Día: 7 abril, 2026

Lanzan una nueva edición del concurso Tecnocreadores para alumnos de colegios secundarios

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El Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico (IUDPT) abrió la inscripción a la segunda edición del concurso “Tecnocreadores”, una actividad competitiva destinada a estimular vocaciones científico-tecnológicas en alumnos que cursen regularmente el último año del nivel secundario en colegios de la Argentina.

Pueden participar estudiantes con proyectos que investiguen sobre:
• el uso de desechos industriales o del agro para valorizarlos como bioinsumos o biomateriales;
• el diseño de soluciones tecnológicas que permitan medir, analizar y mejorar el rendimiento y la salud en el deporte;
• la aplicación de técnicas de recopilación y procesamiento de datos biológicos para el diagnóstico en salud;
• la construcción de un sistema inteligente que, mediante sensores y análisis de datos, detecte una problemática del entorno y proponga una solución automatizada, y
• el desarrollo de tecnología o un modelo organizacional orientado a mejorar la productividad de la agroindustria argentina.

“El concurso ofrece a los estudiantes que participen con sus proyectos la posibilidad de profundizar sus conocimientos y desarrollar capacidades para distinguir, interpretar y resolver situaciones reales relacionadas con actividades científicas, productivas y tecnológicas en las áreas de la biotecnología, bioingeniería, bioinformática, bionegocios, informática y análisis de datos e inteligencia artificial”, explica Mariano Álvarez, rector del Instituto Universitario IUDPT.

Tanto la inscripción, abierta hasta el próximo 22 de mayo, como la participación son gratuitas. El reglamento del concurso puede descargarse en: https://iudpt.edu.ar/wp-content/uploads/2026/03/Reglamento-2026-TecnoCreadores.pdf. Las consultas se reciben en: tecnocreadores@iudpt.edu.ar.

En la edición inicial del concurso, realizada en 2025, el primer premio quedó en manos de Ian Consiglio, del Colegio León XIII, del barrio de Palermo, líder del proyecto “REMI (Robot Emocional de Motivación Inteligente), un sistema robótico de acompañamiento emocional orientado a la detección y modulación de estados afectivos negativos en infantes”.

El segundo premio fue para Micaela Celerayán, del Instituto Cristo Rey, de la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, que lideró la iniciativa “Generación de enzimas lacasas a partir de la fermentación de desechos agrícolas para la eliminación del Bisfenol A presente en residuos plásticos”.

El tercer premio resultó para Benjamín Vartanian, de la Escuela Cristiana de la Puerta Abierta, del barrio porteño de Monte Castro, líder del proyecto “CO2LECTIVOS: dispositivo móvil de filtración de dióxido de carbono del aire para instalación en el transporte público automotor del AMBA”.

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Escándalo en ascenso: préstamos por USD 100.000 complican más a Adorni en la causa de enriquecimiento ilícito y otra vez dos mujeres le prestaron dinero

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La situación judicial de Manuel Adorni se agrava con la aparición de nuevas operaciones financieras que generan sospechas. Según la información difundida, el actual jefe de Gabinete habría recibido otros 100.000 dólares en concepto de préstamos privados por parte de dos mujeres, en una transacción realizada el 15 de noviembre de 2024, el mismo día en que su esposa, Bettina Angeletti, adquirió una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

De acuerdo a los registros, el crédito fue otorgado por Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, con 15.000 dólares. Si bien estas acreedoras fueron incluidas en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el monto declarado por Adorni sería considerablemente menor al total del préstamo, lo que despertó nuevas dudas sobre la transparencia de la operación.

La causa cobra mayor relevancia al sumarse a antecedentes similares. Previamente, otras dos mujeres jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, le habrían prestado un total de 200.000 dólares para la compra de un departamento en Caballito. En ese caso, incluso una de las supuestas prestamistas aseguró no conocer a Adorni, lo que incrementó las sospechas en torno al origen y la veracidad de los fondos involucrados.

Además, los investigadores detectaron que el funcionario habría constituido dos hipotecas sobre el mismo inmueble ubicado en la calle Asamblea. La primera data de 2014 por 75.000 dólares, mientras que la segunda corresponde a este nuevo préstamo de 2024 por 100.000 dólares. Este patrón de financiamiento reiterado con particulares es uno de los puntos que la Justicia analiza dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En este contexto, el fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en varias de las operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario y su entorno. La fiscalía también solicitó toda la documentación relacionada con estas transacciones, en un intento por esclarecer el origen de los fondos y determinar si existieron irregularidades en el crecimiento patrimonial de Adorni.

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Iraníes formaron “cadenas humanas” alrededor de las centrales eléctricas

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Ciudadanos iraníes formaron “cadenas humanas” rodeando las centrales eléctricas del país ante la inminencia de ataques masivos por parte de Estados Unidos e Israel este martes, según informaron medios internacionales.

Esa acción va en línea con lo que manifestó el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, este martes a través de su cuenta de X, cuando expresó que “más de 14 millones de orgullosos iraníes” están dispuestos a “sacrificar sus vidas en defensa de Irán”. 

