YACYRETÁ

Yacyretá confirma la continuidad de las obras en Aña Cuá

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El Comité Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) confirmó la continuidad de las obras de maquinización del brazo Aña Cuá, luego de aprobar de forma definitiva las garantías presentadas por el consorcio Aña Cuá WRT, integrado por las empresas Webuild, Rovella y Tecnoedil.

La reunión, celebrada en Asunción, fue encabezada por los directores ejecutivos de ambas márgenes, Luis Benítez Cuevas (Paraguay) y Alfonso Peña (Argentina), quienes destacaron el avance técnico y administrativo alcanzado, que garantiza la reanudación plena de los trabajos.

La continuidad de Aña Cuá representa un paso clave para el desarrollo energético y económico de la región. La obra permitirá incrementar la capacidad de generación eléctrica de Yacyretá en un valor estimado de USD 80 millones anuales, fortaleciendo la matriz energética binacional y contribuyendo a la sustentabilidad económica de la Entidad.

Además, el proyecto impulsará la reactivación productiva en las ciudades de Ayolas (Paraguay) e Ituzaingó (Argentina), a través de la contratación de más de 900 trabajadores y la movilización de proveedores locales de bienes y servicios, generando un efecto multiplicador en ambas márgenes del río Paraná.

Los directores señalaron también que los componentes electromecánicos presentan un grado de avance muy significativo, lo que permitirá que la primera de las tres turbinas Kaplan entre en funcionamiento durante el año 2028.

“Estamos muy contentos por este paso trascendental que estamos dando. Aña Cuá representa mucho para nuestros dos países: más trabajo, más ingresos, más comercio y, sobre todo, más energía, que es lo que necesitamos para desarrollarnos y atraer inversiones industriales”, expresó el director paraguayo Luis Benítez Cuevas.

Por su parte, el director ejecutivo argentino, Alfonso Peña, subrayó el valor estratégico de la obra y su alineamiento con los objetivos de desarrollo federal y eficiencia en la gestión:

“La continuidad de Aña Cuá refleja una decisión política firme y sostenida: avanzar con proyectos que generan energía limpia, empleo genuino y desarrollo federal. Bajo una lógica de eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión, este emprendimiento fortalece la integración con la República del Paraguay y demuestra que, cuando los recursos se administran con criterio y visión, es posible concretar obras que transforman realidades y promueven el progreso de ambos países”.

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Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado a accionar judicialmente por los intereses de Misiones ante Yacyretá

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A través del Decreto N.º 2161, el gobernador Hugo Passalacqua instruyó formalmente al Fiscal de Estado de Misiones, Fidel Duarte, para que adopte todas las medidas y acciones judiciales necesarias en defensa de los derechos e intereses provinciales frente a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), conforme a lo establecido por la Ley I-N.º 158

El decreto lleva también la firma del ministro de Coordinación General de Gabinete, Héctor Ricardo Llera, y establece expresamente la facultad del Fiscal de Estado para representar a la Provincia en todas las instancias que resulten técnica y jurídicamente oportunas, “a fin de hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado Provincial”.

Hace tres semanas Passalacqua ya había advertido que iba a “frenar cualquier intento de privatización o mercantilización de los terrenos de la bahía El Brete”, ante la insistencia de la Entidad Binacional Yacyretá “en la necesidad de “reordenar” la franja costera y relocalizar los clubes náuticos hacia el arroyo Mártires con “criterios urbanísticos que garanticen el libre acceso al río” y la integración armónica de las instalaciones al entorno.

La decisión de ir a instancias legales, se apoya en la Ley I-N.º 158, que otorga a Misiones la jurisdicción y dominio público sobre las riberas naturales y porciones de tierra que fueron expropiadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante la construcción del embalse, y que no resultaron inundadas ni necesarias para el funcionamiento del emprendimiento hidroeléctrico.

El texto del decreto subraya que resulta “necesario ejercer el legítimo derecho de defensa de los intereses de la provincia, a los fines de efectuar las pertinentes acciones judiciales que correspondieren”, en referencia a casos en los que la provincia considera que la EBY mantiene de forma indebida la posesión o administración de terrenos que, según la ley, deberían ser restituidos al dominio público provincial.

