Día: 14 febrero, 2026

Bad Bunny: ¿the new revolucionario latino?

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Desde siglos atrás hay algo que quedó muy claro y es que el arte, pero principalmente la música y sus intérpretes, han utilizado sus obras como medio de protesta política. Desde el cuestionamiento de guerras hasta la denuncia de desigualdades sistémicas fueron motor principal de canciones que trascendieron épocas. Hoy, esa “rebeldía” parece estar del lado del trap y el reggaeton. Bad Bunny, la nueva cara del latinoamericanismo. 

Rebeldía desafinada

El show del medio tiempo en la final del Súper Bowl a cargo de Bad Bunny dio que hablar y mucho. Una simbología y un mensaje directo sobre una especie de unión de países latinoamericanos en un contexto de profunda crítica a los procedimientos anti inmigración que está llevando a cabo el gobierno de Donald Trump. 

Ese mensaje en el show revolucionó las redes. Incontables mensajes de apoyo y de gente que se sintió representada por lo sucedido en el show de Bad Bunny. Toda esta locura inclusive llevó a imponer una suerte de imagen del cantante de reggaeton como la nueva voz de los pueblos latinoamericanos. 

Las redes sociales tienden a magnificar todo lo acontecido en el mundo y lo de Bad Bunny no es la excepción, y si bien es positivo para mediatizar situación que lo ameriten, esa vertiginosidad lleva a que se pierda tiempo en poder analizar. La inmediatez impuso a Bad Bunny como un icono revolucionario… sin pensar en el contexto y el trasfondo. 

La rebeldía soft o la rebeldía transformada en mercancía no es algo nuevo. Cuando el rock n’ roll, el punk, el metal y el grunge fueron tendencias contraculturales que amenazaban con la moral de la sociedad occidental, el mismo sistema se encargó de absorberlos, tenerlos contenidos y capitalizar su mensaje. Es así que grandes iconos musicales pasaron de ser rebeldes a un simple producto del sistema al cual criticaban y con el cual se llenaron de dinero, y Bad Bunny no es la excepción. 

Un ejemplo de mercantilizar la rebeldía es la imagen del Che Guevara. Una persona que luchó contra el imperialismo estadounidense y encabezó la Revolución Cubana pero que hoy en día su rostro está en remeras y gorras vendidas por todo el mundo. Literalmente un símbolo comercial. 

Con solo analizar lo sucedido en el famoso show del “conejo malo” es fácil de ver la situación. Bad Bunny no tocó en la frontera vallada entre EEUU y México que impuso el primero para cortar con el ingreso irregular de los segundos. Literalmente, Bad Bunny tocó en el evento deportivo más visto del mundo y el producto más grande del capitalismo en el deporte. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el show estuvo diagramado a la perfección y dónde no hubo ni un solo atisbo de rebeldía que esté fuera del guión. Fue la NFL y los sponsors quienes estuvieron a cargo de poner en marcha la maquinaria de consumo, transformando el mensaje “latino” en un bien de consumo. Lejos de ser una simple inclusión o visibilización, fue la forma de homogeneizar y vender al público latino. 

Párrafo aparte para las críticas a Trump. El enojo de la Casa Blanca no es con el artista en sí (más allá de que a Trump le disguste su música), sino con la institución que avaló el show y ganó millones con eso. Entre la NFL, sponsors y discográficas han delineado un mensaje anti ice o anti Trump que lleva a la duda de Washington sobre el apoyo o no de ciertos sectores influenciados por la música. Si bien es cierto que en EEUU las entidades y medios hacen público sus apoyos políticos, es de destacar el lugar desde donde viene el enojo del trumpismo. 

Homogéneos y controlables 

Quizás uno de los mensajes más intrínsecos y hasta cuestionables es el de la creación de una imagen única y homogénea de los latinoamericanos. La imagen de los habitantes de Centroamérica y Sudamérica reducida a la cultura caribeña es una estrategia de marketing pero también de menosprecio cultural.

Ante cualquier improperio “racista” es justamente la variedad cultural la que hace tan rica a Hispanoamérica y la reducción a una imagen única es algo que Estados Unidos hizo siempre. El supremacismo como forma de entender las relaciones con el resto del continente, y no, escuchar o bailar reggaeton no es menos que otra expresión pero lo que sí está mal y es inaceptable es intentar homogeneizar en base a una única obra, ya que silencia la riqueza cultural de competencia mundial que existe en Hispanoamérica. 

