Días atrás, el presidente de la Nación compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde celebró que desde la asunción de su gobierno, se crearon 650 mil puestos de trabajo en el sector privado. Sin embargo, es notable observar la enorme disociación que muestra con la realidad que no la cuentan los opositores, sino los propios datos oficiales de su gobierno.
Este viernes pasado, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación publicó su informe mensual de “Situación y evolución del trabajo registrado”, con datos correspondientes a septiembre de 2025, el cual inicia expresando que en ese mes la población con trabajo registrado en el país alcanzó los 12,84 millones de personas y presentó una caída de 0,1% con respecto al mes anterior (10,7 mil personas menos).
Cuando analiza la evolución del trabajo registrado por modalidad de ocupación, afirma que el empleo asalariado registrado (sector privado, público y casas particulares) mostró un retroceso del 0,1% en comparación con el mes anterior y que dos de las tres categorías presentaron disminución de empleo: -0,2% en el sector privado y -0,7% trabajo en casas particulares (-0,7%), mientras que en el sector público presentó una variación del +0,1%. Respecto al trabajo independiente, hubo “caídas en los autónomos (-0,7%) que neutralizaron el crecimiento en la cantidad de monotributistas (+0,4%)”, tal como cita el reporte.
Sigue el informe mencionado, en comparación con el mismo mes del año anterior, el empleo asalariado se redujo 0,5% (-53,3 mil trabajadores) y se registraron caídas en todas las categorías: el privado mostró bajas del 0,4% (-25,9 mil empleos) y también -0,4% para el público (-12,8 mil empleos) y de -3,2% para el trabajo en casas particulares (-14,7 mil empleos). A su vez, los monotributistas crecieron 2,5% interanual (53,2 mil personas más) pero los autónomos disminuyeron 5,2% (21,2 mil personas menos).
A priori, ya se observa una importantísima baja solo en el mes de septiembre en la mayoría de los segmentos contemplados. Pero hay dos cosas que el informe omite: la tendencia y la evolución de largo plazo desde que asumió la actual gestión. Para esto, concentrémonos en el segmento privado formal.
¿Qué muestra la tendencia? El empleo registrado en el sector privado no para de caer: acumula cuatro meses consecutivos de bajas que fueron de -0,2% en cada mes desde junio a septiembre, período en el cual se perdieron 48.997 empleos en ese segmento. ¿Qué dice el largo plazo? Que desde diciembre de 2023 a septiembre de 2025, se perdieron 154.382 empleos registrados en el sector privado en todo el país.
Esta pérdida provocó que el volumen actual de empleo, que es de 6,2 millones de personas, sea el más bajo de los últimos 39 meses: para ver un número inferior, hay que irse a julio 2022. Por ende, es también el menor volumen de empleo de la era Milei. En otras palabras, la recuperación del empleo en el sector privado, lejos de crecer, no para de caer.
En este contexto, la situación de Misiones es también altamente negativa: los últimos datos muestran un descenso del 1,2% mensual en septiembre, mes en el que se perdieron 1.203 empleos privados formales acumulando también cuatro meses de bajas, que generaron la destrucción de 2.432 puestos de trabajo en ese período.
Pero hay otros dos datos, en línea a lo mencionamos para el caso nacional, que agravan notoriamente la situación: en lo que va de la gestión Milei, la provincia sufrió una pérdida que ya alcanza los 8.407 empleos y, además, el volumen de empleo actual (100,4 mil personas) es el más bajo de los últimos 55 meses: hay que remontarse a febrero de 2021, en plena recuperación post-pandemia.
Esta grave situación necesariamente debe contextualizarse para entender la gravedad de la situación actual. Misiones logró superar los 100 mil empleos en el sector privado formal en junio de 2013 y en septiembre de 2015 logró un pico histórico con 109,1 mil. Luego, en la gestión Macri, comenzó a descender, pero nunca perforó el piso de los 100 mil. Así, la gestión Fernández inició con un volumen de empleo en la provincia de 100,7 mil empleos. En abril de 2020, cuando estalló la pandemia, Misiones perforó los 100 mil empleos y se mantuvo así hasta febrero de 2021, oscilando en volúmenes de entre 97 y 99 mil empleos. Para marzo de 2021, volvió a superar los 100 mil empleos y comenzó a crecer llegando a alcanzar un nuevo récord histórico con 110,3 mil empleos, superando así el pico anterior de septiembre de 2015.
