Zona fría

Gobernadores del Norte Grande buscan una postura común ante la reforma de Zona Fría y proponen compensaciones energéticas para el NEA

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La discusión por los subsidios energéticos volvió a convertirse en un eje de articulación política entre provincias con intereses y alineamientos muy distintos. Este martes, los gobernadores del Norte Grande se reunirán en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo formal de avanzar en una agenda de desarrollo regional, pero con una prioridad política que domina las conversaciones previas: construir una posición común frente a la reforma del régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno de Javier Milei y abrir el debate sobre mecanismos compensatorios para las provincias del norte argentino.

La convocatoria adquiere relevancia porque reúne a mandatarios que, en el escenario nacional, mantienen relaciones muy diferentes con la Casa Rosada. Estarán presentes el misionero Hugo Passalacqua, el correntino Juan Pablo Valdés, el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el jujeño Carlos Sadir, el salteño Gustavo Sáenz, el formoseño Gildo Insfrán, el riojano Ricardo Quintela y el santiagueño Elías Suárez. La diversidad política de la mesa refleja la dimensión del tema: la energía aparece como uno de los pocos asuntos capaces de generar coincidencias entre gobernadores dialoguistas y opositores.

La preocupación regional surge luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto oficialista que modifica el esquema de subsidios al gas natural, una de las piezas centrales de la estrategia de reducción del gasto público que impulsa la administración libertaria. La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado y, en ese contexto, los mandatarios buscan fortalecer su capacidad de negociación actuando como bloque.

El régimen de Zona Fría fue concebido originalmente para aliviar el costo del gas en regiones donde las bajas temperaturas elevan significativamente el consumo residencial. Durante años benefició principalmente a provincias patagónicas y zonas cordilleranas, otorgando descuentos de entre el 30% y el 50% sobre las facturas. Sin embargo, la ampliación sancionada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández extendió el beneficio a más de cuatro millones de hogares distribuidos en gran parte del país, incorporando cientos de municipios y departamentos de distintas provincias.

Desde su llegada al poder, el Gobierno nacional cuestionó esa expansión argumentando que el esquema perdió su objetivo original y terminó transformándose en un subsidio generalizado financiado por todos los usuarios del sistema energético. Bajo esa lógica, la reforma busca reducir el universo de beneficiarios y generar un ahorro fiscal que, según estimaciones debatidas en el Congreso, podría oscilar entre los 200.000 y los 460.000 millones de pesos anuales.

Para las provincias del Norte Grande, el debate excede la discusión sobre el gas. Los gobernadores sostienen que existe una asimetría estructural en la política energética nacional. Mientras el régimen de Zona Fría reconoce el impacto económico de las bajas temperaturas sobre los hogares del sur argentino, las jurisdicciones del norte enfrentan consumos extraordinarios durante varios meses al año debido a temperaturas extremas que superan frecuentemente los 40 grados.

En ese marco comenzó a tomar fuerza una propuesta informal que algunos dirigentes ya denominan “Zona Caliente”. La idea apunta a diseñar algún mecanismo de compensación para las provincias del NEA y NOA, donde el uso intensivo de sistemas de refrigeración genera elevados costos energéticos tanto para las familias como para sectores productivos, comerciales y de servicios.

Para Misiones, la discusión tiene una relevancia particular. La provincia enfrenta cada verano extensos períodos de temperaturas elevadas y altos niveles de humedad, condiciones que incrementan de manera considerable el consumo eléctrico residencial y empresarial. En ciudades como Posadas, donde los registros térmicos suelen ubicarse entre los más altos del país durante la temporada estival, la energía se transforma en un componente cada vez más significativo dentro de la estructura de costos.

La reunión del CFI también funcionará como una prueba sobre la capacidad de los gobernadores para reconstruir espacios de coordinación regional en un contexto donde la administración nacional concentra buena parte de las decisiones fiscales y presupuestarias. Más allá de los capítulos vinculados a logística, recursos hídricos, educación o industrias culturales previstos en la denominada “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, la energía aparece como el tema con mayor potencial político.

