VIVIENDA

Macri anunció créditos hipotecarios en cuotas bajas, pero los salarios ¿alcanzan?

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El Gobierno anunció la creación de un fondo compensador para atenuar el impacto de la inflación sobre las cuotas de los 35.000 créditos hipotecarios UVA otorgados bajo el sistema Procrear. El sistema alcanzará a los préstamos ya otorgados y a los que se concedan a partir de ahora. El presidente Macri lo catalogó como “un gran anuncio” a través de su cuenta en Twitter, pero, con una caída de los salarios de más del 10%, es difícil acceder a uno de ellos.
El Presidente de la nación Mauricio Macri anunció a través de su cuenta en Twitter un nuevo paquete con foco en el acceso a la vivienda: llamado para los créditos Procrear para 10.000 familias, un sistema de protege a los deudores de hipotecas en UVA, un proyecto de Ley para alquileres y líneas de subsidios para refacciones.
“GRAN ANUNCIO! CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON CUOTAS DE $13.000. Hoy estamos muy contentos porque presentamos 10.000 nuevos créditos hipotecarios para compra de viviendas de uso familiar, con cuotas promedio de $13.000 por mes”, fue el primer tuit del Presidente.
Y siguió: “En este caso, las familias solo necesitarán el 10% del valor de la propiedad para ingresar al crédito. Hasta un 20% del valor total será aportado por PROCREAR”.
“Además, para cubrir cualquier riesgo, desarrollamos un seguro especial contra las eventuales distorsiones entre el valor de la cuota del crédito y los incrementos salariales que pueda producir la inflación”, agregó.
“Es una gran noticia. La vivienda es la pieza clave para la estabilidad de la familia y la familia es la pieza clave del cambio”, finalizó en un cuarto tuit.
Los mismos tendrán un plazo de 30 años a una tasa del 7,5% que se sumará a la actualización inflacionaria que aplica el índice UVA. La inscripción se abrirá a mediados de junio y se ejecutará a través de los bancos públicos como el Nación, el Provincia y el Ciudad.
El mayor incentivo es el subsidio del 20% que ofrecerá el Estado al total del crédito, que solamente podrá estar destinado a una primera vivienda de hasta 4,9 millones de pesos y a argentinos nativos o naturalizados con ingresos formales de entre 2 y 7 salarios mínimos.
Según explicaron ayer el ministro de Interior Rogelio Frigerio y el secretario de Vivienda, Ivan Kerr, el sistema funcionará así: A partir de los próximos créditos Procrear al valor de cada cuota se añadirá un seguro por un costo equivalente al 1,5% de dicha cuota. En el caso que se tomó como ejemplo -préstamo a 30 años por 2 millones, cuota de $ 14.000, el costo del seguro será de $ 210 pesos.
Este fondo entrará en acción a partir de que el salario pierda 10 puntos porcentuales contra la inflación. Ejemplo. Si la inflación acumulada desde el inicio del crédito es del 40%, y el índice salarial creció solo 25%, el seguro cubrirá el 5% excedente, dado que el deudor debe soportar por sí mismo un desfasaje de hasta 10 puntos entre salario e inflación . De este modo, el deudor nunca pagará una cuota superior a la que surgiría del ajuste por el índice salarial más el 10%. Según explicaron desde el Gobierno.
El objetivo de la Rosada es que el programa acapare el gasto de los créditos que otorgará la Anses, y así logre un efecto más potente en la alicaída industria de la construcción que hace 6 meses muestra un altísimo desplome.


¿Y los salarios?
El anuncio fue cuestionado por los usuarios de la red social, que alegaron que acceder a un crédito era “imposible” en un país donde “el salario no alcanza”. Otros fueron más allá y fueron más pesimistas, alegando que para poder conseguir un crédito “primero necesitamos trabajo”.
Y es que en esa línea, según el primer dato oficial que publicó la Secretaría de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el Ripte (Remuneración Imponible Promedio para el Trabajador Estable), detalló en febrero que la aceleración de la inflación y pautas paritarias que quedaron por detrás de la suba esperada de los precios al consumidor, determinaron que el salario real cayera 11,54% interanual el año pasado.
A su vez, el salario mínimo vital y móvil perdió 13,6%, al subir 27,59%, a 11.300 pesos.
En el promedio del año, los salarios quedaron menos rezagados frente a la inflación: fue de unos 7 puntos, por haber avanzado 27,09%, en comparación con una tasa de inflación promedio de 34,24%.

