Norte Grande: gas, infraestructura y zonas cálidas, la agenda que Misiones llevó a la mesa nacional
La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande dejó en Posadas una conclusión que excede la discusión coyuntural sobre la provisión de energía: para las provincias del norte argentino, la infraestructura sigue siendo una condición determinante para competir, industrializarse y reducir las brechas de desarrollo con el centro y el sur del país. El encuentro reunió a los mandatarios regionales con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y colocó en el centro de la agenda el transporte de gas, las obras viales, la hidrovía, el impacto climático y el futuro régimen de zonas cálidas.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, planteó que la discusión energética debe incorporar las particularidades estructurales de la región. “No tenemos un metro de caño de gas, Osvaldo yo te envidio cuando decís que tenés problemas con el gas, acá no tenemos porque no hay gas. Acá funcionamos a leña”, remarcó el misionero. “El Norte Grande necesita una estrategia energética que contemple nuestra realidad y nos permita contar con el gas necesario para seguir creciendo, fortaleciendo nuestra industria y reduciendo las asimetrías de la región”, sostuvo.
La definición tiene una particularidad para Misiones: la provincia no enfrenta simplemente un problema de abastecimiento insuficiente, sino que carece de acceso a la red de gas natural. Esa diferencia explica por qué el reclamo regional apunta a una política de infraestructura de largo plazo y no únicamente a resolver eventuales restricciones durante los meses de mayor demanda.
Santilli aseguró que el Gobierno nacional tomó nota de los planteos y vinculó la discusión con las obras destinadas a recuperar capacidad de transporte. Según explicó, la reversión del Gasoducto Norte ya fue concluida y ahora resta avanzar con obras de compresión y otros trabajos necesarios para incrementar el flujo. El funcionario también señaló que el cambio en el suministro proveniente de Bolivia obligó a modificar la arquitectura del abastecimiento y a fortalecer el transporte desde Vaca Muerta hacia el norte.
La cuestión adquiere una dimensión productiva cuando se observa cómo la falta de gas condiciona a las economías regionales. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, fue explícito al señalar que el objetivo no es solamente garantizar el consumo domiciliario, sino disponer de energía suficiente para transformar la matriz productiva. En su diagnóstico, Corrientes y Misiones comparten con sectores de Chaco una desventaja estructural frente a las zonas que sí cuentan con infraestructura gasífera.
El caso correntino permite dimensionar el costo económico de esa brecha. Valdés señaló que parte de la industria arrocera utiliza leña en sus procesos de secado y que el humo generado puede convertirse en una barrera para acceder a determinados mercados. La discusión, por lo tanto, no se reduce al precio de la energía: involucra calidad, competitividad, estándares ambientales y capacidad exportadora.
El mismo razonamiento alcanza a la yerba mate y a otras actividades industriales del Norte Grande. Cuando una provincia carece de infraestructura energética competitiva, una parte del costo de producir se traslada directamente a las empresas. En mercados internacionales donde los compradores pueden sustituir proveedores con rapidez, perder competitividad puede significar perder mercados que después requieren años para recuperarse.

Tucumán llevó a la Asamblea una advertencia similar. Osvaldo Jaldo explicó que las restricciones en el suministro de gas afectan actividades estratégicas como la industria citrícola y la producción sucroalcoholera. En conjunto, según planteó, esos sectores representan cerca de 100.000 puestos de trabajo en la provincia. El dato expone el vínculo entre infraestructura y empleo: una interrupción energética para una industria de escala regional no es solamente un problema operativo, sino un riesgo directo sobre la actividad económica y los ingresos de miles de familias.
Jaldo también marcó una transformación en el mapa energético argentino. Durante los años en que el gas proveniente de Bolivia ingresaba por el norte, las provincias de esa región ocupaban una posición privilegiada dentro del esquema de distribución. Con el desplazamiento hacia el gas producido en Vaca Muerta, el flujo se reorganizó desde el sur hacia el norte y dejó a varias provincias ante la necesidad de adaptar su infraestructura para recibir el nuevo suministro.
En ese punto aparece uno de los principales desafíos de la política energética nacional: Vaca Muerta puede ampliar de manera sustancial la disponibilidad de gas argentino, pero el recurso no genera por sí mismo desarrollo territorial si no existe una red capaz de transportarlo hacia los centros industriales y productivos. La infraestructura es el puente entre la abundancia del recurso y su transformación en inversión, empleo y competitividad.
La discusión sobre las llamadas zonas cálidas incorpora otra dimensión de la misma asimetría. Mientras el Congreso avanza con el proyecto de Zonas Frías, los gobernadores del Norte Grande buscan que el esquema de beneficios energéticos contemple también las regiones sometidas a temperaturas extremas durante el verano. El planteo consiste en evitar que el reconocimiento de las condiciones climáticas dependa de decisiones administrativas cambiantes y avanzar hacia un marco legal que otorgue previsibilidad.