Lo que está en juego no es únicamente la continuidad o modificación de un esquema de subsidios. También se debate el criterio con el que el Estado nacional reconoce las diferencias climáticas y productivas entre regiones. En un país atravesado por fuertes contrastes geográficos, el Norte Grande busca instalar una discusión que trascienda el gas y contemple el costo energético integral que enfrentan las provincias del NEA y NOA.

La verdadera incógnita del encuentro será si los mandatarios logran superar sus diferencias partidarias y presentar una propuesta unificada. Si eso ocurre, la negociación por la reforma de Zona Fría podría convertirse en uno de los principales frentes de discusión entre las provincias y el Gobierno nacional durante las próximas semanas.

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Came manifiesta preocupación por la reforma al Régimen de Zona Fría y su impacto en la Patagonia

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) –a través de su Bloque Patagónico– acompaña la preocupación de las entidades empresarias y productivas de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego ante las modificaciones impulsadas sobre el Régimen de Zona Fría, por el impacto directo que las mismas tendrán sobre el poder adquisitivo de las familias, la competitividad de las pymes y el desarrollo económico regional.

La Patagonia posee características climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año. En vastas regiones del sur argentino, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses anuales, haciendo imposible reducir significativamente el consumo energético de hogares, comercios e industrias.

Las modificaciones propuestas alteran la lógica histórica del régimen compensatorio construido para equilibrar las asimetrías estructurales que enfrenta la región. Limitar el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo implica trasladar a los usuarios costos crecientes de transporte, distribución e impuestos, generando incrementos tarifarios que podrían superar ampliamente la capacidad de pago de miles de familias patagónicas.

Las proyecciones realizadas por distintos organismos especializados estiman aumentos significativos en las facturas residenciales y comerciales. Esta situación tendrá un efecto inmediato sobre el consumo interno, la actividad económica y el sostenimiento del empleo en toda la región.

Las pequeñas y medianas empresas patagónicas ya enfrentan un escenario complejo marcado por caída de ventas, aumento de costos operativos y dificultades financieras. Incorporar una presión tarifaria adicional sobre el sector productivo y comercial profundizará la desaceleración económica y afectará directamente la capacidad de sostener puestos de trabajo.

En este sentido, la región patagónica no reclama privilegios; reclama el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales. El costo energético en el sur argentino no puede analizarse con los mismos parámetros que en otras regiones del país.

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP); la Federación de Entidades Empresaria Neuquinas (FEEN), la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), la Federación Empresaria del Chubut (FECh), la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia, entidades que forman el Bloque Patagónico de CAME,  consideran imprescindible abrir una instancia de diálogo institucional y federal que permita evaluar integralmente las consecuencias económicas y sociales de esta reforma antes de su implementación definitiva. Defender el Régimen de Zona Fría es defender la calidad de vida de millones de argentinos que habitan y producen en la región patagónica.

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Presupuesto 2026: el oficialismo analiza reabrir Diputados a fin de año para reponer artículos clave

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Tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró voltear un capítulo central del proyecto de Presupuesto 2026, el oficialismo recalibró su estrategia parlamentaria y analiza reabrir el recinto entre el 29 y el 30 de diciembre. El objetivo es avanzar primero con modificaciones en el Senado y luego aceptar esos cambios en Diputados para intentar reponer los artículos rechazados, en particular los vinculados a la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La definición no depende exclusivamente de La Libertad Avanza (LLA), sino del curso que adopte el debate en la Cámara alta. En ese marco, el oficialismo admite que el desenlace está atado a los acuerdos políticos que se alcancen en el Senado y a la correlación de fuerzas que vuelva a expresarse en una eventual sesión de fin de año.