A partir de allí, comenzó la destrucción; los dos últimos meses del gobierno de Alberto Férnandez, altamente caóticos por disparada inflacionaria y escenario electoral, produjeron descensos aunque relativamente menores, pero ya con la actual administración a cargo, predominaron los descensos.
Del récord de 110,3 mil empleos de septiembre de 2023 se llegó a 103,8 mil empleos en igual mes de 2024; un año más tarde, es decir, septiembre de 2025, el volumen es de 100,4 mil con una tendencia altamente negativa.
Por ende, podemos pensar que de no mediar un cambio de rumbo, Misiones está a las puertas de volver a perforar el piso de los 100 mil empleos, algo que no ocurre desde la pandemia.
Pero aquí hay que decir otra cosa: la caída en la pandemia se explica por factores totalmente externos a políticas de gobierno; entonces, si exceptuamos ese período del análisis para entender las consecuencias de un modelo económico sobre la matriz del empleo en la provincia, Misiones está a tiro de volver a niveles que no se ven desde el año 2013. El retroceso es fenomenal.
Esta situación, en mayor o menor medida, se da en la enorme mayoría de las provincias, porque es consecuencia de las medidas nacionales con impacto (desigual) en todo el territorio. Hay algunas pocas excepciones donde el volumen de empleo actual es superior al momento previo de asumir la actual gestión, pero esto se explica por factores puntuales: Neuquén, por ejemplo, tiene tracción de Vaca Muerta; Tucumán y Mendoza tenían un nivel históricamente bajo de empleo ya en 2023 y lograron repuntes vía mayor actividad en sus principales cadenas regionales alentada por el frente externo y Río Negro por mayor actividad hidrocarburifera. Pero el resto, está en el piso.
Al observar esta situación y contrastar con lo que el presidente de la Nación publica en sus redes sociales, no queda otra que preguntarse si miente, desconoce o tiene un moderno diario de Yrigoyen.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei fue presentada como una pieza clave para combatir la informalidad y generar empleo registrado. Sin embargo, una reciente declaración del asesor laboral del Presidente, Julián De Diego —redactor del proyecto— dejó al descubierto una verdad que el oficialismo intenta ocultar: la reforma no va a crear trabajo formal. La admisión no solo desarma el principal argumento con el que se intentó legitimar el avance sobre derechos laborales, sino que obliga a replantear el verdadero sentido político de la iniciativa.
Lejos de tratarse de un desliz discursivo, el reconocimiento expone una coherencia interna del programa económico: el objetivo no es generar empleo, sino redefinir las condiciones en las que se trabaja, incluso aceptando que habrá menos protección, más precariedad y mayor transferencia de riesgos hacia los trabajadores.
El empleo no cae por derechos, cae por recesión
El proyecto oficial parte de un diagnóstico que no resiste el contraste con la evidencia empírica. No existe en la Argentina una relación demostrable entre derechos laborales y falta de empleo. Por el contrario, los períodos de mayor creación de trabajo registrado coincidieron con ciclos de crecimiento económico, expansión del mercado interno y políticas activas del Estado.
Según datos del INDEC, durante 2024 el salario real acumuló una caída superior al 20%, el consumo interno se desplomó y la actividad industrial y de la construcción registraron bajas de dos dígitos. En ese contexto, el desempleo volvió a crecer y la informalidad laboral se mantiene en torno al 40/45% de la población ocupada. No porque los derechos sean excesivos, sino porque la economía se contrajo violentamente.
La evidencia es clara: las empresas no contratan cuando no venden, no cuando existen convenios colectivos o indemnizaciones. Ninguna reforma laboral puede compensar una política económica que destruye demanda, asfixia a las pymes y paraliza la inversión productiva.
Flexibilización como política de ajuste
El propio asesor presidencial reconoce que la reforma no generará empleo. Esa frase, lejos de debilitar el proyecto, lo define con mayor precisión. La reforma laboral no es una política de empleo: es una política de ajuste.
La ampliación del período de prueba, el debilitamiento de las multas por trabajo no registrado, la desarticulación de la negociación colectiva y el ataque al rol sindical no apuntan a incorporar nuevos trabajadores al sistema formal, sino a abaratar despidos, disciplinar conflictos y reducir el poder de negociación del trabajo frente al capital.
