El Tribunal de Cuentas de Misiones proyectó para 2027 un presupuesto de $20.572,25 millones, con más del 90% destinado a personal y una novedad dentro de sus funciones: el organismo fue calificado para auditar programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ejecutará la Provincia.
La presidenta del organismo, Fabiola Bianco, presentó las previsiones para el próximo ejercicio ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes y explicó que la propuesta fue confeccionada siguiendo la pauta general establecida por el Poder Ejecutivo.
“Nos pareció razonable”, señaló sobre el criterio utilizado para elaborar las estimaciones, que consideró compatible con las necesidades previstas para el funcionamiento del Tribunal durante el próximo año.
El componente salarial concentra ampliamente el gasto. Más del 90% del presupuesto proyectado corresponde al rubro personal, mientras que el resto estará destinado a las necesidades operativas y a nuevas tareas de auditoría.
La exposición tuvo también uno de sus momentos de mayor tensión cuando el diputado de La Libertad Avanza Adrián Núñez puso el foco sobre el gasto en personal, la cantidad de cargos contemplados en el presupuesto y las recategorizaciones dentro del organismo.
Bianco no esquivó las preguntas. Por el contrario, respondió punto por punto y cuestionó algunas de las cifras utilizadas para formular los planteos.
Una de las discusiones giró alrededor de la diferencia entre los 359 trabajadores que actualmente integran la planta efectiva y los 509 cargos previstos en la estructura presupuestaria. La presidenta explicó que no se trata de 509 empleados, sino de una estructura que contempla aproximadamente 150 vacantes.
La funcionaria también defendió las partidas destinadas al personal. Explicó que las previsiones incluyen no solamente los salarios actuales, sino también los incrementos que puedan producirse durante el ejercicio y las recategorizaciones.
Bianco recordó que los trabajadores del Tribunal reciben los mismos porcentajes de aumento que el Poder Judicial, debido a la equiparación establecida por la legislación vigente. Sobre las recategorizaciones, sostuvo que forman parte de una política destinada a reconocer capacidades, responsabilidades y compromiso dentro de la administración pública.
Con 32 años de trayectoria en el Estado, reivindicó la jerarquización de los agentes como parte de su concepción de la gestión. También señaló que el contexto económico obligó a moderar ese mecanismo: anteriormente se realizaban dos procesos de recategorización por año y actualmente se redujo a uno.
El intercambio con Núñez fue subiendo de tono a medida que avanzaron las preguntas. Bianco defendió las atribuciones del organismo, corrigió las interpretaciones que consideró equivocadas y reclamó que, si públicamente se reproducían los cuestionamientos formulados durante la comisión, también se difundieran las respuestas completas del Tribunal.
La intensidad de la intervención no pasó inadvertida entre los legisladores. Al finalizar ese tramo, Ramón Amarilla celebró el modo en que Bianco había sostenido sus argumentos: “Qué carácter, qué bueno. Me gusta ese carácter”.
Una partida especial para las auditorías del BID
Más allá de ese contrapunto, la exposición dejó una novedad institucional de peso. El Presupuesto 2027 incorpora una partida cercana a los $150 millones destinada a preparar al Tribunal para las auditorías de programas financiados por el BID.
El organismo provincial atravesó durante aproximadamente cuatro meses un proceso de evaluación técnica y finalmente consiguió la calificación necesaria para intervenir como auditor de esos programas. Para Bianco, se trata de uno de los principales avances institucionales alcanzados por el Tribunal.
Los recursos previstos permitirán contratar especialistas cuando las características de los proyectos requieran conocimientos que no estén disponibles dentro de la estructura permanente y adquirir equipamiento y bienes de capital necesarios para desarrollar las auditorías.
La calificación adquiere relevancia porque el organismo internacional exige condiciones específicas de capacidad técnica e independencia para reconocer a una institución pública como auditora. Bianco indicó que, dentro de la Argentina, los tribunales de cuentas de Buenos Aires y Mendoza ya habían conseguido esa habilitación, mientras que en otros casos las auditorías quedan en manos de consultoras privadas.
Para el Tribunal misionero, superar esa evaluación implica incorporar una nueva dimensión a su tarea tradicional de control de las cuentas públicas.
La incorporación de las auditorías del BID no parte de cero. El Tribunal ya trabaja sobre programas financiados por la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Bianco explicó que se realizó un primer informe relacionado con inversiones que comprenden áreas como Ecología, rutas y bienes de capital. Una segunda instancia alcanzará la línea eléctrica de 132 kV de Energía de Misiones.
Esa experiencia forma parte de un proceso de especialización en auditorías que el organismo viene desarrollando desde hace más de tres años y que ahora tendrá como nuevo desafío los programas financiados por el BID.
La presentación presupuestaria también permitió conocer el estado de las rendiciones municipales.
Las cuentas correspondientes al ejercicio 2025 tuvieron como fecha límite de presentación el 30 de mayo. En apenas tres meses, el Tribunal ya había emitido 11 sentencias aprobatorias.
Bianco puso el dato en perspectiva: años atrás existían expedientes cuya resolución podía demorarse cuatro o cinco años, pese a que el organismo dispone legalmente de un año para pronunciarse.
La presidenta del Tribunal sostuvo que actualmente las sentencias se están dictando dentro de ese plazo y vinculó la reducción de los tiempos con los cambios realizados en los procedimientos internos.
A esa transformación se suma la digitalización. Durante 2026 se alcanzó un 100% de cumplimiento en la presentación de los libros municipales, después de que las rendiciones comenzaran a migrar al formato digital desde 2025.
Cumplir con la presentación, aclaró Bianco, no significa que las cuentas queden automáticamente aprobadas. Después comienza el análisis contable y documental, del que pueden surgir observaciones y eventualmente cargos.
Estos últimos tienen una característica importante: la responsabilidad es personal. Cuando el Tribunal determina mediante sentencia que existe un perjuicio económico, el importe debe ser afrontado por los responsables alcanzados y el dinero recuperado regresa al Estado provincial o al municipio correspondiente.
De los 78 municipios de Misiones, uno no presentó su rendición anual dentro de los plazos previstos. Ante el incumplimiento, el Tribunal inició durante los primeros días de junio el estudio de oficio de esa cuenta.
Bianco evitó revelar cuál es el municipio. Su argumento fue institucional: mientras el procedimiento esté abierto deben preservarse el derecho de defensa y la presunción correspondiente hasta que exista una sentencia firme.
La titular del organismo recordó, al mismo tiempo, que la legislación de acceso a la información pública ofrece mecanismos para consultar el estado de las cuentas y anticipó que el Tribunal trabaja en un sistema que simplifique esas consultas sin exigir al ciudadano conocer previamente datos técnicos como el número de expediente.
