VIVIENDA

¿Por qué se desaceleró el crédito hipotecario en 2026 y cuáles son las trabas que frenan las operaciones?

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Después del fuerte impulso que mostraron los créditos hipotecarios durante 2025, el mercado comenzó a exhibir un ritmo más moderado en 2026. Para los operadores inmobiliarios, el interés de los compradores sigue vigente, pero las condiciones que imponen los bancos están dificultando el acceso al financiamiento y limitando la cantidad de operaciones que finalmente se concretan.

Oscar Puebla, director de Puebla Inmobiliaria, considera que uno de los principales obstáculos está en los criterios con los que las entidades financieras evalúan a los solicitantes. Según explicó, muchas personas interesadas en comprar una vivienda quedan fuera del sistema porque no alcanzan la calificación exigida o reciben una aprobación insuficiente para adquirir la propiedad que buscan.

“Hay mucha gente que se presenta y no reúne las condiciones para obtener la calificación necesaria. En muchos casos, el monto que les aprueban tampoco alcanza para concretar la compra”, afirmó.

¿Cuáles son las principales trabas de los bancos para otorgar créditos?

A su entender, las entidades financieras deberían revisar sus parámetros de evaluación y otorgar mayor peso a la garantía que representa el propio inmueble.

  • Calificación exigida rigurosa: Muchos interesados no reúnen las condiciones necesarias que imponen los bancos.
  • Montos de aprobación insuficientes: El capital prestado no alcanza para cubrir el valor real de la propiedad que se busca adquirir.
  • Falta de flexibilidad en la evaluación: El historial crediticio es importante, pero no debería ser el único factor determinante. “Si alguien va a hipotecar una propiedad que vale 120.000 dólares, la garantía es justamente esa propiedad”, sostuvo Puebla.

¿Cómo se comporta la demanda del mercado inmobiliario en 2026?

Pese a estas dificultades regulatorias y financieras, Puebla asegura que la demanda no desapareció. Por el contrario, afirma que existe un importante interés de compra enfocado en segmentos específicos.

  • Fuerte interés en unidades de menor valor: “Las publicamos y se venden enseguida. Eso demuestra que están baratas y que hay una demanda muy fuerte”, señaló el empresario.
  • Cambio en el perfil del comprador: El movimiento actual está impulsado principalmente por familias que necesitan una vivienda para uso propio. Esto marca una diferencia respecto a ciclos anteriores del mercado inmobiliario, donde predominaban los inversores que buscaban resguardar capital o transformar sus pesos en ladrillos.

Financiamiento privado: ¿una alternativa al sistema tradicional?

Como respuesta a la desaceleración del crédito bancario, comienzan a surgir alternativas de financiamiento privadas que buscan complementar la oferta del sistema tradicional.

Aunque estas opciones todavía presentan costos elevados, podrían ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda para aquellos solicitantes rechazados por la banca comercial. En este contexto, Puebla considera que una mayor competencia entre las distintas fuentes de financiamiento podría contribuir a dinamizar nuevamente el mercado y facilitar el acceso al crédito para un mayor número de compradores.

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Misiones sostiene la política habitacional con fondos propios, 23 nuevas adjudicaciones en San Vicente

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Un gesto político en clave de gestión territorial. El 2 de abril, en Posadas, el gobernador Hugo Passalacqua participó del sorteo de la convocatoria N.º 268 del IPRODHA, que definió 23 cupos para familias de San Vicente que avanzarán en el proceso de adjudicación de lotes con servicios y módulos habitacionales básicos.

El dato central no es solo el número. En un escenario económico restrictivo y sin financiamiento nacional, la provincia reafirma una decisión política: sostener la política habitacional con recursos propios. La pregunta que subyace es inevitable: ¿puede una provincia sostener en el tiempo una agenda de vivienda sin respaldo de la Nación?