En términos económicos, la reforma opera como una redistribución regresiva del ingreso: mejora la rentabilidad empresarial a costa de salarios más bajos, mayor inestabilidad y pérdida de derechos. En términos políticos, consolida un modelo que asume como natural la precariedad y renuncia explícitamente a la idea de desarrollo con inclusión.
El corrimiento deliberado del Estado
El reconocimiento oficial también expone otro aspecto central: el corrimiento del Estado de su responsabilidad histórica en la generación de empleo. En lugar de políticas de incentivo productivo, crédito, obra pública o fortalecimiento del mercado interno, el gobierno opta por intervenir exclusivamente sobre el eslabón más débil de la relación laboral.
La Argentina no enfrenta una “crisis de regulaciones”, sino una crisis de modelo económico. La informalidad no se explica por el exceso de derechos, sino por la persistencia de estructuras productivas débiles, la falta de planificación y la primarización de la economía. Ninguna de esas causas es abordada por la reforma.
Un cierre sin eufemismos
Que el propio redactor de la reforma admitiera que no habrá más empleo registrado debería cerrar definitivamente el debate público. Si no crea trabajo, si no reduce la informalidad y si no mejora las condiciones de vida, la pregunta ya no es técnica sino política.
La reforma laboral del gobierno de Milei no va a fracasar porque esté mal comunicada: fracasará porque no está pensada para resolver el problema del empleo, sino para consolidar un modelo económico que acepta el desempleo, la informalidad y la precarización como costos inevitables del ajuste.
Cuando un gobierno avanza sobre derechos sin siquiera prometer trabajo, lo que está en juego no es una modernización, sino una redefinición regresiva del contrato social. Y cuando esa admisión proviene del propio oficialismo, lo que queda al desnudo no es una contradicción, sino una decisión política consciente.
Empleo y modelo económico: lo que muestran los datos
Argentina, últimas décadas
2003–2011
Crecimiento sostenido del PBI Fuerte expansión del empleo registrado Caída significativa del desempleo Salario real en alza Plena vigencia de convenios colectivos y derechos laborales
2016–2019
Ajuste fiscal y apertura económica Caída del empleo industrial Aumento de la informalidad Salarios reales en retroceso Intentos de flexibilización sin creación de empleo
2024–2025
Recesión profunda Derrumbe del consumo Salario real con caída superior al 20% Aumento del desempleo Reforma laboral que el propio gobierno admite que no generará empleo
Conclusión empírica: el empleo crece cuando crece la economía. La flexibilización sin crecimiento no genera trabajo: redistribuye pérdidas.
¿Y si te dijeran que en el más productivo de tus días esta semana, no estuviste realmente concentrado en ningún momento? La pregunta no es retórica, sino el incómodo resultado de décadas de investigación. Vivimos en la era de la supuesta eficiencia máxima, donde hacer multitarea simultáneamente se exhibe como un trofeo. Pero la evidencia cuenta una historia diferente, una de regresión cognitiva y de un cansancio peculiar que Byung-Chul Han diagnosticaría como el síntoma central de nuestra época.
En los pasillos corporativos de Hewlett-Packard, una inquietud se transformó en un experimento revelador. Se crearon dos grupos de trabajadores: uno operaba en silencio monacal, libre de dispositivos; el otro era sometido al tormento moderno de notificaciones incesantes. Los resultados fueron alarmantes: el coeficiente intelectual de los empleados del grupo hiperconectado cayó aproximadamente diez puntos. Para poner esto en perspectiva, los componentes activos de la marihuana reducen el CI en aproximadamente cinco puntos durante su efecto. La ironía es palpable: en nuestra búsqueda de máxima productividad, hemos creado entornos que deterioran nuestra capacidad intelectual más que sustancias psicoactivas estigmatizadas. Llegar a la oficina después de haber consumido cannabis sería, según estos datos, el doble de eficiente que trabajar bajo el asedio constante de notificaciones digitales.
