El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó oficialmente que la obra de la Autovía de la Ruta Nacional 12 será reactivada de forma inmediata. Tras permanecer completamente paralizada desde marzo pasado debido a la interrupción de los giros de fondos federales, la empresa contratista volverá a desplegar sus operarios en la traza a partir del próximo 20 de junio.
“Lo que terminamos de acordar con la empresa constructora de la autovía de la Ruta 12 es que el día 20 de junio se va a estar comenzando con los primeros trabajos y el reacomodamiento de los equipos técnicos. Si Dios quiere, el 1 de julio ya la obra va a estar comenzando con fuerza“, precisó el mandatario provincial durante un contacto directo con la prensa de la capital.
Valdés adelantó que en las próximas jornadas se formalizará una presentación conjunta con los directivos de la firma para dar a conocer los detalles del nuevo plan de contingencia. “Vamos a estar haciendo el anuncio formal junto a la empresa”.
“Esta es una novedad porque, en principio, el nuevo cronograma establece un plazo de un año para la finalización definitiva de los trabajos“, remarcó el jefe de Estado, trayendo alivio a miles de usuarios que diariamente transitan por ese peligroso cuello de botella vial.
El titular del Ejecutivo recordó que la parálisis de la autovía se había convertido en el principal reclamo de la agenda local, un tema que fue eje central de las deliberaciones que mantuvo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en su última visita oficial a la provincia.
“Él entendió perfectamente la urgencia porque conoce el problema de primera mano; transitó la obra en persona, vio el estado de abandono en el que se encontraba y hoy acompaña activamente las gestiones de Corrientes, insistiendo ante las áreas correspondientes para que esta infraestructura se termine dentro del año fijado”, aseguró.
Deuda saldada con JCR y nuevo flujo de fondos federales
El destraba de la parálisis vial se consolidó a partir de una propuesta de ingeniería financiera formulada por la administración de Javier Milei para sanear el pasivo que ahogaba a la contratista.
“Le han propuesto el pago de la deuda que ascendía a los $2.400 millones. En este momento, ese bache financiero que tenía la Nación con la empresa constructora ha sido completamente saldado, y en paralelo se les ha garantizado un flujo continuo de fondos mensuales para asegurar que la obra se termine en doce meses”, detalló Valdés.
En ese sentido, el gobernador hizo público su reconocimiento a los cuadros de conducción de la compañía a cargo de las tareas: “El pasado viernes mantuvimos un encuentro clave con el titular de JCR, a quien le agradecemos la predisposición y los canales de comunicación permanente que estamos teniendo”.
“Esta obra se había transformado en un verdadero dolor de cabeza para todos los correntinos; ahora esperamos que se cumpla de forma estricta con la palabra empeñada y con la firma que ha estampado el Gobierno nacional”, advirtió con firmeza institucional.
En otro tramo de sus declaraciones, Juan Pablo Valdés endureció su postura política y defendió con vehemencia la medida cautelar presentada por la Provincia ante la Justicia Federal respecto del nuevo esquema de concesiones viales previsto para el Corredor Belgrano y los accesos al puente interprovincial.
El mandatario buscó despejar lecturas ideológicas sobre el planteo judicial y aclaró que la acción no representa una declaración de guerra contra los procesos de privatización del Gobierno nacional: “Nosotros planteamos una medida cautelar no porque estemos en desacuerdo con la privatización del tramo, o porque pretendamos bloquear las obras de mantenimiento”, argumentó.
“Estamos en profundo desacuerdo porque arbitrariamente dejaron a la avenida 3 de Abril, desde la bajada misma del puente hasta el empalme con la Ruta 12, fuera de la zona de concesión vial“, denunció.
Para el gobernador, el diseño del pliego licitatorio centralista desconoce de forma flagrante la realidad urbana de la capital correntina y traslada un costo multimillonario a las arcas locales. “Creo que todos los que viven en la Capital, todos los que transitan diariamente el puente General Belgrano y conocen la trama urbana, saben perfectamente que la avenida 3 de Abril soporta exactamente el mismo tránsito pesado e internacional que soporta el resto del Corredor Belgrano“, graficó.
“Entonces (el Gobierno nacional) no puede pretender decir que el tránsito pesado mágicamente desaparece en una punta de la ciudad y reaparece misteriosamente en la otra punta, ignorando que esto le produce un daño patrimonial severo a la Municipalidad de Corrientes”, señaló.
