DESIGUALDAD

Argentina más desigual: el 10% más rico concentra un tercio de los ingresos

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La economía argentina mostró en el primer trimestre de 2026 una foto incómoda: los ingresos crecieron en términos nominales, pero la distribución volvió a tensarse. El nuevo informe de distribución del ingreso del INDEC revela que la suma total de ingresos de la población urbana relevada alcanzó los $21,9 billones, con una suba nominal interanual del 35,6%. Sin embargo, detrás de esa mejora estadística persiste una estructura desigual, donde el salto de los ingresos no alcanza a cerrar la distancia entre la base y la cima de la pirámide social.

El ingreso per cápita familiar promedio fue de $728.008, mientras que la mediana se ubicó en $500.000. Esa diferencia ya marca una primera señal: el promedio queda empujado hacia arriba por los sectores de mayores ingresos, mientras que la mitad de la población vive con menos de medio millón de pesos mensuales por integrante del hogar.

La desigualdad se observa con mayor nitidez en los extremos. El primer decil tuvo un ingreso medio per cápita de $130.550, mientras que el décimo decil alcanzó $2.435.937. Es decir, el ingreso promedio del 10% más rico fue casi 19 veces superior al del 10% más pobre. Medido por medianas, la brecha fue de 15 veces, el mismo nivel que un año atrás.

El coeficiente de Gini, uno de los indicadores más utilizados para medir la desigualdad, se ubicó en 0,442. El dato implica un deterioro frente al 0,435 registrado en el primer trimestre de 2025 y también contra el 0,427 del cuarto trimestre del año pasado. La serie muestra que la distribución no logró sostener la mejora relativa observada hacia fines de 2025.

La concentración del ingreso sigue siendo elevada. El 10% de mayores ingresos captó el 33,5% del ingreso per cápita familiar total, mientras que el 10% más pobre apenas recibió el 1,8%. En otras palabras, un solo decil concentró casi la misma porción del ingreso que los seis deciles más bajos juntos.

El mercado laboral continúa siendo el principal sostén de los hogares. Los ingresos laborales representaron el 77,7% del total, frente al 22,3% de ingresos no laborales, que incluyen jubilaciones, pensiones, subsidios, alquileres, cuotas alimentarias y ayudas de otros hogares. Pero esa composición cambia de manera drástica según el nivel socioeconómico: en el primer decil, los ingresos no laborales explicaron el 61% del total, lo que muestra una dependencia mucho mayor de transferencias, jubilaciones o asistencias.

El informe también expone la fragilidad de los hogares de menores recursos. En el decil más bajo hubo 272 personas no ocupadas cada 100 ocupadas, mientras que en el decil más alto esa relación cayó a 48. La desigualdad, por lo tanto, no solo se expresa en cuánto se gana, sino también en cuántas personas dependen de cada ingreso dentro del hogar.

Entre la población ocupada, el ingreso promedio de la ocupación principal fue de $1.104.227, con una mediana de $900.000. La mitad de los trabajadores ganó menos de ese monto. Los primeros cuatro deciles de ocupados tuvieron un ingreso promedio de $405.245, mientras que los deciles 9 y 10 alcanzaron $2.579.304.

La formalidad laboral volvió a marcar una frontera decisiva. Los asalariados con descuento jubilatorio percibieron en promedio $1.375.143, contra $731.150 entre quienes no tuvieron descuento jubilatorio. La diferencia revela el peso de la informalidad como mecanismo de segmentación salarial: no solo reduce derechos laborales y previsionales, también achica de manera directa el ingreso mensual.

La brecha de género se mantiene como otro rasgo persistente. Los varones perceptores tuvieron un ingreso promedio de $1.352.247, mientras que las mujeres alcanzaron $959.030. La distancia refleja una combinación de desigualdades laborales: menor acceso a puestos mejor remunerados, mayor presencia en actividades de ingresos bajos, informalidad y sobrecarga de tareas de cuidado.

El dato de fondo es que la recomposición nominal de ingresos no necesariamente implica una mejora distributiva. La economía puede mostrar salarios, jubilaciones o ingresos familiares más altos en pesos corrientes, pero si el reparto se concentra en la parte superior, el tejido social sigue bajo presión.