Desde el punto de vista de la neurología, la multitarea humana es un mito bien estructurado. Nuestro cerebro no procesa atención paralela, sino atención secuencial con cambios costosísimos. Lo que llamamos multitarea es en realidad “switching” o cambio de tarea, y cada transición representa una fricción neuronal. La investigadora Gloria Mark ha cuantificado este costo con precisión escalofriante: el cerebro tarda aproximadamente 23 minutos en volver a enfocarse completamente en una tarea después de una interrupción. Considera las implicaciones: si has estado trabajando en un proyecto importante mientras recibías notificaciones cada 15 minutos, por más horas que hayas invertido, nunca experimentaste el “estado de flujo”, ese espacio de concentración profunda donde ocurre el trabajo verdaderamente creativo. Estuviste físicamente presente pero cognitivamente ausente, fragmentado en docenas de microatenciones que nunca se consolidaron en pensamiento sostenido.
Es aquí donde la filosofía de Byung-Chul Han en “La sociedad del cansancio” encuentra su corroboración empírica. Han retoma la crítica del escritor austriaco Peter Handke, quien en su “Ensayo sobre el jukebox” ya describía la multitarea no como un logro del progreso humano, sino como una peligrosa regresión. El hombre multitarea, según Handke, no representa la cúspide de la evolución cultural, sino un retorno a condiciones primitivas de atención dispersa. Handke emplea una metáfora poderosa: este comportamiento recuerda al de los animales en la sabana, que mientras comen su presa deben simultáneamente vigilar a sus crías, controlar el entorno en busca de peligros y monitorear oportunidades de apareamiento. Es una atención necesariamente superficial, reactiva, destinada a la supervivencia inmediata pero incapaz de la contemplación profunda que genera cultura, arte o pensamiento complejo. Han amplía esta intuición: hemos transformado nuestros espacios laborales y personales en sabanas digitales donde, en lugar de depredadores físicos, nos acechan notificaciones, correos pendientes y la ansiedad de lo que podríamos estar perdiendo.
La multitarea no es simplemente un mal hábito individual, sino la expresión cognitiva del capitalismo de la atención. Las plataformas digitales están diseñadas específicamente para fragmentar nuestra concentración, porque cada interrupción representa una oportunidad económica: un nuevo clic, una nueva visualización, un nuevo dato para el perfil de comportamiento. Nos han convencido de que esta dispersión es empoderamiento, cuando en realidad es la externalización del costo de mantenimiento del sistema hacia nuestras capacidades mentales. Byung-Chul Han identifica esta dinámica como parte de la “sociedad del rendimiento”, donde el sujeto ya no es explotado por un poder externo, sino que se autoexplota creyendo estar realizándose. Decimos “sí” a más tareas simultáneas porque internalizamos que nuestro valor está en nuestra disponibilidad constante. El resultado es el cansancio particular que Han diagnostica: no el agotamiento del cuerpo que sigue a un esfuerzo significativo, sino la fatiga difusa del alma que sigue a mil pequeños esfuerzos inconexos.
El daño va más allá de la caída temporal del coeficiente intelectual. Lo que se erosiona es nuestra capacidad para el pensamiento complejo, la reflexión ética, la creatividad que requiere incubación lenta. Paradójicamente, mientras las organizaciones buscan empleados “innovadores” y “creativos”, diseñan entornos que sistemáticamente destruyen las condiciones neurológicas para la innovación. Pedimos pensamiento disruptivo mientras incentivamos la atención disruptiva.
La solución no es tecnológica, sino cultural y personal. Requiere reconocer que la atención no es un recurso infinito, sino el sustrato mismo de nuestra conciencia. Algunas organizaciones pioneras están implementando “horarios de concentración” o eliminando el correo electrónico interno, reemplazándolo por sistemas de comunicación asincrónica que respetan los ciclos de trabajo profundo. A nivel personal, la rebelión comienza con gestos pequeños pero radicales: desactivar notificaciones no esenciales, diseñar “bloques temáticos” en la jornada, recuperar espacios de ocio verdaderamente desconectado. No se trata de rechazar la tecnología, sino de renegociar nuestra relación con ella desde la soberanía atencional.
Handke y Han nos ofrecen un marco filosófico para esta resistencia: rechazar la multitarea no es ser anticuado, sino reafirmar lo específicamente humano frente a lo meramente animal. Es elegir la profundidad sobre la superficialidad, la contemplación sobre la reacción, el sentido sobre la velocidad. En un mundo que valora la cantidad de estímulos procesados, cultivar la capacidad de atender a una sola cosa con todo nuestro ser se convierte en un acto revolucionario. El experimento de HP nos dio el dato cuantitativo: diez puntos de CI perdidos. Handke nos dio la metáfora: la sabana digital. Han nos dio el diagnóstico: la sociedad del cansancio. La síntesis es clara: cada vez que elegimos la unidad de atención sobre la fragmentación, no solo somos más productivos, sino más inteligentes, más creativos y, en última instancia, más humanos. En la economía de la atención, el acto más radical podría ser simplemente terminar lo que empezamos, antes de comenzar otra cosa.