Para Valdés, es un perjuicio económico enorme que “la Provincia y todos los correntinos tengan que acompañar al municipio el daño patrimonial; ni hablar del daño al asfalto que obliga a realizar obras de hormigón de gran espesor y las obras de desagüe que todavía le faltan a la 3 de Abril para dejar de sufrir las inundaciones cada vez que llueve”.
El ministro del Interior, Diego Santilli, visitará este viernes la provincia de Corrientes para reunirse con el gobernador, Juan Pablo Valdés, en el marco de la ronda por la búsqueda de voluntades para aprobar la reforma laboral.
El funcionario viajará el día después de que la mesa política se reúna para dar una respuesta al pedido de los mandatarios provinciales patagónicos que reclaman la sanción de la Ley de Emergencia Ígnea.
Desde el corazón del Ejecutivo revelaron que hay grandes chances de avanzar en el pedido aunque debaten el formato.
En paralelo, el exlegislador del PRO retoma las rondas de contactos con los representantes provinciales para avanzar en la aprobación del proyecto de modernización laboral que tanto obsesiona al presidente Javier Milei.
Desde la cartera expresaron que durante el intercambio, la intención del representante del Ejecutivo es “avanzar en la aprobación de la reforma laboral, la Ley de Glaciares, el acuerdo con el Mercosur y la ley penal juvenil”.
El alfil negociador retomó una práctica que inició en diciembre, para obtener la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y la replicó en los primeros días del año.
Hasta entonces se entrevistó con Ignacio Torres, con quien visitó las zonas afectas por el incendio forestal en Chubut; Leandro Zdero en Chaco; Alfredo Cornejo en Mendoza; Marcelo Orrego en San Juan; Rogelio Frigerio en Entre Ríos; y recibió al neuquino Rolando Figueroa.
Lo cierto es que una porción de los gobernadores aliados se muestran reticentes al articulado tributario de la reforma, en especial a la reducción pensada en Ganancias para las sociedades, lo que afectará la recaudación de las provincias. El punto es debatido por el estrecho círculo de funcionarios y legisladores desginados para sintetizar las determinaciones
El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su gira, en el marco de la serie de encuentros que mantiene con los mandatarios provinciales, y viajará a Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés.
Estas reuniones que pidió expresamente el presidente de Javier Milei, tienen como objetivo que Santilli logre el respaldo necesario para “aprobar” el Presupuesto del año próximo sin alterar el plan de gestión que tiene el Gobierno Nacional y priorizar el equilibrio fiscal y poner el foco en la concreción de los proyectos de ley vinculados con las reformas laboral, penal y tributaria.
En la agenda del ministro se resalta la idea de dialogar con los mandatarios provinciales sobre temas fiscales, obras públicas y el avance de las leyes que impulsa el Ejecutivo Nacional, una vez que asuman en diciembre los diputados y senadores electos.
Según declaraciones de Santilli, todo el equipo de trabajo de Milei continúa enfocado en conseguir las mayorías necesarias en el Congreso, para obtener la aprobación de reformas estructurales que plantean desde La Libertad Avanza (LLA).
Desde que asumió como Ministro del Interior, ya se reunió con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
Para finalizar, Santilli sostuvo que el Presidente pretende mejorar el vínculo con el interior del país y mantener un diálogo abierto para acordar y trabajar en conjunto.
“Hablé con el Presidente y le dije: “Están choreando, te podés hacer el boludo , pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan. Tengo todos los WhatsApps de Karina”. La voz que dice esto es la de Diego Spagnuolo, eyectado funcionario que reveló una trama de corrupción en el corazón mismo del gobierno de Javier Milei. “Karina” no es otra que la hermana del Presidente, quien según el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad se quedaba con un “retorno” de los contratos con proveedores del Estado por montos de entre 500 y 800 mil dólares mensuales, en un esquema del que también participaría Eduardo “Lule” Menem, otro funcionario del riñón presidencial.
Spagnuolo fue detenido -está demorado- y es una bomba de tiempo. No es un cuatro de copas. Íntimo de Milei desde mucho antes de llegar a la Presidencia, registra al menos 38 visitas a la Quinta de Olivos y 48 a la Casa Rosada.
