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ONU Mujeres alerta, casi 50.000 femicidios familiares en 2024 y 137 víctimas por día

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Femicidios en aumento, ONU Mujeres alerta que casi 50.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familias en 2024

Un informe de ONU Mujeres, elaborado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reveló que en 2024 casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o algún miembro de su familia. La cifra —que equivale a un promedio de 137 víctimas por día— expone el agravamiento de una problemática estructural que las Naciones Unidas volvieron a colocar en el centro del debate global en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El organismo advirtió que estos crímenes representan casi el 60% de los 83.000 homicidios de mujeres registrados ese año. Las conclusiones describen un escenario alarmante para los sistemas judiciales, los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos que buscan contener un fenómeno que combina desigualdad estructural, violencia doméstica y fallas de protección estatal.

Un mapa global del femicidio: África y Asia concentran la mayoría de los casos

El informe muestra disparidades regionales que permiten dimensionar la magnitud del problema:

África: 22.600 asesinadas por parejas o familiares en 2024.
Asia: 17.400 víctimas.
Américas: 7.700.
Europa: 2.100.
Oceanía: 300.

La distribución geográfica confirma que el femicidio íntimo o familiar continúa siendo un fenómeno transversal, aunque con dinámicas específicas según región. En Europa, el 64% de los casos fueron cometidos por parejas de las víctimas, mientras que en las Américas ese porcentaje asciende a 69%.

ONU Mujeres identificó factores estructurales que sostienen la violencia letal: estereotipos de género que consideran a las mujeres “subordinadas” a los hombres, discriminación en distintos niveles sociales y económicos, desigualdad persistente en el acceso al empleo, la educación y la justicia.

Además, el informe alerta sobre dos factores de riesgo clave en el feminicidio de pareja: antecedentes de violencia y separación inminente. Sin embargo, en los crímenes cometidos por otros familiares, los patrones son menos claros, lo que exige estrategias más amplias y específicas de prevención

La tecnología como nuevo vector de violencia: del control digital a los deepfakes

Uno de los puntos más novedosos del informe es la referencia al rol de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la expansión de nuevas modalidades de violencia contra mujeres y niñas.

Según ONU Mujeres, el acceso masivo a herramientas digitales permite: intensificar patrones de violencia doméstica, ejercer control coercitivo, vigilancia y acoso, producir contenidos dañinos como videos deepfake, una práctica en crecimiento.

La organización advierte que la violencia digital impacta especialmente en mujeres con mayor visibilidad pública —periodistas, políticas y activistas—. Una de cada cuatro periodistas afirmó haber recibido amenazas de violencia física o de muerte a través de Internet.

Para ONU Mujeres, esta tendencia no solo profundiza la violencia tradicional, sino que crea nuevos factores de riesgo que pueden actuar como antesala del feminicidio.

Prevención, justicia y datos: las claves que propone ONU Mujeres para frenar los feminicidios

El estudio insiste en que reducir los feminicidios requiere intervenciones integrales y sostenidas, basadas en tres pilares: educación, legislación y fortalecimiento institucional.

Entre las medidas propuestas se destacan:

Educación y habilidades para relaciones sanas

Programas de formación para desmontar estereotipos y prevenir dinámicas abusivas desde edades tempranas.

Reforma legal y penal

Criminalizar el femicidio como figura autónoma.

Incorporar agravantes específicas para homicidios motivados por violencia de género.

Crear unidades especializadas en policías, fiscalías y tribunales.

Campañas públicas

Promoción de campañas como “Ni Una Menos” y “Me Too”, destinadas a sensibilizar y ampliar la visibilidad del problema.

Sistemas de información confiables

Los organismos internacionales subrayan que cualquier política pública requiere datos robustos y comparables. Entre los modelos citados se encuentra VioGén, un sistema del Ministerio del Interior de España creado en 2007, que integra herramientas de evaluación de riesgo, monitoreo y protección de víctimas.

El fortalecimiento de observatorios de feminicidio y agencias estatales aparece como condición central para mejorar la respuesta de justicia y prevención.