Los países que, geográficamente, estamos al sur de Estados Unidos compartimos una situación en común y no es la música: la explotación. Estados Unidos ha impuesto sus intereses por las buenas y por las malas en América Latina y esa si es una experiencia compartida. Intervenciones militares y financieras permiten tener contextos “símiles” entre los países latinoamericanos, pero claro, esa homogeneización no estuvo presente. 

Por otro lado, viniendo al país, es imposible aceptar algún tipo de cercanía artística entre el Río de la Plata y el Caribe. Creer que el show de Bad Bunny representa artísticamente a un argentino, uruguayo o del sur de Brasil es defender el desarraigo forzado del sentir nacional (siempre hablando de música y danza)  

Cuando dicho show busca homogeneizar la imagen del latinoamericano, lleva a que se borre del mapa cultural a Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanki, Ruben Patagonia, Luis Alberto Spinetta, Ricardo Iorio o Gustavo Cerati. Algo que, cómo argentino, rioplatense e hispanoamericano es inviable. Y no es culpa del artista ni de su arte, sino de la ingeniería social y política que el establishment intentó imponer mediante un show.

Recapitulando…  ¿Bad Bunny es un revolucionario o una marioneta? Es un artista que vende por millones de dólares y bien ganado lo tiene. Su música hace bailar a millones de personas en el mundo, quizás el sueño de cualquiera que aspira a ser artista. Por ende, no es ni uno ni lo otro. Es un producto discográfico que hoy está siendo utilizado (por una buena suma de dinero) para direccionar críticas al gobierno de Donald Trump. Como todo en la vida, termina siendo política y dinero. 

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Menos patrones y menos empleo formal, el nuevo mapa laboral en Misiones

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Hace ya un tiempo se viene hablando de cómo está cambiando el mapa del mercado del trabajo en la Argentina, a partir de un proceso de destrucción de empleo registrado y el aumento de otras formas de trabajo más tendientes al autoempleo. Esto no nace como un fenómeno natural de la evolución de las formas de trabajo, sino más bien como una respuesta a la pérdida de trabajo en el segmento de asalariados. Aunque existan personas que decidan voluntariamente dejar un empleo formal para emprender, por ejemplo, el grueso de los nuevos independientes lo son por necesidad: lograr hacerse un ingreso que le permita subsistir ante el achicamiento del trabajo formal. En ese escenario se aplicará la nueva Reforma Laboral -una vez que supere Diputados-, con la incógnita de si servirá para crear más empleo o para profundizar aún más el proceso.

Pero este fenómeno, si bien es palpable a simple vista, necesita ser medido. Para ello, analizaremos los resultados que nos muestran el procesamiento de los microdatos de EPH-INDEC para el tercer trimestre 2025 (último disponible) en comparación con el cuarto trimestre 2023 (cuando inició el actual gobierno) y vamos a puntualizar en los aglomerados urbanos del NEA. 

Al realizar el análisis de la evolución de los ocupados según su modalidad ocupacional para los aglomerados de Posadas, Resistencia y Corrientes, se evidencia un cambio significativo en la dinámica laboral. Más allá de la variación del total de ocupados (que se reducen) los datos muestran una reconfiguración profunda en la composición del empleo: pérdida importante de puestos asalariados y un crecimiento relevante del cuentapropismo.

¿Qué pasa con el número total de ocupados? En el periodo analizado, Posadas registra una caída del 3,1% y Corrientes una contracción más intensa del 9,7%, mientras que Resistencia exhibe una leve expansión del 1,2%. 

Sin embargo, el rasgo central no es únicamente la disminución del total, sino el cambio en la estructura interna del mercado laboral. Vamos a analizar caso por caso según las categorías ocupaciones. 

El empleo asalariado (formal e informal) es, en términos de participación, el predominante en el mercado de trabajo: explicó, al tercer trimestre 2025, 64% del empleo total en Posadas, el 66% en Gran Resistencia y el 65% en Corrientes. Por ello, es que su progresión negativa impactó de manera muy fuerte en el mercado laboral: en comparación con el cuarto trimestre de 2023, la contracción es muy fuerte: en Posadas los puestos de trabajo asalariados cayeron 13,2%, equivalente a la pérdida de 17.002 puestos de trabajo en ese segmento. Los otros aglomerados de la región no se quedaron atrás: en el Gran Resistencia los asalariados disminuyeron en un 11,0% (-14.516 puestos de trabajo) y en Corrientes la baja fue aún más fuerte: -16,8% (-19.791 empleos asalariados). 

