VETO PRESIDENCIAL

Milei vetó la ley de financiamiento universitario

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El presidente Javier Milei firmó este miércoles el veto total a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por ambas cámaras en agosto. La norma preveía la recomposición de partidas presupuestarias para las universidades públicas, actualización salarial docente y no docente, y la creación de fondos específicos para infraestructura, becas y carreras estratégicas. El decreto con el rechazo fue publicado en el Boletín Oficial y remitido al Congreso, que deberá definir si lo ratifica o lo rechaza.

El proyecto había sido reclamado por el sistema universitario en su conjunto y votado con mayoría parlamentaria. Establecía un esquema de financiamiento progresivo, equivalente al 1% del PBI en 2026, con una meta de 1,5% hacia 2031.

En los fundamentos del veto, el Ejecutivo argumentó que la normativa generaba un “incremento desproporcionado del gasto público sin recursos suficientes para solventarlo”, lo que derivaría en un desequilibrio fiscal y en riesgos macroeconómicos.

Según el texto oficial, un aumento del gasto sin respaldo real obligaría a financiarse con emisión monetaria, trasladando “un costo al conjunto de la sociedad en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”.

La Casa Rosada defendió la medida como parte del compromiso de “lograr el equilibrio fiscal y mantenerlo a largo plazo”, advirtiendo que el ámbito adecuado para discutir asignaciones es el proyecto de Presupuesto 2026, que Milei presentará por cadena nacional el próximo lunes.

El Congreso y los sindicatos universitarios preparan la respuesta

El veto presidencial abre un nuevo frente de disputa con el Parlamento. El Congreso tiene ahora la potestad de insistir con la sanción original –lo que requeriría mayoría especial– o convalidar la decisión del Ejecutivo.

El antecedente inmediato no favorece al Gobierno: semanas atrás, ambas cámaras rechazaron el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en una derrota política que expuso las dificultades del oficialismo para sostener apoyo legislativo.

En paralelo, los sindicatos universitarios anunciaron un paro nacional y cortes de calle en facultades, además de una movilización frente al Congreso cuando se trate el tema. “El veto demuestra la falta de compromiso del Gobierno con la educación pública y la comunidad académica”, señalaron dirigentes gremiales, que ya habían realizado medidas de fuerza los días 1 y 2 de septiembre.

El veto a la ley universitaria se suma a la decisión oficial de rechazar también la Ley de Emergencia Pediátrica (Hospital Garrahan) y la de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores. Este paquete de vetos refuerza la estrategia del Ejecutivo de sostener el ajuste fiscal incluso frente a consensos parlamentarios amplios.

Para el Gobierno, la señal es clara: ninguna iniciativa que implique un aumento del gasto sin financiamiento sustentable tendrá luz verde. Para el Congreso y los sindicatos, en cambio, se trata de una ofensiva contra la educación pública y las provincias.

En este escenario, la discusión por el Presupuesto 2026 aparece como el próximo capítulo de una pulseada política que definirá la magnitud del ajuste, el alcance de la autonomía universitaria y el margen de gobernabilidad de Milei tras las elecciones legislativas de octubre.

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El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, pero Milei confirmó que la vetará otra vez

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El Senado de la Nación sancionó este miércoles, con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza la recomposición salarial docente, la actualización de becas y la preservación del presupuesto de las universidades nacionales. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará nuevamente la norma, como lo hizo en 2024, lo que augura un nuevo choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

El debate en la Cámara alta fue un deja vu legislativo. En septiembre de 2024 el Congreso ya había aprobado una ley similar, vetada en octubre por Milei bajo el argumento de que generaba un impacto fiscal insostenible.

El texto aprobado ahora contó con un amplio respaldo opositor y de sectores provinciales: acompañaron los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; todos los integrantes del bloque Unión por la Patria, 11 senadores radicales, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Carlos Espínola, Alejandra Vigo, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y otros espacios. El consenso incluyó aportes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la diputada entrerriana Blanca Osuna y referentes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal.

El senador Eduardo “Wado” De Pedro, presidente de la Comisión de Educación, advirtió: “Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula. Los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo y muchos estudiantes tuvieron que dejar la universidad”.

Según el legislador, el nuevo texto busca blindar legalmente la asignación de partidas presupuestarias al sistema universitario, en un contexto en que los salarios docentes y no docentes cayeron un 46,7% en términos reales desde diciembre de 2023, y más del 70% del personal universitario está bajo la línea de pobreza.

