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La mordaza invisible: cómo la violencia digital expulsa a las mujeres del debate público

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A horas de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, los hechos de violencia de género siguen siendo noticia diaria. Pero no se trata únicamente de violencia sexual o un femicidio. La violencia política contra las mujeres ya no necesita manifestarse en un recinto legislativo, una reunión partidaria o una campaña electoral. Hoy encuentra un territorio mucho más amplio, inmediato y difícil de regular: las redes sociales.

Un relevamiento realizado entre el 4 y el 11 de mayo de 2026 sobre publicaciones de medios nacionales y provinciales analizó 3.163 comentarios vinculados a dos dirigentes políticas de perfiles ideológicos diferentes: la diputada nacional Myriam Bregman y la diputada provincial misionera Paula Franco. El objetivo era observar cómo se construye la conversación digital cuando una mujer ocupa espacios de poder.

Los resultados del estudio dirigido por la licenciada Carla Chini, del “Observatorio de la Trama Social para un Proyecto Regional de Desarrollo Sustentable” de la Universidad de la Integración Sudamericana, muestran un patrón inquietante: la agresión rara vez se concentra en las ideas. En cambio, se dirige a la condición de mujer de quien participa del debate público.

En el caso de Paula Franco, legisladora provincial de Misiones, abogada y magíster en Políticas Públicas, el estudio analizó 743 comentarios publicados en cuentas de Facebook e Instagram de Canal 12 y otros medios de Misiones. Los ataques más frecuentes no cuestionaban proyectos legislativos, iniciativas de transparencia o propuestas de modernización del Estado. El blanco era otro.

La principal modalidad detectada fue la deslegitimación de la autonomía profesional. Expresiones como “acomodada política”, “hija de”, “paracaídas” o referencias permanentes a supuestos favores políticos aparecieron de forma recurrente. El mecanismo es conocido: desplazar cualquier mérito académico o profesional y explicar la presencia de una mujer en la política exclusivamente a través de vínculos familiares o personales.

El fenómeno resulta particularmente llamativo porque Franco posee una trayectoria profesional concreta y formación específica en gestión pública. Sin embargo, gran parte de los comentarios analizados ignoraban deliberadamente esos antecedentes para construir una narrativa donde el acceso al cargo no era consecuencia de capacidades propias sino de relaciones de poder masculinas.

La segunda categoría de agresiones detectada fue la patologización. El estudio encontró una recurrencia significativa de expresiones como “loca”, “iluminada” o “desesperada”. La utilización de presuntas alteraciones emocionales para desacreditar a una mujer constituye uno de los mecanismos históricos más persistentes de exclusión política. Mientras los hombres suelen ser cuestionados por sus decisiones, las mujeres continúan siendo cuestionadas por su estabilidad emocional.

La tercera modalidad fue la sexualización. En numerosos casos, la discusión pública se desplazó desde las políticas que impulsaba la legisladora hacia insinuaciones sobre su vida privada, relaciones personales o comentarios vinculados a su apariencia física. El objetivo es evidente: reducir la autoridad política a una dimensión íntima o corporal.

El informe también detectó procesos de animalización mediante términos como “yegua”, “burra”, “cuadrúpeda” o “tilinga”. Estas expresiones, lejos de ser simples insultos, constituyen mecanismos simbólicos destinados a deshumanizar y degradar la figura pública femenina.

La distribución de los agresores también ofrece información relevante. El 59% de los ataques identificados provenía de perfiles masculinos. En estos casos predominaban las agresiones directas, la sexualización y los cuestionamientos a la capacidad intelectual.

Por su parte, el 32% correspondía a perfiles femeninos. Allí aparecía con mayor frecuencia otro tipo de discurso: acusaciones de acomodo, cuestionamientos éticos y descalificaciones sobre méritos académicos o profesionales.

El dato rompe con una simplificación habitual. La violencia política de género no es ejercida exclusivamente por hombres. También puede ser reproducida por mujeres cuando incorporan y replican estereotipos culturales profundamente arraigados.

Quizás uno de los hallazgos más preocupantes del estudio no sea el contenido de los ataques, sino la reacción que generan. Los comentarios más agresivos son también los que reciben mayores niveles de validación social.

Las reacciones de “Me gusta” y “Me divierte” concentran buena parte de la interacción en publicaciones donde aparecen insultos, descalificaciones o ataques personales. En contraste, prácticamente no se registraron reacciones de rechazo.