El primer trimestre de 2026 deja así una conclusión clara: la Argentina urbana recuperó masa nominal de ingresos, pero no logró mejorar su distribución. La desigualdad volvió a crecer, la brecha entre extremos permanece elevada y los hogares de menores recursos siguen dependiendo de menos ocupados, más transferencias y una estructura laboral más vulnerable.

La mejora económica, para convertirse en bienestar social, necesita algo más que ingresos que suban en pesos: requiere empleo formal, salarios que le ganen a la inflación, políticas de cuidado, protección social eficiente y una expansión productiva capaz de llegar a los deciles que hoy permanecen más lejos de la recuperación.

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La UCA advierte que más del 50% de los niños es pobre

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Un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina volvió a poner en tensión el frente social del Gobierno: en 2025, el 53,6% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza y el 10,7% en indigencia, mientras que el 28,8% enfrenta inseguridad alimentaria. El dato, difundido a partir de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), introduce una advertencia política de fondo: la mejora registrada en los últimos dos años no alcanza para revertir un deterioro estructural que se arrastra desde hace más de una década.

El punto crítico no es solo el nivel de pobreza, sino su persistencia. La pregunta que se abre es si el actual esquema económico puede sostener la reducción reciente o si se trata de un alivio transitorio en un escenario aún frágil.

Un problema estructural que resiste a los ciclos económicos

El estudio muestra que la pobreza infantil mantiene una tendencia ascendente en el largo plazo, con picos en momentos de crisis y descensos en períodos de recuperación. En 2010 afectaba al 45,2% de los menores; tras una breve mejora en 2011-2012, inició un deterioro casi continuo que alcanzó su máximo en 2023 con 62,9%.

La baja observada en 2024 y 2025 representa un alivio relativo, pero no modifica la estructura del problema. La indigencia siguió una trayectoria similar: tras escalar hasta 17,7% en 2024, descendió a 10,7% en 2025, acercándose a niveles de años previos, aunque sin consolidar una tendencia estable.

En términos institucionales, el informe remarca que las políticas de transferencia de ingresos —como la asistencia alimentaria o asignaciones— cumplen un rol de contención, pero no logran cubrir la totalidad de los hogares en situación de vulnerabilidad.

Alimentación, salud y hábitat: las capas del deterioro

El dato más sensible aparece en la alimentación. Casi tres de cada diez niños no acceden de manera regular a alimentos, y un 13,2% sufre inseguridad alimentaria severa. En paralelo, la asistencia alimentaria alcanzó al 64,8% de la población infantil, el nivel más alto registrado.

La cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) llegó al 42,5%, con una caída de 3,3 puntos porcentuales respecto de 2024. Según el informe, estos programas llegan mayoritariamente a los sectores más necesitados, pero dejan fuera a parte de la población pobre.

El deterioro también se extiende a otros indicadores. El 19,8% de los niños dejó de asistir a controles médicos o odontológicos por motivos económicos. En vivienda, el 18,1% reside en condiciones precarias y el 20,9% en hacinamiento, mientras que el 42% no tiene acceso adecuado a servicios de saneamiento.

Presión sobre la agenda social y económica

El informe introduce presión sobre la política social del Gobierno en un contexto donde el eje está puesto en el orden fiscal y la estabilización macroeconómica. La persistencia de estos indicadores obliga a equilibrar el ajuste con mecanismos de contención social.

Al mismo tiempo, el dato de pobreza infantil tiene impacto directo en la agenda legislativa y en el debate público. Expone límites en la efectividad de las transferencias actuales y reabre la discusión sobre empleo, ingresos y cobertura del sistema.

En términos de correlación de fuerzas, los sectores vinculados a políticas sociales y asistencia ganan centralidad en el debate, mientras que el Gobierno enfrenta el desafío de sostener su programa económico sin agravar indicadores sensibles.

Entre la estabilización y la deuda social

El informe de la UCA no cierra el diagnóstico, lo tensiona. La mejora reciente convive con niveles de pobreza superiores a los de hace más de una década, lo que sugiere un problema estructural aún no resuelto.

Hacia adelante, la evolución dependerá de variables clave: el mercado laboral, la capacidad de recuperación del ingreso y la cobertura de políticas sociales. También será relevante observar si la reducción de la pobreza logra consolidarse o si vuelve a fluctuar con el ciclo económico.