Hasta el cierre de esta columna, la única reacción oficial fue despedir a Spagnuolo, lo que paradójicamente suena más a una confirmación que a una desmentida. La grabación sería de agosto del año pasado, lo que permite imaginar la magnitud de la podredumbre que salpica a la mesa chica presidencial. El ex titular de la ANDis no es una víctima, sino un eslabón más del esquema. Si sabía de un hecho de corrupción, estaba obligado a denunciarlo ante la Justicia, lo mismo que el propio Presidente cuando supuestamente se enteró. Por eso en la Libertad Avanza ahora temen que Spagnuolo se convierta en un “arrepentido”.
El (nuevo) escándalo estalló en un momento sensible, no ya por la cercanía de las elecciones, sino cuando se discutía en el Congreso el impacto de la motosierra en las políticas de discapacidad, el ajuste en el Garrahan y en las universidades.
Spagnuolo se jactaba de la motosierra en los planes de atención a la discapacidad. Es autor de una de las frases que serán recordadas de este Gobierno: “Si tenés un hijo discapacitado es problema tuyo, no del Estado”.
El Programa Federal Incluir Salud, que gestiona la atención de personas con discapacidad, se encuentra en emergencia. Entre los recortes recientes, 100 mil beneficiarios perdieron sus pensiones este año y se proyecta llegar a 400 mil. Spagnuolo había endurecido los requisitos de acceso y promovido auditorías cuestionadas por discriminatorias. Las resoluciones contenían términos ofensivos hacia las personas con discapacidad, lo que generó condena social y mediática. Ajuste para muchos, retornos para unos pocos. Karina Milei, El Jefe, quedó en el ojo de la tormenta. Si se aplica la misma doctrina jurídica que a Cristina Fernández, el Presidente no puede no saber.
The Boss, tuiteó Diego Hartfield, quien esta semana se sacó la foto de campaña con Karina Milei.
La crisis de corrupción se suma a la crisis política. En el Congreso fue una semana negra para el Gobierno. La Cámara de Diputados rechazó con mayoría especial, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La insistencia en la norma obtuvo 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, superando los dos tercios necesarios (165). Los misioneros Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Alberto Arrúa y Daniel Vancsik se manifestaron a favor de la insistencia de la ley, mientras que los aliados al Gobierno nacional, Martín Arjol y Emanuel Bianchetti votaron a favor del ajuste. La puertista libertaria Florencia Klipauka estuvo ausente. De esta manera, si el Senado ratifica la decisión con la misma mayoría especial, el veto quedará definitivamente caído y el Poder Ejecutivo deberá promulgar la ley, conforme lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional.
La Cámara baja también convirtió en ley el proyecto impulsado por gobernadores que establece la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa, aprobada con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, busca garantizar que esos fondos se distribuyan entre las provincias de manera proporcional a la Ley de Coparticipación, eliminando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en su asignación. Según datos expuestos en el recinto, 2024 registró la menor distribución de ATN en dos décadas, apenas un 7,3% del total disponible, mientras que en 2025 se alcanzó un 20%. En promedio, el 12,7% distribuido durante esta gestión se ubicó en el nivel más bajo de los últimos 20 años.
El Senado, donde el oficialismo tiene una minoría aún más reducida, convirtió en ley la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales con epicentro en el Hospital Garrahan. La norma, que regirá por un año, fue sancionada con 62 votos a favor y 8 en contra, en una sesión cargada de tensiones dentro y fuera del recinto. Allí también se escuchó otra frase que quedará en la memoria: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado“. Lo dijo la senadora Álvarez Rivero del PRO, en una brutal competencia oficialista por quien se muestra más inhumano.
Pero vaya que es necesario ese derecho. Estas derivaciones no son una opción, sino un paso esencial para garantizar el acceso a tratamientos adecuados para niños y adolescentes con patologías cuya resolución requiere atención especializada. Desde Misiones, en el primer semestre se coordinaron 229 viajes para atención médica de 170 pacientes, de los cuáles 144 fueron al Garrahan.
La decisión de trasladar a un paciente se basa en criterios médicos estrictos que buscan asegurar el mejor resultado posible para su salud. Para muchas patologías, especialmente las oncológicas, existen protocolos y normas de tratamiento a nivel nacional e internacional que establecen que su manejo debe realizarse en centros de mayor complejidad. Estos centros garantizan no solo el acceso a terapias específicas (quimioterapia, radioterapia, trasplantes de médula ósea), sino también al soporte clínico integral necesario para manejar los efectos del tratamiento. La derivación, en estos casos, es un requisito del estándar de cuidado. Otras patologías, si bien no tienen una norma de derivación obligatoria, por su complejidad requieren especialistas y grupos multidisciplinarios que no se encuentran disponibles en la provincia. Casos como trasplantes de órganos, cardiopatías congénitas complejas, síndromes genéticos raros o neurocirugías de alta complejidad exigen la intervención coordinada de múltiples especialistas (cirujanos, intensivistas, genetistas, imagenólogos, etc.) y tecnología de vanguardia que solo los centros de referencia como el Garrahan pueden ofrecer.
