Año: 2026

Tucumán será la Capital simbólica de la Argentina cada 9 de Julio

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La ciudad de San Miguel de Tucumán fue declarada “Capital simbólica de la República Argentina” todos los 9 de julio, a partir de una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Gobierno nacional. La medida establece además que, en adelante, los actos centrales que organice la Nación para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia deberán realizarse en la capital tucumana.

La Ley 27.820 fue sancionada por el Congreso el 26 de agosto y promulgada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 1006/2026, firmado el 14 de septiembre por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial y fija un esquema permanente para la celebración nacional del 9 de Julio.

El concepto de “Capital simbólica” tiene un alcance específico. La ley no modifica la capital oficial de la República Argentina ni altera el régimen institucional del país. Establece, exclusivamente, que San Miguel de Tucumán asumirá esa condición cada 9 de julio y que allí deberán realizarse los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para recordar la Declaración de la Independencia.

El cambio tiene, sin embargo, una dimensión política y federal significativa. Tucumán fue el escenario donde el Congreso de las Provincias Unidas declaró la independencia en 1816, por lo que la decisión busca vincular de manera permanente la celebración nacional con el lugar histórico en el que se produjo el hecho fundacional.

La medida también modifica la geografía habitual de las principales ceremonias oficiales. En lugar de concentrar necesariamente la conmemoración en Buenos Aires, la ley establece a Tucumán como sede de los actos centrales del 9 de Julio. De esta manera, una celebración que representa a todo el país tendrá una sede federal definida por ley.

El alcance social de la decisión dependerá, en buena medida, de cómo se transforme esa condición simbólica en una política de federalización efectiva. La presencia anual del Estado nacional en Tucumán puede generar una oportunidad para que la fecha no quede limitada a una ceremonia protocolar y pueda convertirse en una plataforma para visibilizar la historia, la cultura y las capacidades productivas del norte argentino.

Para la provincia, la designación supone además un reconocimiento institucional de su lugar en la construcción de la identidad nacional. La condición se repetirá cada año y no quedará sujeta a una decisión administrativa circunstancial sobre dónde realizar el acto oficial.

La norma es particularmente precisa en ese punto: los actos centrales que organice el Gobierno nacional para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia tendrán lugar “en lo sucesivo” en San Miguel de Tucumán. La decisión convierte así al 9 de Julio en una fecha con sede nacional permanente fuera de la Capital Federal.

La promulgación de la Ley 27.820 institucionaliza, de esta manera, una relación que hasta ahora era fundamentalmente histórica y simbólica. Tucumán no pasa a ser la capital del país, pero sí se convierte por ley en el centro de la celebración nacional de la Independencia cada 9 de Julio.

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Argentina promulgó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

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La Argentina dio un nuevo paso en la apertura comercial del Mercosur al promulgar la Ley 27.819, que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el bloque sudamericano y Singapur. La medida, formalizada mediante el Decreto 1010/2026, completa el trámite legislativo nacional y consolida una herramienta para ampliar el acceso de productos y servicios del Mercosur a uno de los principales centros comerciales y logísticos de Asia.

El Congreso había sancionado la norma el 26 de agosto y el Poder Ejecutivo la promulgó el 14 de septiembre. La ley fue publicada este martes en el Boletín Oficial y aprueba formalmente el acuerdo firmado en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 2023, que está compuesto por 19 capítulos y forma parte de la norma como anexo en español, inglés y portugués.

La importancia del acuerdo excede el intercambio bilateral entre la Argentina y Singapur. Su alcance es regional porque se trata de un instrumento negociado por el Mercosur y pensado para mejorar las condiciones de acceso del bloque a un mercado asiático con una fuerte inserción en las cadenas internacionales de comercio, servicios y logística.

Para la Argentina, la aprobación incorpora una nueva herramienta dentro de una estrategia de diversificación de mercados. En un escenario en el que las exportaciones necesitan ampliar destinos y reducir la dependencia de determinados compradores, contar con acuerdos comerciales que mejoren las condiciones de acceso puede facilitar la llegada de empresas nacionales a nuevos mercados.