Contenido técnico de la ley: recomposición salarial y ajuste automático por IPC

La norma establece que, a partir del 1° de enero de 2025, el Poder Ejecutivo deberá actualizar trimestralmente los presupuestos universitarios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Entre los principales puntos se destacan:

  • Funcionamiento universitario: asignación automática y bimestral de partidas para gastos operativos, hospitales universitarios, investigación y extensión.
  • Recomposición salarial: actualización de sueldos docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, nunca por debajo del IPC. La medida será remunerativa y bonificable, incorporando las sumas no remunerativas al básico.
  • Becas: actualización de Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustadas por inflación y con aumento progresivo según la matrícula.
  • Investigación científica: partida específica para el ingreso a la carrera de investigador.
  • Auditoría: control de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre universidades públicas, con informes remitidos al Congreso para fortalecer la rendición de cuentas.

La iniciativa busca equilibrar la autonomía universitaria con mayores controles institucionales, tras las críticas del oficialismo que acusó a las universidades de “adoctrinamiento” y “gasto ineficiente”.

Fundamentos y debate político

Desde la oposición, Maximiliano Abad (UCR) planteó que el atraso en la resolución de reclamos sociales “nos impide discutir una agenda de futuro, como la reforma tributaria o la modernización laboral”.

Por su parte, Martín Lousteau advirtió que “los salarios docentes están por debajo del 2002 en poder adquisitivo” y criticó al Ejecutivo por “despreciar a la universidad pública”.

La senadora Alejandra Vigo (Córdoba) sostuvo que la ley es clave para la movilidad social y la innovación tecnológica: “La educación universitaria es sinónimo de desarrollo. Sin recursos para las universidades, la Argentina hipoteca su futuro”.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche defendió la postura presidencial: “No estamos dispuestos a financiar universidades ineficientes que producen apenas el 4% de los egresados y se llevan el 55% del presupuesto”.

El nuevo veto presidencial que ya adelantó Milei abrirá un escenario complejo. Para insistir y convertir la ley en vigente sin el aval del Ejecutivo, el Congreso debería reunir nuevamente los dos tercios en ambas cámaras, un desafío político mayor que en 2024.

El conflicto se da en un contexto de caída real del presupuesto universitario (46,7%), parálisis de obras de infraestructura y pérdida salarial docente del 30%, lo que genera fuerte presión social sobre un sistema que nuclea a 2 millones de estudiantes y 220.000 trabajadores.

La discusión también expone el modelo de país en disputa: mientras el Gobierno busca recortar gastos para sostener el equilibrio fiscal, el Congreso impulsa el financiamiento universitario como política de desarrollo social y económico de largo plazo.

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Un cierre de año impensado

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Por Alejandro Pegoraro – Haciendo un pantallazo de lo que eran las expectativas para este 2020 allá por el mes de enero, la principal preocupación era encontrar los mecanismos que potencien la actividad económica para salir de un proceso recesivo iniciado a mitad del 2018, con la incertidumbre que un cambio de gobierno podría sumar a eso.

A nivel nacional, no había solo un nuevo gobierno sino un nuevo proyecto político, distinto en sus bases al anterior, mientras que en la provincia de Misiones se continuaba el proyecto de la Renovación con una persona a cargo de la Gobernación que ya formaba parte anteriormente de la estructura de poder misionero.

El año pintaba para ser difícil, pero con ciertos augurios propios de un cambio de política y de estilo de gobierno. Entre enero y febrero, se comenzó a avizorar ciertas recuperaciones en términos de consumo y contención social, pero con incertidumbre sobre las cuestiones de la macro. Marzo derrumbó todo: la pandemia llegó a la Argentina, se cerraron las fronteras, se dispuso el aislamiento obligatorio, se cerraron preventivamente fábricas, se planchó la actividad económica.

Ante esta situación, y sobre todo luego de ver los efectos catastróficos de la situación sanitaria sobre la economía en los meses de abril y mayo, eran pocos, muy pocos, los que podían creer que el cierre de año podía ser distinto, por lo menos, en una lectura nacional.

Quienes somos apasionados de las cuestiones del federalismo, comenzamos a mirar más a profundidad que ocurrió, que ocurría y que podría llegar a ocurrir hacia dentro de las provincias, poniendo sobre la mesa la cuestión fundamental de que entre ellas existen numerosas diferencias en materia estructural, no solo comparando los extremos sino incluso entre provincias limítrofes o que comparten una misma región.

De ese modo, tomamos dimensión de que Neuquén no es igual a Chubut; que Córdoba no es lo mismo que La Pampa; que Salta no es igual a La Rioja y que Misiones no es lo mismo que Chaco, pese a compartir, como se dijo antes, características similares.