El corredor inmobiliario Maximiliano Haene, titular de Haene & Castuariense, será uno de los comercializadores oficiales de Veta del Paraná, el desarrollo premium que Sancor Seguros Real Estate iniciará en Posadas a comienzos del año que viene. El proyecto, con una inversión superior a 30 millones de dólares, apunta a transformar el perfil urbano de la ciudad y posicionarla en una nueva escala dentro del mercado regional.
“Va a ser un hito arquitectónico para Posadas”, resume Haene. El edificio tendrá 90 metros de altura, 28 pisos más terraza, 80 departamentos y cerca de 150 cocheras, con unidades de 125 a 300 metros cuadrados, todas con balcones, terrazas y parrilla. El diseño pertenece a Aisenson Arquitectos, uno de los estudios de arquitectura más reconocidos del país.
La propuesta se apoya en un concepto claro: calidad de vida. El proyecto ofrece un parque propio dentro del complejo, con áreas verdes, senderos y espacios de relax. Los amenities estarán concentrados en el tercer piso e incluirán un SUM amplio, un salón infantil de primera infancia y una piscina de 25 metros. Los primeros tres niveles funcionarán como basamento, destinados a cocheras, bauleras y bicicleteros.
Para Haene, este tipo de producto premium representará un salto para la ciudad. “Es un diferencial absoluto frente a lo que hoy ofrece el mercado local. Posadas tiene buenos desarrolladores, pero este proyecto viene con un concepto distinto y obligará a elevar la vara”.
El desembarco de Sancor Seguros Real Estate también es leído como una señal de confianza: la compañía ya ejecutó más de 25 proyectos en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Funes. “Que hayan elegido Posadas muestra que el mercado local tiene potencial y que la ciudad se consolidó como un polo urbano atractivo”, afirma Haene.
El interés, asegura, ya está presente. “Hay unidades reservadas y algunas vendidas. A medida que empezamos a mostrar el proyecto, los clientes entienden la escala y la calidad que ofrece”.
En medio de un contexto nacional de desaceleración y obras privadas frenadas, el proyecto también tendrá impacto económico. “Generará empleo directo e indirecto en un momento donde la construcción está muy quieta”, señala.
Las ventas comenzarán a principios de 2026, con Haene como uno de los representantes directos del desarrollador. Aunque los valores se manejan en reserva para esta instancia, reconoce que se ubicarán por encima del promedio del mercado posadeño, en línea con el segmento al que apunta.En síntesis, Veta del Paraná se presenta como un proyecto de nueva generación para Posadas: mayor escala, mejor diseño, más amenities, y un modelo de desarrollo urbano que busca consolidar a la ciudad dentro del mapa de inversiones inmobiliarias de alta gama. “Es un edificio que va a marcar una diferencia real”, cierra Haene.
La historia argentina tiene una particularidad inquietante: vuelve. No como una repetición mecánica, sino como un ciclo que se reactiva con nuevos nombres, nuevos discursos y viejas consecuencias. La discusión actual sobre la tierra -su propiedad, su uso, su regulación- no es una novedad en la agenda nacional. Es, más bien, un regreso. Y los antecedentes no son alentadores. Los 90 desreguladores provocaron un intenso éxodo rural y el derrumbe de las expectativas de los productores agrarios, agobiados por bajos precios y la presión de las grandes industrias.
En el paquete de reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei aparece, nuevamente, la idea de “liberar” el mercado de tierras para inversores extranjeros. Una apertura que remite inevitablemente a la década de los noventa, cuando la economía se desreguló bajo la promesa de eficiencia, inversiones y crecimiento, y terminó produciendo un profundo deterioro de la rentabilidad de los productores, un marcado éxodo rural y una inédita concentración de tierras en pocas manos.
