Zona fría

Energía abrió el debate por el Presupuesto 2027: obras, más potencia y un esquema especial de subsidios

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El análisis del Presupuesto General de Misiones para 2027 comenzó con la presentación de Energía de Misiones, la empresa estatal encargada de abastecer a más de 426.000 usuarios y sostener una red que se extiende por todo el territorio provincial.

El primero en exponer ante los legisladores fue el presidente de la compañía, Julio César Barreto, acompañado por el vicepresidente Hugo Amable y el contador Sergio Martínez. Con apenas 30 días al frente de la empresa, Barreto presentó los principales ejes de su gestión, detalló la estructura del sistema eléctrico y planteó las inversiones previstas para el próximo año.

La empresa proyectó para 2027 un presupuesto total de $44.477 millones, con prioridades concentradas en infraestructura, ampliación de potencia, mantenimiento de las redes y preparación operativa ante posibles fenómenos climáticos extremos.

La mayor partida corresponde al programa Potenciar, con $31.029,5 millones. Le siguen Responsabilidad Social, con $6.347,9 millones; Electrificación Rural, con $2.755,8 millones; Acceder, con $2.692,9 millones; y Sustituir, con $1.651,1 millones. La distribución revela que casi siete de cada diez pesos estarán destinados a ampliar la capacidad del sistema y acompañar el crecimiento de la demanda.

La planificación para 2027 se organiza sobre cinco ejes: articulación con municipios y cooperativas; presencia y respuesta territorial; acceso a la energía; mejora y fortalecimiento de las redes; y capacidad para acompañar nuevas demandas residenciales, comerciales e industriales. Esos objetivos se instrumentarán mediante los programas Acceder, Electrificación Rural, Sustituir y Potenciar.

Además de las grandes obras de alta tensión, la empresa proyecta ampliar, modernizar o repotenciar siete estaciones y subestaciones transformadoras durante 2027. También prevé reemplazar 1.800 postes de madera por columnas de hormigón, extender el servicio hacia parajes y comunidades rurales y reforzar el mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de alta, media y baja tensión.

Veinte grandes obras en marcha

El programa de inversiones ejecutado entre 2025 y 2026 comprende 20 grandes obras, entre nuevas líneas, repotenciación de redes, estaciones transformadoras, incorporación de equipos y proyectos de electrificación rural. En ese período se realizaron 1.700 cambios de postación y se avanzó sobre 16 estaciones y subestaciones transformadoras: cinco ya fueron finalizadas y otras once permanecen en ejecución.

Las obras finalizadas y en ejecución alcanzan 511 kilómetros de líneas eléctricas de distintas tensiones. El conjunto incluye 196 kilómetros de alta tensión sobre el corredor San Isidro-Alem-Oberá; 150 kilómetros de media tensión en San Vicente, San Pedro, Puerto Esperanza y Montecarlo; 74 kilómetros en Posadas y Puerto Iguazú; y 91 kilómetros de baja tensión distribuidos entre los distintos distritos.

Además del tercer transformador de San Isidro, presupuestado en US$22 millones, Energía de Misiones y el Gobierno provincial financian un conjunto de estaciones, subestaciones y líneas que supera los US$37 millones. Entre los proyectos más importantes aparecen la ampliación de las estaciones transformadoras de Iguazú, San Vicente y la denominada ET 213, junto con la construcción de una nueva estación en Candelaria.

La ampliación de la estación transformadora de Iguazú demanda US$6,62 millones y presenta la obra civil terminada, mientras que el componente electromecánico registra un avance del 75%. La ET 213 implica US$5,76 millones, con avances del 98% en la obra civil y del 62% en la electromecánica. En San Vicente, la ampliación está presupuestada en US$4,63 millones, mientras que la nueva estación transformadora de Candelaria requerirá otros US$4,7 millones.