El potencial, sin embargo, no se traduce automáticamente en mayores exportaciones. El aprovechamiento efectivo dependerá de la capacidad de las empresas para identificar demanda, cumplir requisitos técnicos y sanitarios, desarrollar canales comerciales y sostener condiciones competitivas de precio y calidad. La existencia de un acuerdo reduce barreras, pero no reemplaza la capacidad productiva y exportadora necesaria para utilizarlo.

Ese punto resulta especialmente relevante para las economías regionales y las pequeñas y medianas empresas, que suelen enfrentar mayores costos para desarrollar mercados externos. El desafío de política pública será transformar la apertura comercial en oportunidades concretas para nuevos exportadores y no solamente en una mejora estadística de las condiciones de acceso.

La promulgación también refuerza una señal política dentro del Mercosur: la búsqueda de acuerdos con economías del Asia-Pacífico aparece como una vía para ampliar la inserción internacional del bloque. Singapur, por su ubicación y su infraestructura portuaria y logística, puede funcionar además como una plataforma de conexión con otros mercados de la región.

El acuerdo aprobado por la Argentina consta de 19 capítulos, pero la Ley 27.819 no desarrolla en su articulado los compromisos específicos de cada uno. Por eso, el alcance económico efectivo de la apertura dependerá de la aplicación de las disposiciones contenidas en los anexos y de la implementación que realicen los países miembros del Mercosur.

El paso dado ahora es, en consecuencia, institucional y comercial al mismo tiempo. Con la aprobación legislativa y la promulgación presidencial, la Argentina incorpora formalmente el acuerdo a su marco normativo y queda en condiciones de avanzar en su implementación conforme a las reglas previstas por el instrumento regional.

Para el sector productivo, la oportunidad estará en convertir el nuevo marco comercial en negocios concretos: más empresas exportadoras, nuevos destinos y mayor integración con las cadenas asiáticas. Para el Estado, el desafío será acompañar ese proceso con información de mercados, facilitación del comercio y herramientas que permitan que el acceso preferencial no quede limitado a las compañías que ya tienen experiencia internacional.

La apertura hacia Singapur no garantiza por sí sola un salto exportador, pero sí suma una puerta de entrada. El verdadero resultado se medirá en los próximos años, cuando las empresas argentinas puedan transformar esa nueva condición de acceso en ventas, inversiones y una mayor diversificación de la matriz exportadora.

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Posadas: se disparó la superficie autorizada para construir, pero 2026 acumula una caída del 35,8%

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La actividad de la construcción privada en Posadas dejó en agosto una fotografía con dos velocidades. Por un lado, la superficie autorizada dio un salto considerable y alcanzó uno de los registros más altos de los últimos años para ese mes. Por otro, se redujo la cantidad de expedientes aprobados y el acumulado de 2026 continúa muy por debajo del año pasado.

Según el informe de la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad de Posadas, elaborado sobre información de las Direcciones de Edificación y Obras Privadas, durante agosto se aprobaron 47 expedientes por 32.395,8 metros cuadrados. Fueron 11 permisos menos que en julio: la cantidad cayó 19% mensual y 20,3% frente a agosto de 2025.

La superficie, en cambio, recorrió el camino inverso. Los metros cuadrados autorizados aumentaron 168,3% en apenas un mes, desde los 12.074,8 m² de julio hasta los 32.395,8 m² de agosto. Frente a los 35.204,8 m² registrados en agosto de 2025, sin embargo, todavía existe una baja del 8%.

La aparente contradicción entre menos permisos y muchos más metros cuadrados tiene una explicación: aumentó fuertemente el tamaño promedio de los proyectos aprobados.

En agosto, cada expediente representó en promedio 689,3 m² autorizados, el mayor valor registrado para un mes de agosto entre 2021 y 2026. Un año antes el promedio había sido de 596,7 m²; en agosto de 2024, de 353,9 m².