Misiones fue uno de los territorios donde ese proceso se vivió con mayor crudeza. Durante la última década del siglo pasado, la provincia experimentó un fuerte éxodo rural como consecuencia de la crisis del agro -especialmente en la yerba mate y el tabaco- combinado con políticas liberales que desarticularon los mecanismos de regulación y protección. Pequeños productores y asalariados rurales migraron hacia las ciudades misioneras o directamente hacia Brasil en busca de empleo, dejando atrás chacras inviables, cooperativas debilitadas y comunidades fragmentadas. La concentración de tierras avanzó, mientras el entramado social del campo se erosionaba. Ese fenómeno, advierten hoy múltiples actores, está volviendo a repetirse. Y en forma mucho más acelerada.
El economista y ex rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari, lo describió con precisión en uno de sus trabajos al analizar el impacto de la desregulación sobre la cadena yerbatera: “En el caso de la producción de yerba mate, con la disolución de la CRYM y sin intervención estatal, creció el número de plantaciones al tiempo que la demanda se mantenía estable y el precio de la materia prima comenzaba una abrupta carrera descendente. Se produjo, entonces, una concentración de la renta yerbatera en los sectores mecanizados, industriales y supermercadistas, así como también una acelerada descapitalización de los productores pequeños y medianos, de muchas cooperativas y de la mayoría de los secaderos. La desregulación de la actividad trajo aparejado un aumento de la producción. A partir de 1997, el mercado evidenció signos de saturación: frente a una oferta de materia prima en expansión por la puesta en producción de las nuevas plantaciones, se produjo una drástica caída de los precios pagados al productor primario. La presión económica sobre este sector se potenció por el incremento de los costos de comercialización”.
Ese proceso que describe Gortari no fue solo conceptual: tuvo una traducción directa y mensurable en los precios. Los datos oficiales de la década del noventa muestran con claridad el derrumbe del valor de la materia prima, en contraste con la evolución de la yerba elaborada.
Entre 1990 y 2000, el precio promedio del kilogramo de hoja verde pasó de 0,19 pesos/dólares a 0,07, una caída de más del 63%. La yerba canchada también registró un retroceso significativo, desde 0,31 en 1990 a 0,34 en 2000, luego de haber alcanzado picos a mediados de la década y comenzar un sendero descendente desde 1996–1997.
En sentido inverso, la yerba mate elaborada mantuvo valores sustancialmente más altos durante todo el período: pasó de 0,88 en 1990 a 2,46 en 2000, con máximos cercanos a 2,84 en 1995. La brecha entre el precio percibido por el productor primario y el valor final del producto en góndola se amplió de manera sostenida, confirmando empíricamente la concentración de renta dentro de la cadena yerbatera.
Los datos -elaborados a partir de estadísticas del INDEC y del entonces Ministerio del Agro y la Producción- refuerzan la advertencia central de Gortari: la desregulación, lejos de generar un mercado más equilibrado, profundizó la asimetría entre eslabones, deterioró la rentabilidad del productor y sentó las bases de una crisis estructural que, con distintos matices, vuelve a emerger en el presente. En términos de poder adquisitivo, el valor que hoy percibe el productor por la hoja verde vuelve a ubicarse en niveles comparables a los peores años posteriores a la disolución de la CRYM.
El productor sólo logra captar 16,4% del precio de venta en góndola. El promedio de los últimos 10 meses (17,0%) representa el peor momento desde 2019 del ratio entre lo que recibe el productor y el precio de góndola por kilo.
En la misma línea, el diputado del Partido Agrario, Cristian Castro, aporta una lectura cuantitativa que refuerza la idea de ciclo histórico y deterioro estructural de la rentabilidad. Según su análisis, si se mide la ecuación del productor en términos relativos -es decir, la relación entre el precio de la hoja verde y el precio de la yerba en góndola- la rentabilidad del eslabón primario se redujo alrededor de un 42% en el período reciente. “Ese indicador muestra con claridad cómo se achica la participación del productor dentro de la cadena”, señala. Sin embargo, advierte que el cuadro es aún más crítico cuando se ajustan los valores por inflación: en términos reales, descontando el IPC acumulado, la caída de la rentabilidad del productor oscila entre el 60% y el 70%, un nivel comparable -e incluso superior- al registrado en los peores años posteriores a la desregulación de los noventa. Para Castro, esta combinación de precios atrasados, costos crecientes y pérdida de poder adquisitivo explica por qué la crisis actual no es solo coyuntural, sino la reaparición de un patrón ya conocido.
