TikTok bajo la lupa: la investigación que expone redes de abuso infantil y pone en jaque al algoritmo
Una de las aplicaciones más populares entre adolescentes quedó en el centro de una controversia que excede a España. Durante 35 días, periodistas de Maldita.es rastrearon cuentas, publicaciones y transmisiones en directo vinculadas con el abuso sexual infantil en un muy completo informe denominado “Tik Tok: el hogar pederasta”. Su trabajo no solo identificó contenidos ilícitos: documentó cómo las funciones de búsqueda, recomendación y contacto de TikTok podían facilitar su circulación.
La investigación, desarrollada entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de 2026, localizó más de 200 perfiles que habían publicado más de mil videos e imágenes explícitos, con 48 millones de visualizaciones acumuladas. Algunos materiales llevaban hasta cuatro meses disponibles. La organización conservó evidencias y las entregó a la Fiscalía española especializada en criminalidad informática. Los hallazgos corresponden al período observado y no representan necesariamente todo el contenido ilegal existente en la plataforma.
Una red que no necesitaba esconderse
En numerosos perfiles, los contenidos funcionaban como catálogos: las publicaciones atraían a potenciales compradores y los comentarios los dirigían a servicios de mensajería externos. Según Maldita.es, los usuarios mencionaban Telegram y Zangi para concretar intercambios o ventas. No se trata únicamente de publicaciones aisladas, sino de indicios de comunidades organizadas que aprovechaban herramientas cotidianas de una red social masiva.
La investigación original resumió el problema en una frase: “No se esconden y TikTok no es capaz de atajar el problema”. El señalamiento se refiere tanto a la visibilidad de las cuentas como a la respuesta de los sistemas de moderación. En una muestra de 50 publicaciones denunciadas, TikTok eliminó cinco, equivalente al 10%.
El equipo periodístico también documentó comentarios y conversaciones con usuarios que afirmaban poseer material de abuso, en algunos casos relacionado con menores de su entorno. Esas afirmaciones son indicios recogidos por periodistas, no pruebas judiciales de que cada relato sea verdadero. La distinción es esencial para dimensionar el riesgo sin atribuir delitos no acreditados.
Los vivos y la vulnerabilidad de niños y niñas
Otra línea de la investigación examinó transmisiones en vivo protagonizadas por menores. Maldita.es informó que registró y notificó a TikTok más de 40 directos de personas claramente menores de 18 años, pese a que esa edad es el requisito que la plataforma establece para emitir. En algunos casos, adultos ofrecían recompensas o regalos virtuales a cambio de conductas sexualizadas. La posibilidad de monetizar interacciones añade una dimensión económica al riesgo.
No todas las transmisiones protagonizadas por menores implican abuso, pero la presencia de adultos que intentan inducir conductas sexualizadas evidencia fallas en la protección. También muestra los límites de trasladar toda la responsabilidad a las familias: la detección de estos patrones depende en gran medida de los controles que implementa la propia plataforma.
El algoritmo que conduce a contenidos peligrosos
La entrega publicada por Maldita.es el 11 de noviembre incorporó una observación decisiva: el sistema de recomendaciones comenzó a mostrar al perfil utilizado para investigar cuentas vinculadas con el intercambio de material ilegal, le sugirió seguirlas y llegó a recomendarle directos de niñas. Algunas cuentas relacionadas con vendedores comenzaron a seguir a los investigadores sin contacto previo.
“Sin el algoritmo de TikTok, nada de esto habría sido posible”, escribieron los investigadores. La frase no prueba que la empresa quisiera favorecer delitos, pero sí plantea un problema de diseño y supervisión: el mismo sistema que aprende los intereses de los usuarios y maximiza la permanencia puede amplificar contenidos peligrosos cuando falla la moderación.
En otra entrega de la investigación, Maldita.es cuestionó el funcionamiento de herramientas contempladas por la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, como la moderación de contenidos, la verificación de edad y los sistemas de recomendación. Según sus hallazgos, estas funciones no estaban reduciendo adecuadamente los riesgos para los menores.
La respuesta de España y de la empresa
Tras la publicación, la ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió explicaciones a TikTok y planteó que la empresa suspendiera voluntariamente su actividad en España mientras garantizaba condiciones de seguridad. También impulsó la intervención de autoridades competentes. Es importante diferenciar ese pedido de una prohibición ya vigente: al 11 de noviembre, la suspensión general no se había concretado.
TikTok sostiene que prohíbe terminantemente el material de abuso sexual infantil y que utiliza tecnología y equipos de moderación para detectarlo. La empresa ha señalado que quienes intentan distribuir contenido ilícito cambian sus métodos para evadir controles. Esas explicaciones deben contrastarse con los resultados documentados y con la actuación de los organismos regulatorios y judiciales.
El Reglamento de Servicios Digitales europeo exige a las grandes plataformas evaluar y mitigar riesgos sistémicos, incluida la difusión de contenido ilegal y los daños a menores. La discusión, por lo tanto, no se agota en una controversia reputacional: también involucra obligaciones concretas de prevención y respuesta.
Una alarma que también interpela a la Argentina
En Argentina, el grooming está tipificado penalmente desde la Ley 26.904. Sin embargo, castigar el contacto de un adulto con un menor con fines sexuales no sustituye la prevención en las plataformas. La investigación española plantea preguntas pertinentes para cualquier país: cómo se verifica la edad, qué ocurre ante denuncias documentadas, quién controla los vivos y cómo se auditan los sistemas de recomendación.
No hay que extrapolar las cifras españolas para afirmar que la situación argentina tiene la misma escala. Pero los productos, las herramientas y los incentivos comerciales son globales. El desafío regulatorio también lo es.
El negocio de la atención frente a la seguridad
Durante años, las redes sociales se presentaron como simples intermediarias de contenidos producidos por terceros. Hoy sabemos que deciden activamente qué mostrar y a quién mediante sistemas automatizados. Cuando esos sistemas encuentran una audiencia para publicaciones ilegales, la responsabilidad empresarial no puede reducirse a retirar algunos videos después de una denuncia.
Bloquear una aplicación puede parecer una solución inmediata, pero también exige discutir proporcionalidad, eficacia y posibles desplazamientos de las redes delictivas a otros servicios. La alternativa tampoco puede ser confiar únicamente en la autorregulación. Se necesitan controles verificables, cooperación con la Justicia y protección efectiva de niños y niñas.
La pregunta que deja la investigación de Maldita.es es tan simple como incómoda: si una plataforma puede identificar con extraordinaria precisión qué mantiene nuestra atención, ¿por qué sus herramientas no logran impedir con la misma eficacia que se amplifique material de abuso infantil? La seguridad de los menores no puede depender de que una denuncia periodística vuelva visible aquello que los sistemas de control deberían haber detectado antes.
