Vialidad

Passalacqua advirtió por el deterioro de las rutas nacionales y alertó sobre la posible liquidación de Vialidad Nacional

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En la apertura de la CII Asamblea Plenaria del Consejo de Seguridad Vial, realizada en Posadas, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lanzó una dura advertencia sobre el estado de las rutas nacionales y el riesgo que implicaría para las provincias la eventual liquidación de Vialidad Nacional por parte del Estado nacional.

Durante su intervención, el mandatario destacó que, si bien la provincia avanza en mejoras y controles —incluyendo el uso de drones para monitorear el tránsito—, persiste una “angustia” compartida con otros gobernadores por la situación vial en todo el país. “Hace un año que venimos planteando esta preocupación. Lo que está pasando es extremadamente grave. Vialidad Nacional está prácticamente en liquidación administrativa y no se entiende bien hacia dónde va”, sostuvo.

Passalacqua advirtió que, si el organismo nacional deja de cumplir sus funciones, las provincias no están en condiciones de asumir el mantenimiento de las rutas nacionales. “En Misiones tenemos cerca de mil kilómetros de rutas nacionales. No podemos atenderlos, no estamos en condiciones. Esto no es un problema de buena o mala relación con la Nación, es cuidar la vida de un millón y medio de misioneros”, remarcó.

El gobernador también recordó que la provincia presentó un proyecto de ley vinculado al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) para destinar recursos a la red vial nacional, que no se están ejecutando. “Las rutas nacionales son el esqueleto de la República. Si ese esqueleto se quiebra, todo se desmorona. La situación que se nos viene encima es de una gravedad enorme”, advirtió, pidiendo que el tema sea debatido a nivel federal.

Passalacqua cerró su mensaje con un llamado a preservar la responsabilidad del Estado nacional sobre las rutas, no solo por la seguridad de las personas, sino también por el impacto en el transporte de mercaderías y el comercio. “Ojalá que entre todos logremos entenderlo y que las rutas nacionales sigan siendo nacionales”, concluyó.

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Sturzenegger: “El rechazo a los decretos preserva estructuras de corrupción”

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó duramente la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar cinco decretos delegados clave para la reorganización de organismos públicos y defendió que las reformas implementadas no serán revertidas.

En una ofensiva política y comunicacional que combinó publicaciones en redes sociales, gráficos sobre estructuras burocráticas y una extensa entrevista radial, el funcionario vinculó la votación parlamentaria con la preservación de “privilegios” y “fuentes de corrupción” que, según su visión, el Gobierno busca erradicar.

En la sesión del miércoles, la Cámara de Diputados votó en contra de cinco decretos delegados firmados por el presidente Javier Milei:

  • DNU 462/25: reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
  • DNU 461/25: disolución de Vialidad Nacional y traspaso de funciones.
  • DNU 345/25: eliminación del Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
  • DNU 340/25: desregulación de la Marina Mercante.
  • DNU 351/25: reorganización del Banco Nacional de Datos Genéticos.

La decisión fue respaldada por la oposición y parte de los bloques dialoguistas, incluyendo legisladores que previamente habían apoyado la Ley Bases, lo que generó fuertes reproches desde el Ejecutivo.

Estrategia comunicacional: gráficos y denuncias en redes

En su cuenta oficial de X, Sturzenegger publicó: “UN VOTO A FAVOR DE LA CORRUPCIÓN Y LA CASTA. Ayer la Cámara de Diputados votó la derogación de los delegados 462/25 y 461/25 (falta Senado). ¿Por qué es un voto a favor de la corrupción y la casta? Mirá el video y entenderás en qué se gasta tu dinero. VLLC!”.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía y un video grabado en su despacho, donde desplegó sobre el piso gráficos que representan la estructura de Vialidad Nacional y del INTA.

Según el ministro, Vialidad Nacional cuenta con 1.500 cargos jerárquicos para administrar apenas 20.000 km de rutas de una red vial total de 840.000 km, mientras que el INTA posee 6.000 empleados, 3.000 vehículos y casi 1.000 cargos directivos, con ingresos equivalentes a la mitad de las retenciones al maíz.

En entrevista con Radio Mitre, Sturzenegger insistió en que la estructura del Estado heredada era “insostenible” y que las reformas apuntan a eliminar burocracia, reducir el déficit y reasignar recursos.