En numerosas ocasiones mencionamos cómo la pandemia desnudó las principales falencias de las administraciones provinciales y nacionales, pero al mismo tiempo, también transparentó los modelos políticos locales, puso en el centro de la escena la importancia de las decisiones locales en contraposición con algunas idas y venidas que mostró el Gobierno nacional.

En el mes de junio, ante una consulta de un medio misionero, afirmé que Misiones “con las limitaciones y problemas que tiene, es una de las que está mejor posicionada para combatir esta crisis y salir con más aire en los pulmones de cara al proceso de reactivación una vez que finalice la emergencia”.

Afortunadamente, el tiempo mostró que dicha hipótesis fue acertada, y no solo la provincia va a finalizar un año para el olvido con una fuerza incluso superior a la de años anteriores, sino que incluso se posicionó fuertemente en el plano ya no regional, sino nacional, a partir de decisiones de gobierno que lograron contener la situación epidemiológica en el momento más vulnerable para todo el país, a la vez que no se frenó de manera brusca la actividad económica, y se logró en paralelo a todo esto darle impulso a programas de consumo, lo que repercutió, junto a otros factores más exógenos, tener una holgadez financiera que respalde todas las medidas.

Cuando en mayo o junio pensábamos en que tan quebradas o endeudadas podían estar las provincias al cierre de año, Misiones está finalizando el año con récord de recaudación propia, con alza real de recursos en la coparticipación federal, con superávit en sus cuentas públicas y con un claro proceso de desendeudamiento: pese a que Misiones tomó un crédito del Programa para Emergencia Financiera Provincial que puso a disposición la Nación en el segundo trimestre del año, termina el año con un stock de deuda pública menor al de 2019, consolidando así un proceso iniciado hace un par de año de claro desendeudamiento de la provincia.

Cuando en abril o mayo pensábamos que el año estaba complemente perdido en términos de actividad y consumo, Misiones lidera en los últimos tres meses los rankings nacionales de patentamientos y de consumo de cemento.

Cuando en abril o mayo pensábamos que la caída del empleo iba a ser sin precedentes, el sector privado misionera incrementó durante los últimos tres meses, de manera consecutiva, sus puestos de trabajo y posicionó a Misiones como la provincia con el segundo mejor registro del país de recuperación del empleo desde la irrupción del COVID; a su vez, mientras que en septiembre, al conocer los datos del INDEC sobre actividad, empleo y desocupación del II trimestre del año, nos agarrábamos la cabeza al ver como en Posadas está ultima había crecido al 8,2%, hace un par de días se confirmó la recuperación provincial con un descenso de dicha tasa al 7,2%, sumando a ocho mil personas a la categoría de ocupados.

¿Qué va a pasar con los municipios? Pensábamos allá por el primer trimestre del año. El incremento récord de la recaudación propia misionera y el alza de los recursos por coparticipación federal que se dio desde agosto en adelante logró que los municipios misioneros hayan tenido transferencias por coparticipación municipal por encima de la inflación y, de hecho, tiene el mayor alza de todo el país (+43,6%), seguido por los municipios cordobeses que incrementaron sus recursos en un 42,3%.

¿Es un cierre de año optimo? Por supuesto que no, pero a la luz de lo que se podía prever hace seis meses, es realmente positivo. Por quedan desafíos por atender: la cuestión del cierre de fronteras es claramente una. Con mayor o menor nivel, hay consensos en que la economía misionera se fortaleció al tener las fronteras cerradas, que generó un vuelco de diez mil millones de pesos hacia dentro de la provincia y no hacia los países vecinos como Paraguay o Brasil.

El gobierno provincial seguramente esté atendiendo esta situación, para ver de que manera esta situación podría quedar más establece, o si lo vivido en los últimos meses fue solo hermosa primavera previo a un crudo invierno que aparece al abrir la frontera.

En este punto, Misiones tuvo una gran victoria y una amarga derrota política separadas tan solo en semanas: el área aduanera especial, una situación que fue de más a menos a medida que transcurría la situación.

El primer hito fue lograr la incorporación del Polo Misiones al dictamen de mayoría del Presupuesto, pero a partir de ahí fue todo cuesta abajo: la presión de otras provincias desplazó al Polo Misiones para ser Polo NEA, y la ampliación del lobby a su vez desplazo al Polo NEA para dar lugar al Polo “Todos los que cumplan los requisitos”. Pese a eso, logró ser aprobado.