Contexto y alcance

La decisión Passalacqua se enmarca en una serie de reclamos históricos de Misiones respecto a la restitución de tierras expropiadas para el proyecto hidroeléctrico de Yacyretá, particularmente aquellas ubicadas en zonas de costa que no fueron finalmente utilizadas por la represa ni resultaron afectadas por las aguas del embalse.

En los últimos meses, distintos sectores sociales y políticos de la provincia han insistido en la necesidad de recuperar el control de esas áreas, algunas de las cuales poseen alto valor ambiental, turístico o productivo.

Con esta instrucción, el Poder Ejecutivo provincial busca fortalecer la posición jurídica de Misiones ante la EBY y reafirmar su soberanía territorial sobre los bienes públicos provinciales, en un proceso similar al que se desató cuando Yacyretá quiso entregar el Campo San Juan a Parques Nacionales y la provincia se negó. La decisión se suma a otras gestiones recientes orientadas a proteger los recursos naturales, energéticos y fiscales de la provincia en un contexto de creciente tensión entre las jurisdicciones provinciales y los organismos binacionales o federales.

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La EBY al borde del papelón: idas y vueltas en torno a los clubes náuticos de Posadas

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El conflicto por los terrenos de la bahía El Brete en Posadas sumó un capítulo confuso que dejó a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en el ojo de la tormenta. Tras el fuerte emplazamiento del gobernador Hugo Passalacqua, que intimó a frenar cualquier intento de privatización o mercantilización de los inmuebles, la EBY primero difundió un comunicado en el que insistía la relocalización de los clubes náuticos o un rediseño urbanístico de la zona. Sin embargo, minutos después, la propia institución decidió reemplazar ese texto y retroceder en su postura, apelando ahora a un proceso de “diálogo abierto, transparente y participativo”.

Passalacqua había advertido en una nota formal que los bienes afectados por la represa “son patrimonio común del pueblo misionero” y que resultaba inadmisible cualquier avance que limitara el uso público. En ese marco, intimó a la EBY a informar sus planes en un plazo de diez días y a abstenerse de cualquier acto de disposición de los inmuebles hasta que se esclarezca su situación jurídica.

El mensaje fue claro: la Provincia no permitirá una mercantilización de espacios que forman parte de la identidad y la vida comunitaria de Posadas.

El papelón de la EBY

En respuesta, la EBY comunicó inicialmente que buscaba “optimizar el uso” de la zona costera y presentó dos alternativas: trasladar a los clubes al arroyo Mártires o rediseñar sus instalaciones actuales para liberar el acceso al río. Esa propuesta generó revuelo y se interpretó como un intento de avanzar sobre los terrenos.

La marcha atrás llegó rápidamente. En su nuevo texto, la entidad desactivó las alternativas y se limitó a decir que “toda propuesta será evaluada en el marco de un proceso de diálogo abierto, transparente y participativo”, priorizando consensos y el fortalecimiento de la vida comunitaria.

El giro comunicacional no pasó inadvertido: en cuestión de horas, la EBY pasó de anunciar planes concretos de relocalización a refugiarse en un mensaje genérico, dejando la sensación de improvisación y descoordinación.

La confusión en la comunicación de la EBY refuerza la posición del Gobierno provincial, que busca presentarse como garante del uso público de los bienes y defensor de la identidad cultural y ambiental de Misiones.

La contradicción dejó a la entidad binacional en una situación incómoda: expuesta frente a la opinión pública, debilitada en su legitimidad y enfrentada al Gobierno provincial en un tema cargado de sensibilidad social.

La disputa no está cerrada. Pero el episodio de las idas y vueltas ya dejó un daño reputacional a la EBY y un escenario en el que Passalacqua aparece fortalecido, marcando los límites de la Provincia frente a cualquier intento de avanzar sobre bienes comunes.

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La EBY insiste en relocalizar a clubes náuticos de Posadas: se abre un frente de conflicto con la Provincia

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El cruce entre el Gobierno de Misiones y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) sumó un nuevo capítulo. Luego de que el gobernador Hugo Passalacqua intimara a la EBY a frenar cualquier intento de privatización o mercantilización de los terrenos de la bahía El Brete, la entidad respondió con un comunicado en el que insiste en la necesidad de “reordenar” la franja costera y plantea alternativas que incluyen la relocalización de los clubes náuticos hacia el arroyo Mártires.