El Consejo de Mayo y la tierra como mercancía
En este contexto reaparece el llamado “Consejo de Mayo”, que recomienda liberar la adquisición de tierras por parte de privados extranjeros, derogando o vaciando de contenido las restricciones vigentes. Para el Gobierno nacional, estas limitaciones “atentan contra la inversión productiva” y deben ser removidas para dinamizar el mercado rural.
Según la lectura oficial, la eliminación de los topes permitiría ampliar la competencia, facilitar emprendimientos vinculados a producciones extensivas, infraestructura y energías renovables, y atraer capitales que hoy -según ese diagnóstico- encuentran obstáculos normativos. Sin embargo, la propuesta aún no especifica si se mantendrán mecanismos de monitoreo, qué organismo quedaría a cargo del relevamiento de operaciones ni cómo se garantizaría el control federal sobre un recurso estratégico como la tierra.
A este eje se suma otro punto sensible: la eliminación de la prohibición que impide cambiar el uso productivo de la tierra durante 30 a 60 años tras un incendio, una ley impulsada en su momento por Máximo Kirchner. El oficialismo sostiene que ese plazo “desincentiva la actividad económica” y dificulta la recuperación de áreas afectadas. Para las provincias forestales y con alta biodiversidad, la medida abre interrogantes profundos sobre el incentivo implícito a la especulación y el cambio de uso del suelo.
El paquete vinculado a tierras y recursos naturales no se limita, además, a la apertura del mercado rural. Incorpora un capítulo específico sobre la explotación de recursos estratégicos, especialmente en un escenario de expansión de la minería y de creciente demanda global de minerales críticos. El Consejo de Mayo plantea avanzar hacia un esquema de “libre explotación”, lo que en términos prácticos implica revisar regulaciones provinciales y nacionales que, según el documento, generan distorsiones entre jurisdicciones y encarecen los proyectos.
Misiones: un territorio con memoria
En Misiones, la discusión no es abstracta. Tiene historia, nombres propios y consecuencias visibles. Sonia Melo, subsecretaria de Tierras de la provincia, lo plantea sin rodeos: “Esto, la verdad, es un retroceso. Un retroceso que perjudica literalmente a los productores, a la zona rural. En Misiones siempre estuvo la discusión de si era una provincia latifundista o no. Y no lo es”.
Melo remarca una diferencia estructural que muchas veces se pierde en el debate nacional: “Nosotros tenemos productores con 50 hectáreas, 100 hectáreas. No son productores como en el sur, que tienen miles de hectáreas. Y si a eso le sumás que estás ampliando o permitiendo la extranjerización, va muy en detrimento de la familia rural misionera”.
La funcionaria recuerda que las leyes vigentes no surgieron de la nada, sino de procesos de lucha social: “Las legislaciones que hoy están vigentes son producto de luchas del campesinado, de luchas de la gente por la tenencia, la seguridad y la regularización de la tierra. Permitir esto, abrir el grifo para la extranjerización, no hace más que un retroceso muy importante y muy perjudicial”.
En su relato aparece un concepto central: el arraigo. No como consigna ideológica, sino como política pública concreta. Melo recuerda casos como el de Pozo Azul, donde familias que habían quedado a la deriva tras el quiebre de empresas forestales se asentaron, produjeron y, con intervención del Estado provincial, lograron regularizar su situación: “Hoy tenemos un municipio con familias asentadas, familias productoras bien consolidadas. Eso no fue espontáneo: fue una decisión política”.
Pozo Azul fue un ejemplo de la regularización de la tierra con cientos de familias productoras viviendo en lo profundo de Misiones.
La advertencia es clara: los procesos que hoy se discuten pueden reeditar el mapa social de los noventa. “No sé si esta crisis no es peor que la de los 90. En aquel momento vimos la explosión de municipios como Garupá, Posadas, Eldorado, San Vicente, con familias rurales empujadas a los cascos urbanos. Eso vuelve a estar en juego”.
Datos que incomodan
Los números refuerzan la preocupación. Datos oficiales correspondientes al período 2022–2023 indican que alrededor del 11,07% de las tierras rurales de Misiones están en manos extranjeras, lo que ubica a la provincia como la segunda más extranjerizada del país, solo por detrás de Salta. El dato, además, contempla únicamente tierras registradas, dejando fuera superficies no regularizadas o en proceso de mensura.
