Mes: febrero 2026

Menos patrones y menos empleo formal, el nuevo mapa laboral en Misiones

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Hace ya un tiempo se viene hablando de cómo está cambiando el mapa del mercado del trabajo en la Argentina, a partir de un proceso de destrucción de empleo registrado y el aumento de otras formas de trabajo más tendientes al autoempleo. Esto no nace como un fenómeno natural de la evolución de las formas de trabajo, sino más bien como una respuesta a la pérdida de trabajo en el segmento de asalariados. Aunque existan personas que decidan voluntariamente dejar un empleo formal para emprender, por ejemplo, el grueso de los nuevos independientes lo son por necesidad: lograr hacerse un ingreso que le permita subsistir ante el achicamiento del trabajo formal. En ese escenario se aplicará la nueva Reforma Laboral -una vez que supere Diputados-, con la incógnita de si servirá para crear más empleo o para profundizar aún más el proceso.

Pero este fenómeno, si bien es palpable a simple vista, necesita ser medido. Para ello, analizaremos los resultados que nos muestran el procesamiento de los microdatos de EPH-INDEC para el tercer trimestre 2025 (último disponible) en comparación con el cuarto trimestre 2023 (cuando inició el actual gobierno) y vamos a puntualizar en los aglomerados urbanos del NEA. 

Al realizar el análisis de la evolución de los ocupados según su modalidad ocupacional para los aglomerados de Posadas, Resistencia y Corrientes, se evidencia un cambio significativo en la dinámica laboral. Más allá de la variación del total de ocupados (que se reducen) los datos muestran una reconfiguración profunda en la composición del empleo: pérdida importante de puestos asalariados y un crecimiento relevante del cuentapropismo.

¿Qué pasa con el número total de ocupados? En el periodo analizado, Posadas registra una caída del 3,1% y Corrientes una contracción más intensa del 9,7%, mientras que Resistencia exhibe una leve expansión del 1,2%. 

Sin embargo, el rasgo central no es únicamente la disminución del total, sino el cambio en la estructura interna del mercado laboral. Vamos a analizar caso por caso según las categorías ocupaciones. 

El empleo asalariado (formal e informal) es, en términos de participación, el predominante en el mercado de trabajo: explicó, al tercer trimestre 2025, 64% del empleo total en Posadas, el 66% en Gran Resistencia y el 65% en Corrientes. Por ello, es que su progresión negativa impactó de manera muy fuerte en el mercado laboral: en comparación con el cuarto trimestre de 2023, la contracción es muy fuerte: en Posadas los puestos de trabajo asalariados cayeron 13,2%, equivalente a la pérdida de 17.002 puestos de trabajo en ese segmento. Los otros aglomerados de la región no se quedaron atrás: en el Gran Resistencia los asalariados disminuyeron en un 11,0% (-14.516 puestos de trabajo) y en Corrientes la baja fue aún más fuerte: -16,8% (-19.791 empleos asalariados). 

Cabe preguntarse en este marco como esos empleos perdidos se “compensaron” mediante otras formas de empleo. Aquí entra a jugar de manera fuerte el trabajo por cuenta propia, una modalidad de empleo que creció con fuerza. Si vemos primero su nivel de participación sobre el empleo, en Posadas representó al tercer trimestre 2025 el 32% del total; en Gran Resistencia el 31% y en Corrientes el 29%, en todos los casos, incrementando su participación de manera fuerte contra el último trimestre de 2023. 

En ese marco, el número de trabajadores en este segmento, naturalmente, creció con contundencia.  

En Posadas los trabajadores cuentapropistas se incrementaron en un 43,4%, lo que significa que unas 16.912 personas pasaron a tener esa categoría ocupacional durante la era Milei. La suba es significativa; sin embargo, no llegó a compensar toda la pérdida de empleo en los asalariados (recordemos que eran -17.002 personas). Algo muy similar se observa en Gran Resistencia: el cuentapropismo creció 28,7% equivalente a unas 12.211 personas (pero los asalariados cayeron en 14.516) ; y en Corrientes lo mismo, pero con mucha menor fuerza: el cuentapropismo creció 6,4% con +2.599 personas contra -19.791 asalariados

De manera muy general, podemos resumirlo así: Posadas necesita otros 90 cuentrapropistas más para equiparar con la pérdida de los asalariados; Gran Resistencia 2.305 y Corrientes 17.192. 