Un esquema propio en un contexto adverso

La operatoria forma parte de una política pública sostenida por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) a cargo del mecanismo de sorteo. El procedimiento definió quiénes podrán presentar documentación, paso previo a la adjudicación efectiva.

El modelo que impulsa la provincia no se centra en viviendas completas, sino en una lógica progresiva: lotes con servicios y un módulo habitacional básico. Se trata de unidades de 28 metros cuadrados, con cocina-comedor, baño, lavadero y una estructura preparada para futuras ampliaciones.

Este enfoque traduce una decisión técnica en una lectura política. Frente a restricciones presupuestarias, el Gobierno provincial opta por soluciones escalables que combinan intervención estatal y esfuerzo familiar. La vivienda deja de ser un producto terminado y pasa a ser un proceso.

El presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira, encuadró la medida dentro de una continuidad de gestión y remarcó que el esquema se sostiene “con el esfuerzo de todos los misioneros”, en un contexto donde no hay financiamiento nacional disponible.

Recursos propios y construcción de autonomía política

El avance del programa tiene implicancias más amplias que lo estrictamente habitacional. Al sostener obras y adjudicaciones con recursos provinciales, el Ejecutivo misionero refuerza un perfil de autonomía en la gestión pública.

En términos de poder, la política habitacional funciona como herramienta de presencia territorial. La ejecución de soluciones concretas —aunque sean progresivas— impacta directamente en la legitimidad del gobierno provincial, especialmente en contextos de crisis.

Al mismo tiempo, el esquema evita la dependencia de transferencias nacionales, pero introduce una restricción: el ritmo de ejecución queda atado a la capacidad fiscal propia. Esa tensión entre autonomía y escala aparece como uno de los puntos críticos del modelo.

Transparencia, territorialidad y límites del modelo

El sorteo, realizado a través de plataformas digitales del IPLyC y con certificación notarial, buscó reforzar la transparencia del proceso. La publicación de resultados y el contacto directo con beneficiarios apuntan a ordenar la operatoria y evitar intermediaciones.

En el corto plazo, el foco estará en la continuidad de las adjudicaciones en San Vicente y en el avance de obras en otras localidades. Pero el desafío es más amplio: sostener el volumen de soluciones habitacionales en un contexto económico que sigue siendo restrictivo.

El modelo de módulos progresivos permite ampliar cobertura, pero también traslada parte de la carga al beneficiario. Esa lógica, efectiva en términos de escala, abre interrogantes sobre los tiempos reales de acceso a una vivienda completa.

Una política que se sostiene, pero bajo presión

La presencia del gobernador en el sorteo no fue solo institucional. Funcionó como señal política de respaldo a una de las áreas más sensibles de la gestión: el acceso a la vivienda.

La estrategia está clara: mantener la política activa, aun sin financiamiento externo, y sostener presencia territorial con soluciones concretas. La incógnita es si ese esquema podrá escalar sin afectar otras prioridades fiscales o si obligará a redefinir ritmos y alcances en los próximos meses.

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Ucrania necesitará casi tres PBI para reconstruirse: nuevo informe del Banco Mundial y la UE

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Cuatro años después de la guerra con Rusia, la nueva Evaluación Rápida de Daños y Necesidades (RDNA5) estima que la recuperación y reconstrucción de Ucrania demandará casi USD 588.000 millones en la próxima década. La cifra —equivalente a más de EUR 500.000 millones— representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y expone la magnitud fiscal, económica e institucional del desafío.

La evaluación, publicada de manera conjunta por el Gobierno de Ucrania, el Grupo del Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas, releva 46 meses de impacto —entre febrero de 2022 y diciembre de 2025— y actualiza el mapa sectorial de daños, pérdidas y necesidades. El informe no sólo cuantifica destrucción física: también delimita prioridades de política pública, reformas estructurales y condiciones para movilizar inversión privada.

