Paro de prácticos: el Gobierno suspendió la desregulación, acordó una rebaja del 20% y se levantó la medida
El conflicto que había paralizado la asistencia a la navegación de buques en las principales vías navegables del país encontró una salida provisoria. El Gobierno Nacional acordó con los representantes del sector de practicaje una reducción del 20% en las tarifas y dispuso la suspensión temporal del Decreto 690/2026, la norma impulsada por Federico Sturzenegger que había modificado de manera integral las reglas de una actividad regulada desde 1991.
Con la firma del acta de entendimiento, los prácticos retomarán de inmediato sus tareas en los puertos y vías navegables, mientras el Ejecutivo y el sector abrirán una instancia de negociación para revisar los aspectos normativos y operativos que permanecen en disputa. La solución permite desactivar una medida de fuerza que había comenzado a impactar sobre el funcionamiento de la cadena exportadora.
El Gobierno confirmó que la suspensión del decreto tendrá carácter temporal y que, durante ese período, funcionará una mesa de trabajo conjunta coordinada por el Poder Ejecutivo. Participarán representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, además de otros organismos con competencia en la materia.
El objetivo será revisar puntualmente los cambios introducidos por el decreto y buscar un consenso definitivo sobre el régimen de practicaje. La conformación de este espacio de diálogo respondía también a uno de los principales reclamos planteados durante el conflicto y había sido señalada por el sector agroexportador como una condición relevante para normalizar la actividad.
La disputa había adquirido una dimensión económica que excedía al propio sector de prácticos. El parate en los puertos implicaba, según las estimaciones citadas durante el conflicto, pérdidas superiores a US$4,5 millones diarios para el campo, en un sistema logístico donde cualquier interrupción de la navegación puede trasladarse rápidamente a los costos de exportación y a la operatoria de las cadenas agroindustriales.
El acuerdo incorpora además un componente directamente vinculado con la competitividad: la reducción del 20% en las tarifas del servicio. La rebaja apunta a disminuir los costos asociados a la navegación y, al mismo tiempo, ofrece al Gobierno una herramienta para sostener parte de su objetivo inicial de reducir costos logísticos sin mantener abierta, en esta etapa, la totalidad de los cambios regulatorios que provocaron la reacción del sector.
El origen de la crisis fue el Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La normativa había reemplazado la reglamentación vigente desde 1991 y planteaba una reestructuración profunda del sistema de practicaje marítimo y fluvial.
Entre los cambios introducidos se encontraba la posibilidad de que capitanes extranjeros con experiencia quedaran exceptuados de la obligación de contratar prácticos. También se ampliaban las dimensiones de los buques para los cuales resultaba obligatorio contar con asistencia, se eliminaba el límite de cupos para la inscripción de profesionales y se habilitaba a la Prefectura a prestar el servicio.
El decreto también eliminaba la segmentación por tramos geográficos que obligaba a rotar de práctico durante determinados recorridos, flexibilizaba los traslados del personal y ampliaba las exenciones de contratación para algunos buques.
El argumento oficial detrás de la reforma apuntaba a reducir costos y flexibilizar una actividad considerada estratégica para el comercio exterior. “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, había planteado Sturzenegger al defender los cambios.
La suspensión temporal del decreto no supone, por lo tanto, el abandono de la discusión sobre la regulación del practicaje. El Gobierno conserva abierta la posibilidad de revisar el esquema, pero ahora bajo una instancia de negociación que incorpora a los actores directamente involucrados y con una prioridad inmediata: garantizar la continuidad de la navegación y reducir los costos que impactan sobre la logística exportadora.
La salida acordada deja así dos resultados concretos en el corto plazo. Por un lado, se normaliza la asistencia a los buques y se evita que el conflicto continúe generando pérdidas sobre una cadena exportadora particularmente sensible a las interrupciones. Por otro, la reducción tarifaria introduce un alivio sobre los costos del servicio, mientras la mesa técnica deberá determinar qué aspectos de la reforma pueden sostenerse, cuáles requieren modificaciones y bajo qué condiciones.
La prueba para el Gobierno será convertir esta tregua en una reforma sostenible. El desafío consiste en combinar mayor eficiencia y menores costos para el comercio exterior con reglas previsibles para quienes prestan un servicio crítico para la seguridad de la navegación. La suspensión del Decreto 690/2026 abre ese espacio de negociación; el resultado dependerá de que la mesa técnica logre transformar el conflicto en un nuevo marco regulatorio con consenso suficiente para evitar otra interrupción de las vías navegables.