Cabe preguntarse en este marco como esos empleos perdidos se “compensaron” mediante otras formas de empleo. Aquí entra a jugar de manera fuerte el trabajo por cuenta propia, una modalidad de empleo que creció con fuerza. Si vemos primero su nivel de participación sobre el empleo, en Posadas representó al tercer trimestre 2025 el 32% del total; en Gran Resistencia el 31% y en Corrientes el 29%, en todos los casos, incrementando su participación de manera fuerte contra el último trimestre de 2023. 

En ese marco, el número de trabajadores en este segmento, naturalmente, creció con contundencia.  

En Posadas los trabajadores cuentapropistas se incrementaron en un 43,4%, lo que significa que unas 16.912 personas pasaron a tener esa categoría ocupacional durante la era Milei. La suba es significativa; sin embargo, no llegó a compensar toda la pérdida de empleo en los asalariados (recordemos que eran -17.002 personas). Algo muy similar se observa en Gran Resistencia: el cuentapropismo creció 28,7% equivalente a unas 12.211 personas (pero los asalariados cayeron en 14.516) ; y en Corrientes lo mismo, pero con mucha menor fuerza: el cuentapropismo creció 6,4% con +2.599 personas contra -19.791 asalariados

De manera muy general, podemos resumirlo así: Posadas necesita otros 90 cuentrapropistas más para equiparar con la pérdida de los asalariados; Gran Resistencia 2.305 y Corrientes 17.192. 

Sin embargo, hay otras dos categorías ocupacionales que también juegan un papel importante para entender el resultado global del mercado de los ocupados, aunque muchas veces pasan desapercibidos por su bajo peso relativo dentro del total. Uno de ellos es la categoría de Patrones, que presentó un comportamiento muy heterogéneo. En Posadas el sector patrones muestra una caída muy significativa (-58,6%) pasando de 11.770 patrones en 2023 a solo 4.875 en 2025 (-6.895); sin embargo, en Gran Resistencia tuvo una suba muy fuerte (207,2% con +4.454) que le permitió compensar parcialmente la pérdida de asalariados. En Corrientes también creció, pero menos (+13,1% sumando 1.015 personas)

Luego, tenemos al último tipo de ocupado: el trabajador familiar sin remuneración, definida como aquella persona que trabaja en una empresa, comercio, explotación agropecuaria o actividad económica que pertenece a un familiar, sin percibir un salario o ingreso monetario directo por esa tarea, pero a fines estadísticos, igualmente se la considera ocupada. En Posadas, esta categoría creció 217,4% (+1.389 personas); en Gran Resistencia no se registró personas bajo esta categoría y en Corrientes creció 23,7% (+90 personas). 

En resumen: Posadas perdió 5.596 puestos de trabajo entre 2023 y 2023 (-3,1%) apoyado casi exclusivamente en la baja de los asalariados; al igual que Corrientes que perdió 16.087 trabajadores (-9,7%); Gran Resistencia, en cambio, creció 1,2%, aunque apoyado en el diferencial que hizo la categoría de Patrones. 

Pero miremos un poco más allá, para el caso misionero, para entender mejor qué pasó en algunos sectores específicos. El sector que más emplea en Posadas es el Comercio, que registró 44.004 trabajadores en todos sus tipos; respecto al 2023, este creció en un 24,2%, equivalente a 8.569 nuevos trabajadores en ese sector. Pero hacia dentro, los patrones cayeron en un 58,2%, que es igual a 1.827 personas menos en esa categoría y esto es relevante porque la baja en los ocupados patrones suele asociarse al cierre de unidades productivas pequeñas y medianas. Esto se ve mucho en contextos de recesión y caída del consumo, donde muchos pequeños empleadores dejan de sostener su actividad y directamente salen del mercado. En esos casos, el patrón desaparece como categoría ocupacional y, según la trayectoria posterior, puede pasar a ser asalariado, cuentapropista o incluso inactivo. Por el contrario, los cuentapropistas en el comercio crecieron en un fenomenal 81,5% que significa 10.377 personas “nuevas” bajo esa categoría; y los asalariados se incrementaron en 361 personas. 