Con el diario del lunes, todos nos terminamos de dar cuenta que la ampliación del área potencialmente beneficiada (que fue muy grande para una política como esta) podría hacer dormir la iniciativa, demorando su reglamentación al punto de pasar de largo del 2021. Pero más que dormirla, la indujeron al coma. El veto presidencial al artículo 123 del Presupuesto terminó por transformar en derrota lo que había sido una gran victoria misionera. En el medio, muchas consideraciones: desde grandes apoyos políticos como el del propio Sergio Massa, como la crítica de algunos que daban por hecho este veto, justamente por su impacto inmediato en las arcas nacionales.

Pese a esto, se debe destacar (y fortalecer) el hecho de que fue Misiones la que puso en agenda pública la situación, y la labor de los legisladores nacionales, en conjunto con las autoridades provinciales, hizo realidad ese posicionamiento de la provincia en el plano nacional. Justamente allí es donde radica hoy la fuerza misionera para encarar un 2021 con carpeta en mano para negociar con el gobierno nacional por medidas que tiendan a lograr una situación lo más parecida al área aduanera especial.

Algunos optan por la reglamentación del Artículo 10 de la Ley Pyme. La jugada está abierta, y Misiones demostró que es una cancha donde quiere y sabe jugar.

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“Lamentamos que la oposición haya rechazado la propuesta concreta de bajar el IVA a las tarifas”

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Lo manifestó el diputado nacional Luis Pastori ante la aprobación del proyecto opositor de retrotraer el valor de las tarifas. “Cada claro que el kirchnerismo y el PJ se unieron para buscar el veto del Presidente y no para encontrar una verdadera solución al problema tarifario” remarcó.

Este jueves a la madrugada el Senado de la Nación aprobó con una mayoría compuesta por diputados de Unidad Ciudadana y el Bloque Argentina General (FpV y PJ), el proyecto de ley que propone retrotraer los valores de las tarifas de los servicios públicos al 1° de noviembre de 2017, y que las próximas subas no puedan ser mayores a los aumentos de salarios. El presidente Macri había adelantado que vetaría la norma por considerarla fiscalmente inviable y por ir a contramano de la política oficial de baja del déficit fiscal, pero para evitar el veto y buscar alguna medida que baje el costo tarifario y que no comprometa las metas fiscales, había instruido a los legisladores de Cambiemos a encontrar una propuesta consensuada con los gobernadores de baja del IVA.

Tras algunas rondas de negociaciones entre legisladores de Cambiemos y gobernadores peronistas, el oficialismo había propuesto el pasado 22 de Mayo una medida concreta para bajar las tarifas, a partir de una rebaja del IVA del 21 al 10,5% para usuarios residenciales, y del 27% al 21% para las pymes prorrogable cada 12 meses. “El presidente salió de su posición para buscar puntos de acuerdo entre el reclamo y las necesidades fisclaes, pero la oposición no quiso ceder. Quedaclaro que el kirchnerismo y el justicialismo se unieron solamente para buscar el veto del Presidente y no para encontrar una verdadera solución al problema tarifario. Queda claro que están pensando en las elecciones y no en soluciones concretas” afirmó Pastori.

Costos fiscales

Pastori precisó que “después de perder la votación en la Cámara de Diputados, desde Cambiemos buscamos propuestas que concilien la necesidad de bajar el déficit con generar alivios en las tarifas de los servicios públicos, sin que a la vez se vulnere la potestad exclusiva del ejecutivo de fijar tarifas. La propuesta se encontró en conjunto con algunos gobernadores peronistas y consistió en bajar el IVA un 50% para usuarios residenciales, y un 30% para las Pymes. Esta solución que podía haber entrado en vigencia a partir del mes de Junio, se truncó por el afán del peronismo y kirchnerismo de hacer vetar al presidente una medida que desde el principio sabían que era inviable aplicarla” argumentó Pastori.

Pastori recordó que el costo fiscal del proyecto de la oposición, según la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Ministerio de Energía de la Nación, ascendería a casi $ 80.000 millones (compartido entre provincias y Nación), sólo durante 2018. Ese número aumentaría a casi $ 90.000 millones en 2019. En cambio, el proyecto que el gobierno nacional de Cambiemos estaba dispuesto a aprobar y había sido acordado con varios gobernadores peronistas, tendría un costo menor a los 20.000 millones de pesos.

Retrotraer las tarifas es volver a las asimetrías entre Buenos Aires y el resto del país

Pastori recordó que “en 2015 el 80% de los subsidios a la energía iban a Capital Federal y a la Provincia Buenos Aires, esto era injusto con el resto del país. Retrotraer las tarifas en subsidios, es volver a subsidiar a las familias y zonas más ricas del país. Nosotros preferimos subsidiar a los que menos tienen con la tarifa social que es una realidad, y no una política indiscriminada de subsidios que termina beneficiando a las familias de mayores recursos y de la zona más rica del país” finalizó.

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