El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los indicadores de condiciones de vida del segundo semestre de 2024, relevados en los 31 principales aglomerados urbanos del país. El informe expone que el 45,7% de los hogares no accede simultáneamente a los tres servicios esenciales -agua corriente, cloacas y gas de red-, lo que evidencia una desigualdad estructural persistente en el acceso a infraestructura básica.

En paralelo, casi dos de cada diez hogares habitan viviendas con materiales de calidad insuficiente o parcialmente insuficiente. Si bien el 81,4% de los hogares reside en viviendas con materiales adecuados, el 18,6% restante presenta condiciones que afectan la habitabilidad, la salud y el bienestar general. A esto se suma un 2,2% de hogares en hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto), lo que implica que 1,2 millones de personas viven sin espacios adecuados de intimidad ni comodidad.

El saneamiento también continúa siendo una deuda pendiente: un 12,8% de los hogares no cuenta con condiciones sanitarias adecuadas, y el 6,5% directamente no posee baño con descarga de agua. Aunque el 97,7% de los hogares accede al agua dentro de la vivienda, todavía hay un 2,3% que debe obtenerla fuera, lo cual complica el acceso seguro y constante al recurso.

Otro dato alarmante es que más de medio millón de hogares están ubicados a menos de tres cuadras de basurales, y 861.000 hogares viven en zonas con riesgo de inundaciones. Estas condiciones ambientales adversas afectan a más del 10% de la población urbana, generando vulnerabilidad estructural.

El régimen de tenencia también refleja los desafíos de acceso a la vivienda: el 22% de los hogares es inquilino y otro 9,6% ocupa sin título formal. Solo el 60% de los hogares es propietario tanto de la vivienda como del terreno, lo que marca una tendencia sostenida hacia la precarización residencial.

En cuanto a cobertura médica, el 32,8% de la población depende exclusivamente del sistema público de salud. En los hogares con niños y adolescentes, esta proporción sube a 43,1%, mientras que entre los adultos mayores desciende al 2,8%, debido a la cobertura casi universal del sistema previsional. La salud pública sostiene a casi 10 millones de personas sin otra cobertura.

En el terreno educativo, la asistencia escolar en niños y adolescentes de 4 a 17 años alcanza el 97,7%, aunque con brechas por edad y por nivel educativo del hogar. Los adolescentes (15 a 17 años) muestran una inasistencia del 5,5%. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, solo el 49% asiste a un establecimiento educativo y apenas el 16,3% de los adultos jóvenes (25 a 29 años) ha finalizado estudios superiores. En los hogares con clima educativo bajo o muy bajo, la probabilidad de abandono escolar es significativamente mayor.

Finalmente, el informe del INDEC vincula estas condiciones con los niveles de pobreza por ingresos: el 38,1% de la población urbana es pobre, de los cuales el 8,2% se encuentra en situación de indigencia. Las carencias materiales no son solo consecuencia de los ingresos, sino también reflejo de desigualdades en el acceso a servicios, infraestructura y derechos básicos.

Los datos del segundo semestre de 2024 consolidan un panorama en el que las mejoras son escasas y la desigualdad estructural persiste. La necesidad de políticas públicas focalizadas, inversión en urbanización y fortalecimiento del sistema de salud y educación es cada vez más urgente para revertir este diagnóstico que afecta a millones de hogares en todo el país.