La planificación también contempla nuevas subestaciones transformadoras en Esperanza Centro, Dos Hermanas, Paraíso, Montecarlo Centro y el Parque Industrial de Puerto Rico. Cada una representa inversiones de entre US$1,82 millones y US$1,9 millones. El objetivo es reforzar el abastecimiento en localidades en expansión y garantizar disponibilidad energética para nuevos desarrollos productivos.

Medición inteligente y control de la red

La modernización tecnológica ya alcanzó 5.701 medidores inteligentes activos. El sistema incluye 5.085 conexiones residenciales, 221 comerciales y 182 correspondientes a grandes usuarios. También permite monitorear generación, estaciones transformadoras, alumbrado público y consumos de organismos estatales, además de registrar 73 conexiones bidireccionales pertenecientes a usuarios que también generan e inyectan energía a la red.

La transformación del vínculo con los usuarios constituye otro de los ejes de la empresa: actualmente, el 90% utiliza canales digitales. Las herramientas disponibles permiten consultar y pagar facturas, solicitar turnos, realizar trámites comerciales y gestionar reclamos sin concurrir a una oficina. Para 2027 se proyecta profundizar la medición inteligente e incorporar más equipos telegestionados, junto con mejoras en la aplicación, la página web, el asistente virtual y el centro de atención telefónica.

Una gestión con mirada federal

Barreto sostuvo que su procedencia del interior provincial le aporta una perspectiva particular sobre las desigualdades territoriales y las necesidades que enfrentan las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos.

En ese sentido, afirmó que uno de los pilares de su administración será fortalecer el carácter federal de la distribución de los recursos. Para ello, anticipó un trabajo directo con los intendentes, a quienes definió como el primer punto de contacto con las demandas de cada comunidad.

La articulación también incluirá a las cooperativas eléctricas, que cumplen una función central en distintas localidades y mantienen, además de su tarea técnica, un vínculo social y solidario con los usuarios.

El objetivo, explicó, es que las decisiones de inversión y mantenimiento incorporen la realidad de los municipios y no se concentren únicamente en las zonas de mayor densidad poblacional.

Energía de Misiones trabaja en todo el territorio provincial a través de 19 distritos y presta servicio a 426.878 usuarios.

La composición de esa demanda refleja el fuerte predominio del consumo residencial:

  • El 90% de los usuarios corresponde a hogares.
  • El 6,42% pertenece al sector comercial.
  • El 3,19% corresponde a usuarios industriales.

Entre 2024 y 2026, el costo de la energía comprada al sistema nacional aumentó 423%, mientras que la tarifa media aplicada por Energía de Misiones subió 91,7%. Actualmente, el 71% de los usuarios residenciales conserva algún tipo de subsidio nacional y el 29% restante paga la tarifa sin asistencia. La diferencia muestra que una parte significativa del incremento mayorista fue absorbida o amortiguada antes de llegar a las facturas.

Entre enero y julio de 2026, el Estado misionero destinó $7.182,4 millones a descuentos y subsidios eléctricos. La mayor partida, por $4.750,7 millones, financió bonificaciones para consumos residenciales de hasta 450 kWh mensuales. También se sostuvieron beneficios para productores tealeros, cooperativas de agua, electrodependientes y actividades forestoindustriales, mandioqueras y ladrilleras.

El alcance social del servicio eléctrico

La política social de Energía de Misiones alcanza a más de 120.000 familias mediante la tarifa social y a otras 392 a través del componente Luz Solidaria. La cobertura incluye, además, 292 electrodependientes, más de 8.000 jubilados, 220 excombatientes, 97 comunidades guaraníes y 20 establecimientos que atienden a personas con discapacidad. También se entregaron 84 equipos solares para hogares ubicados en zonas de difícil acceso y 1.737 familias fueron beneficiadas mediante obras de programas sociales.

La empresa opera un sistema integrado por 16 estaciones transformadoras, 78 subestaciones, aproximadamente 780 kilómetros de líneas de 132 kilovoltios y otros 1.500 kilómetros de redes de 33 kilovoltios.