Estrategia parlamentaria y rol del Senado

Luego de que Diputados rechazara el capítulo 11 del Presupuesto, el oficialismo dejó trascender que buscará modificaciones o leyes específicas para alcanzar los mismos objetivos que estaban concentrados en ese tramo del proyecto. “Se trabajará en modificaciones o nuevas leyes particulares para conseguir los mismos objetivos planteados en ese capítulo”, señalaron fuentes de la bancada oficialista.

El Senado aparece ahora como una pieza clave. Existen dos escenarios posibles: que la Cámara alta apruebe el Presupuesto sin cambios, tal como llegó desde Diputados, lo que convertiría el proyecto en ley; o que introduzca modificaciones, obligando a que el texto vuelva a la Cámara de origen para su revisión. Aunque la comisión de Presupuesto del Senado dictaminó sin incorporar el capítulo rechazado, en el oficialismo reconocen que el recinto podría alterar ese dictamen.

En función de esa incertidumbre, la Presidencia de Diputados y el bloque libertario se preparan para una eventual sesión los días 29 o 30 de diciembre, con el fin de aceptar o rechazar los cambios que pudieran llegar desde el Senado. Sin embargo, aun en ese escenario, no hay garantías de éxito: si se repitiera la paridad de fuerzas de la última sesión, la oposición podría insistir en bloquear el artículo 75, eje de la controversia por las leyes de universidades y Discapacidad.

Negociaciones, errores de diseño y tensiones políticas

En el balance interno, el oficialismo admite que el armado del capítulo 11 fue uno de los principales problemas del debate. Concentrar múltiples medidas sensibles en un solo bloque legislativo terminó condicionando a diputados que, de haberse votado los artículos por separado, podrían haber acompañado algunos puntos y rechazado otros. También reconocen que no aceptar la votación artículo por artículo elevó el costo político de la derrota.

Entre los artículos que el Gobierno considera más factibles de recuperar se encuentran la limitación del régimen de zona fría para usuarios de gas y el fin de la actualización automática de prestaciones de la ANSES, como la AUH, las Asignaciones Familiares y la asignación por embarazo.

La estrategia de incluir la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires como incentivo para sumar apoyos tampoco alcanzó. Esa decisión generó malestar en sectores aliados, en particular dentro del PRO, que acompañó la votación en general pero expresó fuertes críticas por la mezcla de temas en un mismo capítulo. Las tensiones se profundizaron tras conocerse un acuerdo político paralelo para cubrir cargos vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que deterioró la relación con algunos socios legislativos.

Desde la Presidencia de Diputados minimizaron el conflicto y defendieron el procedimiento: “La Cámara cumplió con su deber tal cual venía siendo reclamado por miembros de la oposición, periodismo y público en general”, señalaron, al tiempo que ratificaron la intención de seguir trabajando con aliados “más allá de discrepancias puntuales”.

La lectura del oficialismo y el impacto político

Pese al traspié puntual, en La Libertad Avanza consideran que el resultado global fue “muy positivo”. Destacan que se obtuvieron los dictámenes necesarios y que se ganaron 19 de 20 votaciones en el recinto. Además, subrayan la sanción de dos leyes clave: Presupuesto e Inocencia Fiscal, y remarcan que el proyecto presupuestario “mantiene la regla de oro que permite asegurar el superávit fiscal”.

Las fuentes oficiales valoran especialmente la media sanción obtenida y aseguran que “los mercados reaccionaron en concordancia”, en alusión a la señal de disciplina fiscal que busca transmitir el Gobierno. Quedó pendiente, en cambio, el tratamiento de la Ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario, que no pudo debatirse debido a la extensión de la sesión y al riesgo de pérdida de quórum cerca de las 4 de la madrugada.

Con el calendario corriendo y el cierre del año como límite político y administrativo, el oficialismo enfrenta ahora una definición contrarreloj. La posibilidad de sesionar entre las fiestas refleja la centralidad que el Gobierno le asigna al Presupuesto 2026 y anticipa un cierre de año legislativo marcado por negociaciones intensas y final abierto.

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