y agraria que no haya cuestionado las palabras del legislador. Afortunadamente para Bárbaro, dos hechos lo corrieron del centro. 

Por un lado, la decisión del Instituto Nacional de la Yerba Mate de poner techo a las futuras plantaciones, generó el rechazo del sector molinero, respaldado por la Confederación Económica de Misiones. 

Al mismo tiempo, Corrientes reaccionó con la designación en el seno del INYM de Claudio Anselmo, el ministro de Producción que ya se había pronunciado abiertamente en contra de los cupos y está identificado con la política expansiva de Las Marías, el gran jugador de la yerba correntina. 

El argumento esgrimido por molineros locales y los correntinos es que la decisión del INYM provocaría un faltante de materia prima y encarecimiento del producto. 

El presidente del organismo, Juan José Szychowski, ratificó que tanto la producción de hoja verde como la provisión futura de yerba mate a los consumidores se encuentran “totalmente garantizadas” y que “cada año se podrá incrementar en un 30% la superficie de plantaciones; una extensión más que suficiente para abastecer de yerba mate elaborada al mercado local y las exportaciones”.

En el INYM hicieron notar que la decisión de limitar a cinco hectáreas por productor, busca equilibrar la balanza e incluso beneficia a las cooperativas: cinco hectáreas por cada asociado, termina siendo más que las cinco de un gran productor individual. 

En el sector forestal que atraviesa un momento histórico de demanda y consumo, también hubo una tensión inesperada. La Agencia Tributaria de Misiones anunció que la tasa forestal ahora se podrá pagar en los controles fiscales antes de ingresar a la provincia. Para las cámaras forestales, se trata de una medida que “atenta contra la competitividad” y suma costos fiscales. En el organismo que conduce Rodrigo Vivar aclararon que no hay ningún impuesto nuevo, ya que la tasa del 2% está vigente desde 2006. Solo que ahora se cobrará cuando la madera entra a la provincia. 

Con la atención enfocada en otros conflictos, en el Partido Agrario insistieron en que su sentido de pertenencia está en la chacra y que jamás avalarían a los usurpadores. 

Pensando en candidaturas, el abogado Isaac Lenguaza, quien resignó terreno en el acuerdo con el kirchnerismo, sería el candidato a diputado nacional del partido Agrario. Todavía no se asoma quien lo será por los aliados, que ya sorprendieron con Santiago Mansilla como primer candidato provincial y con Martín Sancho como tercero. 

Más allá de las disquisiciones intestinas, en el Gobierno de Alberto Fernández no quieren quedar expuestos a una segunda derrota en Misiones. Por eso hubo sondeos informales sobre la posibilidad de establecer un acuerdo programático con la Renovación de cara a las legislativas de noviembre. No hubo respuestas definitivas. 

En el Gobierno nacional apuestan con todo al plan de vacunación. Según la consultora Analogías, la imagen del presidente Alberto Fernández se mantiene estable (51%) con cuatro puntos de diferencial positivo. Cabe destacar que, durante el primer trimestre del año, el Frente de Todos mantuvo su base de apoyo en el entorno de los 45 puntos nacionales.

Pero la aceleración del operativo de vacunación durante junio todavía no es suficiente para ordenar las perspectivas temporales de recuperación de los hábitos y actividades anteriores a la pandemia.

“En medio de la estacionalidad invernal y con la vigilancia epidemiológica en alerta para evitar el ingreso de nuevas cepas que compliquen el control de la pandemia en el país, la agenda de la recuperación económica y la normalización sanitaria ya forman un único conglomerado de demandas, unívocamente relacionadas”, señaló Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías.

Las expectativas económicas mantienen niveles de pesimismo relativo vigentes durante todo este año pero con una pendiente leve de recuperación acorde a la mejora de los indicadores de actividad y empleo que todavía son demasiado tímidos para marcar tendencia.

En la Renovación ya trabajan con nombres propios: Claudia Gauto y el intendente de Oberá, Carlos Fernández, como principales candidatos a diputados nacionales. La actual presidenta del Parque del Conocimiento es una de las principales figuras femeninas de la Renovación y tiene consenso entre pares, quienes le reconocen su pertenencia y capacidad política. El médico obereño tiene como carta de presentación la intendencia, algo que en la Renovación se distingue desde siempre. El despliegue en el territorio es una de las prioridades del oficialismo. 