Misiones se abastece principalmente mediante el Sistema Argentino de Interconexión, al que se suman la vinculación con la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay, la generación hidroeléctrica provincial y el aporte creciente de fuentes renovables.

Urugua-í aporta hasta el 30% de la demanda mensual

Durante la exposición se destacó el papel de la central hidroeléctrica Urugua-í, que opera con dos turbinas y puede aportar alrededor de 120 megavatios de potencia.

Según los datos presentados, la central genera entre el 20% y el 30% de la energía eléctrica que demanda Misiones durante un mes, aunque su participación depende de la disponibilidad de agua y de las condiciones de operación.

La generación solar también comienza a ocupar un espacio dentro de la matriz eléctrica. Barreto indicó que durante el domingo previo a la exposición el aporte fotovoltaico alcanzó los 243 megavatios en determinados momentos.

La provincia cuenta con una demanda máxima de potencia cercana a los 665 megavatios, frente a una disponibilidad informada de aproximadamente 866 megavatios a través de las distintas fuentes y conexiones del sistema. El desafío no pasa solamente por disponer de energía, sino también por contar con redes capaces de transportarla y distribuirla de manera segura en toda la provincia.

Nuevo esquema de subsidios por el clima de Misiones

Uno de los puntos centrales de la presentación fue la necesidad de establecer un tratamiento energético diferencial para Misiones, debido a las altas temperaturas, la humedad y la mayor utilización de equipos de refrigeración durante buena parte del año.

Barreto señaló que se alcanzó un entendimiento con el Gobierno nacional para implementar una nueva escala de consumo subsidiado, vinculada al reconocimiento de las condiciones climáticas de la provincia y al avance de la denominada ley de Zona Fría.

El esquema contemplaría un límite subsidiado de 500 kilovatios hora mensuales durante los seis meses de mayor temperatura y de 300 kilovatios hora mensuales durante los meses menos cálidos.

La modificación permitiría ampliar la cobertura respecto del esquema nacional general y evitar que un sector importante de los hogares misioneros pierda los subsidios por consumos considerados elevados, pero que en la provincia están directamente asociados con el clima.

La línea Posadas-Oberá, una obra clave

Entre las obras estratégicas aparece la nueva línea de alta tensión entre Posadas y Oberá, actualmente en ejecución. El proyecto comprende aproximadamente 196 kilómetros y busca robustecer el transporte de energía hacia el centro de la provincia.

La infraestructura permitirá mejorar la estabilidad del sistema, ampliar la capacidad de abastecimiento y reducir la vulnerabilidad ante fallas o picos de demanda.

La obra continuará durante 2027 y constituye una de las principales apuestas para acompañar el crecimiento residencial, comercial e industrial del corredor central de Misiones.

Un tercer transformador para San Isidro

Otro de los proyectos prioritarios será la incorporación de un tercer transformador de 300 MVA en la estación San Isidro, en Posadas.

La inversión estimada asciende a US$22 millones y permitirá reforzar uno de los nodos fundamentales de ingreso y distribución de electricidad en la provincia. La nueva unidad ampliará la capacidad disponible y ofrecerá mayor respaldo ante contingencias, tareas de mantenimiento o aumentos extraordinarios de la demanda.

También se prevén intervenciones en la estación transformadora de Garupá y la continuidad de obras complementarias sobre el corredor Posadas-Oberá.

Preparativos ante El Niño

La empresa comenzó además a preparar su capacidad operativa ante la eventual llegada de un nuevo ciclo de El Niño, fenómeno asociado con mayores precipitaciones, tormentas intensas y daños sobre las redes eléctricas.

El plan contempla la disponibilidad de equipos especiales, refuerzo de cuadrillas y contratación de servicios tercerizados para responder con mayor rapidez ante cortes, caída de postes, daños en líneas y otras contingencias.

La experiencia acumulada durante episodios climáticos anteriores llevó a la empresa a incorporar la prevención como uno de los ejes del presupuesto. En una provincia con redes extensas, abundante vegetación y una alta dispersión territorial, la velocidad de respuesta resulta tan relevante como la propia capacidad de generación.