El fenómeno no es homogéneo. En Puerto Iguazú, el porcentaje asciende a 38,8%, uno de los niveles más altos del país.
Gran parte de esa tierra está en manos de empresas forestales extranjeras, especialmente vinculadas al sector celulósico. El caso de Alto Paraná, hoy parte del Grupo Arauco (Chile), es emblemático: extensiones masivas de tierra, influencia directa sobre la dinámica económica local.
Florencia Gómez, especialista en tierras, va un paso más allá y pone el foco en el diseño jurídico del proyecto: “A través del Consejo de Mayo, el Gobierno impulsa una reforma legal hecha a la medida de grandes capitales extranjeros, como los de Elon Musk o Joseph Lewis, o de cualquier persona humana o empresa foránea que pretenda adquirir tierras rurales en la Argentina”.
Según Gómez, la reforma implica una derogación encubierta de la Ley 26.737: “En apenas nueve artículos, y bajo el título de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, se vacía de contenido el espíritu original de la ley”.
El cambio central, explica, está en quiénes quedan fuera de la regulación: “Se limita a regular la adquisición por parte de Estados extranjeros. Quedan liberadas de toda limitación las personas humanas extranjeras y las empresas privadas extranjeras, cuando la principal vía histórica de extranjerización es justamente a través de personas jurídicas”.
Las consecuencias potenciales son profundas: “Se elimina la limitación cuantitativa. Podría darse un escenario donde millones de hectáreas pasen a manos extranjeras sin violar formalmente la ley”.
Gómez recuerda el caso de Lago Escondido como antecedente y advierte sobre la posible privatización de accesos a bienes públicos como lagos y ríos. También señala la eliminación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, debilitando el federalismo, y la supresión de salvaguardas jurídicas que podrían exponer al Estado argentino a litigios internacionales.
La iniciativa también suprime la limitación basada en la nacionalidad del comprador. Bajo el nuevo marco, podría darse un escenario extremo, pero legalmente posible, donde un gran número de ciudadanos extranjeros adquiera tierras en pequeñas parcelas, sumando una superficie descomunal. Por ejemplo, un millón de personas extranjeras comprando cien hectáreas cada una implicaría la transferencia de 100 millones de hectáreas, en un país cuya superficie continental ronda los 278 millones. La puerta quedaría abierta para una fragmentación y extranjerización masiva sin freno.
Finalmente, el proyecto elimina el artículo 11 de la ley vigente. Este artículo establecía que, a los fines de los Tratados Bilaterales de Inversión (suscritos mayoritariamente en los años 90), la adquisición de tierras rurales no sería considerada una “inversión” protegida por esos acuerdos, por tratarse de un recurso natural no renovable aportado por el país receptor. Su eliminación podría exponer al Estado argentino a demandas internacionales ante tribunales como el CIADI si intentara regular en el futuro.
Paralelamente, la propuesta crea nuevas excepciones para entidades que presenten un “plan de inversiones en plazos razonables”, comprometiéndose a respetar las leyes locales. Esto contrasta con las excepciones originales de la Ley 26.737, pensadas para casos personales y de arraigo, como extranjeros residentes, cónyuges o padres de hijos argentinos.
Jaime Ledesma, ingeniero forestal y ex subsecretario de Tierras, sintetiza el debate desde una perspectiva estratégica: “La tierra es un recurso natural, finito, estratégico y soberano. No es un simple activo financiero”.
Para Ledesma, la Ley 26.737 fue un avance con amplios consensos y su desarticulación implica una definición política clara sobre el modelo de desarrollo: “Limitar la extranjerización no es un obstáculo a la inversión privada. Es una garantía de soberanía y de desarrollo sostenible”.
Bosques, agua y suelo -advierte- serán los ejes de las grandes tensiones del futuro. “Descuidarlos hoy es hipotecar el mañana”.
La discusión que vuelve no es meramente jurídica ni económica. Es política en el sentido más profundo: define quién controla el territorio, con qué objetivos y a qué costo social. La historia reciente muestra que cuando la tierra se transforma exclusivamente en mercancía, el precio lo pagan los pequeños productores, las economías regionales y el entramado social del interior.
La Argentina ya transitó ese camino. Y las huellas todavía están ahí.