La consecuencia es la creación de un ecosistema donde la agresión obtiene recompensa social. El odio se transforma en entretenimiento. La humillación pública se convierte en contenido.

Y la violencia deja de percibirse como una conducta reprochable para pasar a formar parte de la normalidad de la conversación digital.

El caso de Myriam Bregman muestra patrones similares.

Sobre una muestra de 2.420 mensajes relevados en medios nacionales, el 65% de las agresiones provinieron de perfiles masculinos y estuvieron orientadas a descalificar su ideología mediante referencias a su condición de mujer, su apariencia o su origen. Términos como “loca”, “zurda”, “rusa” o “yegua” aparecieron de manera reiterada en publicaciones vinculadas a debates políticos o encuestas electorales.

La coincidencia entre ambos casos resulta significativa.

Se trata de dirigentes con trayectorias, partidos y posicionamientos ideológicos completamente distintos. Sin embargo, reciben formas de agresión notablemente similares.

La variable común no es la ideología.

Es el género.

Por eso la violencia digital contra las mujeres no puede analizarse únicamente como un problema de moderación de contenidos o convivencia en redes sociales.

Se trata de una barrera política. Una barrera que busca instalar la idea de que las mujeres deben justificar permanentemente su presencia en espacios de decisión.

Una barrera que intenta reducir credenciales académicas a vínculos personales, propuestas de gestión a estereotipos y liderazgo a características físicas.

El relevamiento muestra que la violencia política digital no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Posee patrones reconocibles, mecanismos repetidos y formas de validación social que permiten su reproducción. Comprender cómo funciona es el primer paso para enfrentarla.

La agresión es apenas un eslabón en la cadena de violencias. Hay otros que directamente impiden la participación de la mujer. El estudio de Chini señala que en el 2019 hubo en Misiones 54 candidatas a intendentas y legisladoras, el mayor número alcanzado de candidatas, luego de implementarse la Ley de Paridad de Género. 

Ese año y en los siguientes desde el actual “Observatorio de la Trama Social para un Proyecto Regional de Desarrollo Sustentable” de la Universidad de la Integración Sudamericana se consultó a mujeres y hombres sobre cuál es el factor que influye para que la mujer participe o no en política, ya sea en listas a cargos y/o en espacios de toma de decisiones. Las respuestas hacían referencia en primer lugar a la falta de recursos económicos con los que cuentan las mujeres para llevar adelante una campaña y la falta de apoyo para que puedan conseguirlos; en segundo lugar a la violencia política por razones de género, tanto digital como presencial y como tercera opción a la doble carga de trabajo: profesional y doméstica. 

“El rol de la mujer es cuidar a su familia”; “la mujer no debe trabajar y debe estar lejos de la política” fueron algunas de las frases recuperadas. 

Un 58% de las personas encuestadas consideraba que los tipos de liderazgo son básicamente iguales, el 31% pensaba que son diferentes, pero de todas maneras no las eligen a la hora de preguntar sobre si las votarían y un importante número indicaba que es más fácil para los hombres acceder a cargos políticos.

Aunque hemos avanzado mucho, la realidad es que la “cancha” sigue estando bastante inclinada. 

1. La “doble jornada” y la carga de cuidados

Esta es, quizás, la barrera más persistente. Socialmente, todavía se espera que las mujeres sean las principales responsables del hogar y el cuidado de hijos o familiares dependientes.

El conflicto de tiempo: La política exige horarios impredecibles y reuniones, lo cual se enfrenta con las responsabilidades domésticas.

El costo de oportunidad: Mientras un candidato suele tener una estructura de apoyo en casa, muchas candidatas deben gestionar la logística familiar antes de salir a una reunión.

2. Violencia política por razón de género

No se trata solo de críticas a la gestión, sino de ataques dirigidos por el simple hecho de ser mujer.

Acoso en redes sociales: Las candidatas reciben significativamente más insultos personales, amenazas de violencia sexual y comentarios sobre su apariencia que sus colegas varones.

3.Deslegitimación: Se cuestiona su inteligencia, su salud mental o se asume que llegaron ahí por “ser la esposa de” o por favores personales.

Gran parte de la política ocurre fuera de las oficinas: en cenas, partidos de fútbol o reuniones informales donde se cierran acuerdos y se designan candidaturas.

Exclusión: Al ser espacios históricamente masculinos, las mujeres suelen quedar fuera de estos círculos de confianza donde se reparte el poder real.