Sin embargo, hay otras dos categorías ocupacionales que también juegan un papel importante para entender el resultado global del mercado de los ocupados, aunque muchas veces pasan desapercibidos por su bajo peso relativo dentro del total. Uno de ellos es la categoría de Patrones, que presentó un comportamiento muy heterogéneo. En Posadas el sector patrones muestra una caída muy significativa (-58,6%) pasando de 11.770 patrones en 2023 a solo 4.875 en 2025 (-6.895); sin embargo, en Gran Resistencia tuvo una suba muy fuerte (207,2% con +4.454) que le permitió compensar parcialmente la pérdida de asalariados. En Corrientes también creció, pero menos (+13,1% sumando 1.015 personas)

Luego, tenemos al último tipo de ocupado: el trabajador familiar sin remuneración, definida como aquella persona que trabaja en una empresa, comercio, explotación agropecuaria o actividad económica que pertenece a un familiar, sin percibir un salario o ingreso monetario directo por esa tarea, pero a fines estadísticos, igualmente se la considera ocupada. En Posadas, esta categoría creció 217,4% (+1.389 personas); en Gran Resistencia no se registró personas bajo esta categoría y en Corrientes creció 23,7% (+90 personas). 

En resumen: Posadas perdió 5.596 puestos de trabajo entre 2023 y 2023 (-3,1%) apoyado casi exclusivamente en la baja de los asalariados; al igual que Corrientes que perdió 16.087 trabajadores (-9,7%); Gran Resistencia, en cambio, creció 1,2%, aunque apoyado en el diferencial que hizo la categoría de Patrones. 

Pero miremos un poco más allá, para el caso misionero, para entender mejor qué pasó en algunos sectores específicos. El sector que más emplea en Posadas es el Comercio, que registró 44.004 trabajadores en todos sus tipos; respecto al 2023, este creció en un 24,2%, equivalente a 8.569 nuevos trabajadores en ese sector. Pero hacia dentro, los patrones cayeron en un 58,2%, que es igual a 1.827 personas menos en esa categoría y esto es relevante porque la baja en los ocupados patrones suele asociarse al cierre de unidades productivas pequeñas y medianas. Esto se ve mucho en contextos de recesión y caída del consumo, donde muchos pequeños empleadores dejan de sostener su actividad y directamente salen del mercado. En esos casos, el patrón desaparece como categoría ocupacional y, según la trayectoria posterior, puede pasar a ser asalariado, cuentapropista o incluso inactivo. Por el contrario, los cuentapropistas en el comercio crecieron en un fenomenal 81,5% que significa 10.377 personas “nuevas” bajo esa categoría; y los asalariados se incrementaron en 361 personas. 

La industria, en cambio, tuvo un proceso inverso: el empleo total cayó 9,5% y hacia dentro, disminuyeron de manera drástica los asalariados (-71% equivalente a -5.301 personas) y crecieron en 771 los cuentapropistas del sector

En el rubro de Alojamiento y Comidas, el total cayó 32,3%: fueron 2.931 los que perdieron su trabajo en ese sector; pero se ve que los asalariados cayeron en 2.020 personas y, los patrones -1.366, al tiempo que los cuentapropistas crecieron en 752 personas.

Por último, se puede mencionar el caso de la construcción: perdió 6.101 empleos en el global en un contexto donde los asalariados disminuyeron en 5.781 y los patrones en 2.234, pero los cuentapropistas crecieron en 1.914.

En definitiva, lo que muestran los datos es que el mercado laboral no logró recomponerse, sino que se reconfiguró hacia formas más inestables de inserción. La caída del empleo asalariado, la fuerte expansión del cuentapropismo y la reducción de empleadores en sectores clave reflejan un proceso donde el ajuste se trasladó directamente a la estructura ocupacional. Más que un cambio virtuoso en las formas de trabajo, lo que se observa es una estrategia de supervivencia frente a la contracción del empleo formal. Así, aunque el empleo se sostiene en términos cuantitativos en algunos casos, presenta un claro deterioro en su calidad, estabilidad y capacidad de generar ingresos consistentes, configurando un mercado laboral más fragmentado y vulnerable.

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La nueva edad de imputabilidad: en Misiones solo 1,5% de los delitos involucran a menores de edad

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La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves a la reforma del Régimen Penal Juvenil, el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que modifica estructuralmente el sistema vigente desde 1980. La iniciativa fue aprobada con 149 votos afirmativos y 100 negativos y ahora deberá ser tratada por el Senado.

El debate se da en un contexto en el que los datos muestran que la participación juvenil en el delito representa una proporción baja del total. En Misiones, entre el 1,5% y el 2,5% de los delitos son cometidos por menores de edad, y cerca del 90% de esos casos corresponden a delitos contra la propiedad.

A nivel nacional, las cifras van en la misma línea: los delitos cometidos por menores representan entre el 1,5% y el 5% de los delitos graves en distritos densamente poblados. En términos globales, la participación de menores de 18 años en causas penales equivale apenas al 0,06% del total de delitos penales registrados.