La industria, en cambio, tuvo un proceso inverso: el empleo total cayó 9,5% y hacia dentro, disminuyeron de manera drástica los asalariados (-71% equivalente a -5.301 personas) y crecieron en 771 los cuentapropistas del sector

En el rubro de Alojamiento y Comidas, el total cayó 32,3%: fueron 2.931 los que perdieron su trabajo en ese sector; pero se ve que los asalariados cayeron en 2.020 personas y, los patrones -1.366, al tiempo que los cuentapropistas crecieron en 752 personas.

Por último, se puede mencionar el caso de la construcción: perdió 6.101 empleos en el global en un contexto donde los asalariados disminuyeron en 5.781 y los patrones en 2.234, pero los cuentapropistas crecieron en 1.914.

En definitiva, lo que muestran los datos es que el mercado laboral no logró recomponerse, sino que se reconfiguró hacia formas más inestables de inserción. La caída del empleo asalariado, la fuerte expansión del cuentapropismo y la reducción de empleadores en sectores clave reflejan un proceso donde el ajuste se trasladó directamente a la estructura ocupacional. Más que un cambio virtuoso en las formas de trabajo, lo que se observa es una estrategia de supervivencia frente a la contracción del empleo formal. Así, aunque el empleo se sostiene en términos cuantitativos en algunos casos, presenta un claro deterioro en su calidad, estabilidad y capacidad de generar ingresos consistentes, configurando un mercado laboral más fragmentado y vulnerable.

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La nueva edad de imputabilidad: en Misiones solo 1,5% de los delitos involucran a menores de edad

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La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves a la reforma del Régimen Penal Juvenil, el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que modifica estructuralmente el sistema vigente desde 1980. La iniciativa fue aprobada con 149 votos afirmativos y 100 negativos y ahora deberá ser tratada por el Senado.

El debate se da en un contexto en el que los datos muestran que la participación juvenil en el delito representa una proporción baja del total. En Misiones, entre el 1,5% y el 2,5% de los delitos son cometidos por menores de edad, y cerca del 90% de esos casos corresponden a delitos contra la propiedad.

A nivel nacional, las cifras van en la misma línea: los delitos cometidos por menores representan entre el 1,5% y el 5% de los delitos graves en distritos densamente poblados. En términos globales, la participación de menores de 18 años en causas penales equivale apenas al 0,06% del total de delitos penales registrados.

Radiografía nacional del delito juvenil

Los datos más recientes permiten trazar un perfil claro del fenómeno:

  • En 2024, 1.788 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada en la justicia nacional, lo que representó una caída del 4,5% respecto al año anterior.
  • El 81,4% de los ilícitos corresponde a delitos contra la propiedad (robos y hurtos).
  • El 88,6% de los menores involucrados son varones.
  • El 55,2% tiene entre 16 y 17 años.
  • El 71,5% no tenía causas previas.
  • La mayor concentración de casos se registra en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las cifras indican que la mayoría de los adolescentes involucrados no son reincidentes y que los delitos violentos graves representan una fracción minoritaria dentro del universo juvenil.

La reforma deroga las leyes 22.278 y 22.803 y reemplaza el modelo tutelar por un proceso penal formal, con investigación fiscal, derecho a defensa desde el inicio y sentencia fundada. Establece la punibilidad desde los 14 años, eleva el umbral de prisión efectiva para jóvenes de 16 y 17 años y reserva la privación de libertad para delitos graves como homicidios, robos violentos o abusos sexuales. También amplía el catálogo de penas alternativas, como servicios comunitarios y monitoreo electrónico, fija un máximo de 15 años de prisión y prohíbe la prisión perpetua para menores de 18 años.

El proyecto prevé una asignación presupuestaria estimada en 23.739 millones de pesos para su implementación, con más de 20.000 millones destinados a la Defensoría General de la Nación para fortalecer la defensa pública especializada. Ese monto fue cuestionado por el bloque misionerista en el Congreso, ya que advierten que no alcanzará para construir centros de contención, contratar a profesionales y brindar atención diaria, carga que podría recaer en las provincias, a las que al mismo tiempo se les exige bajar el gasto público.