Passalacqua advirtió que los bienes afectados por la represa “son patrimonio común del pueblo misionero” y que cualquier iniciativa que implique privatización o restricción de uso público resultará “inadmisible”. El mandatario emplazó a la EBY a dar explicaciones en un plazo de diez días y la intimó a abstenerse de disponer de los inmuebles hasta tanto se aclare su situación jurídica.

La advertencia provincial se inscribe en un contexto más amplio de disputas con Nación, en el que Misiones busca preservar autonomía sobre sus recursos y marcar límites frente a intentos de mercantilización de bienes de uso público.

En contraste, la EBY sostuvo que las medidas adoptadas habían generado “interpretaciones erróneas” y anunció la suspensión momentánea de cualquier acción hasta tanto presente formalmente dos propuestas de ordenamiento territorial.

La primera alternativa es la relocalización de los clubes náuticos en la ribera del arroyo Mártires, con obras de limpieza, infraestructura náutica y mejoras paisajísticas, lo que “permitiría liberar la actual franja costera de El Brete para el uso público irrestricto e integrarla al corredor urbano”.

La segunda opción es un rediseño en el espacio actual, con “criterios urbanísticos que garanticen el libre acceso al río” y la integración armónica de las instalaciones al entorno.

“Se busca consolidar un frente ribereño accesible y funcional para el turismo, la recreación y el esparcimiento familiar”, afirmó la EBY, que subrayó su compromiso con un desarrollo “armónico y sostenible” de Posadas, apelando al diálogo con instituciones y actores sociales.

La tensión es evidente: mientras la Provincia fija un límite categórico y defiende la permanencia de los clubes en El Brete como parte de la identidad cultural y ambiental misionera, la EBY plantea escenarios de reordenamiento que, en los hechos, implicarían modificar la histórica ocupación de esos espacios.

El choque no es sólo jurídico ni urbanístico: es político. En juego están el control territorial sobre áreas de alto valor simbólico y la definición del modelo de acceso a la costa del Paraná. Con ambos actores afirmando su compromiso con “el uso público”, la puja se dirimirá seguramente en el ámbito judicial.

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Escándalo en Yacyreta: una exmacrista que se fue con retiro voluntario volvió y ahora cobrará un segundo retiro de 12 millones por mes

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 Un nuevo escándalo salpica a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El organismo argentino-paraguayo que administra la hidroeléctrica acarrea una historia tortuosa. “Si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá”, dijo Carlos Menem en abril de 1990.

La protagonista de este capítulo es Dolores Dolberg, quien se acogió al retiro voluntario pese a ser una funcionaria política designada por el macrismo y volvió con este gobierno para diseñar un esquema de retiros voluntarios al que ella misma se acogió por segunda vez. 

El actual titular de la EBY del lado argentino es Alfonso Peña, estrechamente vinculado a Mauricio Macri. Peña fue compañero del expresidente en el Cardenal Newman y trabajó en Mirgor, la primera empresa de Nicolás Caputo. Además, el director de la EBY estuvo al frente de Decavial, firma que se asoció a Caputo SA para la compra del terreno del Hospital Ferroviario por la suma de USD 6 millones en 2008. Tras la adquisición, el gobierno porteño, entonces en manos de Macri, modificó la zonificación del predio, lo que permitió que estas dos empresas vendiesen el terreno en USD 23 millones.  

 Tras el nombramiento de Alfonso Peña como director ejecutivo, hubo un regreso masivo de ex funcionarios macristas. Es el caso de la abogada Dolores Dolberg que hasta ahora ocupo el cargo más alto por debajo de los directores como secretaria del consejo de administración, detalla el sitio La Política On Line. 

Dolberg que ya había sido funcionaria de Yacyretá durante el gobierno de Mauricio Macri, dejó la represa con  el cambio de gobierno, bajo un régimen de retiro voluntario que le premitió cobrar 2 millones por mes durante cuatro años. Cuando asumió el gobierno de Milei, fue convocada nuevamente por Alfonso Peña a retomar sus funciones en EBY. Para eso tuvo que dar de baja el plan de pagos acordado bajo el retiro voluntario. 

A este cuadro, se suma una escena grotesca: En este segundo paso por EBY, Dolberg fue convocada por Peña para diseñar un nuevo esquema de retiros voluntarios al que ella misma se acogió. Bajo este nuevo esquema, Dolores Dolberg ahora cobrará 12 millones por mes hasta el momento de su jubilación. 

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