Radiografía nacional del delito juvenil

Los datos más recientes permiten trazar un perfil claro del fenómeno:

  • En 2024, 1.788 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada en la justicia nacional, lo que representó una caída del 4,5% respecto al año anterior.
  • El 81,4% de los ilícitos corresponde a delitos contra la propiedad (robos y hurtos).
  • El 88,6% de los menores involucrados son varones.
  • El 55,2% tiene entre 16 y 17 años.
  • El 71,5% no tenía causas previas.
  • La mayor concentración de casos se registra en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las cifras indican que la mayoría de los adolescentes involucrados no son reincidentes y que los delitos violentos graves representan una fracción minoritaria dentro del universo juvenil.

La reforma deroga las leyes 22.278 y 22.803 y reemplaza el modelo tutelar por un proceso penal formal, con investigación fiscal, derecho a defensa desde el inicio y sentencia fundada. Establece la punibilidad desde los 14 años, eleva el umbral de prisión efectiva para jóvenes de 16 y 17 años y reserva la privación de libertad para delitos graves como homicidios, robos violentos o abusos sexuales. También amplía el catálogo de penas alternativas, como servicios comunitarios y monitoreo electrónico, fija un máximo de 15 años de prisión y prohíbe la prisión perpetua para menores de 18 años.

El proyecto prevé una asignación presupuestaria estimada en 23.739 millones de pesos para su implementación, con más de 20.000 millones destinados a la Defensoría General de la Nación para fortalecer la defensa pública especializada. Ese monto fue cuestionado por el bloque misionerista en el Congreso, ya que advierten que no alcanzará para construir centros de contención, contratar a profesionales y brindar atención diaria, carga que podría recaer en las provincias, a las que al mismo tiempo se les exige bajar el gasto público.

Mientras el oficialismo sostiene que el régimen actual quedó desactualizado frente a nuevas modalidades delictivas, las cifras muestran que el fenómeno juvenil representa una fracción acotada del total de delitos y que la mayoría de los casos corresponde a ilícitos patrimoniales.

La discusión ahora se traslada al Senado, donde el debate combinará seguridad pública, política criminal y derechos humanos en torno a una reforma que modifica de manera estructural el sistema penal juvenil argentino.

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De reformas y urgencias

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“… Del otro lado tenemos esto”. El tuit del presidente Javier Milei apuntaba a un grupo de “manifestantes” violentos al momento en que se debatía en el Congreso la reforma laboral y el Gobierno se anotaba una victoria contundente. 

Más allá de la obviedad de que la violencia era protagonizada por los infiltrados de siempre -con asistencia perfecta y una relación simbiótica con las fuerzas del orden-, el mensaje presidencial desnuda el momento que atraviesa la política: puesta en escena, agenda única ante leyes anacrónicas y una oposición silenciosa, ausente de la calle y sin reacción en los debates, mientras que la economía está cada día más complicada y sin un horizonte promisorio.  

En lo que va del gobierno de Javier Milei hay casi 22 mil empresas menos, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En el caso de Misiones, la contracción del empleo cubierto resulta más pronunciada. Las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 139.960 en diciembre de 2023 a 130.311 en noviembre de 2025. La pérdida es de 9.649 puestos bajo cobertura, lo que representa una baja del 6,9%, más del doble del promedio nacional.

También disminuyó la cantidad de empleadores con personal declarado en la provincia, que pasaron de 9.638 a 8.807, una reducción del 8,6%.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipa que a pesar del ajuste brutal de los últimos dos años, “se vienen meses duros” por escasez de recursos.

La economía argentina vuelve a transitar un laberinto que no le resulta desconocido. No es que el gasto haya explotado ni que el Estado haya perdido súbitamente la disciplina: el problema es más silencioso y, por eso mismo, más complejo. Los ingresos se enfrían, la actividad pierde vigor y el financiamiento empieza a exhibir límites cada vez más visibles. Cuando la recaudación se desacelera en términos reales durante seis meses consecutivos y enero perfora el piso más bajo de los últimos 16 años ajustado por inflación, la señal es inequívoca. 

Según datos de ARCA, los ingresos alcanzaron 18,33 billones de pesos -un aumento nominal del 22% interanual-, pero insuficiente frente a la inflación. Detrás de la cifra se esconde una economía que pierde dinamismo y un equilibrio fiscal que, sin crecimiento, se vuelve cada vez más frágil.

Ajeno a las señales de alerta en la economía, el Presidente se anotó sendas victorias en el Congreso, que dio medias sanciones a la Reforma Laboral y a la baja de la edad de imputabilidad, a los 14 años. No fueron las leyes “ideales” y hubo que negociar artículos, pero ambas normas forman parte de la oferta política libertaria. 