“Yo también he estado, estoy y seguiré estando dedicado a dar mi vida por Irán”, añadió el mandatario

Irán cortó todas las comunicaciones directas con los Estados Unidos e informó a Pakistán que no participará ya en las conversaciones sobre un alto el fuego, según The New York Times. El diario citó a tres personas familiarizadas con el asunto. 

Según los informantes, la medida obstaculizó temporalmente los esfuerzos para alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite fijada para las 20:00 horas del martes, pero no tronchó el proceso negociador. 

Por otra parte, una de las fuentes señaló que Irán pretendía enviar una señal de desaprobación y desafío al cortar las comunicaciones. 

Posteriormente, el periódico iraní Tehran Times escribió en su cuenta de X que las negociaciones entre el país persa y la potencia norteamericana no se cortaron. 

Trump evalúa la propuesta de Pakistán para extender dos semanas el plazo a Irán

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a CBS News que Trump “ha sido informado de la propuesta y dará una respuesta”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está revisando la propuesta de Pakistán de extender en dos semanas el plazo para que Irán llegue a un acuerdo, informó la Casa Blanca aproximadamente cuatro horas antes de la fecha límite fijada por el presidente Trump a las 8 de la noche, hora del Este (21 de Argentina).

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a CBS News que Trump “ha sido informado de la propuesta y dará una respuesta”.

Durante una llamada telefónica con Fox News el martes, el presidente dijo que “estamos en negociaciones acaloradas”, pero se negó a decir cómo se sentía respecto a las conversaciones, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

La propuesta de Pakistán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió a las partes en conflicto en Medio Oriente que respeten un cese del fuego de dos semanas para “permitir que la diplomacia logre el fin concluyente de la guerra”, en una publicación en X.

También pidió al presidente Donald Trump que extienda su plazo sobre Irán por dos semanas y que Irán reabra el estrecho de Ormuz durante ese periodo, reportó la cadena CNN 

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Misiones pone en marcha la obra San Isidro–Alem–Oberá II y se abre una nueva etapa para el sistema eléctrico

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El Gobierno de Misiones puso en marcha este martes 7 de abril de 2026 la obra de la Línea de Alta Tensión 132 kV San Isidro – Alem – Oberá II, con una inversión de US$72 millones y un horizonte técnico que promete cubrir la demanda energética de la zona centro por dos décadas. El inicio formal, encabezado por Hugo Passalacqua en Fachinal, no es solo una obra de infraestructura: es una señal política en un contexto donde la energía vuelve a ser un factor de competitividad.

Una obra estratégica para un sistema bajo presión

El proyecto contempla 116 kilómetros de línea aérea de alta tensión, con un tramo de 80 kilómetros de doble terna entre San Isidro y Leandro N. Alem, y otros 36 kilómetros de simple terna hasta Oberá, con previsión de ampliación. A esto se suma la construcción de una nueva estación transformadora en Alem y la ampliación de las estaciones de San Isidro y Oberá II.

La ejecución se financiará mediante un crédito de la Corporación Andina de Fomento y tendrá un plazo de obra de dos años, con una primera etapa —hasta Alem— prevista para marzo de 2027. El despliegue incluye más de 600 estructuras y tres obradores en Fachinal, Cerro Azul y Alem, lo que distribuye la ejecución en distintos frentes.

Desde el punto de vista técnico, la infraestructura apunta a resolver un problema concreto: la limitada disponibilidad y confiabilidad del servicio eléctrico en una región con fuerte perfil industrial. La obra permitirá redistribuir cargas, reducir interrupciones y responder a picos de demanda en momentos críticos.

Energía, industria y planificación: el eje del Gobierno provincial

El impacto alcanzará a más de 300 mil beneficiarios entre directos e indirectos, con mejoras en la calidad del suministro para más de 100 mil familias.

Pero el punto central es otro: la capacidad de sostener la expansión productiva. La zona centro concentra actividades intensivas en consumo energético —aserraderos, secaderos de yerba y té, talleres— que hoy operan con limitaciones. La nueva línea busca corregir ese cuello de botella.

En paralelo, el proyecto incorpora una variable de largo plazo: la posibilidad de integrar nuevas fuentes de generación renovable. Esto no solo amplía la matriz energética, sino que introduce un componente de previsibilidad en un sistema históricamente tensionado.

Impacto económico

En términos políticos, la obra posiciona al Gobierno provincial en un terreno estratégico: la infraestructura como herramienta de desarrollo. La inversión, financiada con crédito internacional, permite sostener una agenda propia en un contexto donde los recursos suelen ser restrictivos.

El componente laboral también tiene peso. Se estima que más del 80% de la mano de obra será local, lo que introduce un efecto inmediato en economías regionales. A eso se suma el impacto indirecto: mayor disponibilidad energética como condición para nuevas inversiones privadas.

En ese esquema, el Estado provincial articula con empresas como Pro Obra S.A. e Ingar S.A., consolidando un modelo mixto de ejecución. No es un dato menor: la coordinación público-privada aparece como una constante en proyectos de esta escala.