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Perié propone crear el Instituto Municipal de Viviendas en Posadas

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Se trata de una iniciativa del candidato a jefe comunal del FPays para Posadas, Eduardo “el Mono” Perié, quien explicó que el I.MU.VI solucionaría “el grave problema habitacional que sufre la ciudad de Posadas”.
“El Mono”, apodado así por sus simpatizantes y amigos, explicó que “un Instituto Municipal de Viviendas generaría una política seria de Estado por parte del municipio con respecto al grave problema habitacional que sufre la ciudad de Posadas”.
Con este proyecto Perié pretende abocarse de lleno a la problematica de asentamientos irregulares, planificación de infraestructura y calidad de vida de los vecinos del municipio posadeño.
“Con aportes propios, de Yacyretá y organismos internacionales crearé este ente municipal que se encargará de resolver dos cuestiones de las que el municipio no se puede desentender: la vivienda digna y la generación de empleo y a partir de allí mostraremos una planificación y gestión ejemplar en materia de servicios e infraestructura de estos Barrios Modelos como los llamaremos, con un fuerte hincapié en la cuestión ecológica y ambiental” expuso el dirigente.
“Con un organismo de estas características podremos redefinir la ciudad en términos habitacionales futuros y también encargarnos de funcionar como fiscalizadores y control de la actuación del IPRODHA por ejemplo que hoy es una gran inmobiliaria que en nada reditúa a los trabajadores en su accionar” concluyo Perié, quien es un conocido comerciante posadeño y actualmente candidato a Intendente por el sublema Fuerza Ciudadana del Frente Popular Agrario y Social.

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Latinoamérica: dos de cada tres familias necesitan mejor vivienda, no una nueva

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Hasta hace unos años, Colombia estaba en los primeros lugares de la lista de déficit de viviendas nuevas en América Latina. Tras años de inversión y a través de programas de vivienda gratuita y el otorgamiento de generosos subsidios para incentivar la compra de vivienda, el país, al igual que en su momento Brasil, Chile y México, redujo significativamente su déficit cuantitativo de vivienda.
Hoy día, sin embargo, el problema es otro: la baja calidad y resiliencia de las construcciones. Según el Banco Mundial, dos de cada tres familias que tienen un problema de vivienda en América Latina necesitan una mejor, no una nueva.
¿Cómo detectar que una vivienda es de mala calidad? Hay cuatro aspectos básicos: estructura, acceso a servicios, calidad de la tenencia y ubicación.
En la región, este problema se agrava debido a la recurrencia y, sobre todo, la severidad de los desastres causados por fenómenos naturales, además de los altos costos de la reconstrucción que pueden llegar a ser entre 4 y 10 veces más altos que la prevención.
Por ejemplo, los daños y pérdidas a la vivienda ocasionados por desastres naturales entre 1998 y 2016 en Colombia ascendieron a 5.600 millones de dólares, vinculados a más de 30 mil emergencias que dejaron cerca de 1.7 millones de viviendas afectadas. Esta cifra es 65% mayor a todo lo que el gobierno invirtió en programas de vivienda desde 2012 y ni siquiera incluye los costos de vidas humanas perdidas y trastornadas por estos eventos.
Reacción
Ante este escenario, Colombia creó en 2018 el programa Casa Digna, Vida Digna para reforzar las estructuras y mejorar la calidad de las viviendas existentes en el país, a una fracción del costo de la construcción de una nueva. A través de este programa, el gobierno podrá salvar y mejorar la calidad de vida de la población y proteger los activos de las familias, sin perturbar drásticamente las dinámicas sociales y económicas.
Se estima que este programa beneficiará a cerca de medio millón de hogares que necesitan mejor vivienda, no una nueva.
“Un gran atributo del programa es su integralidad, pues contempla la tenencia legal de la vivienda, su seguridad física, la mejora de sus acabados y la calidad del entorno. También tiene la virtud de vincular a los gobiernos locales tanto en el diseño como en la implementación de las soluciones, sacando provecho de su mejor conocimiento del territorio, al tiempo que se profundiza el proceso de descentralización. Finalmente, su impacto social es notable, dado que la materialización de las metas permitirá sacar a un millón de colombianos de la pobreza multidimensional”, explica Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia.
Para el actual cuatrienio, el gobierno se ha trazado una ambiciosa meta de 600 mil mejoramientos de viviendas, cifra que muchos analistas y expertos, sin embargo, consideran ambiciosa, dada la incertidumbre que todavía existe sobre la disponibilidad de financiamiento para el programa y por el complejo tejido institucional que deberá operar de forma fluida para llegar a la meta. Se espera que tanto el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como el Departamento de Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura realizarán mejoramientos de vivienda y contribuirán al cumplimiento de la meta.
Para Luis Triveño, especialista en Desarrollo Urbano del Banco Mundial, si bien las metas son ambiciosas, muestran el compromiso del gobierno para corregir aspectos de la política de vivienda del país que le daban la espalda a las familias de menores ingresos.
“Estas familias, lamentablemente, por décadas han construido su vivienda de forma incremental y sin la debida asistencia técnica. Con Casa Digna, Vida Digna, podrán finalmente acceder a mano amiga del Estado para que su vivienda no solo sea más cómoda, sino que también sea resiliente ante desastres naturales como los terremotos”, señala Triveño.
Recomendaciones
Con el ánimo de apoyar esta agenda de vivienda resiliente, el Banco Mundial elaboró un análisis del desempeño de los programas de vivienda para el Gobierno de Colombia y formuló recomendaciones para que la política de vivienda en el país sea más eficiente, resiliente y efectiva.
“Hemos analizado experiencias internacionales exitosas en la generación de suelo para la provisión de vivienda social bien localizada y en el despliegue de programas masivos de mejoramiento de vivienda que protejan a la población más vulnerable ante desastres naturales y eventos vinculados al cambio climático”, afirma Vanessa Velasco, especialista de Desarrollo Urbano del Banco Mundial.
Para apoyar al gobierno de Colombia en su esfuerzo por modernizar sus políticas y programas de vivienda, el Banco Mundial propuso reflexionar sobre los siguientes aspectos:

  • La existencia de un órgano rector que determine las acciones en materia de vivienda. Asimismo, la articulación y armonización de los distintos actores del Estado para mejorar su eficiencia.
  • La coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales en las zonas más expuestas a riesgo de desastres para canalizar las inversiones.
  • El uso de la tecnología para la generación de sistema de información detallada y precisa que permita evaluar el impacto de los subsidios y planificar su asignación futura.
  • La calibración de los incentivos del Estado para promover la participación de hogares y el sector privado en el mejoramiento de vivienda y el arrendamiento.
  • La diversificación de productos financieros tanto para las familias como para los desarrolladores.
  • La racionalización de los programas de vivienda para mejorar su focalización, minimizar su regresividad y evitar las filtraciones, para así orientar los recursos hacia los segmentos de más bajos ingresos.
  • La gestión del suelo que garantice la provisión de suelo urbanizado bien localizado y la inclusión de vivienda.
  • La integración de la gestión de desastres como parte de la política de vivienda y la utilización activa de los subsidios para promover el reasentamiento voluntario en zonas de riesgo no mitigables.
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Opositores impulsan sesión especial sobre créditos UVA: piden que se ajuste como el salario mínimo

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La oposición buscará prohibir las ejecuciones y ponerle un tope a las cuotas. Será clave la reunión del próximo martes con el secretario de Vivienda
iProfesional – La discusión por el incremento del valor de las cuotas por los créditos otorgados en UVA se intensifica en el Congreso y crecen las chances de que se impulse una ley que establezca un tope de pago.
Mientras trata de reformar los proyectos presentados durante el 2017 y 2018 porque quedaron desactualizados por los cambios de contexto, la oposición en la Cámara de Diputados analiza convocar a una sesión especial.
Esto se debe a que, según dicen desde el peronismo y los sectores de damnificados autoconvocados, el oficialismo se niega a tratar el tema en las comisiones que tienen a cargo y que, reglamentariamente, deben analizarlo.
En un principio, cada bloque opositor impulsaba su propio texto, pero ahora buscan unificar las distintas propuestas en una sola. Es que consideran que de esta manera obligarán a Cambiemos a sentarse a escuchar y debatir la problemática. Así tendrían un as bajo la manga porque si se suman todos los bloques antimacristas, lograrían el número de legisladores necesarios para aprobarlo tanto en Diputados como en el Senado.
Por ahora, solo se reunió la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, que invitó a exponer al secretario de Vivienda de la Nación y presidente del Procrear, Iván Kerr, para el próximo martes 26.
De mínima, por pedido de las Asociaciones de Defensa del Consumidor inscriptas en el Registro Nacional (RNAC) y a grupos de autoconvocados por los créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), quieren que se declare la situación de emergencia, lo que obligaría a poner un límite en el incremento de las cuotas.
El diputado Carlos Selva, del Frente Renovador, le dijo a iProfesional que, de acuerdo al colectivo de autoconvocados, “hay más de 100.000 familias que hoy ven opacado el sueño de la casa propia en virtud de que los créditos UVA se volvieron impagables, que desde el Estado no obtienen una solución”.
“La situación es urgente y amerita la emergencia y sobre todo frenar las ejecuciones. No puede ser que el Estado, que hoy subsidia a empresas de energía, haga oído sordos y no dé una solución a quienes fueron motivados por el mismo Gobierno para acceder a los préstamos en UVAs que hoy se tornaron usurarios”, agregó el legislador.
El Frente Renovador pretende que las cuotas de los préstamos no deban superar el coeficiente salarial y aumentar más que los salarios pero lo urgente es que el Poder Ejecutivo suspenda las ejecuciones.