Claro que había que modernizar la ley laboral, vetusta y anclada en el tiempo, pero la nueva ley no parece estar diseñada para estimular la economía ni la creación de empresas, mucho menos para proteger a los trabajadores. De hecho, se mantienen impuestos -Ganancias se coparticipa y si se eliminaba se iba a desfinanciar a las provincias- y privilegios sindicales. 

En cambio, para el trabajador implica el fin de las horas extras, jornadas laborales más extensas, indemnizaciones podadas, descuentos por enfermedad, vacaciones fraccionadas y “colaboradores” sin relación de dependencia. ¿Servirá el menú para generar empleo en medio de un derrumbe que en los últimos dos años se cobró cerca de 200 mil puestos formales, con una industria que funciona a media máquina y escasos brotes verdes? Ni los más optimistas se animan a vaticinar una respuesta positiva. Sin embargo, fue una sesión de película. Dentro y fuera del recinto.

En paralelo a ese mercado laboral expulsivo y con escasas oportunidades, se endurece la legislación penal que ahora considera a los chicos de catorce años como un adulto penalmente responsable. Pudo ser peor. El Gobierno quería que la edad sea de 13 años, pero la resistencia de los gobernadores y algunos diputados obligó a “suavizar” la ley que ocupó grandes titulares en los diarios y minutos de televisión sin mucha profundidad y con ansias punitivistas. Lo cierto es que los delitos cometidos por menores de 18 años representan entre el 1,5% y el 5% de los delitos graves en distritos densamente poblados. 

En términos globales, la participación de menores de 18 años en causas penales equivale apenas al 0,06% del total de delitos penales registrados. En Misiones, entre el 1,5% y el 2,5% de los delitos son cometidos por menores de edad, y cerca del 90% de esos casos corresponden a delitos contra la propiedad. En 2024, 1.788 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada en la justicia nacional, lo que representó una caída del 4,5% respecto al año anterior.

¿Realmente ameritaba una baja de la edad de imputabilidad con tanta premura? ¿Sin casi debate? Hay muchas voces encontradas. El mapa revela que el delito cometido por menores no es un flagelo. 

Muchos son los interrogantes también sobre cómo atender este nuevo público judicial y carcelario en tiempos de recursos escasos. Se destinan apenas 23 mil millones para aplicar la ley. No alcanza siquiera para nuevos centros de detención en todo el país, mucho menos para profesionales, cuerpos penitenciarios especiales y contención, ya que no se puede poner a un menor en una misma celda que un adulto. 

Hoy el sistema carcelario está colapsado. Misiones alberga en sus cárceles a detenidos por causas federales. Se mezcla a ladrones de gallinas con narcotraficantes. En esa convivencia, lo más probable es que el ladrón de gallinas sea tentado por delitos de ganancias mayores.

En el debate en Diputados quedó claro que la premura por la aprobación de la ley era exclusiva del Gobierno. El diputado misionerista Oscar Herrera Ahuad hizo notar lo obvio: sin recursos, la ley resulta “operativamente inviable y fiscalmente irresponsable”. Una carga para las provincias, a las que al mismo tiempo se les exige bajar el gasto público y la presión fiscal. Curiosamente, hace poco nada más, el oficialismo amenazaba con meter presos a los diputados que aprueben leyes sin especificar de dónde saldrían los recursos para ponerlas en práctica. ¿Quiénes serán los responsables cuando la ley esté vigente? Los gobernadores, los sistemas policiales y penitenciarios de las provincias. La Nación, es un ente inasible, pero sus decisiones afectan la vida diaria y el bolsillo de cada uno de los argentinos. 

Basta repasar cómo la desregulación del mercado yerbatero impacta directamente en la vida de miles de pequeños productores, a los que la Nación ignora, con una enorme pérdida de rentabilidad y una caída del precio de la materia prima. La Provincia inevitablemente debe hacerse cargo de las consecuencias de esas políticas, aunque las herramientas no estén en su poder. 

El presidente de la Legislatura, Sebastián Macías recibió el viernes al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa y al diputado Adrián Núñez para analizar la situación del universo yerbatero y ver cómo podría mejorar el precio de la hoja verde. Macías puso énfasis en el control de calidad y frenar la importación, además de promover nuevos mercados para aumentar la demanda. Los libertarios salieron del encuentro con una afirmación: “La desregulación ha contribuido a un aumento del consumo interno y a niveles récord de exportaciones, fortaleciendo el posicionamiento de la yerba mate argentina en el mercado nacional e internacional”.

Desde el espacio señalaron que, si bien aún existen aspectos por mejorar, “el rumbo está trazado y debe sostenerse” con seriedad institucional, promoviendo mayor competitividad y previsibilidad para todos los actores involucrados. 