Falta de mentoría: Hay menos referentes mujeres en niveles altísimos que puedan “abrir camino” o mentorizar a las nuevas generaciones.

4. La brecha de financiamiento

Acceso al capital: Las redes de donantes suelen estar concentradas en hombres de negocios que, por sesgos inconscientes, tienden a invertir en candidatos que se parecen a ellos.

Percepción de riesgo: Algunos partidos políticos siguen viendo las candidaturas femeninas como “arriesgadas” o menos competitivas, destinándoles menos recursos económicos.

5. El sesgo mediático y los estereotipos

La prensa y la opinión pública a menudo evalúan a las mujeres con una vara distinta:

El escrutinio estético: Se habla más de su ropa o de su tono de voz que de sus propuestas legislativas.

El dilema de la competencia: Si una mujer es firme, se la tacha de “agresiva” o “difícil”; si es empática, se la considera “débil” o emocional.

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Crimen escolar en Santa Fe: el Gobierno confirma vínculo con redes internacionales

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El crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, sumó en las últimas horas un dato clave que cambia el eje de la investigación y que el Gobierno dio a conocer este miércoles en una rueda de prensa que dejó a muchos atónitos por lo inesperado del caso.

En los hechos, el adolescente que asesinó a un compañero no actuó de manera aislada, sino que formaba parte de una comunidad digital internacional que promueve y glorifica la violencia extrema.

Así lo confirmaron autoridades nacionales y provinciales durante una conferencia de prensa en la que participaron el gobernador Maximiliano Pullaro, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva y representantes de la Policía Federal Argentina.

La propia ministra fue contundente al definir el caso como “un caso inédito en el país”, lo que obligó a un trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y federales.

Qué contó el Gobierno sobre la investigación

En un primer momento, el hecho había sido interpretado como un posible caso de bullying o incluso como un episodio de desborde psicológico. Sin embargo, el avance de la investigación descartó esas hipótesis iniciales.

Según explicó Pullaro, “en principio parecía ser un brote psicótico, posteriormente se habló de que la motivación podía ser el bullying”, pero el análisis de pruebas digitales permitió reconstruir un escenario mucho más complejo.

“No fue un brote psicótico de este adolescente, no tiene que ver con el bullying”, afirmó el gobernador, y agregó que el joven:

“participaba de una red internacional de una subcultura digital que se denomina TCC (True Crime Community)”.

Qué es la TCC y por qué preocupa (no solo en Santa Fe)

De acuerdo a lo detallado por las autoridades, la TCC es una subcultura digital que gira en torno a la fascinación por crímenes violentos, especialmente tiroteos masivos en escuelas.

Monteoliva explicó que estas comunidades están integradas mayormente por jóvenes y adolescentes, y que funcionan a escala global: “Tiene que ver con comunidades virtuales que se centran en el estudio y análisis de asesinatos, de tiroteos masivos (…) organizaciones nihilistas, misantrópicas, que tienden a llevar actos de violencia”.

Además, advirtió que el fenómeno no es nuevo en el país, aunque nunca había derivado en un hecho de estas características. “En los últimos dos años, la Policía Federal junto con el FBI registró e identificó 15 casos y hay cuatro en análisis”, precisó.

Cómo operan estas comunidades

El jefe de la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), Guillermo Díaz, explicó que estas redes siguen una lógica escalonada.

Primero, se produce una etapa de fascinación por hechos reales, que tiene como punto de partida histórico la masacre de Columbine, en Estados Unidos. Luego, ese contenido se difunde en plataformas digitales como Discord o Telegram.

“El principal problema es la imitación”, señaló Díaz, y agregó que en una fase posterior algunos integrantes pasan directamente a planificar ataques. “Estos chicos pasan a ser héroes”, remarcó.

Nuevos implicados y medidas judiciales

La investigación también permitió detectar la participación de otro menor vinculado a estos grupos digitales. El joven fue detenido mientras circulaba por la Ruta Nacional 11 junto a sus padres.

En su domicilio se realizaron allanamientos donde se secuestraron dispositivos electrónicos y material relacionado con estas subculturas.

Además, los peritajes sobre el celular del atacante resultaron claves para establecer conexiones y reconstruir el entramado digital en el que se movía.

