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El Gobierno fijó en USD 28/MWh el precio de la energía de Yacyretá durante todo 2026

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La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía estableció que la energía generada y la potencia disponible de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) serán reconocidas y facturadas a un valor unificado de USD 28 por megavatio hora durante todo el año 2026. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 5/2026, publicada el 6 de enero, y apunta a consolidar un esquema de previsibilidad tarifaria, orden contable y sostenibilidad financiera para la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), sin requerir aportes adicionales del Tesoro Nacional.

La medida impacta de manera directa en las transacciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en la operatoria de CAMMESA y en la relación financiera entre el Estado argentino, ENARSA y la EBY, en el marco del Tratado de Yacyretá y del acuerdo bilateral vigente con la República del Paraguay.

Marco normativo y antecedentes del esquema tarifario

La resolución se sustenta en el entramado legal conformado por las Leyes N° 15.336, 20.646 y 24.065, y en el Tratado de Yacyretá aprobado por la Ley N° 20.646, que creó la Entidad Binacional Yacyretá como organismo internacional encargado de estudiar, construir, operar y explotar la central hidroeléctrica sobre el río Paraná.

De acuerdo con ese Tratado, cada Estado parte tiene derecho a retirar hasta el 50% de la energía generada, previéndose mecanismos de cesión voluntaria y compensación económica. En ese contexto, el Decreto N° 303 del 5 de mayo de 2025 facultó a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería a suscribir un Acta Acuerdo con la EBY y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) del Paraguay, estableciendo condiciones de asignación, retiro, cesión y pago de la energía producida.

Ese Acta Acuerdo fijó un valor provisorio y unificado de USD 28/MWh como esquema de remuneración, en el marco de un plan de reestructuración financiera de la EBY destinado a cubrir costos operativos, de mantenimiento e inversión. La Cláusula Sexta del acuerdo previó revisiones anuales, que fueron ratificadas por la Entidad Binacional mediante la Nota N° 52080 del 9 de octubre de 2025.

Aplicación en el MEM y reglas de facturación

La implementación del esquema tarifario comenzó en 2025 a través de la Resolución N° 258/2025, que reconoció formalmente el valor de USD 28/MWh para la energía entregada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), instruyendo a CAMMESA a su aplicación en el MEM. Posteriormente, la Resolución N° 288/2025 estableció los aspectos operativos y contables, definiendo que los montos serían convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia “A 3500” del Banco Central de la República Argentina, vigente al vencimiento de cada obligación.

La Resolución 5/2026 extiende ahora ese criterio desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciendo que el precio será neto de todo cargo, tributo, deducción, retención o compensación, y deberá ser percibido íntegramente por la EBY. Asimismo, dispone que los servicios de reserva regulante, de corto plazo y los cargos de gestión vinculados a Yacyretá se liquidarán bajo el mismo tratamiento unificado, dejando sin aplicación, para ese período, lo previsto en el artículo 3° de la Resolución N° 288/2025.

Impacto financiero y sostenibilidad de la Entidad Binacional

Desde la Secretaría de Energía se destacó que la aplicación del esquema unificado permitió ordenar y homogeneizar la liquidación de transacciones en el MEM, aportando reglas claras, transparencia y previsibilidad para los agentes del mercado. Al mismo tiempo, el mecanismo fortaleció la sostenibilidad financiera de la EBY, reduciendo la incertidumbre sobre ingresos y contribuyendo a la continuidad del abastecimiento eléctrico sin requerir transferencias del Tesoro Nacional.

El procedimiento financiero previsto contempla que la EBY emita una nota de crédito a favor de ENARSA por la diferencia entre la tarifa histórica del Tratado y el valor de USD 28/MWh efectivamente abonado, y una nota de débito por el mismo importe con cargo al Gobierno argentino, como compensación por deudas vigentes vinculadas a la construcción del complejo hidroeléctrico.

Proyección institucional y repercusiones

La decisión consolida un esquema de cooperación energética bilateral entre Argentina y Paraguay, al tiempo que brinda previsibilidad al MEM para todo el ejercicio 2026. Para CAMMESA, ENARSA y la propia EBY, la resolución establece un marco estable de liquidación y facturación, reduciendo riesgos financieros y administrativos.