Los números pueden ser engañosos. Es cierto que el 2025 fue el año récord para las exportaciones, pero no es una consecuencia de la desregulación, sino de un intenso trabajo de promoción del INYM y de las propias industrias. Se enviaron al exterior 60.011.180 kilos, por un valor total de 116,34 millones de dólares, con un precio promedio de 1.938,64 dólares por tonelada. Pero hace unos años el promedio por tonelada era de 2.500 dólares y con costos mucho menores. 

En el mercado doméstico, el desempeño también fue positivo, aunque con matices. Durante 2025, la yerba mate a salida de molinos destinada al consumo interno sumó 266.788.512 kilos, lo que representó una suba del 3,08% respecto de 2024. Pero todavía está debajo del año 2023, que fue el máximo histórico en ventas internas, con 285.430.373 y debajo de los últimos cinco años. El 2020, durante la pandemia, fue el más parecido, con 268.776.695 kilos. La desregulación no hizo aumentar el mercado interno y dejó a la yerba mate como la única economía regional en rojo desde marzo de 2024, según el semáforo de Coninagro. 

La visión de Misiones es diametralmente opuesta a la del espacio libertario. La Provincia advierte que la desregulación rompió el equilibrio en la cadena yerbatera. Lo mismo que con el rol del Estado. La Renovación entiende que el Estado debe intervenir donde la economía necesita estímulos y particularmente, en el cuidado del bolsillo familiar. El gobernador Hugo Passalacqua ratificó la vigencia del Boleto Estudiantil Misionero, que permite ahorrar a una familia hasta dos millones de pesos al año en transporte, al mismo tiempo que fortalece la igualdad de oportunidades para los chicos de todos los niveles educativos.

Lo mismo sucede con la decisión de extender las medidas de alivio fiscal, para que el dinero quede en empresas y las familias, al mismo tiempo que pueden cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Al mismo tiempo, el Gobierno provincial comenzó a dialogar con los estatales -docentes y policías- para comenzar el año con tranquilidad. La respuesta, nuevamente, será local, aunque los interrogantes sean externos.

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Hay casi 22 mil empresas menos durante el gobierno de Milei

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En lo que va del gobierno de Javier Milei hay casi 22 mil empresas menos, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El cierre neto de empresas en noviembre último fue de 892. Y acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En consecuencia, en esos 24 meses, se produjo una caída neta -entre altas y bajas- de 21.938 empleadores. Y disminuyó 290.602 el total de trabajadores o empleados.

A nivel nacional, las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 9.893.914 en diciembre de 2023 a 9.566.573 en noviembre de 2025. Es una caída de 327.341 trabajadores, equivalente a una baja del 3,3%. En el mismo período, los empleadores con personal declarado en unidades productivas descendieron de 512.898 a 490.419, lo que implica 22.479 CUITs menos (-4,4%).

Si se amplía la mirada al total del sistema —incluyendo casas particulares— la tendencia es similar. El total de personas trabajadoras cubiertas bajó de 10.521.550 a 10.169.441. También disminuyó el total de empleadores con trabajadores declarados: de 1.036.590 a 992.229.

Sin embargo, en paralelo se observa un crecimiento del total de CUITs afiliados al sistema de riesgos del trabajo, que pasó de 1.706.819 a 1.771.735. Es decir, el padrón general de empleadores con contrato vigente crece, pero el segmento que efectivamente declara personal se reduce. El dato sugiere un sistema más amplio en cantidad de inscriptos, pero con menor volumen de empleo cubierto.

En el segmento de casas particulares también se registra contracción. Las personas trabajadoras afiliadas bajaron de 627.636 a 602.868, mientras que los empleadores aportantes se redujeron de 426.371 a 405.781.

En términos salariales, la masa salarial nominal exhibe un fuerte incremento, pasando de $4,98 billones en diciembre de 2023 a $16,17 billones en noviembre de 2025 para unidades productivas. No obstante, se trata de valores corrientes atravesados por el proceso inflacionario, por lo que no permiten inferir evolución real sin un análisis deflactado.

Misiones: ajuste más intenso que el promedio nacional

En el caso de Misiones, la contracción del empleo cubierto resulta más pronunciada. Las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 139.960 en diciembre de 2023 a 130.311 en noviembre de 2025. La pérdida es de 9.649 puestos bajo cobertura, lo que representa una baja del 6,9%, más del doble del promedio nacional.

También disminuyó la cantidad de empleadores con personal declarado en la provincia, que pasaron de 9.638 a 8.807, una reducción del 8,6%.

En cuanto a participación relativa, Misiones mantiene una incidencia cercana al 1,4% del total nacional de empleo cubierto, pero pierde peso en masa salarial: su participación baja del 1,1% al 1,0% del total país. En valores nominales, la masa salarial provincial sube de $53.297 millones a $162.112 millones, aunque ese aumento responde al contexto inflacionario general.