Con obras de transporte, ampliación de potencia y un esquema energético adaptado al clima provincial, Energía de Misiones abrió el debate presupuestario de 2027 con una premisa central: sostener el abastecimiento de una demanda creciente y distribuir las inversiones con una mirada más federal.

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En la vigilia por el 9 de Julio, Milei defendió sus reformas y agradeció a los gobernadores aliados

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La vigilia por el 9 de Julio en la Casa Histórica de Tucumán dejó mucho más que una conmemoración patria. El presidente Javier Milei aprovechó el acto para mostrar una de las imágenes políticas más relevantes de su gestión: rodeado por doce gobernadores, el mandatario buscó exhibir capacidad de articulación con las provincias y enviar un mensaje de estabilidad en momentos en que el Gobierno necesita mayor respaldo parlamentario para avanzar con una nueva batería de reformas estructurales.

La estrategia fue reforzada horas después por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien interpretó la fotografía como el símbolo de una nueva etapa en la relación entre la Nación y las provincias. “La Argentina necesita que Nación y provincias trabajen juntas para consolidar el camino hacia la libertad”, sostuvo el funcionario, al tiempo que llamó a “dejar atrás las divisiones estériles” y construir un federalismo basado en el diálogo, el equilibrio fiscal y objetivos compartidos.

En Tucumán acompañaron al Presidente los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén), además del vicegobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, y la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto.

La convocatoria tuvo un fuerte contenido político. Milei agradeció expresamente a los mandatarios por “haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba” y vinculó ese acompañamiento con el proceso de transformación económica que impulsa desde diciembre de 2023. Para el Presidente, la Independencia representa una responsabilidad permanente para construir un país sustentado en el esfuerzo, la libertad económica y el respeto por la ley.

La gobernabilidad como activo para la segunda mitad del mandato

El Gobierno interpreta que la consolidación del programa económico debe complementarse ahora con una etapa de reformas legislativas de mayor profundidad. En ese marco, Milei sostuvo que el oficialismo cuenta con “el Congreso más reformista de la historia” y convocó nuevamente a los gobernadores a respaldar los proyectos que el Ejecutivo enviará durante los próximos meses.

Entre las iniciativas prioritarias mencionó la modificación del régimen de Zona Fría para focalizar subsidios energéticos, la ampliación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, la reforma política con la eliminación de las PASO, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para impedir el financiamiento monetario del déficit fiscal, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el denominado Súper RIGI, esquema con el que el Gobierno busca atraer inversiones estratégicas de gran escala.

La puesta en escena buscó además reeditar el espíritu del Pacto de Mayo firmado dos años atrás en el mismo escenario. Milei recordó aquel compromiso como el inicio de un proceso destinado a devolver autonomía económica a las provincias y liberar sus capacidades productivas mediante una reducción del peso del Estado nacional.

Perlitas: Milei ‘huyó’, faltazo de gobernadores y contradicciones libertarias

El presidente Javier Milei estuvo anoche en Tucumán para participar de la vigilia por el 9 de Julio. Fue un viaje exprés -dio un discurso de 20 minutos y a la 1.15 se subió al avión rumbo a Buenos Aires-. Su paso fugaz por dicha provincia dejó varias ‘perlitas’. Y acá te las contamos.

En primer lugar, fue llamativa la ausencia de la jefa de bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien se excusó por “razones personales”. Pero sí estuvo esta mañana en el Tedeum en la Catedral metropolitana. Hubo escasa presencia de senadores libertarios: sí participó Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado.

Otro dato llamativo fue el ‘faltazo’ de varios gobernadores: no asistieron a la vigilia en Tucumán Maximiliano Pullaro (el santafesino tampoco había participado de la jura de Diego Santilli), el cordobés Martín Llaryora (que envió a su vice, Myrian Prunotto), el riojano Ricardo Quintela ni Jorge Macri. Obviamente, tampoco estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con quien el Gobierno nacional no quiere tener diálogo alguno.