“Se escudan en causas nobles para armar un curro atrás”, señaló sobre organismos como el Instituto Nacional del Teatro, donde —según sus datos— el 65% del presupuesto se destinaba a gastos administrativos y no a la producción cultural.

Defendió que el ajuste del gasto está vinculado a la reducción de la pobreza y aseguró que las jubilaciones recuperaron entre un 15% y 20% de poder adquisitivo durante la actual gestión.

Respecto a la Marina Mercante, explicó que la reforma permitía el “cese de bandera” para que embarcaciones extranjeras con tripulación argentina operen bajo leyes laborales externas, lo que —afirmó— no fue objetado por los gremios, pero sí por la empresa National Shipping, que debería modificar su convenio colectivo.

En materia de seguros, propuso liberalizar el mercado para aumentar la competencia y cobertura, con un rol regulador del Estado limitado al control de la solvencia patrimonial de las aseguradoras, eliminando la aprobación previa de productos.

Sturzenegger subrayó que la votación no tuvo impacto en el tipo de cambio ni en el riesgo país, interpretándolo como una señal de que los mercados confían en el compromiso oficial con el equilibrio fiscal.

Comparó el contexto con la Italia de la posguerra, donde la inestabilidad política no afectaba la estabilidad macroeconómica, y descartó que el Banco Central esté interviniendo de forma intensiva en el mercado cambiario.

El ministro enmarcó el rechazo legislativo dentro de la dinámica republicana, con “avances y retrocesos”, y anticipó que el Gobierno buscará nuevas vías para implementar las reformas incluso después del cambio de composición política previsto para el 10 de diciembre.

“El objetivo sigue siendo un Estado más eficiente, con menos carga para el sector productivo y sin espacios para la corrupción estructural”, concluyó.

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Un freno al desguace de Milei: la Justicia frenó el cierre de Vialidad Nacional

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Un fallo judicial frenó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, dispuesto por el presidente Javier Milei en el marco del decreto 461/2025, y representa un nuevo revés para la política de disolución de organismos públicos que impulsa el Gobierno nacional. La medida cautelar fue dispuesta por la jueza federal Martina Forns, del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín, ante una presentación del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA).

La resolución, que suspende por seis meses la vigencia del decreto, advierte sobre el riesgo de “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un ente técnico que requiere autonomía operativa. Además, considera que la Ley Bases, recientemente aprobada, no habilita al Ejecutivo a cerrar organismos autárquicos creados por ley, como es el caso de Vialidad Nacional, que funciona desde hace más de 93 años.

La secretaria general de SEVINA, Emiliana Mcnamara, confirmó la medida de no innovar que impide avanzar con la disolución. “Vialidad tiene una creación a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma”, explicó en declaraciones a Canal Abierto. Y subrayó: “Esto es inconstitucional. El objetivo es mantener Vialidad Nacional, porque es el organismo que debe encargarse de cuidar las rutas del país. Este problema no se resuelve ni desfinanciando ni disolviendo”.

La jueza Forns también observó que el artículo 32 del decreto presidencial condiciona la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, lo que viola convenios colectivos de trabajo y normas de jerarquía constitucional.

La causa sigue su curso mientras se aguarda una resolución sobre el fondo del asunto: la legalidad del cierre dispuesto por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger. Por ahora, la Dirección Nacional de Vialidad deberá continuar funcionando como tal.

Además de SEVINA, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) también presentó una acción de amparo para frenar no solo el cierre de Vialidad, sino también el de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto y la suspensión de sus efectos.

“Tenemos una alegría inmensa. Tenemos Vialidad para rato. Ojalá que sea así. Y si no, seguiremos luchando desde lo político, en la calle y en la Justicia”, concluyó Mcnamara.

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Privatización de rutas: extienden la intervención estatal sobre Corredores Viales S.A.

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El Gobierno prorroga la intervención de Corredores Viales S.A. hasta completar su proceso de disolución y privatización

A través del Decreto 464/2025, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó la intervención de Corredores Viales S.A., empresa estatal del sector público nacional, hasta tanto se complete su disolución, en el marco del proceso de privatización dispuesto por la Ley de Bases N° 27.742. La medida responde a la necesidad de garantizar una transición ordenada y operativa en los corredores bajo gestión estatal.

La decisión publicada en el Boletín Oficial prorroga la intervención iniciada mediante el Decreto 244/2025, y mantiene en funciones a la licenciada Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora. Su mandato se extenderá “hasta culminar el procedimiento de disolución de la sociedad dispuesto por el Decreto N° 97/2025”, según consta en el artículo 1° del nuevo decreto.