Un dato adicional surge del análisis de las cuotas pactadas del sistema de riesgos del trabajo: la relación entre cuota y masa salarial en Misiones se ubica en torno al 3,72%, por encima del promedio nacional cercano al 2,93%, lo que implica una mayor carga relativa sobre la nómina provincial.

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Urge nacionalizar las fuerzas armadas

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FUERZAS DE DEFENSA O TROPAS DE OCUPACIÓN AL SERVICIO DE LA ANTIPATRIA
Desde los prolegómenos hasta el golpe de Estado del “proceso.”
    Evitando errores de enfoques o capciosas interpretaciones, es necesario expresar claramente que las muy fundamentadas críticas al muy negativo “proceso”, en modo alguno significan avalar o justificar el accionar de las guerrillas, el cual de hecho fue funcional a las “sugerencias” del intelectual canadiense – británico Harry S. Ferns, quien pocos años antes había escrito que para anular los notables avances económicos y sociales concretados por el peronismo, solo una guerra civil los podría destruir.
    Ambos sectores, las guerrillas con fuerte impronta marxista, en sus más violentas versiones; y las FFAA totalmente cooptadas por la también muy apátrida ideología neoliberal, fueron instrumentos al servicio de la destrucción nacional, instalando odios viscerales que perduran…¡y aun no se dieron cuenta, salvo tal vez pocas excepciones!
    Fatídica fecha la del comienzo del “proceso”, el 24/03/76; pero claramente el prolegómeno fue el accionar de Videla en el Operativo Tucumán, cuando según todo parece indicar, consolidó su liderazgo, al mostrarse y compartir algunas jornadas con las tropas, movilizadas ya durante el gobierno de Isabel Perón.
    Las agresivas acciones de guerrilleros en Tucumán buscaban dominar una “zona liberada”, según la teoría foquista del teórico marxista francés Regis Debray, la cual fue también aplicada por el Che Guevara en Bolivia, con similares consecuencias de regueros de sangre en medio de violencias con muy negativas secuelas.
Esa supuesta “zona liberada” era contraria a la soberanía nacional, por lo cual fue enfrentada y derrotada, con el especial accionar de tropas de regimientos de monte, o sea especializadas en el combate en ese tipo de lugares, como en el monte tucumano.
    Esos claros enfrentamientos a las violencias guerrilleras, comenzaron y pudieron continuarse y acentuarse en el contexto del constitucional gobierno civil. Por otra parte, faltaban no muchos meses para que terminara el mandato presidencial constitucional, debiendo convocarse a nuevas elecciones presidenciales. ¡Falso que el golpe era “necesario”!
    Además, el gobierno democrático de M.E.M. de Perón seguía activo, tomándose muchas medidas de gobierno, como la nacionalización de las bocas de expendio de combustibles, el fortalecimiento de YPF (anulándose procedimientos sin base técnica alguna, que a costa de la petrolera estatal beneficiaban a las dos petroleras extranjeras); además que la economía seguía creciendo y no se aumentaba el endeudamiento externo.
    Pero hubo innegables problemas, como la casi imposible sustitución del carismático y excluyente poder de conducción de Perón, con el vacío de poder que provocó su deceso, el 31/07/74. Desde ese momento, las usinas de rumores y comentarios negativos, propaladas por “agentes especiales” expertos en tareas de zapa muy destructivas, sobre la opinión
pública, fue constante. Y sin duda, tuvo un descomunal efecto negativo el breve, pero muy negativo accionar de Celestino Rodrigo, en el Ministerio de Economía, con sus medidas de muy fuertes ajustes, provocando subas de precios muy acentuadas y un descalabro económico generalizado. Su severísimo plan de ajuste, aplicado entre junio y julio de 1975, fue conocido como “el rodrigazo”, con un alto costo político para el ya debilitado “gobierno peronista sin Perón”.
    También había sido muy negativo el accionar de José López Rega, quien fuera un poderoso alfil en el esquema del poder, de cuestionables procederes políticos y económicos (apodado “El Brujo”, por su afición al esoterismo), además de su rol en la tristemente célebre Triple A, de violento accionar, casi como prolegómeno de la violencia general institucionalizada en el posterior “proceso”, la cual excedió en muchos aspectos el combate a las también muy violentas guerrillas, cargadas de odio e irracionalidad.
    Pero con limitaciones y frente a la creciente hostilidad de los sectores visceralmente pro oligárquicos y ultra conservadores, el gobierno tomó iniciativas económicas y mantuvo una política exterior básicamente soberana.
    La notable usina de ideas principales de gobierno con carácter estratégico estaba en la Secretaría Legal y Técnica, conducida por el experimentado abogado e inclaudicable patriota, Julio Carlos González y su destacado equipo técnico.