Muchos de los gobernadores que asistieron a la vigilia en Tucumán esperaban poder dialogar con Javier Milei, pero él no quiso, probablemente sabiendo que se vendrían los reclamos. El Presidente ingresó -y se retiró- por la puerta de atrás, y sólo estuvo con los mandatarios provinciales para tomarse una foto.

En todo momento, los funcionarios nacionales intentaron evitar el diálogo directo de Milei con los gobernadores. El extraño caso de un Presidente que no quiere hablar de política (“hablen con Karina”) ni hablar con gobernadores (“hablen con el ‘Colo’ Santilli). ¿Cuál sería el rol de Milei en el gobierno?

Más allá de estas dudas existenciales, lo cierto es que entre los gobernadores comienza a reinar la desconfianza: por qué deberían creerle al Gobierno nacional si hasta ahora no ha venido cumpliendo las promesas…

El tucumano Osvaldo Jaldo, anfitrión, lo admitió en declaraciones a La Gaceta de Tucumán. “Más que todo hemos hablado con Diego Santilli, para que la semana que viene pueda recibir una comisión de gobernadores. Hoy el Presidente habló de determinados puntos; en algunos coincidimos. (Pero) los gobernadores también tenemos puntos para plantearle al Presidente y ver cómo juntos y de qué manera hacemos una Argentina mejor, pero incluida todas las provincias de la República“.

“Tenemos un problema de baja de recaudación, producto de que la microeconomía no arranca. Sí hay parámetros macroeconómicos que son importantes: la baja del riesgo país, la baja de la inflación y el equilibrio fiscal; todo eso es importante. Pero eso todavía no llegó a la microeconomía, que es donde está la gente, donde están los servicios esenciales, donde está la salud, la educación pública, la seguridad pública”, declaró.

“Nosotros, como provincia, necesitamos también que, como a la macro le está empezando a ir bien, queremos tener síntomas de mejoría en la microeconomía. Tiene que ver con las provincias y con los servicios esenciales, que los damos nosotros, las provincias de la República Argentina. Tenemos responsabilidad de los servicios esenciales para nuestra gente”, ahondó el gobernador de Tucumán, uno de los aliados de Javier Milei.

Asimismo, insistió con la necesidad de que la Nación intervenga de algún modo para que las provincias recuperen la recaudación. En Tucumán, en lo que va del año, la caída representa alrededor del 9%, porcentaje que representaría poco más de $70.000 millones.

El mensaje de Ravier: federalismo y coordinación

Desde la Casa Rosada, Adrián Ravier profundizó esa lectura política. El vocero sostuvo que la fotografía con los gobernadores representa una señal de madurez institucional y una muestra de que es posible construir consensos alrededor de objetivos económicos comunes.

Según el funcionario, el federalismo debe traducirse en coordinación entre los distintos niveles del Estado y no solamente en declaraciones políticas. En ese sentido, planteó que el desafío consiste en compatibilizar equilibrio fiscal, crecimiento económico y desarrollo regional bajo un mismo programa de gobierno.

Más allá del simbolismo del acto patrio, la presencia simultánea de una docena de gobernadores adquiere relevancia en un contexto donde el oficialismo necesita ampliar acuerdos parlamentarios para aprobar reformas consideradas centrales para la segunda mitad del mandato presidencial.

El Ejecutivo intenta mostrar que, pese a las tensiones fiscales entre Nación y provincias, existe un núcleo de gobernadores dispuesto a acompañar iniciativas vinculadas a la consolidación macroeconómica y la desregulación de la economía. Esa señal también apunta a fortalecer la previsibilidad institucional frente a inversores y mercados financieros, uno de los objetivos permanentes de la administración libertaria.

La única nota de contraste volvió a estar dada por la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien asistió al acto luego de las diferencias públicas que mantiene con el Presidente. Tras la ceremonia, sostuvo que el discurso de Milei tuvo un contenido político, aunque remarcó que el Día de la Independencia representa una fecha que trasciende a todas las fuerzas partidarias.