El Senado también aprobó la ley que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales. El Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”. En ambos casos, los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, del Frente Renovador, votaron afirmativamente, en línea con el modelo político misionerista.
El Gobierno nacional podría optar por vetar total o parcialmente las leyes, lo que abriría un nuevo frente de conflicto con la oposición, los gremios de la salud y la sociedad civil. Si toma ese camino, enfrentará un mayor descontento social por el ajuste en áreas tan sensibles.
Las encuestas ya marcan el deterioro de la imagen presidencial. El último trabajo de Poliarquía arroja malos datos para el Gobierno a pocas semanas de la elección en la provincia de Buenos Aires. La aprobación de Javier Milei registra su mayor caída intermensual y, por primera vez, muestra un saldo negativo. La legitimidad se erosiona cuando predomina la percepción de beneficios concentrados. En agosto, solo el 35% cree que Milei gobierna “para la mayoría de la gente”, el nivel más bajo de su mandato.
A esto se suma una fuerte caída en las expectativas económicas y en la visión general sobre el país para el próximo año. Este deterioro está vinculado, en buena medida, al impacto negativo de los vetos presidenciales: tanto el del aumento de jubilaciones como el de discapacidad. Son hechos que refuerzan una de las principales debilidades del presidente que surgen en las encuestas: la falta de sensibilidad social o empatía hacia los sectores más vulnerables.
Se agrega a la creciente incertidumbre económica de las últimas semanas y el aumento de la conflictividad política, incluso con varios gobernadores en provincias donde hasta hace poco existía una relación de colaboración.
Según Poliarquía, la aprobación de la gestión de Milei cayó cuatro puntos y se ubica en 49%, por primera vez por debajo de la desaprobación. El valor es 11 puntos inferior a su máximo registrado en enero pasado.
La ecuación es sencilla. El bastión de Milei estaba dado en la contención de la inflación y en la transparencia que prometía. En ambos casos, flaquea. La economía no crece desde febrero, a contramano de aumentos del costo de financiamiento para empresas, caída del crédito y tasas exorbitantes. Ni siquiera la contención de la inflación se traduce en una mejor condición de vida, ya que el poder adquisitivo todavía no se recuperó del deterioro de la devaluación inicial y de la brutal suba de tarifas. La morosidad en los préstamos bancarios volvió a subir y es la más alta de los últimos 18 meses. La irregularidad en el crédito privado se elevó en junio en todos los segmentos, con especial foco en los créditos personales y las tarjetas de crédito.
En contraste, en Misiones el Gobierno provincial sostiene el respaldo a los sectores más vulnerables y apuntala a la economía con incentivos permanentes, como los programas para el consumo, que incluyeron a la fintech Naranja X, con sus más de cien mil usuarios en la tierra colorada. Dato no menor: en un país donde la inflación es un problema para millones de hogares, en Misiones se logró contener el precio del pan en los últimos seis meses gracias al acuerdo entre la Provincia y la cámara de panaderos.
La lectura del Presupuesto 2026 permite analizar la anatomía de la inversión. El proyecto diseñado por el gobernador Hugo Passalacqua, destina el 69,17 por ciento del total a Educación y cultura, Salud y Bienestar Social, lo que equivale a $2,831 billones de los 4,092 billones proyectados. La inversión en áreas sociales es una constante del modelo renovador. Encabeza los presupuestos de los últimos años y se refleja en la incorporación de tecnología y recursos humanos. Este viernes, por caso, se puso en funcionamiento el Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET), con una inversión de unos dos millones de dólares. El equipo permite detectar linfomas, melanomas, cáncer de cuello uterino y próstata, entre otras patologías, además de tener aplicaciones en enfermedades neurológicas. El viernes, tres pacientes inauguraron el equipo, marcando un hito en la salud pública.