Daños acumulados y sectores críticos: energía, transporte y vivienda concentran el impacto

Al 31 de diciembre de 2025, los daños directos superan los USD 195.000 millones (EUR 166.000 millones), frente a los USD 176.000 millones (EUR 150.000 millones) estimados en la RDNA4 de febrero de 2025. Es decir, en menos de un año el daño relevado aumentó en casi USD 19.000 millones.

Los sectores más afectados son:

  • Transporte: más de USD 96.000 millones (EUR 82.000 millones) en necesidades de reconstrucción.
  • Energía: casi USD 91.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Vivienda: casi USD 90.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Comercio e industria: más de USD 63.000 millones (EUR 54.000 millones).
  • Agricultura: más de USD 55.000 millones (EUR 47.000 millones).

Además, la gestión del riesgo de explosivos y la remoción de escombros demandan casi USD 28.000 millones (EUR 24.000 millones).

En el frente energético, el informe registra un aumento aproximado del 21% en activos dañados o destruidos desde la RDNA4, incluyendo generación, transmisión, distribución y calefacción urbana. El transporte también se deterioró: las necesidades crecieron alrededor del 24% por la intensificación de ataques a ferrocarriles y puertos durante 2025.

En vivienda, al cierre de 2025, el 14% del parque habitacional resultó dañado o destruido, afectando a más de tres millones de hogares. La concentración geográfica de daños se mantiene en provincias de primera línea y grandes áreas metropolitanas.

“Cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia, el costo total de la reconstrucción y recuperación de Ucrania se estima en casi 588.000 millones de dólares durante la próxima década, casi el triple del PIB nominal proyectado para 2025”, afirmó la primera ministra Yulia Svyrydenko. Y agregó: “La asistencia nos ayuda a reparar urgentemente nuestra infraestructura crítica para mantener el país en funcionamiento, así como a continuar con las actividades de recuperación sistemáticas”.

Financiamiento inmediato y rol del sector privado: reformas como condición para la inversión

Para 2026, el Gobierno de Ucrania prevé ejecutar más de USD 15.000 millones en proyectos de inversión pública y programas esenciales, incluyendo financiamiento de viviendas destruidas, desminado y apoyo económico multisectorial. Desde febrero de 2022, ya se habrían cubierto al menos USD 20.000 millones mediante reparaciones urgentes y recuperación temprana en sectores estratégicos.

Sin embargo, la magnitud del esfuerzo excede con creces la capacidad fiscal doméstica. En este punto, el informe enfatiza el papel del sector privado y la necesidad de reformas estructurales. La RDNA5 sostiene que liberar el potencial de inversión —nacional e internacional— dependerá de:

  • Mejoras en el entorno empresarial.
  • Fortalecimiento de la competencia.
  • Ampliación del acceso al financiamiento.
  • Superación de restricciones laborales.
  • Alineamiento con estándares verdes y digitales de la Unión Europea.

Anna Bjerde, Directora Gerente de Operaciones del Banco Mundial, subrayó: “El Grupo Banco Mundial mantiene su firme compromiso de apoyar la recuperación y reconstrucción de Ucrania y de ayudar a su población a progresar con empleos, oportunidades y esperanza en una economía resiliente, moderna y competitiva”.

La dimensión institucional aparece como eje transversal. La evaluación complementa la agenda de reforma e inversión del Mecanismo para Ucrania y el proceso de adhesión a la UE, integrando programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. La estrategia económica posguerra —denominada Economía Ucraniana del Futuro (UEF)— se centra en estabilidad macrofiscal, gobernanza, estado de derecho, dinamismo privado e inversión en capital humano.

Reconstrucción, convergencia europea y resiliencia social

El volumen de USD 588.000 millones redefine cualquier parámetro comparativo regional. Representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y consolida a Ucrania como el mayor programa de reconstrucción en Europa en décadas.

Desde el punto de vista macroeconómico, el desafío es doble. Por un lado, sostener el funcionamiento del Estado y los servicios esenciales en contexto de conflicto. Por otro, diseñar una arquitectura financiera que combine ayuda multilateral, financiamiento concesional, inversión privada y reformas estructurales.