En ese equilibrio, la infancia aparece como el indicador más sensible de la consistencia —o los límites— del modelo económico en curso.

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ONU Mujeres alerta, casi 50.000 femicidios familiares en 2024 y 137 víctimas por día

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Femicidios en aumento, ONU Mujeres alerta que casi 50.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familias en 2024

Un informe de ONU Mujeres, elaborado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reveló que en 2024 casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o algún miembro de su familia. La cifra —que equivale a un promedio de 137 víctimas por día— expone el agravamiento de una problemática estructural que las Naciones Unidas volvieron a colocar en el centro del debate global en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El organismo advirtió que estos crímenes representan casi el 60% de los 83.000 homicidios de mujeres registrados ese año. Las conclusiones describen un escenario alarmante para los sistemas judiciales, los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos que buscan contener un fenómeno que combina desigualdad estructural, violencia doméstica y fallas de protección estatal.

Un mapa global del femicidio: África y Asia concentran la mayoría de los casos

El informe muestra disparidades regionales que permiten dimensionar la magnitud del problema:

África: 22.600 asesinadas por parejas o familiares en 2024.
Asia: 17.400 víctimas.
Américas: 7.700.
Europa: 2.100.
Oceanía: 300.

La distribución geográfica confirma que el femicidio íntimo o familiar continúa siendo un fenómeno transversal, aunque con dinámicas específicas según región. En Europa, el 64% de los casos fueron cometidos por parejas de las víctimas, mientras que en las Américas ese porcentaje asciende a 69%.

ONU Mujeres identificó factores estructurales que sostienen la violencia letal: estereotipos de género que consideran a las mujeres “subordinadas” a los hombres, discriminación en distintos niveles sociales y económicos, desigualdad persistente en el acceso al empleo, la educación y la justicia.

Además, el informe alerta sobre dos factores de riesgo clave en el feminicidio de pareja: antecedentes de violencia y separación inminente. Sin embargo, en los crímenes cometidos por otros familiares, los patrones son menos claros, lo que exige estrategias más amplias y específicas de prevención

La tecnología como nuevo vector de violencia: del control digital a los deepfakes

Uno de los puntos más novedosos del informe es la referencia al rol de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la expansión de nuevas modalidades de violencia contra mujeres y niñas.

Según ONU Mujeres, el acceso masivo a herramientas digitales permite: intensificar patrones de violencia doméstica, ejercer control coercitivo, vigilancia y acoso, producir contenidos dañinos como videos deepfake, una práctica en crecimiento.

La organización advierte que la violencia digital impacta especialmente en mujeres con mayor visibilidad pública —periodistas, políticas y activistas—. Una de cada cuatro periodistas afirmó haber recibido amenazas de violencia física o de muerte a través de Internet.

Para ONU Mujeres, esta tendencia no solo profundiza la violencia tradicional, sino que crea nuevos factores de riesgo que pueden actuar como antesala del feminicidio.

Prevención, justicia y datos: las claves que propone ONU Mujeres para frenar los feminicidios

El estudio insiste en que reducir los feminicidios requiere intervenciones integrales y sostenidas, basadas en tres pilares: educación, legislación y fortalecimiento institucional.

Entre las medidas propuestas se destacan:

Educación y habilidades para relaciones sanas

Programas de formación para desmontar estereotipos y prevenir dinámicas abusivas desde edades tempranas.

Reforma legal y penal

Criminalizar el femicidio como figura autónoma.

Incorporar agravantes específicas para homicidios motivados por violencia de género.

Crear unidades especializadas en policías, fiscalías y tribunales.

Campañas públicas

Promoción de campañas como “Ni Una Menos” y “Me Too”, destinadas a sensibilizar y ampliar la visibilidad del problema.

Sistemas de información confiables

Los organismos internacionales subrayan que cualquier política pública requiere datos robustos y comparables. Entre los modelos citados se encuentra VioGén, un sistema del Ministerio del Interior de España creado en 2007, que integra herramientas de evaluación de riesgo, monitoreo y protección de víctimas.

El fortalecimiento de observatorios de feminicidio y agencias estatales aparece como condición central para mejorar la respuesta de justicia y prevención.