Es decir que eran falsos los argumentos según los cuales el golpe de Estado “era necesario para combatir a las guerrillas”, como también era falaz la muletilla que los muchos agentes de “los servicios” diseminaban, pretextando una total carencia de gobierno efectivo y/o de falta total de capacidades para esas funciones.
    Las violencias de las guerrillas y la de las FFAA fueron totalmente funcionales a los dictados destructivos del Reino Unido, sutilmente definidos por Harry S. Ferns, pocos años antes. Pese a ser escritos en Argentina y publicados en castellano, evidentemente los libros de ese autor canadiense – británico, no fueron leídos por las FFAA ni sus mandantes y asesores civiles, pese a la importancia geopolítica de conocer el pensamiento de los usurpadores territoriales.
Si el pretexto era la necesidad de un cambio de gobierno, las elecciones estaban ya a meses de distancia.
    Menos de una semana antes de la perpetración de la toma del poder por Videla y sus secuaces, Ricardo Balbín -líder político indiscutible del arco opositor al gobierno peronista-, se dirigió al país en una cadena radial.
    El viejo líder radical, de notable oratoria (apodado “pico de oro”), era no obstante su verba “institucionalista”, poco o nada proclive a definir imprescindibles ideas estratégicas, y eso mismo sucedió en el discurso pronunciado en los prolegómenos de la asonada militar, cuando la toma del poder era un “secreto a voces”, y de hecho, Balbín no ofreció ninguna idea en concreto, diluyéndose en generalidades, con lo que terminó allanando las últimas resistencias políticas que podrían oponerse al golpe de Estado.
    En la madrugada del 24 de marzo de 1976 se dio el anunciado golpe de Estado, el cual no por casualidad fue llamado Gobierno de Reorganización Nacional, ubicándose como continuador histórico del Gobierno de Organización Nacional, comprendido entre 1852 y 1880; período en el cual el unitarismo mitrista consolidó a fuerza de brutales represiones y asesinatos, el poder económico oligárquico que instrumentó un esquema económico excluyentemente agropecuario, con su poder político que consolidó una realidad de características semi feudales, con una minoría ahíta de riquezas y las mayorías excluidas y sumidas en la pobreza, mientras en lo geopolítico, operábamos como subordinados totales al Imperio Británico.
    Los uniformados perpetradores del “proceso” y los civiles que comandaron de hecho las brutales medidas económicas destructivas, estaban decididos a superar con creces el accionar de sus admirados predecesores del siglo XIX, y para ello se abocaron con saña, aplicando violencias y “desapariciones” (pseudónimo de asesinatos políticos), contra todos los quo osaran oponerse, así sea abiertamente o incluso con moderadas críticas.
    Uno de los pocos opositores al “proceso”, que no fue “desaparecido” fue el gran historiador revisionista José María Rosa, quien dentro de sus geniales escrituras, se permitió la fina ironía de tildar de “gobierno marzista” al “proceso”, mezclando el declamado anti marxismo de la milicada procesera con el hecho de la asonada perpetrada en marzo.
    En la noche del golpe de Estado, apresaron a M.E.M. de Perón y al Dr. Julio C. González, quienes pese a no haber cometido delito alguno, padecieron cárcel y malos tratos, como presos políticos, durante todo el infame “proceso”. Otros abogados, del equipo de J.C. González, fueron brutalmente interrogados, falleciendo uno de ellos por un paro cardíaco a consecuencia del sádico interrogatorio.
    Comenzaban los siete años cargados de violencia estatal, destrucción socio económica y subordinación vergonzosa a las imposiciones del Consenso de Washington. La violencia de las guerrillas, pasó a ser la excusa suficiente para tanto horror institucionalizado.
    Ese contexto de violencia y terror institucionalizados, evitó en los hechos toda oposición -así sea ella pacífica y con sólidos fundamentos-, al accionar político, económico y social, del siniestro “proceso”, que a punta de bayonetas allanó el camino para que Martínez De Hoz y sus “Chicago’s Boys”, implementaran con toda brutalidad y sadismo apátrida, el muy nefasto sistema neoliberal, acorde a los mandatos del Consenso de Washington, cuyos ejes directrices fueron el FMI, el BM y el gobierno de EEUU, con sus aliados “occidentales”.
    Para los pobres de memoria o faltos de elementales conocimientos de Economía, es bueno señalar que el neoliberalismo, con sus imposiciones de “libertad de los mercados”, “libre comercio”, achicamiento brutal del Estado, y en los hechos denigración del concepto concreto de Soberanía Nacional; todo ese perverso combo tuvo como buscadas consecuencias la destrucción intencional de la industria argentina, la concentración de la riqueza en pocas manos, con la consecuente extensión de la pobreza y de la miseria extrema; como también el comienzo de la destrucción de los entes tecnológicos estatales; todo en un marco de deuda externa descomunal e impagable.