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Gobernadores del Norte Grande buscan una postura común ante la reforma de Zona Fría y proponen compensaciones energéticas para el NEA

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La discusión por los subsidios energéticos volvió a convertirse en un eje de articulación política entre provincias con intereses y alineamientos muy distintos. Este martes, los gobernadores del Norte Grande se reunirán en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo formal de avanzar en una agenda de desarrollo regional, pero con una prioridad política que domina las conversaciones previas: construir una posición común frente a la reforma del régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno de Javier Milei y abrir el debate sobre mecanismos compensatorios para las provincias del norte argentino.

La convocatoria adquiere relevancia porque reúne a mandatarios que, en el escenario nacional, mantienen relaciones muy diferentes con la Casa Rosada. Estarán presentes el misionero Hugo Passalacqua, el correntino Juan Pablo Valdés, el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el jujeño Carlos Sadir, el salteño Gustavo Sáenz, el formoseño Gildo Insfrán, el riojano Ricardo Quintela y el santiagueño Elías Suárez. La diversidad política de la mesa refleja la dimensión del tema: la energía aparece como uno de los pocos asuntos capaces de generar coincidencias entre gobernadores dialoguistas y opositores.

La preocupación regional surge luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto oficialista que modifica el esquema de subsidios al gas natural, una de las piezas centrales de la estrategia de reducción del gasto público que impulsa la administración libertaria. La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado y, en ese contexto, los mandatarios buscan fortalecer su capacidad de negociación actuando como bloque.

El régimen de Zona Fría fue concebido originalmente para aliviar el costo del gas en regiones donde las bajas temperaturas elevan significativamente el consumo residencial. Durante años benefició principalmente a provincias patagónicas y zonas cordilleranas, otorgando descuentos de entre el 30% y el 50% sobre las facturas. Sin embargo, la ampliación sancionada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández extendió el beneficio a más de cuatro millones de hogares distribuidos en gran parte del país, incorporando cientos de municipios y departamentos de distintas provincias.

Desde su llegada al poder, el Gobierno nacional cuestionó esa expansión argumentando que el esquema perdió su objetivo original y terminó transformándose en un subsidio generalizado financiado por todos los usuarios del sistema energético. Bajo esa lógica, la reforma busca reducir el universo de beneficiarios y generar un ahorro fiscal que, según estimaciones debatidas en el Congreso, podría oscilar entre los 200.000 y los 460.000 millones de pesos anuales.

Para las provincias del Norte Grande, el debate excede la discusión sobre el gas. Los gobernadores sostienen que existe una asimetría estructural en la política energética nacional. Mientras el régimen de Zona Fría reconoce el impacto económico de las bajas temperaturas sobre los hogares del sur argentino, las jurisdicciones del norte enfrentan consumos extraordinarios durante varios meses al año debido a temperaturas extremas que superan frecuentemente los 40 grados.

En ese marco comenzó a tomar fuerza una propuesta informal que algunos dirigentes ya denominan “Zona Caliente”. La idea apunta a diseñar algún mecanismo de compensación para las provincias del NEA y NOA, donde el uso intensivo de sistemas de refrigeración genera elevados costos energéticos tanto para las familias como para sectores productivos, comerciales y de servicios.

Para Misiones, la discusión tiene una relevancia particular. La provincia enfrenta cada verano extensos períodos de temperaturas elevadas y altos niveles de humedad, condiciones que incrementan de manera considerable el consumo eléctrico residencial y empresarial. En ciudades como Posadas, donde los registros térmicos suelen ubicarse entre los más altos del país durante la temporada estival, la energía se transforma en un componente cada vez más significativo dentro de la estructura de costos.

La reunión del CFI también funcionará como una prueba sobre la capacidad de los gobernadores para reconstruir espacios de coordinación regional en un contexto donde la administración nacional concentra buena parte de las decisiones fiscales y presupuestarias. Más allá de los capítulos vinculados a logística, recursos hídricos, educación o industrias culturales previstos en la denominada “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, la energía aparece como el tema con mayor potencial político.