Un fenómeno global que excede fronteras

Las autoridades insistieron en que el problema no puede analizarse únicamente desde lo local. “No tiene que ver con lo que pueda suceder en una comunidad, escuela, provincia o país”, sostuvo Pullaro, sino con una lógica global que encuentra en internet su principal espacio de expansión.

En ese sentido, Monteoliva remarcó la necesidad de una respuesta integral: “Una respuesta a este tipo de casos excede e involucra a todas las partes: familia, escuela, educadores, comunicadores. Todos tenemos una función que cumplir”.

Otra línea de preocupación: el fenómeno incel

Durante la investigación también surgió otro dato relevante: en algunos casos, estos grupos digitales se vinculan con el movimiento incel (célibes involuntarios), caracterizado por el odio hacia las mujeres y hacia quienes mantienen relaciones afectivas.

Según Díaz, este tipo de ideología puede escalar hacia conductas violentas, lo que suma un nuevo nivel de alarma dentro de estas comunidades.

Un caso que marca un antes y un después

Mientras la causa judicial continúa en curso y se analizan más dispositivos electrónicos, el caso de San Cristóbal ya es considerado un punto de inflexión.

“Es un fenómeno nuevo, diferente, que tenemos que abordar”, advirtió Pullaro.

El desafío ahora, coinciden las autoridades, será anticiparse a este tipo de dinámicas antes de que vuelvan a traducirse en hechos de violencia en el mundo real.

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ONU Mujeres alerta, casi 50.000 femicidios familiares en 2024 y 137 víctimas por día

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Femicidios en aumento, ONU Mujeres alerta que casi 50.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familias en 2024

Un informe de ONU Mujeres, elaborado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reveló que en 2024 casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o algún miembro de su familia. La cifra —que equivale a un promedio de 137 víctimas por día— expone el agravamiento de una problemática estructural que las Naciones Unidas volvieron a colocar en el centro del debate global en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El organismo advirtió que estos crímenes representan casi el 60% de los 83.000 homicidios de mujeres registrados ese año. Las conclusiones describen un escenario alarmante para los sistemas judiciales, los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos que buscan contener un fenómeno que combina desigualdad estructural, violencia doméstica y fallas de protección estatal.

Un mapa global del femicidio: África y Asia concentran la mayoría de los casos

El informe muestra disparidades regionales que permiten dimensionar la magnitud del problema:

África: 22.600 asesinadas por parejas o familiares en 2024.
Asia: 17.400 víctimas.
Américas: 7.700.
Europa: 2.100.
Oceanía: 300.

La distribución geográfica confirma que el femicidio íntimo o familiar continúa siendo un fenómeno transversal, aunque con dinámicas específicas según región. En Europa, el 64% de los casos fueron cometidos por parejas de las víctimas, mientras que en las Américas ese porcentaje asciende a 69%.

ONU Mujeres identificó factores estructurales que sostienen la violencia letal: estereotipos de género que consideran a las mujeres “subordinadas” a los hombres, discriminación en distintos niveles sociales y económicos, desigualdad persistente en el acceso al empleo, la educación y la justicia.

Además, el informe alerta sobre dos factores de riesgo clave en el feminicidio de pareja: antecedentes de violencia y separación inminente. Sin embargo, en los crímenes cometidos por otros familiares, los patrones son menos claros, lo que exige estrategias más amplias y específicas de prevención

La tecnología como nuevo vector de violencia: del control digital a los deepfakes

Uno de los puntos más novedosos del informe es la referencia al rol de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la expansión de nuevas modalidades de violencia contra mujeres y niñas.

Según ONU Mujeres, el acceso masivo a herramientas digitales permite: intensificar patrones de violencia doméstica, ejercer control coercitivo, vigilancia y acoso, producir contenidos dañinos como videos deepfake, una práctica en crecimiento.

La organización advierte que la violencia digital impacta especialmente en mujeres con mayor visibilidad pública —periodistas, políticas y activistas—. Una de cada cuatro periodistas afirmó haber recibido amenazas de violencia física o de muerte a través de Internet.

Para ONU Mujeres, esta tendencia no solo profundiza la violencia tradicional, sino que crea nuevos factores de riesgo que pueden actuar como antesala del feminicidio.

Prevención, justicia y datos: las claves que propone ONU Mujeres para frenar los feminicidios

El estudio insiste en que reducir los feminicidios requiere intervenciones integrales y sostenidas, basadas en tres pilares: educación, legislación y fortalecimiento institucional.