Un movimiento estructural con tiempos largos

La línea San Isidro – Alem – Oberá II no es una obra de impacto inmediato. Sus resultados se proyectan en plazos largos: dos años de ejecución y hasta 20 años de cobertura de demanda.

Ese desfase entre inversión y resultado plantea un desafío político. La infraestructura energética no se traduce en rédito inmediato, pero define condiciones estructurales para el crecimiento. En ese equilibrio se juega parte de la estrategia.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en el ritmo de ejecución, la coordinación de los distintos frentes de obra y la capacidad de sostener el financiamiento. También en cómo esta inversión se articula con nuevas radicaciones industriales.

La obra ya está en marcha. Lo que queda por verse es si logra transformar una necesidad histórica en una ventaja competitiva sostenida.

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Caída de ingresos y ajuste fiscal: la conflictividad estatal se extiende a todo el país

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La combinación de caída de ingresos y presión sobre el gasto público comienza a reflejarse con fuerza en las provincias. Durante el primer trimestre de 2026, los recursos de coparticipación registraron una baja del 8% real interanual, mientras que los ingresos por impuestos provinciales cayeron alrededor del 4%, configurando un escenario de fuerte restricción fiscal para los distritos.

El impacto no es homogéneo, pero sí generalizado: con estructuras presupuestarias donde alrededor del 70% del gasto se concentra en salud, educación, seguridad social y seguridad, el ajuste termina trasladándose inevitablemente a estos sectores. La consecuencia es una creciente conflictividad laboral en el ámbito estatal, que ya se extiende a prácticamente todo el país.

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que el 80,4% de los conflictos laborales en el sector público continúan activos, mientras que los acuerdos alcanzados (19,6%) son mayormente transitorios, con reaperturas paritarias en plazos cortos para evitar una mayor pérdida frente a la inflación.

El mapa federal muestra una expansión transversal de los conflictos. En la provincia de Buenos Aires, las tensiones abarcan educación, empleo público, judiciales y salud, con reclamos por recomposición salarial y regularización laboral. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docentes y empleados públicos exigen adelantar paritarias ante aumentos que quedaron rezagados frente a la inflación.

En el norte del país, la situación es particularmente crítica. En Chaco, los reclamos incluyen protestas por la suspensión de la cláusula gatillo y denuncias de recortes salariales de hasta el 80% en áreas específicas. En Corrientes, distintos sectores rechazaron aumentos del 6% por considerarlos insuficientes, mientras que en Jujuy se registraron marchas, protestas y episodios de represión en el marco de reclamos salariales urgentes. Catamarca, por su parte, presenta uno de los escenarios más complejos, con conflictos simultáneos en educación, salud, empleo público, judiciales y fuerzas de seguridad, incluyendo movilizaciones y cortes de ruta.

En la región centro, Córdoba enfrenta tensiones en cinco frentes —docentes, judiciales, jubilaciones, salud y estatales—, con rechazo a reformas previsionales y medidas de fuerza sostenidas. En Entre Ríos, los conflictos también se multiplican con reclamos por paritarias insuficientes y preocupación por cambios en el sistema jubilatorio. Santa Fe muestra un escenario de alta conflictividad, con paro de municipales, protestas policiales y el regreso simbólico de la “Carpa Blanca” docente como señal de protesta estructural.

En la Patagonia, el cuadro también es complejo. Río Negro registra acampes policiales y conflictos en salud y educación, mientras que en Santa Cruz se combinan paros docentes, reclamos del sector salud y demandas judiciales por deudas salariales. En Tierra del Fuego, crece la preocupación por la posibilidad de pago de salarios en cuotas, una señal directa de estrés fiscal en la provincia.

En Cuyo, Mendoza mantiene tensiones en salud y empleo público pese a acuerdos parciales, mientras que San Juan y San Luis enfrentan protestas en sectores clave como educación, salud y fuerzas de seguridad. En el NOA, Salta registra movilizaciones pese a acuerdos salariales, mientras que en Santiago del Estero persisten reclamos docentes y denuncias por incumplimientos salariales en municipios.

En el NEA, además de Chaco y Corrientes, Formosa presenta tensiones pese a anuncios de aumentos, mientras que en Misiones el conflicto sigue activo en educación, salud y administración pública, con paros docentes y rechazo generalizado a las propuestas salariales.

Incluso en distritos con acuerdos parciales, como La Pampa, La Rioja o Neuquén, los conflictos no desaparecen: en muchos casos persisten sectores que rechazan los aumentos por considerarlos insuficientes frente al deterioro del poder adquisitivo.

El denominador común es claro: la caída de los ingresos fiscales —tanto por coparticipación como por recaudación propia— limita el margen de maniobra de los gobiernos provinciales para recomponer salarios en términos reales. Esto ocurre en un contexto donde el gasto rígido domina la estructura presupuestaria y donde cualquier ajuste impacta directamente sobre los servicios esenciales y el empleo público.

De este modo, la dinámica fiscal comienza a trasladarse al plano social. La tensión entre ingresos en caída y demandas salariales en alza configura uno de los principales desafíos para las provincias en 2026, con un escenario que combina fragilidad financiera, conflictividad creciente y presión sobre la sostenibilidad del gasto público.

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