La perspectiva histórica permite dimensionar mejor el dato. Los 32.395,8 m² de agosto de 2026 constituyen el segundo mayor registro para ese mes de los últimos seis años, solamente detrás del récord de 35.204,8 m² alcanzado en 2025.

La secuencia es elocuente: agosto de 2021 había contabilizado apenas 4.372 m²; en 2022 fueron 11.700 m²; en 2023, unos 8.300 m²; y en 2024, 17.000 m². El salto de los dos últimos años coloca a agosto de 2026 en niveles elevados aun cuando la comparación interanual resulte negativa.

Pero ese desempeño puntual no alcanza para cambiar el balance general de 2026. Entre enero y agosto se aprobaron 112.892,5 m² en Posadas, 35,8% menos que durante los primeros ocho meses de 2025.

Es probablemente el dato que mejor permite leer el momento de la construcción: agosto significó una recuperación importante respecto de los bajos niveles de meses anteriores, pero todavía no una reversión de la caída acumulada.

El impulso de agosto estuvo concentrado de manera muy marcada en la construcción residencial. De los 32.395,8 m² aprobados, 30.261,4 m² correspondieron a viviendas, equivalentes al 93,4% del total. Los proyectos no residenciales aportaron apenas 2.134,4 m², el 6,6%.

La diferencia entre ambos segmentos fue significativa. La superficie residencial creció 364,4% respecto de julio y quedó prácticamente en el mismo nivel de agosto de 2025, con una variación interanual de apenas -0,03%. La superficie no residencial, en cambio, cayó 61,6% mensual y 56,7% interanual.

Dentro de la vivienda también aparece una señal clara sobre qué clase de construcción sostuvo el mes. Las viviendas unifamiliares concentraron 24.415,9 m², el 80,7% de toda la superficie residencial; las multifamiliares sumaron 4.104,1 m² y los conjuntos habitacionales, otros 1.741,4 m².

Respecto de julio, los metros autorizados para viviendas unifamiliares crecieron nada menos que 842,8%, y contra agosto del año pasado aumentaron 43,1%. Las viviendas multifamiliares exhibieron la dinámica opuesta: crecieron apenas 4,5% mensual y retrocedieron 68,9% interanual.

La construcción destinada a actividades económicas tuvo un peso mucho menor. En agosto solamente tres categorías registraron superficie autorizada: almacenajes y galpones, con 1.089,5 m²; comercio, con 719,7 m²; y educación, con 325,2 m².

Los galpones representaron el 51% de toda la superficie no residencial y el comercio otro 33,7%. Pero ambos mostraron fuertes retrocesos frente al año pasado: -65,8% en almacenajes y galpones y -47,2% en comercio.

También en cantidad de certificados predominó ampliamente la vivienda. De los 47 expedientes aprobados durante agosto, 35 fueron residenciales y solamente 12 correspondieron a usos no residenciales.

Otro dato ayuda a explicar el fuerte aumento mensual. El 79,5% de la superficie aprobada correspondió a obras nuevas, con 25.765,9 m². Este segmento creció 475,9% respecto de julio y, a diferencia del indicador general, también mostró una fuerte expansión interanual: 149%.

Las registraciones de construcciones ya existentes sumaron 4.426,1 m² y representaron el 13,7% del total, con caídas del 9,4% mensual y del 80% interanual. Las ampliaciones aportaron 2.203,8 m² -6,8%- y retrocedieron 11,7% mensual y 9,9% frente al año anterior. Durante agosto no hubo superficie computada bajo la categoría reforma.

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Escala la crisis en Crucero del Norte: suspendió servicios y los trabajadores tomaron la base por salarios adeudados

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La crisis que desde hace meses golpea al transporte de larga distancia escaló en Crucero del Norte. La empresa suspendió los servicios entre Buenos Aires y Posadas, cerró puntos de venta y retiró la cartelería de algunas de sus dependencias, mientras los trabajadores mantienen una toma pacífica de la base operativa en Garupá para reclamar salarios adeudados y, sobre todo, una explicación sobre qué ocurrirá con sus puestos de trabajo.