La titular de la comisión, diputada Marcela Passo (FUNA), exhortó a que se “busque una solución” y reclamó que “de los cinco proyectos presentados ninguno ha sido girado a esta comisión” para su tratamiento.
“Muchos de los hipotecados han sido despedidos de sus trabajos, la propuesta del índice retroactivo se explica porque el conflicto mayor se produce con la inflación del 47 por ciento de 2018. Estamos en una emergencia, es necesario hacer algo en el corto plazo”, relataron los deudores.
En tanto, la diputada Mónica Macha, del bloque FpV-PJ, sostuvo que no se discuten los proyectos por una “decisión del oficialismo” y calificó a los créditos como “un sistema especulativo de los bancos”. A su vez, prometió abogar por un dictamen que sea sirva para buscar una solución.
En este sentido, los autoconvocados dicen que desde hace unos meses comenzaron a darse los primeros casos de ejecución de viviendas porque los tomadores no pudieron seguir pagando el crédito.
Una UVA atada al salario mínimo
A la mencionada reunión no se acercó ningún diputado de Cambiemos. Desde el PRO argumentan que las viviendas se valorizaron en dólares, ahora valen el doble en pesos y al mismo tiempo, la devaluación licuó fuertemente la deuda medida en moneda nacional. Además remarcan que la cuota tenderá a morigerarse una vez que baje la inflación y que los deudores poseen un mecanismo para pagar un monto menor extendiendo los plazos.
Pero, tal como señaló iProfesional hace unos días, los deudores destacan que “no quieren extenderse aún más tiempo para saldar la deuda, ya que la gran mayoría son a 20 o 30 años y porque la reducción en la cuota es de menos de 14%, por lo que el beneficio va a volver a ser devorado por la inflación en algún momento”.
Otro obstáculo que tendrán los afectados será que el proyecto deberá pasar por la comisión de Finanzas que preside Eduardo Amadeo y de Presupuesto, a cargo de Luciano Laspina, ambos del oficialismo.
Además del tope, la oposición quiere que la UVA se retrotraiga al momento en que comenzó la devaluación y se calcule en función de la variación del salario mínimo vital y móvil. También se tratará de fijar la suspensión de las ejecuciones, que era un punto coincidente en todas las iniciativas ya presentadas.
El diputado salteño, Andrés Zottos, consideró que “las alternativas deben ser simples, sin letra chica, ni extensiones de plazos o refinanciaciones que sigan perjudicando a quienes están haciendo todo el esfuerzo por llegar su vivienda propia”.
Para el mencionado legislador, quien debe hacerse cargo de las pérdidas es el Estado ya que licuó los ingresos con la inflación, y recortó en forma alarmante el poder adquisitivo de los ciudadanos.
El proyecto que presentó Zottos el año pasado pide que se respete el valor de las cuotas al 30 % como máximo de los ingresos familiares, se impidan ejecuciones, remates y desalojos que tengan como garantía la vivienda única familiar.
Hay que destacar que la comisión de Presupuesto debe intervenir porque el nuevo proyecto contemplaría un subsidio a las tasas y una reducción la carga impositiva de estas operaciones, lo que estaría a cargo del Estado nacional.
En representación de los tomadores de créditos UVA, Carla Figueroa expresó que “estamos siendo perjudicados en nuestra calidad de vida” y afirmó que “esperamos una respuesta que contemple nuestra situación”.
El titular de DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores), Pedro Busetti, recordó que con la ley aprobada en septiembre de 2016 ya se “veía este final ” y reclamó al Ejecutivo resguardar el derecho a la vivienda y una ley de emergencia para resolver “de inmediato la situación”.
Por su parte, el diputado José Luis Ramón, del Bloque Protectora, se mostró crítico con el Ejecutivo porque según dijo “fue una oferta de propaganda del gobierno que se apoderó del sueño de las familias” y que responde a “cuidar el interés económico de los bancos”.