    Los sucesivos gobiernos neoliberales, que padecimos después del “proceso”, continuaron en esas destructivas tareas, lo cual es fácilmente verificable.
    Resulta interesante transcribir un listado de los “motivos” por lo que los sectores oligárquicos y antinacionales, perpetraron el golpe de Estado del “proceso”.
    Medidas que implementó el gobierno de M.E.M. de Perón:
1. Se nacionalizaron las bocas de expendio de combustibles, que quedaron en manos de YPF.
2. Se nacionalizaron las agencias noticiosas extranjeras.
3. Incorporaron al patrimonio nacional el canal 7 y 36 radioemisoras comerciales.
4. Nacionalizaron los canales de Televisión 9, 11 y 13.
5. Nacionalizó “Panamericana de Televisión”, única convertidora de ciclaje de Sudamérica.
6. Nacionalizó Editorial Codex.
7. Sancionó la Ley de represión de la subversión, incorporando la represión de la subversión
económica (Usura).
8. Sancionó la Ley de represión al narcotráfico.
9. Suspendió el negociado que colocaba por cincuenta años la producción siderúrgica en manos del Brasil (Mineração Corumbaense Reunida de Brasil).
10. Declaró la nulidad de los contratos del Estado, la ITT y Siemens, por mayores costos cobrados a ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones).
11. Suspendió el negociado de la Italo que pretendía venderle la empresa al Estado, la que debido al tiempo transcurrido ya le pertenecía a la Nación. (Los cipayos del PRN hicieron el negociado y la estatizaron, pese a ser liberales en lo económico)
12. Suspendió el negociado de valores internos y de bonos externos.
13. Suspendió el negociado del Banco Popular Argentino y otros.
14. Implementó el profesionalismo militar integrado a la nación (coronel Damasco y General Numa Laplane).
15. Sancionó la Ley de nacionalización de los depósitos bancarios (cuya anulación permitió el alevoso robo de todos los bancos en el 2001).
16. Decretó el arresto del directorio de Bunge y Born, por subvención a la guerrilla.
17. Sancionó la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud.
18. Sancionó la ley de contrato de trabajo 20.744.
19. Proyectó la Ley nacional de prensa.
20. No contrajo ningún empréstito. La deuda externa al 25 de mayo de 1973 era de u$s 5.189 millones de dólares, y al 24 de marzo de 1976 seguía siendo de u$s 5.189 millones de dólares, con los intereses pagos (conceptos coincidentes, con datos diferentes respecto al estudio de la Dra. Noemi Brenta).
21. Declaró prioritaria a toda elección de autoridades nacionales, provinciales y municipales, mediante el Decreto 620 del 13 de febrero de 1976. La reunión de la Convención Constituyente, que decidiría sobre la Constitución Nacional que organizaba el Estado Nacional Argentino en consonancia con las actuales necesidades de su pueblo y los supremos intereses de la Patria, y así incorporar el artículo 40 de la Constitución de 1949, donde establece que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y demás fuentes de energía y recursos, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación Argentina.
22. Realizó una reunión de gabinete en la Antártida, dando a conocer al mundo, y dejando sentado, que ese territorio pertenece a la Nación Argentina.
23. Interceptó armamentos destinados a las guerrillas, enviados desde Gran Bretaña. 160.000 proyectiles consignados a la embajada británica y remitidos de contrabando en la carga de un buque. Toneladas de armas con el mismo destino, descubiertas en el avión de la British Caledonian. Contrabando de ametralladoras marca Stirling, por nombrar sólo los casos conocidos e interceptados (ver diarios de la época).
24. Pidió, mediante la Cancillería, el retiro del embajador inglés el 13 de enero de 1976. La reacción del gobierno respondía a la decisión unilateral del Reino Unido de suspender las negociaciones sobre las Islas Malvinas y de enviar la misión “Shackleton”, habiendo ordenado Isabel Perón el cañoneo de una nave británica, el 4 de febrero de 1976, por su incursión en aguas territoriales argentinas.
    Cabe suponer que por todo esto, los anglófilos y otros apátridas, la derrocaron y la quisieron borrar de nuestra historia política.
    En las tres entrevistas, que muy amablemente me concedió el Dr. Julio C. González, corroboró la certeza de las afirmaciones precedentes, respecto a los hechos del accionar del gobierno de M.E.M. de Perón, que molestaron al establishment ultra conservador y apátrida. Impulsado por esos deleznables intereses, que operó el infame “proceso”.
    Hechos y consecuencias del “proceso”, tal vez poco conocidos, dan forma a la Quinta Parte de esta serie de artículos, que será publicada en breve, Dios mediante.

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