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Protocolo contra la violencia digital: qué cambia en las escuelas y cómo se activará la respuesta

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El estreno de Adolescencia en Netflix no solo capturó a millones de espectadores, sino que también encendió una conversación global sobre cómo los adolescentes viven, construyen y sufren en el ecosistema digital. La serie, que mezcla drama y realismo social, refleja situaciones cotidianas que van desde la presión de las redes sociales hasta fenómenos de riesgo como el ciberacoso, la viralización de contenidos íntimos y la manipulación emocional en entornos virtuales.

El impacto social ha sido inmediato: en foros de discusión, escuelas y medios de comunicación, el programa se convirtió en un espejo incómodo de lo que muchos jóvenes y familias atraviesan a diario. Psicólogos y pedagogos destacan que la narrativa logra poner en palabras y en imágenes lo que muchas veces se silencia en el ámbito familiar: la soledad conectada, el miedo a quedar fuera de los grupos digitales y la búsqueda de validación a través de “likes” y seguidores.

Lo que la serie muestra como ficción –la facilidad con que se puede arruinar la vida escolar de una adolescente o cómo un reto viral puede escalar hasta consecuencias graves– aparece en los borradores técnicos como fenómenos concretos que requieren prevención, detección temprana y protocolos de acción en cada escuela.

El borrador del Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación ante Riesgos y Violencias Digitales en Misiones marca un giro de enfoque: pasa de talleres sueltos y buenas intenciones a una ruta operativa con responsables, plazos y resguardos probatorios. Nace con lógica escolar -porque allí están los chicos-, pero con alcance extramuros: actúa aun cuando el hecho ocurra fuera del horario o del edificio, si involucra a la comunidad educativa o impacta en ella. Y se ancla en un andamiaje legal que va de la Ley Olimpia a la ESI, de la Ley de Grooming al Convenio de Budapest. No es una declaración: es un manual de campo para directivos, docentes, familias y estudiantes.

El documento trabajado por la Vicegobernación, el ministerio de Educación, la Dirección TIC, Silicon Misiones, Fiscalía de Ciberdelitos, Policía y otros organismos, ordena, define y pone nombre a lo que pasa: ciberacoso, grooming, sexting y difusión no consentida de imágenes, sextorsión, phishing/smishing/vishing y estafas, retos virales peligrosos, violencia digital en vínculos afectivos, explotación sexual comercial infantil en línea (ESCNNA), morphing y agresiones en videojuegos, además de discursos de odio y desinformación. Se declara abierto y dinámico: la lista no es cerrada porque las plataformas y prácticas cambian.

El borrador fija principios que atraviesan cada paso: respeto y dignidad, confidencialidad, inmediatez, no revictimización, corresponsabilidad, equidad y enfoque educativo-preventivo. Eso se traduce en decisiones concretas: evitar que la víctima repita su relato, activar contención emocional, preservar evidencia digital sin vulnerar derechos y derivar con prioridad cuando hay delitos.

El protocolo se apoya en normas nacionales (26.904 Grooming; 27.590 “Mica Ortega”; 27.736 “Olimpia”; 26.388 Delitos Informáticos; 25.326 Datos Personales; 26.061 Protección Integral; 26.150 ESI; 26.892 Convivencia; 26.206 Educación) y provinciales (Ley VI-250, su decreto reglamentario y la Resolución 257/2023 sobre Acuerdos Escolares). Suma programas nacionales (Clic Derechos, Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025–2027, Estrategia Nacional de Ciberseguridad) y estándares internacionales (Convenio de Budapest y su Segundo Protocolo). El resultado: coherencia legal para intervenir sin zonas grises.

El corazón del plan es procedimental. Define una secuencia común para todas las escuelas -públicas o privadas, de inicial a superior no universitario- con formularios y actas estandarizadas.