En la Renovación las banderas electorales siguen firmes enarboladas por la gestión. El verano económico que se vive con indicadores marca récords en casi todos los rubros: el empleo se recuperó aceleradamente desde fines del año pasado y el consumo muestra una robustez inédita, desde los supermercados hasta la venta de autos cero kilómetro. Incluso hay un inesperado boom inmobiliario, motivado por fronteras cerradas, la imposibilidad de acceder a créditos inmobiliarios confiables y el ahorro forzoso ante la imposibilidad de viajar al exterior. Escasean los departamentos disponibles pese a un incremento de los alquileres cercano al 40 por ciento. 

La excepción es el turismo, cuya crisis no se atenúa, particularmente de Iguazú. 

Pero el gobernador Oscar Herrera Ahuad envió un mensaje directo: “No se sientan solos, estamos para acompañarlos”. Fue durante la presentación del nuevo plan de contingencia y el plan Ahora Vacaciones Litoral, con una inversión de más de 200 millones de pesos y un plan de promoción para atraer turistas de toda la región. 

El sector turístico recibió una atención especial y un plan de vacunación para todos los trabajadores, lo que permitirá garantizar mayor seguridad en la temporada invernal para el que llega y para el que está. La inmunización es por estas horas una obsesión del Gobierno, que depende de la velocidad de llegada de las vacunas. 

De todos modos, con stock disponible, Misiones ya aplicó medio millón de dosis de vacunas y dará un paso más este lunes, cuando comenzará a vacunar a jóvenes desde los 18 años.

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La Legislatura repudió toda incitación a la usurpación de tierras en Misiones

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La Legislatura Provincial, a través de un proyecto de Declaración del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), ratificó el compromiso con la inviolabilidad de la propiedad privada, previsto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, y 51 de la Constitución Provincial. Asimismo, repudió la incitación a la usurpación de tierras. La iniciativa, presentada por el diputado Ariel “Pepe” Pianesi, determina que “resulta necesario repudiar toda incitación a intrusar tierras públicas o privadas. Consideramos esencial la defensa del derecho a la propiedad dentro del marco legal vigente y rechazamos cualquier intento de alterar el orden público, invocando cualquier tipo de derecho real o supuesto”. “Es importante aclarar que tenemos conocimiento sobre los miles productores que aún no tienen título de propiedad, problemática que no solo afecta a los sectores productivos, sino que la regularización de tierras es una deuda pendiente, también en las zonas urbanas”, se indicó en la Declaración aprobada en la última sesión ordinaria. Al tiempo que se citó el artículo 55 de la Constitución Provincial, que remarca: “Se dictarán las leyes necesarias para instaurar una reforma agraria que propicie el acceso del hombre  la propiedad de la tierra, el fortalecimiento de la familia campesina y la vigorización de la economía agraria”.  “El camino a la solución es a través del diálogo, el consenso y la sanción de normas que propicien garantizar la vivienda y el trabajo sin alterar mandatos constitucionales tan contundentes como la inviolabilidad de la propiedad privada”, afirmó Pianesi al respecto. Y puntualizó: “Transmitir tranquilidad y defender un marco de seguridad jurídica que posibilite invertir, producir y trabajar en paz, es determinante para la prosperidad y el desarrollo que todos anhelamos”.  

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El Pays justifica a Cacho Bárbaro y asegura que no defiende usurpadores

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Después de la ola de críticas al diputado nacional Héctor Bárbaro, quien convocó a hacer un piquete contra una decisión judicial de desalojo de una propiedad, el partido Agrario salió en defensa de su líder y aseguró que “respeta la propiedad privada” y no defiende “usurpadores”.

El documento reseña la situación que motivó el llamamiento de Bárbaro con respecto al caso de desalojo de 14 familias ocurrido el pasado 18 de junio en Picada Guaraní, de Colonia Fracrán (San Vicente). 

“Como lo venimos haciendo desde siempre, acompañamos a las familias que han sido víctimas de un violento operativo y hoy atraviesan un momento de extrema vulnerabilidad. En esta oportunidad no discutimos la propiedad de la tierra, sino que cuestionamos el mal actuar de la justicia, que en complicidad con la policía expulsó a los campesinos de las tierras en las que vivían y trabajaban, en algunos casos desde hace más de diez años, quienes no pudieron defenderse y contar su realidad”, señalan en el texto. 