Lo que está en juego no es únicamente la continuidad o modificación de un esquema de subsidios. También se debate el criterio con el que el Estado nacional reconoce las diferencias climáticas y productivas entre regiones. En un país atravesado por fuertes contrastes geográficos, el Norte Grande busca instalar una discusión que trascienda el gas y contemple el costo energético integral que enfrentan las provincias del NEA y NOA.

La verdadera incógnita del encuentro será si los mandatarios logran superar sus diferencias partidarias y presentar una propuesta unificada. Si eso ocurre, la negociación por la reforma de Zona Fría podría convertirse en uno de los principales frentes de discusión entre las provincias y el Gobierno nacional durante las próximas semanas.

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Came manifiesta preocupación por la reforma al Régimen de Zona Fría y su impacto en la Patagonia

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) –a través de su Bloque Patagónico– acompaña la preocupación de las entidades empresarias y productivas de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego ante las modificaciones impulsadas sobre el Régimen de Zona Fría, por el impacto directo que las mismas tendrán sobre el poder adquisitivo de las familias, la competitividad de las pymes y el desarrollo económico regional.

La Patagonia posee características climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año. En vastas regiones del sur argentino, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses anuales, haciendo imposible reducir significativamente el consumo energético de hogares, comercios e industrias.

Las modificaciones propuestas alteran la lógica histórica del régimen compensatorio construido para equilibrar las asimetrías estructurales que enfrenta la región. Limitar el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo implica trasladar a los usuarios costos crecientes de transporte, distribución e impuestos, generando incrementos tarifarios que podrían superar ampliamente la capacidad de pago de miles de familias patagónicas.

Las proyecciones realizadas por distintos organismos especializados estiman aumentos significativos en las facturas residenciales y comerciales. Esta situación tendrá un efecto inmediato sobre el consumo interno, la actividad económica y el sostenimiento del empleo en toda la región.

Las pequeñas y medianas empresas patagónicas ya enfrentan un escenario complejo marcado por caída de ventas, aumento de costos operativos y dificultades financieras. Incorporar una presión tarifaria adicional sobre el sector productivo y comercial profundizará la desaceleración económica y afectará directamente la capacidad de sostener puestos de trabajo.

En este sentido, la región patagónica no reclama privilegios; reclama el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales. El costo energético en el sur argentino no puede analizarse con los mismos parámetros que en otras regiones del país.

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP); la Federación de Entidades Empresaria Neuquinas (FEEN), la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), la Federación Empresaria del Chubut (FECh), la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia, entidades que forman el Bloque Patagónico de CAME,  consideran imprescindible abrir una instancia de diálogo institucional y federal que permita evaluar integralmente las consecuencias económicas y sociales de esta reforma antes de su implementación definitiva. Defender el Régimen de Zona Fría es defender la calidad de vida de millones de argentinos que habitan y producen en la región patagónica.

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Presupuesto 2026: el oficialismo analiza reabrir Diputados a fin de año para reponer artículos clave

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Tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró voltear un capítulo central del proyecto de Presupuesto 2026, el oficialismo recalibró su estrategia parlamentaria y analiza reabrir el recinto entre el 29 y el 30 de diciembre. El objetivo es avanzar primero con modificaciones en el Senado y luego aceptar esos cambios en Diputados para intentar reponer los artículos rechazados, en particular los vinculados a la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La definición no depende exclusivamente de La Libertad Avanza (LLA), sino del curso que adopte el debate en la Cámara alta. En ese marco, el oficialismo admite que el desenlace está atado a los acuerdos políticos que se alcancen en el Senado y a la correlación de fuerzas que vuelva a expresarse en una eventual sesión de fin de año.