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Uno de cada dos hogares urbanos no accede a todos los servicios básicos

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los indicadores de condiciones de vida del segundo semestre de 2024, relevados en los 31 principales aglomerados urbanos del país. El informe expone que el 45,7% de los hogares no accede simultáneamente a los tres servicios esenciales -agua corriente, cloacas y gas de red-, lo que evidencia una desigualdad estructural persistente en el acceso a infraestructura básica.

En paralelo, casi dos de cada diez hogares habitan viviendas con materiales de calidad insuficiente o parcialmente insuficiente. Si bien el 81,4% de los hogares reside en viviendas con materiales adecuados, el 18,6% restante presenta condiciones que afectan la habitabilidad, la salud y el bienestar general. A esto se suma un 2,2% de hogares en hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto), lo que implica que 1,2 millones de personas viven sin espacios adecuados de intimidad ni comodidad.

El saneamiento también continúa siendo una deuda pendiente: un 12,8% de los hogares no cuenta con condiciones sanitarias adecuadas, y el 6,5% directamente no posee baño con descarga de agua. Aunque el 97,7% de los hogares accede al agua dentro de la vivienda, todavía hay un 2,3% que debe obtenerla fuera, lo cual complica el acceso seguro y constante al recurso.

Otro dato alarmante es que más de medio millón de hogares están ubicados a menos de tres cuadras de basurales, y 861.000 hogares viven en zonas con riesgo de inundaciones. Estas condiciones ambientales adversas afectan a más del 10% de la población urbana, generando vulnerabilidad estructural.

El régimen de tenencia también refleja los desafíos de acceso a la vivienda: el 22% de los hogares es inquilino y otro 9,6% ocupa sin título formal. Solo el 60% de los hogares es propietario tanto de la vivienda como del terreno, lo que marca una tendencia sostenida hacia la precarización residencial.

En cuanto a cobertura médica, el 32,8% de la población depende exclusivamente del sistema público de salud. En los hogares con niños y adolescentes, esta proporción sube a 43,1%, mientras que entre los adultos mayores desciende al 2,8%, debido a la cobertura casi universal del sistema previsional. La salud pública sostiene a casi 10 millones de personas sin otra cobertura.

En el terreno educativo, la asistencia escolar en niños y adolescentes de 4 a 17 años alcanza el 97,7%, aunque con brechas por edad y por nivel educativo del hogar. Los adolescentes (15 a 17 años) muestran una inasistencia del 5,5%. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, solo el 49% asiste a un establecimiento educativo y apenas el 16,3% de los adultos jóvenes (25 a 29 años) ha finalizado estudios superiores. En los hogares con clima educativo bajo o muy bajo, la probabilidad de abandono escolar es significativamente mayor.

Finalmente, el informe del INDEC vincula estas condiciones con los niveles de pobreza por ingresos: el 38,1% de la población urbana es pobre, de los cuales el 8,2% se encuentra en situación de indigencia. Las carencias materiales no son solo consecuencia de los ingresos, sino también reflejo de desigualdades en el acceso a servicios, infraestructura y derechos básicos.

Los datos del segundo semestre de 2024 consolidan un panorama en el que las mejoras son escasas y la desigualdad estructural persiste. La necesidad de políticas públicas focalizadas, inversión en urbanización y fortalecimiento del sistema de salud y educación es cada vez más urgente para revertir este diagnóstico que afecta a millones de hogares en todo el país.

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En el primer trimestre, la desigualdad pegó un salto y trepó a un nivel récord desde 2016

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El coeficiente de Gini, que mide la disparidad del ingreso per cápita familiar, fue de 0,467 en el 1° trimestre de 2024, lo que significa un salto significativo respecto al mismo trimestre de 2023, cuando el valor fue de 0,446, lo que muestra un importante aumento de la desigualdad en la comparación interanual, informó esta tarde el INDEC.

Según el INDEC, es un indicador de la desigualdad en la distribución del ingreso. El coeficiente toma valores comprendidos entre 0 y 1. El valor 0 corresponde al caso de “igualdad absoluta de todos los ingresos” y el valor 1, al caso extremo contrario, donde todas las personas tienen ingreso 0 y una sola persona se lleva el total. Puede calcularse con datos desagregados o agrupados; por ejemplo, en deciles. El INDEC lo calcula con los datos desagregados. Se lo utiliza, a veces, para comparar la distribución del ingreso entre países o para mostrar la evolución de la distribución del ingreso de un país. Para su cálculo, se toma en cuenta el conjunto de la población, lo que lo diferencia de otros indicadores, como el cociente entre los deciles 10 y 1, que toma en cuenta la diferencia entre los extremos de la distribución. 