La dimensión social tampoco es marginal. Matthias Schmale, Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Ucrania, afirmó: “El recurso más importante de Ucrania es su gente. El retorno de los refugiados, la reintegración de los veteranos y la participación de las mujeres en la fuerza laboral determinarán la recuperación económica tanto como los flujos de capital y la reconstrucción de la infraestructura”.

En consecuencia, la reconstrucción no se limita a infraestructura física. Implica reconstruir capital humano, fortalecer instituciones y garantizar sostenibilidad fiscal y ambiental. La convergencia con la Unión Europea aparece como ancla estratégica de mediano plazo, tanto para reformas regulatorias como para la atracción de inversión.

En síntesis, la RDNA5 no sólo actualiza cifras: redefine el mapa de prioridades económicas y políticas para la próxima década. El desafío financiero es monumental, pero el componente institucional —reformas, gobernanza y confianza— será determinante para transformar destrucción en oportunidad de convergencia y modernización.

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El 2% dice presente

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Para la consultora Ecolatina el IPC núcleo creció 1,9% y anticipa un cierre de año cercano al 30% de inflación.

La inflación nacional registró en septiembre un aumento del 2,1% mensual, según los datos del INDEC, marcando una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto y convirtiéndose en la variación más alta desde abril. Aun así, los precios se mantienen dentro del rango previsto por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, que proyectaba un alza similar.

Con este registro, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un incremento del 22% en lo que va de 2025, mientras que la inflación interanual se ubica en 31,8%, el valor más bajo desde mediados de 2018. El dato consolida la tendencia de moderación inflacionaria observada en los últimos trimestres, en un contexto de mayor estabilidad cambiaria y retracción del consumo.

Combustibles, vivienda y educación lideraron las subas

De acuerdo con el informe oficial, los precios regulados —que incluyen tarifas y combustibles— registraron el mayor incremento, con un 2,6% mensual, impulsado por las subas en combustibles (+3,9%) y electricidad, gas y otros servicios (+3,0%).

Los precios estacionales avanzaron 2,2%, revirtiendo la caída de agosto (-0,8%). Dentro de esta categoría, frutas y verduras aumentaron 5,2%, reflejando la volatilidad del sector agroalimentario. En contraste, la indumentaria —que suele acelerarse con el cambio de temporada— mostró un alza moderada del 1,1%, por debajo de lo esperado.

El IPC Núcleo, que excluye precios regulados y estacionales y refleja con mayor precisión la dinámica de fondo de la inflación, se incrementó 1,9% y desaceleró 0,1 puntos respecto de agosto. Este comportamiento sugiere que el proceso inflacionario continúa bajo control, con un traslado a precios (pass-through) limitado frente a las variaciones del tipo de cambio.

“La inflación núcleo se mantiene por debajo de la evolución del tipo de cambio oficial, que subió 5,5% en el mes”, detalla el informe. “Esto confirma que la economía atraviesa un régimen inflacionario moderado, influido por una mayor apertura comercial y menor actividad económica”.

En la comparación por sectores, vivienda, agua, electricidad y gas fue la división con mayor aumento (+3,1%), seguida por educación (+3,1%) y transporte (+3,0%). Por el contrario, restaurantes y hoteles tuvo el menor incremento (+1,1%), reflejando la desaceleración del consumo en servicios.

Bienes vs. servicios: la brecha se amplía

La diferencia de comportamiento entre bienes y servicios sigue marcando el pulso de la inflación. En septiembre, los bienes subieron 2,0%, mientras que los servicios aumentaron 2,3%. En el acumulado anual, los bienes trepan 17,9%, pero los servicios casi duplican ese ritmo con 31,2%, impulsados por los ajustes en tarifas y alquileres.

La tendencia confirma que el peso de los costos regulados y los servicios públicos continúa siendo determinante en la dinámica inflacionaria, a pesar de la estabilidad del tipo de cambio y de la política monetaria restrictiva que limita la demanda agregada.

