Tras cientos de hectáreas perdidas en El Bolsón (Río Negro), Epuyén (Chubut) y el Valle Magdalena, en el Parque Nacional Lanín (Neuquén), diversos medios han difundido rumores sobre la posible provocación de estos incendios. En diciembre de 2023, el presidente Javier Milei presentó el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que contempla la venta inmobiliaria de tierras afectadas por incendios forestales. Esta medida ha generado inquietud entre miles de familias que residen en zonas rurales.

Cabe recordar que, según la normativa anterior, se preservaban las áreas dañadas, impidiendo su venta durante al menos sesenta años tras el incendio. Esta restricción buscaba frenar el aprovechamiento empresarial que pudiera incentivar incendios intencionales.

En cuanto a la biodiversidad, el ambientalista Luis Martínez, de Corrientes, estima que la recuperación natural de los bosques perdidos en la Patagonia podría demorar hasta doscientos años. Datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) indican que, entre 2010 y 2020, las áreas afectadas por incendios en la región aumentaron en un 35%, lo cual evidencia la creciente presión sobre estos ecosistemas y su contribución al calentamiento global.

Diversas entrevistas a familias, brigadistas y bomberos han señalado que, en muchos casos, se sospecha la intencionalidad detrás de estos incendios. Además, los terrenos afectados se adquieren a precios inferiores al valor de mercado, atrayendo a inversores y empresas de sectores como el agroindustrial, el inmobiliario y la especulación financiera, con la expectativa de que su valor se recupere a medida que la zona se regenere.

Si desmenuzamos solamente el ámbito del agronegocio se destacan dos aspectos críticos. Por un lado, el concepto de Peak Oil, que señala que la producción de petróleo convencional ha alcanzado su pico y se encuentra en declive; este recurso se utiliza mayoritariamente en la producción agrícola industrial, afectando la sostenibilidad de los monocultivos basados en semillas transgénicas. Por otro, la deforestación acelerada, respaldada por informes del Ministerio de Ambiente, ha incrementado la frecuencia de sequías y condiciones climáticas adversas, repercutiendo directamente en la productividad agrícola.

Estos hechos plantean preguntas sobre la dirección de la política ambiental y económica del país. ¿Se está priorizando el crecimiento del PBI a corto plazo a costa de la sostenibilidad a largo plazo? Un informe de la FAO advierte que la degradación de los ecosistemas forestales tendría consecuencias irreversibles en la producción agrícola y en los esfuerzos por mitigar el cambio climático.

No obstante, existen alternativas basadas en datos y experiencias comprobadas. Proyectos de reforestación, programas de manejo sostenible y la participación activa de las comunidades locales han demostrado ser estrategias eficaces para la regeneración de bosques y la recuperación de ecosistemas degradados. Diversos organismos internacionales y locales están impulsando iniciativas que buscan equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental.

En conclusión, el debate sobre la venta de tierras afectadas por incendios forestales es complejo y requiere un análisis riguroso basado en evidencia. Los datos disponibles subrayan la necesidad de políticas que integren la sostenibilidad y equilibrio económico con la sostenibilidad ambiental, para evitar consecuencias a largo plazo que perjudiquen tanto a las comunidades rurales como al medio ambiente.