Mientras el oficialismo sostiene que el régimen actual quedó desactualizado frente a nuevas modalidades delictivas, las cifras muestran que el fenómeno juvenil representa una fracción acotada del total de delitos y que la mayoría de los casos corresponde a ilícitos patrimoniales.

La discusión ahora se traslada al Senado, donde el debate combinará seguridad pública, política criminal y derechos humanos en torno a una reforma que modifica de manera estructural el sistema penal juvenil argentino.

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De reformas y urgencias

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“… Del otro lado tenemos esto”. El tuit del presidente Javier Milei apuntaba a un grupo de “manifestantes” violentos al momento en que se debatía en el Congreso la reforma laboral y el Gobierno se anotaba una victoria contundente. 

Más allá de la obviedad de que la violencia era protagonizada por los infiltrados de siempre -con asistencia perfecta y una relación simbiótica con las fuerzas del orden-, el mensaje presidencial desnuda el momento que atraviesa la política: puesta en escena, agenda única ante leyes anacrónicas y una oposición silenciosa, ausente de la calle y sin reacción en los debates, mientras que la economía está cada día más complicada y sin un horizonte promisorio.  

En lo que va del gobierno de Javier Milei hay casi 22 mil empresas menos, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En el caso de Misiones, la contracción del empleo cubierto resulta más pronunciada. Las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 139.960 en diciembre de 2023 a 130.311 en noviembre de 2025. La pérdida es de 9.649 puestos bajo cobertura, lo que representa una baja del 6,9%, más del doble del promedio nacional.

También disminuyó la cantidad de empleadores con personal declarado en la provincia, que pasaron de 9.638 a 8.807, una reducción del 8,6%.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipa que a pesar del ajuste brutal de los últimos dos años, “se vienen meses duros” por escasez de recursos.

La economía argentina vuelve a transitar un laberinto que no le resulta desconocido. No es que el gasto haya explotado ni que el Estado haya perdido súbitamente la disciplina: el problema es más silencioso y, por eso mismo, más complejo. Los ingresos se enfrían, la actividad pierde vigor y el financiamiento empieza a exhibir límites cada vez más visibles. Cuando la recaudación se desacelera en términos reales durante seis meses consecutivos y enero perfora el piso más bajo de los últimos 16 años ajustado por inflación, la señal es inequívoca. 

Según datos de ARCA, los ingresos alcanzaron 18,33 billones de pesos -un aumento nominal del 22% interanual-, pero insuficiente frente a la inflación. Detrás de la cifra se esconde una economía que pierde dinamismo y un equilibrio fiscal que, sin crecimiento, se vuelve cada vez más frágil.

Ajeno a las señales de alerta en la economía, el Presidente se anotó sendas victorias en el Congreso, que dio medias sanciones a la Reforma Laboral y a la baja de la edad de imputabilidad, a los 14 años. No fueron las leyes “ideales” y hubo que negociar artículos, pero ambas normas forman parte de la oferta política libertaria. 

Claro que había que modernizar la ley laboral, vetusta y anclada en el tiempo, pero la nueva ley no parece estar diseñada para estimular la economía ni la creación de empresas, mucho menos para proteger a los trabajadores. De hecho, se mantienen impuestos -Ganancias se coparticipa y si se eliminaba se iba a desfinanciar a las provincias- y privilegios sindicales. 

En cambio, para el trabajador implica el fin de las horas extras, jornadas laborales más extensas, indemnizaciones podadas, descuentos por enfermedad, vacaciones fraccionadas y “colaboradores” sin relación de dependencia. ¿Servirá el menú para generar empleo en medio de un derrumbe que en los últimos dos años se cobró cerca de 200 mil puestos formales, con una industria que funciona a media máquina y escasos brotes verdes? Ni los más optimistas se animan a vaticinar una respuesta positiva. Sin embargo, fue una sesión de película. Dentro y fuera del recinto.

En paralelo a ese mercado laboral expulsivo y con escasas oportunidades, se endurece la legislación penal que ahora considera a los chicos de catorce años como un adulto penalmente responsable. Pudo ser peor. El Gobierno quería que la edad sea de 13 años, pero la resistencia de los gobernadores y algunos diputados obligó a “suavizar” la ley que ocupó grandes titulares en los diarios y minutos de televisión sin mucha profundidad y con ansias punitivistas. Lo cierto es que los delitos cometidos por menores de 18 años representan entre el 1,5% y el 5% de los delitos graves en distritos densamente poblados. 