Hasta ahora, alrededor de 100 pacientes misioneros por mes debían viajar a Buenos Aires, Córdoba o Corrientes para acceder a este estudio, con un alto costo económico, logístico y emocional. Con la puesta en marcha del equipo en el Parque de la Salud, esos traslados dejarán de ser necesarios. El servicio será accesible a toda la población, tanto con cobertura de obra social como sin ella, reforzando el modelo de salud pública inclusiva que distingue a Misiones en la región.
El Hospital Madariaga cuenta desde hoy con un equipo PET/TC, herramienta clave en el diagnóstico oncológico y neurológico. Un paso fundamental que fortalece la salud pública de Misiones, garantizando acceso a estudios de alta complejidad en la provincia.#Misiones#SaludPública… pic.twitter.com/TDz0j7r2UR
El Presupuesto destina a obras de infraestructura el 9,8% del total, mientras que al Desarrollo de la Economía (productivo, industria, energía, puertos, transporte) 8,54% (≈ $349,39 mil millones).
Otra diferencia saliente es que la Provincia está desendeudada: lo destinado a servicios de deuda (amortizaciones + intereses) equivalen al 0,34% de los ingresos (exposición muy baja). Este punto es crucial, porque otorga autonomía y posibilidad de dirigir los recursos a las áreas sensibles y tener las cuentas en orden. En Corrientes, por ejemplo, el gobernador Gustavo Valdés tuvo que pedirle al Banco provincial que le anticipe 45 mil millones de pesos para poder pagar los sueldos de agosto. La urgencia tiene explicación: los correntinos van a las urnas el próximo domingo y Juan Pablo Valdés, su hermano, es el candidato a sucederlo. Uno de los rivales de Valdés chico es Lisandro Almirón, candidato de la Libertad Avanza, envuelto en otro escándalo que salpica al Jefe Karina: el suegro encabeza una fundación que recibe mercadería retenida por la Aduana, de la que puede disponer .
Corrientes, el modelo ideal para radicales y macristas, exhibe sus flaquezas en el momento menos esperado. La fragilidad económica es evidente: el Banco de Corrientes no puede dar créditos hipotecarios UVA por iliquidez. Y la oposición denunció que cortaron el suministro a comedores escolares. La provincia vecina también pierde terreno en las exportaciones. Quedó tercera en el NEA, detrás de Chaco, mientras que Misiones bate récords, con un acumulado de 310 millones de dólares en lo que va del año.
De la crisis en Corrientes no habló nadie del radicalismo misionero, apadrinado por Valdés. De la crisis del Gobierno nacional tampoco los libertarios. Apenas Ramón Puerta, en su regreso como candidato a diputado nacional, se animó a cuestionar la política nacional: “Una cosa es el ajuste y otra el desbarajuste”, dijo para despegarse de la alianza que el partido Activar selló con la Libertad Avanza de la mano de su hijo Pedro, retirado a cuarteles de invierno por el escándalo de pedofilia que protagonizó su amigo y socio político Germán Kiczka. Aunque en medio de la investigación judicial lo defendía, Puerta padre tuvo que hacer malabares para remarcar que él no tiene ni tuvo nada que ver con el ahora condenado a catorce años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
El acuerdo electoral que la La Libertad Avanza (LLA) esperaba sellar con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, para competir en las elecciones ejecutivas de esa provincia no tendrá lugar por incompatibilidades en los proyectos. La noticia se dio a conocer a horas del cierre de alianzas de cara a las elecciones del próximo 31 de agosto.
Según trascendió, las conversaciones entre las terminales del Poder Ejecutivo, encarnadas por el armador Eduardo “Lule” Menem -mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- y el oficialismo correntino no llegaron a buen puerto.
Desde el entorno del mandatario provincial explicaron a la Agencia Noticias Argentinas que las diferencias no son solo programáticas sino que alcanzan también los condicionamientos para delimitar las alianzas.
Según expusieron, la idea de los negociadores de LLA era marginar del acuerdo a distintos espacios, como ocurrió en la provincia de Chaco -una elección en la que el PRO compitió por fuera- mientras que Valdés se inclinaba por formalizar una alianza amplia.
“Los proyectos para el futuro de Corrientes no son compatibles. Valdés busca un proyecto de mayor desarrollo de la provincia que incluya a todos los correntinos, es decir, una provincia más productiva”, argumentaron fuentes oficiales.
En la misma línea, remarcaron que “el tipo de alianza amplia, existente, chocaba con el tipo de alianza que proponía LLA. Ahí también hubo diferencias. En Chaco ellos no querían que el PRO estuviera adentro”.