En términos institucionales, la medida refuerza el rol de Yacyretá como unidad técnico-económica estratégica dentro del sistema eléctrico argentino, con reglas homogéneas que buscan compatibilizar el cumplimiento del Tratado internacional con las necesidades de ordenamiento del mercado mayorista.

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Reclamo por Yacyretá y coparticipación: Valdés apuntó contra el reparto de recursos

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, volvió a poner en el centro del debate el esquema de distribución de recursos nacionales al denunciar lo que considera una inequidad estructural en el reparto de regalías energéticas de Yacyretá y de la coparticipación federal.

En declaraciones públicas realizadas en un programa de televisión abierta emitido los domingos por la noche en la ciudad de Corrientes, el mandatario sostuvo que su provincia aporta más a la Nación, pero recibe menos recursos, y apuntó directamente contra la situación de Formosa, a la que acusó de beneficiarse sin realizar aportes equivalentes.

Sin mencionar de manera explícita a la represa de Yacyretá, ubicada en Ituzaingó, Valdés aludió al sistema de regalías vinculadas a la generación de energía y expresó su malestar por la distribución actual. “Formosa no produce nada, recibe más y se lleva plata de los correntinos”, afirmó, sintetizando un reclamo que combina argumentos económicos, fiscales e institucionales.

Coparticipación federal y reclamo por un esquema “injusto”

Según el portal CorrientesHoy el eje central de las críticas del gobernador correntino se concentró en el actual régimen de coparticipación federal, al que calificó de “injusto”. Según su planteo, Corrientes contribuye de manera sostenida al financiamiento del Estado nacional a través del trabajo de sus ciudadanos, la producción y las industrias locales, pero esa contribución no se ve reflejada en el volumen de recursos que retorna a la provincia.

En ese marco, Valdés contrastó la situación de Corrientes con la de Formosa, a la que señaló como una provincia que, de acuerdo con su visión, “no aporta nada y recibe más por coparticipación del trabajo de todos los correntinos”. La afirmación apunta directamente a la lógica redistributiva del sistema vigente y reabre una discusión de fondo sobre los criterios con los que se asignan los fondos federales.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión entre las provincias y la Nación por la disponibilidad de recursos, en un escenario económico complejo que obliga a los gobiernos subnacionales a revisar sus estrategias de financiamiento y a reforzar sus reclamos ante el Poder Ejecutivo nacional.

Regalías energéticas y defensa de los intereses provinciales

Aunque no la mencionó de forma directa, el planteo del gobernador tuvo como telón de fondo la represa de Yacyretá, una de las principales fuentes de generación de energía del país y ubicada en territorio correntino. La referencia implícita a las regalías nacionales por energía refuerza la idea de que Corrientes considera insuficiente la compensación que recibe en relación con el impacto territorial, ambiental y productivo que implica albergar una infraestructura de esa magnitud.

Valdés adelantó que insistirá ante el Gobierno Nacional para que se revise la situación y se avance en la sanción de una nueva ley de coparticipación, que garantice un criterio más equilibrado. “No es posible que Corrientes aporte más y reciba menos”, remarcó, fijando una posición política clara de cara al debate federal.

Con este pronunciamiento, el mandatario busca instalar el tema en la agenda nacional, no solo como un reclamo coyuntural, sino como una discusión estructural sobre la distribución de fondos, la equidad fiscal y el reconocimiento a las provincias que generan recursos estratégicos. Al mismo tiempo, reafirma su discurso de defensa de los intereses de Corrientes y de sus recursos naturales, en un escenario donde la puja por ingresos y regalías se vuelve cada vez más visible entre las jurisdicciones.

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Energía: Aña Cuá reinicia las obras

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La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) confirmó el reinicio de las obras del Proyecto Aña Cuá, una ampliación estratégica que permitirá incorporar más de 270 megavatios de energía limpia, fortalecer el sistema eléctrico binacional y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para las provincias del NEA y el sur de Paraguay.