  • Fase 1 | Detección y primera atención. Señales de alerta (cambios de conducta, aislamiento, cuentas falsas, mensajes intimidantes), primer contacto empático y registro inicial.
  • Fase 2 | Registro y primeras acciones. Apertura de expediente, recolección de evidencias (capturas, enlaces, IDs), medidas de seguridad (contraseñas, privacidad, bloqueo).
  • Fase 3 | Evaluación técnica y derivación. Intervención de equipo TIC o peritos informáticos, contención psicológica, derivación a Fiscalía especializada/Policía de Cibercrimen cuando corresponda.
  • Fase 4 | Intervención y acompañamiento. Abordaje educativo y restaurativo, trabajo con el curso si es necesario, guía a familias.
  • Fase 5 | Cierre y evaluación. Informe final, ajustes institucionales y lecciones aprendidas.

Clave probatoria: licitud, integridad y autenticidad de la evidencia; cadena de custodia cuando interven­gan peritos.

La directora general de TIC, Alejandra Pacheco, subrayó el carácter participativo del proceso: “Las áreas que estuvieron en la mesa de trabajo harán sus aportes y sugerencias durante el mes de octubre; nos volveremos a reunir y se armará el documento final. Luego saldrá una resolución del ministerio -ese es el procedimiento formal-, a la que se deberán adherir el Consejo y el SPEPM, y si todo está en orden, la idea es que se comience a implementar en el 2026”.

Además, adelantó que el protocolo no se limitará a la letra oficial: “Irá acompañado de instancias de sensibilización y trabajo en las instituciones por parte de nuestro equipo”. Con ello, la funcionaria busca remarcar que la estrategia no se agotará en normas, sino que implicará presencia activa, talleres y acompañamiento territorial.

Quién hace qué (y cómo se mide)

El protocolo distribuye roles y responsabilidades: el equipo directivo garantiza implementación, activa respuestas urgentes y resguarda registros; los docentes integran ciudadanía digital a sus clases y elevan alertas; preceptores y personal auxiliar observan en patios, pasillos y plataformas; familias acompañan usos en el hogar y notifican; estudiantes se comprometen con normas de convivencia digital; los gabinetes articulan apoyos complejos. Pide indicadores de seguimiento (número de intervenciones, participación, tiempos de respuesta) y reuniones periódicas para corregir desvíos.

No hay protocolo sin prevención. El borrador exige ciudadanía digital en la currícula, campañas y talleres, alfabetización para familias y capacitaciones recurrentes a docentes. Propone coordinación interinstitucional con EDAyO, GPI, Policía de Misiones (Dirección de Cibercrimen), Fiscalía especializada, OCEDIC, equipos de salud y programas como Huellas en la Red (desde 2016), además de iniciativas con Digital Project y Faro Digital.

El documento aterriza qué hacer ante cada modalidad, con pautas de preservación de evidencia, contención y vías de denuncia:

  • Ciberbullying/flaming. Abordaje pedagógico, trabajo grupal, reportes en plataforma; si hay amenazas, derivación penal.
  • Difusión no consentida y sextorsión. No borrar pruebas; reportar para baja del contenido; Línea 102 si hay menores; Línea 144 si hay violencia de género; denuncia ante Fiscalía/Policía.
  • Grooming. Es delito (art. 131 CP): no borrar chats, bloquear acosador, denunciar a MPF/Línea 137.
  • Phishing/estafas. Doble autenticación, verificación de remitentes, denuncia en Cibercrimen; reporte en argentina.gob.ar/ciberseguridad.
  • Retos virales peligrosos, videojuegos y desinformación. Controles parentales, alfabetización mediática, verificación de fuentes y trabajo de convivencia en aula.

Cada escuela deberá institucionalizar el protocolo (aprobación en el Consejo o autoridad competente), incluirlo en el PEI y en los Acuerdos de Convivencia, abrir canales oficiales (correo/formulario), y sostener capacitación permanente. Se recomiendan fichas estandarizadas (notificación, intervención, seguimiento, cierre) y sistemas de resguardo seguro de documentación, con acceso restringido y respeto a la Ley 25.326.

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