En términos globales, la participación de menores de 18 años en causas penales equivale apenas al 0,06% del total de delitos penales registrados. En Misiones, entre el 1,5% y el 2,5% de los delitos son cometidos por menores de edad, y cerca del 90% de esos casos corresponden a delitos contra la propiedad. En 2024, 1.788 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada en la justicia nacional, lo que representó una caída del 4,5% respecto al año anterior.

¿Realmente ameritaba una baja de la edad de imputabilidad con tanta premura? ¿Sin casi debate? Hay muchas voces encontradas. El mapa revela que el delito cometido por menores no es un flagelo. 

Muchos son los interrogantes también sobre cómo atender este nuevo público judicial y carcelario en tiempos de recursos escasos. Se destinan apenas 23 mil millones para aplicar la ley. No alcanza siquiera para nuevos centros de detención en todo el país, mucho menos para profesionales, cuerpos penitenciarios especiales y contención, ya que no se puede poner a un menor en una misma celda que un adulto. 

Hoy el sistema carcelario está colapsado. Misiones alberga en sus cárceles a detenidos por causas federales. Se mezcla a ladrones de gallinas con narcotraficantes. En esa convivencia, lo más probable es que el ladrón de gallinas sea tentado por delitos de ganancias mayores.

En el debate en Diputados quedó claro que la premura por la aprobación de la ley era exclusiva del Gobierno. El diputado misionerista Oscar Herrera Ahuad hizo notar lo obvio: sin recursos, la ley resulta “operativamente inviable y fiscalmente irresponsable”. Una carga para las provincias, a las que al mismo tiempo se les exige bajar el gasto público y la presión fiscal. Curiosamente, hace poco nada más, el oficialismo amenazaba con meter presos a los diputados que aprueben leyes sin especificar de dónde saldrían los recursos para ponerlas en práctica. ¿Quiénes serán los responsables cuando la ley esté vigente? Los gobernadores, los sistemas policiales y penitenciarios de las provincias. La Nación, es un ente inasible, pero sus decisiones afectan la vida diaria y el bolsillo de cada uno de los argentinos. 

Basta repasar cómo la desregulación del mercado yerbatero impacta directamente en la vida de miles de pequeños productores, a los que la Nación ignora, con una enorme pérdida de rentabilidad y una caída del precio de la materia prima. La Provincia inevitablemente debe hacerse cargo de las consecuencias de esas políticas, aunque las herramientas no estén en su poder. 

El presidente de la Legislatura, Sebastián Macías recibió el viernes al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa y al diputado Adrián Núñez para analizar la situación del universo yerbatero y ver cómo podría mejorar el precio de la hoja verde. Macías puso énfasis en el control de calidad y frenar la importación, además de promover nuevos mercados para aumentar la demanda. Los libertarios salieron del encuentro con una afirmación: “La desregulación ha contribuido a un aumento del consumo interno y a niveles récord de exportaciones, fortaleciendo el posicionamiento de la yerba mate argentina en el mercado nacional e internacional”.

Desde el espacio señalaron que, si bien aún existen aspectos por mejorar, “el rumbo está trazado y debe sostenerse” con seriedad institucional, promoviendo mayor competitividad y previsibilidad para todos los actores involucrados. 

Los números pueden ser engañosos. Es cierto que el 2025 fue el año récord para las exportaciones, pero no es una consecuencia de la desregulación, sino de un intenso trabajo de promoción del INYM y de las propias industrias. Se enviaron al exterior 60.011.180 kilos, por un valor total de 116,34 millones de dólares, con un precio promedio de 1.938,64 dólares por tonelada. Pero hace unos años el promedio por tonelada era de 2.500 dólares y con costos mucho menores. 

En el mercado doméstico, el desempeño también fue positivo, aunque con matices. Durante 2025, la yerba mate a salida de molinos destinada al consumo interno sumó 266.788.512 kilos, lo que representó una suba del 3,08% respecto de 2024. Pero todavía está debajo del año 2023, que fue el máximo histórico en ventas internas, con 285.430.373 y debajo de los últimos cinco años. El 2020, durante la pandemia, fue el más parecido, con 268.776.695 kilos. La desregulación no hizo aumentar el mercado interno y dejó a la yerba mate como la única economía regional en rojo desde marzo de 2024, según el semáforo de Coninagro. 