El acto oficial tuvo lugar en la zona de obras del Brazo Aña Cuá y contó con la participación de los directores ejecutivos Alfonso Peña (Argentina) y Luis Benítez Cuevas (Paraguay); miembros del Consejo de Administración de ambas márgenes; y equipos técnicos y administrativos de la EBY.

También estuvieron presentes el vicepresidente de la República del Paraguay, Pedro Alliana; el gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y el senador por esa provincia, Carlos “Camau” Espínola.

La ampliación de Aña Cuá permitirá sumar un 10% adicional de generación a Yacyretá, lo que se traducirá en más energía disponible para Argentina y Paraguay y en un aporte clave para la estabilidad del sistema eléctrico interconectado.

El aumento de generación implicará, además, aproximadamente USD 53 millones adicionales por año, recursos que fortalecerán la capacidad operativa y financiera del complejo hidroeléctrico.

El director argentino, Ing. Alfonso Peña, subrayó que la reanudación de los trabajos “marca un avance decisivo para la integración energética y para el desarrollo de las comunidades de la región, que verán crecer tanto la oferta de empleo como la actividad productiva asociada a la obra”.

Más empleo para las provincias del NEA

La reactivación de Aña Cuá generará 1.000 nuevos puestos de trabajo, con un impacto directo en las economías regionales. La mayor parte de la demanda laboral será cubierta en la zona de influencia, beneficiando especialmente a las ciudades de Ituzaingó (Argentina) y Ayolas (Paraguay), además de otras localidades cercanas al complejo Yacyretá.

Durante las últimas semanas, autoridades de ambos países y representantes del consorcio Aña Cuá WRT —integrado por Webuild, Rovella Carranza y Tecnoedil— resolvieron cuestiones administrativas y técnicas que habían demorado el avance del proyecto.

Estas gestiones conjuntas permitieron destrabar la etapa final de planificación y habilitar la continuidad de los trabajos civiles y electromecánicos.

Aña Cuá es una pieza central en la expansión energética de Argentina y Paraguay y constituye una inversión de alto impacto para el desarrollo del Litoral, con beneficios ambientales, económicos y productivos que trascienden la región.

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Misiones endurece su postura frente a la EBY: Passalacqua intima a frenar cualquier intento de privatización

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Este jueves, el gobernador Hugo Passalacqua envió una nota formal al director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Alfonso Peña, en la que emplaza a la entidad a aclarar su accionar sobre los inmuebles de la bahía El Brete, en Posadas, y advierte que resultan inadmisibles “cualquier intento de privatización o mercantilización” de los bienes afectados por la represa. Asimismo, intimó formalmente a la EBY a que transfiera a la Provincia los terrenos costeros que no fueron necesarios para la ejecución de la represa, en cumplimiento de la Ley I-158. La decisión apunta a resguardar estos espacios como patrimonio público y de identidad colectiva de los misioneros. 

La misiva, fechada el 2 de octubre y difundida públicamente por el propio mandatario provincial, exige a la EBY que, en el plazo de diez días, informe qué acciones pretende llevar adelante respecto a los terrenos en cuestión, cuya restitución reclaman distintas organizaciones y clubes náuticos.

En el texto oficial, Passalacqua recuerda que la Provincia reconoce el derecho de la EBY a utilizar tierras estrictamente necesarias para el cumplimiento del proyecto hidroeléctrico de Yacyretá, pero advierte que fuera de esos límites los inmuebles constituyen “un patrimonio común que pertenece al pueblo misionero”.

“Se trata de un recurso histórico, cultural y ambiental que no puede ser objeto de mercantilización”, señala el documento, en una clara alusión a la posibilidad de que la entidad binacional busque concesionar espacios con fines comerciales en detrimento de su uso público.

El gobernador fue más allá: intimó a la EBY a abstenerse de cualquier acto de disposición sobre los bienes hasta que se defina de manera definitiva su situación jurídica. Además, advirtió que, de persistir maniobras contrarias al interés provincial, la administración iniciará acciones legales “en defensa del interés público, del territorio provincial y de la identidad cultural y ambiental de Misiones”.