Entre las medidas propuestas se destacan:

Educación y habilidades para relaciones sanas

Programas de formación para desmontar estereotipos y prevenir dinámicas abusivas desde edades tempranas.

Reforma legal y penal

Criminalizar el femicidio como figura autónoma.

Incorporar agravantes específicas para homicidios motivados por violencia de género.

Crear unidades especializadas en policías, fiscalías y tribunales.

Campañas públicas

Promoción de campañas como “Ni Una Menos” y “Me Too”, destinadas a sensibilizar y ampliar la visibilidad del problema.

Sistemas de información confiables

Los organismos internacionales subrayan que cualquier política pública requiere datos robustos y comparables. Entre los modelos citados se encuentra VioGén, un sistema del Ministerio del Interior de España creado en 2007, que integra herramientas de evaluación de riesgo, monitoreo y protección de víctimas.

El fortalecimiento de observatorios de feminicidio y agencias estatales aparece como condición central para mejorar la respuesta de justicia y prevención.

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Protocolo contra la violencia digital: qué cambia en las escuelas y cómo se activará la respuesta

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El estreno de Adolescencia en Netflix no solo capturó a millones de espectadores, sino que también encendió una conversación global sobre cómo los adolescentes viven, construyen y sufren en el ecosistema digital. La serie, que mezcla drama y realismo social, refleja situaciones cotidianas que van desde la presión de las redes sociales hasta fenómenos de riesgo como el ciberacoso, la viralización de contenidos íntimos y la manipulación emocional en entornos virtuales.

El impacto social ha sido inmediato: en foros de discusión, escuelas y medios de comunicación, el programa se convirtió en un espejo incómodo de lo que muchos jóvenes y familias atraviesan a diario. Psicólogos y pedagogos destacan que la narrativa logra poner en palabras y en imágenes lo que muchas veces se silencia en el ámbito familiar: la soledad conectada, el miedo a quedar fuera de los grupos digitales y la búsqueda de validación a través de “likes” y seguidores.

Lo que la serie muestra como ficción –la facilidad con que se puede arruinar la vida escolar de una adolescente o cómo un reto viral puede escalar hasta consecuencias graves– aparece en los borradores técnicos como fenómenos concretos que requieren prevención, detección temprana y protocolos de acción en cada escuela.

El borrador del Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación ante Riesgos y Violencias Digitales en Misiones marca un giro de enfoque: pasa de talleres sueltos y buenas intenciones a una ruta operativa con responsables, plazos y resguardos probatorios. Nace con lógica escolar -porque allí están los chicos-, pero con alcance extramuros: actúa aun cuando el hecho ocurra fuera del horario o del edificio, si involucra a la comunidad educativa o impacta en ella. Y se ancla en un andamiaje legal que va de la Ley Olimpia a la ESI, de la Ley de Grooming al Convenio de Budapest. No es una declaración: es un manual de campo para directivos, docentes, familias y estudiantes.

El documento trabajado por la Vicegobernación, el ministerio de Educación, la Dirección TIC, Silicon Misiones, Fiscalía de Ciberdelitos, Policía y otros organismos, ordena, define y pone nombre a lo que pasa: ciberacoso, grooming, sexting y difusión no consentida de imágenes, sextorsión, phishing/smishing/vishing y estafas, retos virales peligrosos, violencia digital en vínculos afectivos, explotación sexual comercial infantil en línea (ESCNNA), morphing y agresiones en videojuegos, además de discursos de odio y desinformación. Se declara abierto y dinámico: la lista no es cerrada porque las plataformas y prácticas cambian.

El borrador fija principios que atraviesan cada paso: respeto y dignidad, confidencialidad, inmediatez, no revictimización, corresponsabilidad, equidad y enfoque educativo-preventivo. Eso se traduce en decisiones concretas: evitar que la víctima repita su relato, activar contención emocional, preservar evidencia digital sin vulnerar derechos y derivar con prioridad cuando hay delitos.

El protocolo se apoya en normas nacionales (26.904 Grooming; 27.590 “Mica Ortega”; 27.736 “Olimpia”; 26.388 Delitos Informáticos; 25.326 Datos Personales; 26.061 Protección Integral; 26.150 ESI; 26.892 Convivencia; 26.206 Educación) y provinciales (Ley VI-250, su decreto reglamentario y la Resolución 257/2023 sobre Acuerdos Escolares). Suma programas nacionales (Clic Derechos, Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025–2027, Estrategia Nacional de Ciberseguridad) y estándares internacionales (Convenio de Budapest y su Segundo Protocolo). El resultado: coherencia legal para intervenir sin zonas grises.