La visión de Misiones es diametralmente opuesta a la del espacio libertario. La Provincia advierte que la desregulación rompió el equilibrio en la cadena yerbatera. Lo mismo que con el rol del Estado. La Renovación entiende que el Estado debe intervenir donde la economía necesita estímulos y particularmente, en el cuidado del bolsillo familiar. El gobernador Hugo Passalacqua ratificó la vigencia del Boleto Estudiantil Misionero, que permite ahorrar a una familia hasta dos millones de pesos al año en transporte, al mismo tiempo que fortalece la igualdad de oportunidades para los chicos de todos los niveles educativos.

Lo mismo sucede con la decisión de extender las medidas de alivio fiscal, para que el dinero quede en empresas y las familias, al mismo tiempo que pueden cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Al mismo tiempo, el Gobierno provincial comenzó a dialogar con los estatales -docentes y policías- para comenzar el año con tranquilidad. La respuesta, nuevamente, será local, aunque los interrogantes sean externos.

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Hay casi 22 mil empresas menos durante el gobierno de Milei

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En lo que va del gobierno de Javier Milei hay casi 22 mil empresas menos, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El cierre neto de empresas en noviembre último fue de 892. Y acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En consecuencia, en esos 24 meses, se produjo una caída neta -entre altas y bajas- de 21.938 empleadores. Y disminuyó 290.602 el total de trabajadores o empleados.

A nivel nacional, las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 9.893.914 en diciembre de 2023 a 9.566.573 en noviembre de 2025. Es una caída de 327.341 trabajadores, equivalente a una baja del 3,3%. En el mismo período, los empleadores con personal declarado en unidades productivas descendieron de 512.898 a 490.419, lo que implica 22.479 CUITs menos (-4,4%).

Si se amplía la mirada al total del sistema —incluyendo casas particulares— la tendencia es similar. El total de personas trabajadoras cubiertas bajó de 10.521.550 a 10.169.441. También disminuyó el total de empleadores con trabajadores declarados: de 1.036.590 a 992.229.

Sin embargo, en paralelo se observa un crecimiento del total de CUITs afiliados al sistema de riesgos del trabajo, que pasó de 1.706.819 a 1.771.735. Es decir, el padrón general de empleadores con contrato vigente crece, pero el segmento que efectivamente declara personal se reduce. El dato sugiere un sistema más amplio en cantidad de inscriptos, pero con menor volumen de empleo cubierto.

En el segmento de casas particulares también se registra contracción. Las personas trabajadoras afiliadas bajaron de 627.636 a 602.868, mientras que los empleadores aportantes se redujeron de 426.371 a 405.781.

En términos salariales, la masa salarial nominal exhibe un fuerte incremento, pasando de $4,98 billones en diciembre de 2023 a $16,17 billones en noviembre de 2025 para unidades productivas. No obstante, se trata de valores corrientes atravesados por el proceso inflacionario, por lo que no permiten inferir evolución real sin un análisis deflactado.

Misiones: ajuste más intenso que el promedio nacional

En el caso de Misiones, la contracción del empleo cubierto resulta más pronunciada. Las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 139.960 en diciembre de 2023 a 130.311 en noviembre de 2025. La pérdida es de 9.649 puestos bajo cobertura, lo que representa una baja del 6,9%, más del doble del promedio nacional.

También disminuyó la cantidad de empleadores con personal declarado en la provincia, que pasaron de 9.638 a 8.807, una reducción del 8,6%.

En cuanto a participación relativa, Misiones mantiene una incidencia cercana al 1,4% del total nacional de empleo cubierto, pero pierde peso en masa salarial: su participación baja del 1,1% al 1,0% del total país. En valores nominales, la masa salarial provincial sube de $53.297 millones a $162.112 millones, aunque ese aumento responde al contexto inflacionario general.

Un dato adicional surge del análisis de las cuotas pactadas del sistema de riesgos del trabajo: la relación entre cuota y masa salarial en Misiones se ubica en torno al 3,72%, por encima del promedio nacional cercano al 2,93%, lo que implica una mayor carga relativa sobre la nómina provincial.

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