Valdés sostuvo que los gobernadores quieren trabajar durante este período en una ley que deje expresamente establecido el tratamiento para las provincias cálidas y muy cálidas. El objetivo político es convertir un reclamo recurrente en una política pública permanente, con criterios objetivos y previsibles.
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y presidente pro tempore del Norte Grande, confirmó que habrá una nueva reunión de trabajo con el Gobierno nacional para abordar la cuestión energética. La expectativa es que el debate por zonas frías y cálidas pueda avanzar en paralelo con las obras de infraestructura necesarias para ampliar la disponibilidad de gas y electricidad.
La agenda energética no fue el único frente de infraestructura discutido en Posadas. Los gobernadores también plantearon la necesidad de mejorar las rutas nacionales y profundizar la capacidad navegable de la hidrovía Paraná-Paraguay. Para Corrientes, Valdés puso el foco en llevar el calado del troncal a un rango de entre 12 y 14 pies, una mejora que permitiría ampliar las alternativas de navegación, reducir costos logísticos y generar mayor competencia entre puertos.
La lógica detrás de ese reclamo es similar a la energética. Una infraestructura insuficiente aumenta el costo de colocar producción en los mercados y termina funcionando como un impuesto implícito sobre las economías regionales. En provincias alejadas de los grandes centros de consumo y exportación, cada restricción logística tiene un impacto proporcionalmente mayor.

El componente climático agregó una urgencia adicional a la agenda. Corrientes planteó la necesidad de anticiparse a las consecuencias de la transición entre los fenómenos de El Niño y La Niña, especialmente por el riesgo de sequías e incendios. La experiencia reciente de la región convirtió la prevención en una cuestión económica además de ambiental: incendios, sequías y eventos extremos afectan producción, infraestructura, empleo y finanzas provinciales.
En ese contexto, la presencia de Santilli fue leída por los gobernadores como una oportunidad para transformar reclamos dispersos en una agenda institucional común. El jefe de Gabinete evitó involucrarse en la política interna de las provincias y sostuvo que el camino debe ser el trabajo conjunto entre Nación y gobernadores, incluso cuando existan diferencias políticas.
La definición tuvo especial eco en Jaldo, quien reivindicó el diálogo institucional con un Gobierno nacional de signo político diferente al suyo. El tucumano sostuvo que los gobernadores deben representar a todos los habitantes de sus provincias y que el Presidente, elegido democráticamente, representa al conjunto de los argentinos. Para el mandatario, la discusión sobre infraestructura requiere superar la lógica de la confrontación política y concentrarse en aquellos puntos donde existe coincidencia.
Esa postura también revela el nuevo escenario de negociación entre Nación y provincias. Los gobernadores buscan recuperar capacidad de incidencia sobre políticas que impactan directamente en sus economías, mientras el Gobierno nacional necesita ordenar prioridades fiscales y de infraestructura. El desafío consiste en transformar esa tensión en acuerdos que permitan ejecutar obras con impacto productivo y no solamente atender emergencias.
Jalil resumió esa perspectiva al destacar que una parte importante de los reclamos planteados en reuniones anteriores está avanzando y que el diálogo permitió destrabar distintos temas. También anticipó avances en una nueva legislación vinculada al cabotaje y una agenda de trabajo con Cancillería para fortalecer la denominada Marca Norte Grande.
Para Misiones, sin embargo, el punto estructural continúa siendo el acceso a la energía. La provincia puede reclamar reducción de asimetrías, pero la discusión adquiere otra profundidad cuando se considera que el gas natural todavía no forma parte de su infraestructura básica. En ese escenario, la incorporación al sistema de transporte de gas no debería pensarse únicamente como una obra energética, sino como una plataforma para atraer inversiones, sustituir combustibles más costosos, mejorar procesos industriales y ampliar mercados.
El resultado de la Asamblea, por eso, puede medirse menos por la cantidad de compromisos anunciados que por la capacidad de convertir una agenda regional en decisiones concretas. La solución para el Norte Grande no pasa por una transferencia permanente de recursos para compensar desventajas, sino por construir las condiciones de infraestructura que permitan que las provincias produzcan en igualdad de condiciones.
La discusión sobre gas, rutas, hidrovía, electricidad y clima converge finalmente en una misma pregunta: qué infraestructura necesita la Argentina para que el crecimiento de Vaca Muerta, la producción agroindustrial y las economías regionales no queden concentrados territorialmente. La respuesta, para el Norte Grande, pasa por conectar recursos con mercados y convertir esa conexión en competitividad. En Posadas, los gobernadores volvieron a poner esa ecuación sobre la mesa; ahora el desafío es convertir el diagnóstico en obras y reglas que sobrevivan al próximo ciclo político.