Un conflicto de fondo

El reclamo obedece a una intimación de Yacyretá a varios clubes deportivos y entidades educativas asentadas en la zona de El Brete y otras áreas cercanas al arroyo Itá, que además denunciaron presiones de la EBY para abandonar terrenos que, entienden, forman parte del espacio comunitario ganado al río. La difusión de esta carta eleva el conflicto a un nivel institucional sin precedentes, al involucrar directamente al Poder Ejecutivo provincial en la defensa de los bienes, en una disputa similar a la que ya se suscitó por el dominio del Campo San Juan, que el ex presidente de la EBY, Humberto Schiavoni, pretendió entregar a Parques Nacionales.

El gesto de Passalacqua tiene esa carga simbólica: reafirma la narrativa de que Misiones no permitirá la apropiación privada de lo que entiende como parte de su patrimonio colectivo.

Con esta decisión, la Provincia busca dejar sentado que los espacios vinculados a la represa Yacyretá no pueden ser utilizados como moneda de negociación ni como botín político en la interna nacional. En palabras del propio mandatario, difundidas en redes sociales: “Son patrimonio del pueblo misionero y vamos a garantizar que continúen siendo de uso público”.

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La costa es de todos, no de unos pocos

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En Posadas, la historia de las tierras expropiadas por Yacyretá vuelve a interpelarnos. Y es necesario decirlo con claridad: la Entidad Binacional Yacyretá nunca expropió para sí misma, sino por cuenta y orden del Estado argentino, en nombre de la utilidad pública. Esa diferencia no es un tecnicismo: es la clave para entender por qué hoy la privatización de sectores costeros constituye una violación del orden público y una frustración del bien  común.  

El mandato original y la ley 

La Constitución Nacional, en su artículo 17, establece que la propiedad es inviolable y que solo puede ser privada por causa de utilidad pública y mediante indemnización previa.  

La Ley Nacional de Expropiaciones N.º 21.499 desarrolla este principio y dispone que:  – La expropiación debe estar fundada en un fin público determinado (arts. 1 y 2).  – El bien expropiado debe destinarse a ese objeto y no a otro (art. 51).  – Si el destino se desvía, corresponde la acción de retrocesión (arts. 51 a 56).  

En el caso Yacyretá, la expropiación se justificó en la necesidad de recomponer la trama urbana, garantizar la relocalización de familias, completar el tratamiento costero y sostener la actividad náutica. Nunca se trató de un negocio inmobiliario.  

El convenio que aún obliga

El convenio firmado entre Carlos Rovira y Martínez Raimonda reconoció que los remanentes de tierras debían pasar a la Provincia o al Municipio. Ese  compromiso sigue vigente y constituye un límite jurídico: la EBY no podía apropiarse de  esas tierras, porque actuaba como mandataria del Estado argentino.  

Retrocesión y orden público 

La doctrina y la jurisprudencia son claras: La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha  sostenido que el cambio de destino de un bien expropiado habilita la retrocesión y la  nulidad de los actos que lo desvirtúan (Fallos 308:647, “Provincia de Buenos Aires c/ YPF”).  

– La función social de la propiedad (arts. 14, 17 y 41 CN; arts. 240 y 241 CCyC) impone que  los bienes expropiados se integren al proyecto colectivo y no se privaticen en beneficio de  unos pocos. La privatización de parcelas ribereñas, sin cumplir la finalidad de  recomposición urbana o acceso público, constituye una violación del objeto expropiatorio  y del orden público constitucional. Alguna vez lo sostuvimos como ministro del Superior tribunal en un caso de discusión sobre el nuevo distrito COSTANERA en el municipio  separado del barrio Aguacates. 

El valor social de la ribera: La costa no es un simple activo inmobiliario: es un espacio de integración, de encuentro, de identidad. Privatizarla es amputar un derecho colectivo. Es negar a las generaciones futuras el acceso a un bien común que pertenece a todos.  

Un llamado ciudadano: La pregunta es simple: ¿vamos a permitir que lo que se expropió en nombre del pueblo termine en manos de unos pocos? La respuesta no puede quedar  en manos de tecnicismos administrativos ni de conveniencias políticas. Es un debate de  ciudadanía, de dignidad y de memoria. La ribera de Posadas debe ser pública, abierta y  social. Porque fue expropiada en nombre de todos, y porque el bien común no se negocia. 

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