Octubre por encima del 2% y un cierre del año en torno al 30%

Para octubre, las proyecciones oficiales y privadas anticipan que la inflación volverá a ubicarse por encima del 2% mensual, con especial atención en la evolución del tipo de cambio y la política cambiaria hacia fin de año.

La estabilidad lograda hasta ahora —explicada por la mayor apertura comercial, la contracción del crédito y el anclaje salarial— permitió reducir el pass-through y evitar un salto inflacionario mayor, incluso en un contexto de incertidumbre electoral y restricciones cambiarias.

“Estimamos que la inflación cierre 2025 en torno al 30% anual, algo por encima de lo previsto meses atrás, pero marcando una fuerte desaceleración respecto de 2024”, concluye el informe.

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Nación transfiere a provincias la responsabilidad sobre personas en situación de calle y acceso a vivienda

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El Gobierno redefine su rol ante la crisis habitacional: las provincias asumirán la ejecución de políticas para personas en situación de calle

Cambio de paradigma en la política social federal. Con el Decreto 373/2025, el Gobierno nacional modificó de manera sustancial la Ley N° 27.654, que regula los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo. La nueva normativa consolida un enfoque federal en la atención de esta problemática, transfiriendo a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la responsabilidad inmediata en la formulación y ejecución de políticas públicas, mientras que el Estado Nacional asumirá un rol subsidiario y rector.

El nuevo marco legal: rectoría nacional, acción local

El artículo 3° de la Ley N° 27.654 fue reformulado para precisar que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano será la Autoridad de Aplicación, con funciones limitadas a establecer lineamientos generales y brindar asistencia a las jurisdicciones cuando estas carezcan de recursos técnicos o financieros suficientes.

Esta modificación apunta a evitar la superposición de políticas entre niveles de gobierno y a mejorar la eficacia de la asistencia, reconociendo que los gobiernos locales tienen mayor cercanía y capacidad operativa para abordar la situación de calle en sus territorios.

La vivienda digna como responsabilidad descentralizada

El artículo 10 de la ley también fue sustituido, dejando explícito que serán las jurisdicciones locales —en coordinación con la autoridad nacional— las encargadas de implementar políticas públicas para garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna. Se habilita a cada provincia a diseñar soluciones flexibles, como subsidios, centros de inclusión social o asesoramiento legal, adaptadas a su realidad presupuestaria y territorial.

A su vez, se eliminó el inciso a) del artículo 12, que impedía revisar o reemplazar programas sociales preexistentes. Según el Gobierno, esta cláusula obstaculizaba la implementación de políticas eficaces al impedir la reformulación de esquemas ineficientes o redundantes.

Diagnóstico territorial y fundamentos del decreto

El Ejecutivo argumenta que la aplicación uniforme de una política nacional en materia de situación de calle resultó ineficaz debido a la heterogeneidad social, geográfica y demográfica del país. En el documento se citan ejemplos de programas locales exitosos, como la Unidad de Atención Primaria de Salud Itinerante (UAPSI) en Mendoza, el “Operativo en Red” de Misiones, y los marcos legales ya vigentes en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Desde esta perspectiva, se busca evitar la “burocratización ineficiente” y mejorar el impacto real de las políticas públicas. El decreto destaca que, a través de la coordinación nacional y la ejecución local, se podrá brindar una respuesta más precisa y ajustada a las necesidades de cada población.

El nuevo esquema será informado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, como lo establece la Ley N° 26.122 para los decretos delegados. A partir de ahora, se abre un proceso de adecuación normativa y operativa que requerirá de la articulación entre Nación, provincias y municipios.

Con esta redefinición, el Gobierno de Javier Milei avanza en su propuesta de reorganización administrativa del Estado, en línea con los ejes de la Ley Bases y el DNU 70/2023, y apunta a una mayor eficiencia del gasto público, bajo criterios de descentralización, responsabilidad fiscal y resultados concretos.

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