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Inundaciones: prever el futuro

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La provincia de Misiones se vio afectada por múltiples acontecimientos atmosférico a raíz del cambio climático que se produce en el mundo derivado del aumento constante de la temperatura y que traen consecuencias negativas a miles de pobladores de diversas  regiones y en especial los que viven en las poblaciones lindantes con el Rio Uruguay cuyo caudal histórico de 5.000 metros cúbicos por segundo llega en estos días a 25.000 arrasando a su paso con las consecuencias de la destrucción de caminos, rutas, cultivos, campos de pastoreo y de la infraestructura cuya reposición requiere cuantiosas inversiones que no están al alcance de la provincia y sí, necesita la ayuda nacional y créditos internacionales como los del BID o el Banco Mundial.
Pero el impacto más grave tal vez sea la incidencia en las familias que tienen que desplazarse a otros lugares por la pérdida de la vivienda, la falta de electricidad, alimentos, aparición de enfermedades respiratorias que afectan especialmente a las familias de escasos recursos y dejan un tendal de pobladores al borde de la desesperación, por la pérdidas de sus enseres hogareños y la necesidad de recomenzar su vida desde la nada. Es la oportunidad de construir casas dignas para los sufridos habitantes de Misiones que han sido afectados por la creciente y dotarlos de comodidades a las que son habituales o mejorarlas, para que de esta manera no abandonen la región en que han vivido durante toda su vida y en algunos casos lo han hecho sus padres y abuelos
Dado que las predicciones meteorológicas anticipan años lluviosos, fuera de los parámetros que han afectado a nuestra provincia a lo largo de las últimas décadas, y dado la impotencia del hombre para modificarlos, es conveniente planificar y proyectar nuevos asentamientos de pueblos enteros que se han visto afectados para que en los próximos años no tengan que abandonar nuevamente sus hogares con las consecuencias negativas de los impactos ambientales y sociales que persisten mucho después que han retrocedido las aguas.
La idea es proyectar nuevos núcleos poblacionales con todos los servicios, centros comunitarios, campos deportivos, salas de teatro, cine, etc., en la misma costa de los ríos y arroyos en que han vivido, pero en alturas que no puedan ser afectados por la creciente.
Tenemos parámetros de máxima con la actual creciente y otras anteriores del año 83 que nos permite planificar las construcciones en un lugar seguro. En cuanto a las tierras inundables, se permite en ellas la producción diversificada de ciclos cortos como pastaje, hortalizas, frutas de ciclo anual, como mamones o papayas, mburucuyá o maracuyá, o aquellos árboles que puedan sobrevivir algún tiempo cubiertos sus troncos por el agua. En cuanto a las casas que han sobrevivido a la inundación, con algunos arreglos de bajo costo, se podrían utilizarlas como depósitos para enseres y cosechas.
Observemos algunos números de las inversiones necesarias para llevar adelante el proyecto:
1) Si se construyera las 1.900 viviendas que han sido afectadas y se edifica 120 metros cuadrados para una comodidad de una familia de 4 a 6 miembros que les permitiría gozar de living, comedor, dormitorios, baños , obtendríamos la necesidad de la siguiente inversión
2) De acuerdo al precio de la construcción, una vivienda de 120 m2.costaría la suma de $ 800.000, lo que multiplicado por 1.900 nos da la suma de $ 1.520.millones. Si a ello se agrega la infraestructura básica en agua corriente, cloacas, caminos, etc., estimándola en un 30%, obtendríamos la suma aproximada de 2.000 millones de pesos, imposibles de financiar con los ingresos de la provincia;
3) Por estos motivos, se hace necesario la búsqueda de financiamiento internacional que se hallan disponibles en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial para establecer un sistema de amortizaciones al estilo de los créditos del IPRODHA y que puede ser administrado por este Instituto, llevará años su amortización, pero vale la pena intentarlo para no volver a sufrir el embate de las aguas, con toda sus secuencias negativas.
¡Vale la pena PREVER EL FUTURO!.
Miguel Schmalko – asesor y ex presidente de la FEBAP (Federación Económica Brasil-Argentina-Paraguay)

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