El informe de hoy sobre evolución de la distribución del ingreso es otro indicador que muestra el impacto que están teniendo las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, que asumió a partir del 10 de diciembre del año pasado. Otro ejemplo de este impacto se verificó ayer, cuando el INDEC dio a conocer la caída de 5,1% interanual del Producto Bruto Interno, también en el primer trimestre de 2024. Y otro cuando dio a conocer el Informe sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en correspondiente al segundo semestre de 2023, el que, aunque apenas muestra el comienzo de la administración actual, logró capturar más deterioro en diciembre por la devaluación, entre otras medidas. Los datos de pobreza revelaron un aumento en ambos indicadores con respecto al primer semestre del mismo año. Según el INDEC, el 31,8% de los hogares se encuentran bajo la línea de pobreza (LP), lo que representa un aumento de 2,2 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al primer semestre. Eso significa que 41,7% de las personas son pobres, un aumento de 1,6 p.p. en el mismo período. A su vez, 8,7% de los hogares se encuentran bajo la línea de indigencia (LI), lo que representa un aumento de 1,9 p.p. Esto se traduce en que 11,9% de las personas son indigentes, un aumento de 2,6 p.p.

Ese anticipo del impacto de las medidas gubernamentales en la pobreza se verificó, aunque con otros criterios de medición, cuando Cáritas Argentina y el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) de la Universidad Católica Argentina presentaron, hace tres semanas, el informe “Radiografía de la pobreza en Argentina: realidad social y solidaridad que es esperanza”, donde se señala que “la aceleración de la espiral inflacionaria generó un notable incremento en los índices de pobreza e indigencia. Entre el tercer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el indicador de pobreza subió del 44,7% al 55,5%, mientras que la indigencia pasó del 9,6% al 17,5%. Esto implica que en los primeros meses de 2024, aproximadamente 24,9 millones de personas en áreas urbanas se encontraban en situación de pobreza, de las cuales 7,8 millones vivían en la indigencia”.

El Gobierno, que en estos momentos celebra un proceso de desinflación, atribuye todos estos indicadores a la herencia recibida, que está siendo encarada mediante políticas de ajuste con una intensidad de shock: suba inflacionaria, despidos en la administración pública y en el sector privado, recortes en la ayuda social, recesión, entre  otras. La administración de Milei considera que estos flagelos son un precio inevitable para que el país derrote la inflación, y recupere el crecimiento, a partir de los cual  estos números se mejorarían. 

Más datos del informe de hoy

El informe del INDEC consigna, además, que la suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de $6.915.757 millones, lo que significó un incremento de 198,4% en relación con igual trimestre de 2023. El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.593.119 personas, alcanzó los $233.695, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $155.000.

Además, señala que el 62,2% de la población total (18.416.828 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $369.085. Analizado según la escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue de $122.529; el del estrato medio (deciles 5 a 8), de $327.862 y el del estrato alto (deciles 9 y 10), de $945.325. Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $429.741, mientras que el de las mujeres fue de $310.064.

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $350.593 y un ingreso mediano de $260.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de $118.759. El ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 a 8) fue de $329.826, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 fue de $855.881.

Más datos 

Respecto a la población asalariada, se registraron 9.620.037 personas con ingreso promedio de $361.445. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $449.382 (+196,1% interanual), mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $197.467 (+200,8% interanual).

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 76,8% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 23,2% restante. El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos: fue igual al 62,6% en el primero y 13,6% en el décimo. 

Respecto a la relación de dependencia de los hogares, la cantidad de personas no ocupadas fue de 125 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad de no perceptoras de ingreso fue de 60 por cada 100 perceptoras. Esta relación es mayor en el caso de los deciles más bajos. Para el decil 1, por ejemplo, es igual a 267 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 144 no perceptoras cada 100 perceptoras, si se ordenan los hogares según ingreso per cápita familiar. En el mismo trimestre del año anterior, los valores eran de 271 y 155, respectivamente. En el caso del decil 10, los valores correspondientes son iguales a 36 no ocupados cada 100 ocupados y 18 no perceptores cada 100 perceptores.

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