“Creemos que el juez debía presentar la incompatibilidad, debido a que esta causa corresponde al fuero civil. 

– [ ] Como tal, debía encausarlo como juicio por restitución y no como usurpación. 

– [ ] Estas familias compraron las tierras y cuentan con documentación que respalda esta acción. 

– [ ] En su momento estaban vacías. 

– [ ] Las trabajaron por años de manera pública, continua, pacífica e ininterrumpida. 

Por ello, insistimos con una realidad objetiva: aquí no hubo un delito penal. 

Comprobamos que en el procedimiento hubo numerosas irregularidades: 

– [ ] en los relevamientos que realizó la policía no se comunicó a los vecinos sobre el juicio; 

– [ ] en el expediente no figuran las fotos de las casas que efectivamente fueron desalojadas; 

– [ ] y tampoco se expresa que estas personas hayan sido notificadas por el delito que se las acusa ni de intimaciones a abandonar el lugar. 

En suma: no se garantizó el derecho a la defensa. 

Por lo tanto, es inadmisible que el juicio sea penal y no civil. 

– [ ] Se trata de familias que tenian luz eléctrica a su nombre y casas de material. 

– [ ] Además tenían allí escuela (un aula satélite dependiente del CGE) e iglesia. 

– [ ] Son productores agropecuarios que trabajaban la tierra con plantaciones anuales, además de tabaco, yerba, huertas y cría de animales, con lo que garantizaban la subsistencia”.

“Todos estamos a favor de que cada quien tenga lo suyo. Pero desde nuestro espacio no podemos naturalizar que la justicia actúe sin respetar las garantías que nos concede nuestra Constitución Nacional. Y sobre todo que lo haga en detrimento de pequeños productores que fueron víctimas de otros particulares, víctimas del Estado en su inacción y víctimas de la justicia, que con el fin de garantizar los derechos de algunos avasallan los derechos de otros, que siempre son los más necesitados. Nunca nos verán defendiendo usurpadores. Siempre acompañaremos los justos reclamos de los pequeños productores de Misiones”, culmina el documento del partido Agrario.

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La Provincia busca alternativas para amortiguar el drama social tras desalojo

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Las 14 familias agricultoras que fueron desalojadas de un lote de Picada Guaraní, en Fracrán, se reunieron hoy con la subsecretaria de Tierras de la provincia, Sonia Melo, con el fin de analizar alternativas para subsanar el drama social provocado por la destrucción  de las viviendas y la pérdida de sus medios de producción. 

En la reunión que se desarrolló en el salón del Bicentenario de San Vicente, la funcionaria refirió que el Estado trabaja para encontrar una alternativa de solución o eventual reubicación que les permita seguir subsistiendo con el trabajo agrario, tal como lo desarrollaban en el predio donde vivían y donde plantaban tabaco, yerba, huertas, y prosperaban con la cría de animales.

“Nos sorprendió el desalojo porque estábamos en tratativas con los propietarios registrales para encontrar alguna alternativa de compra de esas tierras. Les habíamos pedido tiempo pero lamentablemente se dio el desalojo sin siquiera comunicarnos”, señaló.

La subsecretaría también conocía existencia de familias asentadas pacíficamente hace años, y aclaró que “también estamos preocupados por cada una y sobre todo, porque estamos con este clima y la gente quedó a la intemperie”.

Los técnicos de la subsecretaría también lamentaron que los titulares registrales, que viven en Entre Ríos, “pidieron un precio irracional en dólares para vender las tierras”.

Algunas de las alternativas que se barajaron son la eventual reubicación, la compra del predio, y hasta un banco de tierras a futuro. “No hay soluciones inmediatas pero vamos a seguir trabajando, el compromiso es buscar una solución”, aclaró. 


Pedido de nulidad Paralelamente, las familias productoras presentaron un pedido de nulidad ante el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, en el marco del expediente en el que que tramitó el desalojo. En la presentación relataron que jamás usurparon las tierras y que existiría un error de identificación  del lote en el que debían haber actuado.

“No fuimos notificados. Vivimos hace años en el lote y dijeron que no nos encontraron y que había solo carpas. No fueron a nuestras casas. Al no notificarnos, no nos permitieron el derecho de defendernos, de mostrar nuestros boletos de compra venta”. Finalmente el legislador Héctor Bárbaro lamentó que la acción de desalojo “deje un grave precedente en el que se trata como usurpadores a productores que jamás usurparon”.

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