Golpe a la infraestructura federal: el cierre de Vialidad Nacional genera incertidumbre en las provincias
El anuncio del cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad por parte del presidente Javier Milei, formalizado por el vocero Manuel Adorni como una “acta de defunción de la corrupción en la obra pública”, generó una fuerte preocupación en las provincias, donde se teme por el futuro del mantenimiento y desarrollo de rutas nacionales clave para la conectividad y la economía regional.
Desde el Gobierno de Misiones la reacción fue cautelosa pero crítica: “Hay que ver la letra chica. Si viene o no con recursos. No pinta bueno para el país si es sin recursos para sostener. Las rutas son la infraestructura básica”, señaló una fuente oficial. Y graficó: “Es como si se desarma Vialidad Provincial y cada municipio se tiene que hacer cargo de su pedacito. Inviable. Veremos”.
En la práctica, Vialidad Nacional ya estaba desfinanciada: sin fondos ni obras activas, la mayoría de los proyectos en ejecución estaban paralizados. Sin embargo, su estructura administrativa, técnica y de personal seguía siendo un punto de apoyo esencial para los distritos provinciales.
En Misiones, el distrito contaba con unos 145 empleados y la responsabilidad sobre alrededor de 500 kilómetros de rutas nacionales. El resto, como la Ruta Nacional 12 y los 35 kilómetros de autovía de la Ruta 105, se encuentran concesionados a través de empresas privadas, bajo la órbita de Corredores Viales o de la Provincia.
La medida, que fue oficializada en el Boletín Oficial, implica también el cierre de la Agencia de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial. Todo un repliegue del Estado nacional en un área sensible y estructural para el país, en un contexto en el que los recursos generados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos -que originalmente debían nutrir al sistema vial- han sido absorbidos completamente por la administración central, sin reinversión en obras.
El presidente Milei justificó la disolución como un paso hacia “la eliminación de la corrupción en la obra pública”, pero no presentó un plan claro sobre cómo se sostendrá el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales distribuidos en un país de dimensiones continentales. Tampoco se explicó qué ocurrirá con los trabajadores ni con los proyectos en curso.
Mientras tanto, los gobiernos provinciales observan con inquietud un nuevo paso hacia la recentralización de fondos sin responsabilidades de ejecución. La desarticulación de un organismo clave como Vialidad Nacional, sin previsión de continuidad operativa ni respaldo financiero, anticipa un escenario de mayor fragmentación y precariedad para la red vial argentina.