El conflicto tiene dos caras que se potencian entre sí. Por un lado, una empresa que ya venía achicando su operación por la fuerte caída en la venta de pasajes y el aumento de los costos. Por otro, cientos de trabajadores y sus familias que aseguran haberse enterado de la suspensión de los servicios prácticamente al mismo tiempo que los pasajeros y las agencias.

La falta de información terminó de encender el conflicto.

“Nos topamos de golpe con que la empresa paró. Nosotros no quisimos parar”, explicó Héctor Silva, uno de los trabajadores que permanece en la base de Crucero del Norte. Según relató, el personal venía acompañando el proceso de reestructuración porque conocía las dificultades económicas de la compañía.

“Sabemos que la empresa está mal, que no anda bien. Le dimos todo el apoyo habido y por haber. Pero ahora paró de golpe y nosotros nos quedamos sin saber qué pasó”, señaló.

El reclamo inmediato es por los salarios atrasados, pero la incertidumbre va mucho más allá del próximo pago. Conductores, mecánicos, administrativos y personal de oficina aseguran que no recibieron una comunicación formal sobre el alcance de la decisión empresaria ni sobre la continuidad laboral.

“Hace tres días que estamos acá. Nos enteramos por los mismos medios por los que se enteran ustedes. La empresa comunicó que suspendía las ventas y los servicios a las boleterías y agencias, pero a los que trabajamos acá nadie nos informó nada”, relató otro de los empleados.

Desde entonces, los trabajadores organizan guardias durante las 24 horas en la base. La medida, remarcan, es pacífica y continuará hasta que obtengan respuestas.

A la delicada situación económica se suma ahora un conflicto dentro de la familia propietaria de Crucero del Norte.

Los trabajadores aseguran que uno de los responsables de la compañía se presentó ante ellos y les explicó que la firma no se encuentra formalmente en quiebra, pero atraviesa diferencias entre sus propietarios, identificados por los empleados como la madre y sus dos hijos.

Para el personal, esa disputa no puede trasladarse a quienes dependen de su salario.

“Sabemos que hay un problema interno entre los hermanos, pero nosotros no tenemos nada que ver. No tenemos la culpa de que ellos estén peleados. Queremos nuestra plata, lo que trabajamos”, resumió Silva.

La frase expone el punto más sensible del conflicto. Detrás de la discusión empresarial hay familias que aseguran no saber cuándo volverán a cobrar ni si tendrán trabajo cuando termine la paralización.

“Necesitamos pagar las cuentas, comer, pagar la escuela, la facultad, el colegio de nuestros hijos. Estamos acá y no nos vamos a ir hasta que nos paguen el sueldo y alguien venga a decir qué va a pasar con nosotros”, advirtieron.

La suspensión también alcanzó a los pasajeros. Con las ventas y servicios interrumpidos, usuarios quedaron sin respuestas ante viajes programados, mientras el cierre de sucursales profundizó las señales de un repliegue de la compañía.

En Garupá, incluso, fueron retirados los carteles identificatorios de Crucero del Norte, una imagen que aumentó la preocupación entre los trabajadores.

Una crisis que venía gestándose

El escenario actual tiene antecedentes. Tres meses atrás, Crucero del Norte había confirmado a Economis que estaba atravesando una “profunda reestructuración” para intentar sostenerse frente al derrumbe de la demanda.

Entonces, Julio Koropeski descartó una venta de la compañía y explicó que se estaban revisando rutas, frecuencias, procedimientos y estructura de personal. La definición era clara: había que achicar la empresa para mantenerla operativa.

“Es una reestructuración operacional por baja ocupación, como todo el sector de larga distancia”, había explicado Koropeski.

El empresario vinculaba buena parte del problema con el deterioro económico de la clase media, históricamente uno de los principales públicos del transporte terrestre de larga distancia.

“Nuestros clientes son los de la clase media endeudada con la tarjeta de crédito y con Mercado Pago”, describía.