El corazón del plan es procedimental. Define una secuencia común para todas las escuelas -públicas o privadas, de inicial a superior no universitario- con formularios y actas estandarizadas.

  • Fase 1 | Detección y primera atención. Señales de alerta (cambios de conducta, aislamiento, cuentas falsas, mensajes intimidantes), primer contacto empático y registro inicial.
  • Fase 2 | Registro y primeras acciones. Apertura de expediente, recolección de evidencias (capturas, enlaces, IDs), medidas de seguridad (contraseñas, privacidad, bloqueo).
  • Fase 3 | Evaluación técnica y derivación. Intervención de equipo TIC o peritos informáticos, contención psicológica, derivación a Fiscalía especializada/Policía de Cibercrimen cuando corresponda.
  • Fase 4 | Intervención y acompañamiento. Abordaje educativo y restaurativo, trabajo con el curso si es necesario, guía a familias.
  • Fase 5 | Cierre y evaluación. Informe final, ajustes institucionales y lecciones aprendidas.

Clave probatoria: licitud, integridad y autenticidad de la evidencia; cadena de custodia cuando interven­gan peritos.

La directora general de TIC, Alejandra Pacheco, subrayó el carácter participativo del proceso: “Las áreas que estuvieron en la mesa de trabajo harán sus aportes y sugerencias durante el mes de octubre; nos volveremos a reunir y se armará el documento final. Luego saldrá una resolución del ministerio -ese es el procedimiento formal-, a la que se deberán adherir el Consejo y el SPEPM, y si todo está en orden, la idea es que se comience a implementar en el 2026”.

Además, adelantó que el protocolo no se limitará a la letra oficial: “Irá acompañado de instancias de sensibilización y trabajo en las instituciones por parte de nuestro equipo”. Con ello, la funcionaria busca remarcar que la estrategia no se agotará en normas, sino que implicará presencia activa, talleres y acompañamiento territorial.

Quién hace qué (y cómo se mide)

El protocolo distribuye roles y responsabilidades: el equipo directivo garantiza implementación, activa respuestas urgentes y resguarda registros; los docentes integran ciudadanía digital a sus clases y elevan alertas; preceptores y personal auxiliar observan en patios, pasillos y plataformas; familias acompañan usos en el hogar y notifican; estudiantes se comprometen con normas de convivencia digital; los gabinetes articulan apoyos complejos. Pide indicadores de seguimiento (número de intervenciones, participación, tiempos de respuesta) y reuniones periódicas para corregir desvíos.

No hay protocolo sin prevención. El borrador exige ciudadanía digital en la currícula, campañas y talleres, alfabetización para familias y capacitaciones recurrentes a docentes. Propone coordinación interinstitucional con EDAyO, GPI, Policía de Misiones (Dirección de Cibercrimen), Fiscalía especializada, OCEDIC, equipos de salud y programas como Huellas en la Red (desde 2016), además de iniciativas con Digital Project y Faro Digital.

El documento aterriza qué hacer ante cada modalidad, con pautas de preservación de evidencia, contención y vías de denuncia:

  • Ciberbullying/flaming. Abordaje pedagógico, trabajo grupal, reportes en plataforma; si hay amenazas, derivación penal.
  • Difusión no consentida y sextorsión. No borrar pruebas; reportar para baja del contenido; Línea 102 si hay menores; Línea 144 si hay violencia de género; denuncia ante Fiscalía/Policía.
  • Grooming. Es delito (art. 131 CP): no borrar chats, bloquear acosador, denunciar a MPF/Línea 137.
  • Phishing/estafas. Doble autenticación, verificación de remitentes, denuncia en Cibercrimen; reporte en argentina.gob.ar/ciberseguridad.
  • Retos virales peligrosos, videojuegos y desinformación. Controles parentales, alfabetización mediática, verificación de fuentes y trabajo de convivencia en aula.

Cada escuela deberá institucionalizar el protocolo (aprobación en el Consejo o autoridad competente), incluirlo en el PEI y en los Acuerdos de Convivencia, abrir canales oficiales (correo/formulario), y sostener capacitación permanente. Se recomiendan fichas estandarizadas (notificación, intervención, seguimiento, cierre) y sistemas de resguardo seguro de documentación, con acceso restringido y respeto a la Ley 25.326.

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