Corredores Viales S.A., creada originalmente para administrar rutas bajo el régimen de concesión por peaje, fue incluida en el listado de empresas estatales sujetas a privatización total conforme al artículo 7° de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Diagnóstico institucional y reformas estructurales

Durante el período de intervención vigente, se realizó un diagnóstico exhaustivo sobre la situación operativa y administrativa de la empresa, que identificó falencias estructurales en áreas clave como finanzas, compras y contrataciones, gestión legal y capital humano, así como irregularidades en el relevamiento de activos fijos.

Como parte del proceso de reestructuración interna, se implementaron medidas como:

  • Aprobación de un nuevo organigrama institucional.
  • Actualización de normas, reglamentos y procedimientos para contrataciones.
  • Constitución de un Comité de Inversiones.
  • Regularización del área jurídica.

Estas acciones buscan garantizar una gestión más eficiente, transparente y alineada con los principios de la Ley de Bases, que exige procesos de privatización con altos estándares de publicidad, competencia y gobierno abierto.

La continuidad de la intervención también responde a la complejidad del proceso de disolución y a la necesidad de avanzar con la renegociación de contratos, liquidación de activos y aseguramiento de la continuidad operativa de los corredores viales en transición hacia la concesión privada.

La ejecución del plan está a cargo del Ministerio de Economía, con la asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y con participación de la ex Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos técnicos del Estado nacional.

La prórroga garantiza que el proceso de salida del Estado de la gestión directa de rutas y autopistas se lleve adelante sin interrupciones operativas ni riesgos legales. La decisión política de avanzar en la concesión por peaje como mecanismo de gestión vial se mantiene firme dentro del esquema de desestatización que impulsa el gobierno nacional.

Según lo dispuesto en el Decreto 464/2025, el Ministerio de Economía podrá dictar normas complementarias que resulten necesarias para implementar la medida, que ya se encuentra en plena vigencia desde su publicación.

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Golpe a la infraestructura federal: el cierre de Vialidad Nacional genera incertidumbre en las provincias

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El anuncio del cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad por parte del presidente Javier Milei, formalizado por el vocero Manuel Adorni como una “acta de defunción de la corrupción en la obra pública”, generó una fuerte preocupación en las provincias, donde se teme por el futuro del mantenimiento y desarrollo de rutas nacionales clave para la conectividad y la economía regional.

Desde el Gobierno de Misiones la reacción fue cautelosa pero crítica: “Hay que ver la letra chica. Si viene o no con recursos. No pinta bueno para el país si es sin recursos para sostener. Las rutas son la infraestructura básica”, señaló una fuente oficial. Y graficó: “Es como si se desarma Vialidad Provincial y cada municipio se tiene que hacer cargo de su pedacito. Inviable. Veremos”.

En la práctica, Vialidad Nacional ya estaba desfinanciada: sin fondos ni obras activas, la mayoría de los proyectos en ejecución estaban paralizados. Sin embargo, su estructura administrativa, técnica y de personal seguía siendo un punto de apoyo esencial para los distritos provinciales. 

En Misiones, el distrito contaba con unos 145 empleados y la responsabilidad sobre alrededor de 500 kilómetros de rutas nacionales. El resto, como la Ruta Nacional 12 y los 35 kilómetros de autovía de la Ruta 105, se encuentran concesionados a través de empresas privadas, bajo la órbita de Corredores Viales o de la Provincia.

La medida, que fue oficializada en el Boletín Oficial, implica también el cierre de la Agencia de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial. Todo un repliegue del Estado nacional en un área sensible y estructural para el país, en un contexto en el que los recursos generados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos -que originalmente debían nutrir al sistema vial- han sido absorbidos completamente por la administración central, sin reinversión en obras.

El presidente Milei justificó la disolución como un paso hacia “la eliminación de la corrupción en la obra pública”, pero no presentó un plan claro sobre cómo se sostendrá el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales distribuidos en un país de dimensiones continentales. Tampoco se explicó qué ocurrirá con los trabajadores ni con los proyectos en curso.

Mientras tanto, los gobiernos provinciales observan con inquietud un nuevo paso hacia la recentralización de fondos sin responsabilidades de ejecución. La desarticulación de un organismo clave como Vialidad Nacional, sin previsión de continuidad operativa ni respaldo financiero, anticipa un escenario de mayor fragmentación y precariedad para la red vial argentina.

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