Estrategia parlamentaria y rol del Senado

Luego de que Diputados rechazara el capítulo 11 del Presupuesto, el oficialismo dejó trascender que buscará modificaciones o leyes específicas para alcanzar los mismos objetivos que estaban concentrados en ese tramo del proyecto. “Se trabajará en modificaciones o nuevas leyes particulares para conseguir los mismos objetivos planteados en ese capítulo”, señalaron fuentes de la bancada oficialista.

El Senado aparece ahora como una pieza clave. Existen dos escenarios posibles: que la Cámara alta apruebe el Presupuesto sin cambios, tal como llegó desde Diputados, lo que convertiría el proyecto en ley; o que introduzca modificaciones, obligando a que el texto vuelva a la Cámara de origen para su revisión. Aunque la comisión de Presupuesto del Senado dictaminó sin incorporar el capítulo rechazado, en el oficialismo reconocen que el recinto podría alterar ese dictamen.

En función de esa incertidumbre, la Presidencia de Diputados y el bloque libertario se preparan para una eventual sesión los días 29 o 30 de diciembre, con el fin de aceptar o rechazar los cambios que pudieran llegar desde el Senado. Sin embargo, aun en ese escenario, no hay garantías de éxito: si se repitiera la paridad de fuerzas de la última sesión, la oposición podría insistir en bloquear el artículo 75, eje de la controversia por las leyes de universidades y Discapacidad.

Negociaciones, errores de diseño y tensiones políticas

En el balance interno, el oficialismo admite que el armado del capítulo 11 fue uno de los principales problemas del debate. Concentrar múltiples medidas sensibles en un solo bloque legislativo terminó condicionando a diputados que, de haberse votado los artículos por separado, podrían haber acompañado algunos puntos y rechazado otros. También reconocen que no aceptar la votación artículo por artículo elevó el costo político de la derrota.

Entre los artículos que el Gobierno considera más factibles de recuperar se encuentran la limitación del régimen de zona fría para usuarios de gas y el fin de la actualización automática de prestaciones de la ANSES, como la AUH, las Asignaciones Familiares y la asignación por embarazo.

La estrategia de incluir la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires como incentivo para sumar apoyos tampoco alcanzó. Esa decisión generó malestar en sectores aliados, en particular dentro del PRO, que acompañó la votación en general pero expresó fuertes críticas por la mezcla de temas en un mismo capítulo. Las tensiones se profundizaron tras conocerse un acuerdo político paralelo para cubrir cargos vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que deterioró la relación con algunos socios legislativos.

Desde la Presidencia de Diputados minimizaron el conflicto y defendieron el procedimiento: “La Cámara cumplió con su deber tal cual venía siendo reclamado por miembros de la oposición, periodismo y público en general”, señalaron, al tiempo que ratificaron la intención de seguir trabajando con aliados “más allá de discrepancias puntuales”.

La lectura del oficialismo y el impacto político

Pese al traspié puntual, en La Libertad Avanza consideran que el resultado global fue “muy positivo”. Destacan que se obtuvieron los dictámenes necesarios y que se ganaron 19 de 20 votaciones en el recinto. Además, subrayan la sanción de dos leyes clave: Presupuesto e Inocencia Fiscal, y remarcan que el proyecto presupuestario “mantiene la regla de oro que permite asegurar el superávit fiscal”.

Las fuentes oficiales valoran especialmente la media sanción obtenida y aseguran que “los mercados reaccionaron en concordancia”, en alusión a la señal de disciplina fiscal que busca transmitir el Gobierno. Quedó pendiente, en cambio, el tratamiento de la Ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario, que no pudo debatirse debido a la extensión de la sesión y al riesgo de pérdida de quórum cerca de las 4 de la madrugada.

Con el calendario corriendo y el cierre del año como límite político y administrativo, el oficialismo enfrenta ahora una definición contrarreloj. La posibilidad de sesionar entre las fiestas refleja la centralidad que el Gobierno le asigna al Presupuesto 2026 y anticipa un cierre de año legislativo marcado por negociaciones intensas y final abierto.

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