Naiara Galarraga Gortázar, El País. La lucha contra la desforestación en la Amazonia y en otros valiosos ecosistemas de Brasil es una tarea ardua y colosal que implica voluntad política, fondos, agentes forestales e ingenio. La última novedad ideada por el Gobierno federal es convertir a los bancos en fiscalizadores de lo que ocurre sobre el terreno, a miles de kilómetros de sus sucursales. A partir de este miércoles, cuando alguien solicite un crédito rural subvencionado con dinero público, el banco estará obligado a revisar en una base de datos oficial si la propiedad a la que se refiere ha talado árboles o vegetación a partir de 2019. La norma, que los bancos apoyan pero ha levantado la ira de los productores agropecuarios, es parte del arsenal gubernamental para cumplir la promesa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que Brasil eliminará completamente la deforestación en 2030.
Ese plazo se lo impuso el propio Lula cuando ganó las últimas elecciones, anunció que Brasil volvía a la primera línea en la lucha global contra el cambio climático y regresó al Gobierno. A menos de cuatro años de que venza el plazo, queda mucha tarea por delante aunque la tala ilegal se ha desplomado. El último balance anual indica que la Amazonia perdió 5.796 kilómetros de vegetación nativa, lo que significa un 11% menos que el año anterior, según las mediciones por satélite realizadas por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE).
Esa es la base de datos, llamada Prodes, con la que los bancos deberán cotejar las solicitudes de créditos subvencionados. Los satélites de Prodes fotografían desde el espacio parcelas de tres metros cada 16 días (para asegurarse de que las nubes no arruinan la visión) en la Amazonia, cuya extensión es el doble de la Unión Europea, y otros biomas brasileños.
Si resulta que la propiedad en cuestión fue talada después de 2019, el productor agropecuario que pide el crédito deberá probar que esa tala es parte del porcentaje autorizado por la ley. “Así convertimos a cada gerente de banco que gestiona créditos subsidiados en un inspector de deforestación ilegal”, explicó a la agencia Reuters Andre Lima, que dirige los esfuerzos para combatir la deforestación en el Ministerio de Medio Ambiente brasileño. Incluso en el caso de que sea legal, el propietario deberá pagarla de su bolsillo.
La nueva norma atañe a los créditos subvencionados con el dinero del contribuyente, es decir, unos 53.000 millones de dólares o un tercio del crédito rural brasileño, según información del Banco Central citada por Reuters. Y es que casi una quinta parte del crédito subvencionado otorgado fue para operar propiedades deforestadas hace nada, entre 2020 y 2023, según un estudio de la Climate Policy Initiative de la Universidad Pontificia de Río de Janeiro. Es decir, durante parte del mandato de Bolsonaro y el primer año de Lula.
El poderoso lobby agropecuario ha fracasado en sus intentos de paralizar la norma o retrasar si entrada en vigor, algo que incluso el propio Ministerio de Agricultura de Lula intentó. La principal asociación del sector, la Confederación de Agricultura y Pecuaria (CNA, por sus siglas en portugués) ha señalado el riesgo de que se den falsos positivos, que los satélites indiquen una tala donde no la hay. Los expertos sostienen que el caso típico es el contrario, la destrucción de vegetación que se le escapa al ojo que supervisa desde el espacio.
Los bancos han saludado la medida. La patronal bancaria considera que les da seguridad jurídica. Las nuevas verificaciones son un seguro contra hipotéticos impagos del crédito por parte de un productor que pierde un contrato por deforestar.
La Unión Europea tiene lista una ley, cuya entrada en vigor se ha aplazado dos veces, que prevé vetar de los Veintisiete una serie de productos si proceden de áreas deforestadas. Gestada por Bruselas en los años Bolsonaro, afecta al cacao, café, soja, aceite de palma, madera, carne de vacuno, el caucho y todos sus derivados (como cuero, madera, papel o chocolate). Las resistencias de los países afectados y las dificultades técnicas han aplazado su entrada en vigor, que estaba prevista para 2024 y será el último día de 2026. Entremedias, Brasil y los países que integran con él Mercosur han cerrado un acuerdo comercial gigante que estará vigente a partir de mayo.
La deforestación ha caído un 50% en la Amazonia desde que el líder de la izquierda brasileña regresó al poder para un tercer mandato. Como bien sabe desde su primera etapa presidencial, la preservación de la selva tropical es clave para regular la temperatura global y un elemento central en la proyección internacional de Brasil. Para bien y para mal, como cuando Bolsonaro convirtió a su país en el villano ambiental planetario. La deforestación es la principal causa de las emisiones de CO² de Brasil.
El presidente Lula puso de nuevo al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático —un apellido novedoso— a la veterana política y activista Marina Silva, que a principios de los años 2000 ya demostró que sabía cómo reducir drásticamente la tala ilegal en el mayor bosque tropical del mundo. Y lo ha vuelto a lograr. Estos días, Silva acaba de dejar el ministerio para presentarse a las elecciones al Senado.