La radiografía era contundente: el servicio de cabotaje estaba funcionando con apenas el 40% de ocupación. De cada diez butacas disponibles, sólo cuatro viajaban con pasajeros.

Al mismo tiempo, la estructura de costos seguía aumentando. Crucero señalaba entonces una suba del 40% en combustibles, mayores costos de neumáticos y nuevas cargas operativas. En ese contexto, aumentar los precios tampoco aparecía como una solución: con una demanda deprimida, encarecer los pasajes podía profundizar todavía más la pérdida de pasajeros.

A ese escenario se sumó la competencia de las aerolíneas low cost. En determinadas fechas y rutas, volar puede resultar igual o incluso más barato que viajar en colectivo, especialmente cuando las compañías aéreas ofrecen promociones.

“Venimos golpeados desde 2024 porque el cliente está sobreendeudado”, había advertido Koropeski.

De la reestructuración al conflicto abierto

En aquel momento, la estrategia era reducir frecuencias y hacer más pequeña la estructura para atravesar la crisis. Crucero del Norte ya había recortado servicios entre Misiones y Buenos Aires y otras empresas del sector tomaban decisiones similares.

La flexibilización regulatoria impulsada por el Gobierno nacional permitió a las compañías modificar frecuencias, cantidad de servicios y tarifas con mayor libertad. Pero esa posibilidad encontró un límite mucho más difícil de resolver: la falta de pasajeros.

La crisis tampoco es exclusiva de Crucero. El transporte de larga distancia viene atravesando un proceso de concentración, cambios de propietarios y absorciones, mientras distintas compañías reducen estructuras para compensar menores ingresos y mayores costos.

Los problemas de liquidez también comenzaron a trasladarse al frente laboral, con atrasos salariales y dificultades para sostener obligaciones vinculadas a los trabajadores.

En Crucero del Norte, aquella reestructuración que tres meses atrás todavía era presentada como el camino para preservar la compañía desembocó ahora en un escenario mucho más delicado: servicios suspendidos, sucursales cerradas, pasajeros afectados y trabajadores instalados en la base reclamando salarios y certezas.

El interrogante ya no pasa solamente por cuántas frecuencias puede sostener la empresa. Los empleados quieren saber algo bastante más elemental: si Crucero del Norte volverá a operar normalmente y qué sucederá con sus puestos de trabajo. Por ahora, dicen, esa respuesta no llegó.

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Prefectura secuestró 334 kilos de droga valuados en $1.242 millones en Misiones

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En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el narcotráfico, la Prefectura Naval Argentina incautó más de 324 kilos de marihuana durante un operativo realizado a la vera del río Paraná, en la provincia de Misiones.

El procedimiento se inició cuando integrantes de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la dependencia de Libertador General San Martín obtuvieron información sobre un posible ingreso de estupefacientes desde la República del Paraguay. A partir de ese dato, la Fuerza desplegó un puesto de observación en la zona.

Durante la vigilancia, los prefectos observaron aguas abajo un bote a remos que cruzaba desde la costa paraguaya hacia territorio argentino, con dos personas a bordo y varios bultos. La embarcación arribó a la costa a la altura del kilómetro 1.738 del río Paraná, en inmediaciones del Arroyo León, por lo que se solicitó apoyo para reforzar el operativo.

Al llegar al lugar, personal de la Autoridad Marítima nacional localizó un vehículo con las puertas abiertas. En su interior encontraron tres bultos que contenían panes de marihuana prensada.

Luego, durante el rastrillaje de la zona, los prefectos localizaron más estupefacientes en un sendero que comunicaba con la costa y en un bote de madera.

En total, se contabilizaron 13 bultos con 409 panes de marihuana, cuyo peso superó los 324 kilos y su valor de mercado los 1.242 millones de pesos.

Intervino la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la Dra. Viviana Alejandra Vallejos, que dispuso el secuestro de los estupefacientes, el vehículo y la embarcación utilizados para la maniobra.

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