Día: 8 abril, 2026

Libertad transfiere parte de su negocio a La Anónima e incluye el hipermercado de Posadas

Compartí esta noticia !

La cadena Libertad Sociedad Anónima inició un proceso formal de transferencia parcial de fondo de comercio que incluye activos estratégicos en distintas provincias del país, entre ellos el hipermercado ubicado en Posadas, Misiones.

Según un edicto publicado en el marco de la Ley 11.867, la compañía —con base en Córdoba— comunicó que resolvió avanzar en la cesión, enajenación y locación de determinados elementos de su operación a favor de la firma Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, una de las principales empresas del retail argentino.

La operación comprende un total de 12 hipermercados distribuidos en Córdoba, San Juan, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones, además de un centro de distribución clave ubicado en la ciudad de Córdoba.

Entre los activos alcanzados se encuentra el hipermercado Libertad de Posadas, ubicado sobre la avenida Tomás Guido, uno de los puntos comerciales más relevantes de la capital misionera.

El proceso implica la transferencia parcial del fondo de comercio, lo que supone el traspaso de ciertos elementos vinculados a la operación de los establecimientos, aunque no incluye la asunción de pasivos, que continuarán bajo responsabilidad de la sociedad vendedora.

El mecanismo se encuadra dentro de la normativa vigente que regula este tipo de operaciones, permitiendo a terceros interesados presentar oposiciones dentro de los plazos legales, siempre que acrediten derechos sobre los bienes involucrados.

Las presentaciones podrán realizarse ante una escribanía designada en Córdoba o mediante un canal electrónico habilitado, conforme lo establece el procedimiento formal.

Reconfiguración del mapa del retail

La operación se inscribe en un contexto de reordenamiento del sector supermercadista en la Argentina, donde las principales cadenas buscan optimizar su estructura operativa y focalizar sus negocios.

Para la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia —controlante de La Anónima—, el movimiento implica una expansión territorial significativa en plazas donde Libertad tenía fuerte presencia, especialmente en el interior del país.

En el caso de Misiones, el traspaso del hipermercado de Posadas podría marcar un cambio en la dinámica competitiva del sector, en un mercado donde conviven grandes cadenas nacionales, regionales y comercios locales.

La evolución de la operación y sus condiciones finales será clave para determinar su impacto en la oferta comercial, el empleo y la estructura del consumo en cada una de las plazas involucradas.

Compartí esta noticia !

Trump exige a Brasil desmantelar Pix: la pelea por el sistema que desafía a Visa y Mastercard

Compartí esta noticia !

Pix es el sistema de pagos instantáneos que el Banco Central de Brasil lanzó en noviembre de 2020. En poco más de cinco años se convirtió en el método de pago más usado en el país: más de 170 millones de personas lo adoptaron, desplazando al efectivo y a las tarjetas de crédito en el volumen de transacciones cotidianas. Opera a través de claves de identificación – un número de teléfono, un correo electrónico o un código QR – y no cobra comisiones a personas ni a pequeñas empresas. Esa última característica es, en parte, el origen del conflicto que estalló esta semana con Washington.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó su informe anual sobre barreras comerciales y apuntó directamente contra Pix. El documento sostiene que el sistema puede generar una “desventaja” para empresas estadounidenses del sector de pagos electrónicos – Visa y Mastercard entre ellas – y cuestiona que el Banco Central de Brasil no solo creó y opera la plataforma, sino que obliga a todas las instituciones financieras con más de 500.000 cuentas a integrarlo. Es decir, los bancos grandes no pueden elegir: deben ofrecer Pix por regulación.

La amenaza de sanciones

El informe del USTR no es solo un diagnóstico: habilita represalias. Washington advirtió que podría aplicar sanciones bajo la Sección 301 de la ley de comercio exterior estadounidense, el mecanismo que la administración Trump ya usó para justificar aranceles contra decenas de países. En el caso de Brasil, el informe también cuestiona otros puntos de fricción: un impuesto del 60% a compras internacionales pequeñas – la llamada “taxa das blusinhas”-, demoras en el registro de patentes, aranceles sobre etanol importado, restricciones sanitarias a la carne porcina y cuotas de pantalla para producciones audiovisuales locales. Según Washington, Brasil mantiene una tarifa promedio del 12,5% en bienes industriales y del 9% en agrícolas, niveles que considera excesivos.

No es la primera vez que Trump apunta contra Pix. El año pasado, tras imponer un arancel del 50% a los productos brasileños, la Casa Blanca ya había ordenado una investigación por supuestas “prácticas desleales”.

La respuesta de Lula

La reacción del gobierno brasileño fue inmediata. En un acto en el estado de Bahía, Lula defendió el sistema con énfasis político: “Estados Unidos publicó un informe en el que dice que Pix altera el comercio internacional porque afecta a su moneda. Pero Pix es de Brasil y nadie, nadie, va a hacernos cambiarlo”. El presidente subrayó la gratuidad e inmediatez del sistema como herramientas de inclusión financiera y anunció que el objetivo es perfeccionarlo, no negociarlo.

El Banco Central y la Cancillería brasileña también salieron a responder, argumentando que Pix es neutral y no discrimina a empresas extranjeras. Fueron más lejos: recordaron que la propia Reserva Federal de Estados Unidos está desarrollando mecanismos de pago instantáneo similares, lo que, según Brasilia, demuestra que el modelo no tiene nada de irregular.

En las redes sociales brasileñas, la consigna “El Pix es de Brasil” se volvió tendencia en pocas horas, convirtiendo lo que empezó como un capítulo del conflicto comercial entre las dos potencias en un debate sobre soberanía tecnológica y financiera.

Compartí esta noticia !

El Gobierno relanza los vouchers educativos

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional reactivó el programa de vouchers educativos y, al mismo tiempo, ajustó su funcionamiento con nuevas reglas para 2026. A través de la Resolución 205/2026, firmada el 7 de abril, la Secretaría de Educación abrió la inscripción hasta el 30 de abril y modificó el reglamento general del esquema. La decisión, que se formaliza en medio de la discusión sobre el uso de recursos públicos y la asistencia a familias, deja planteada una tensión de fondo: ¿se trata de una ampliación del apoyo o de un mecanismo más estricto de control del gasto?

El movimiento no es menor. El programa, creado en 2024, se consolida como una herramienta directa de transferencia a hogares con hijos en escuelas privadas con alto subsidio estatal, pero ahora con condiciones más precisas y un sistema de validación más exigente.

Un programa que se ajusta y se vuelve más selectivo

La convocatoria 2026 mantiene el núcleo del esquema: una prestación temporaria para familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y con ingresos familiares que no superen los siete salarios mínimos.

Sin embargo, el nuevo reglamento introduce un entramado más detallado de control. La inscripción será exclusivamente digital, mediante la plataforma oficial, con validación de datos a través del sistema de identificación y bajo carácter de declaración jurada.

El proceso de evaluación se apoya en tres ejes: la condición de alumno regular, el análisis socioeconómico del grupo familiar y la regularidad en el pago de las cuotas escolares.

Este último punto aparece como una de las claves del rediseño: el beneficio se suspende ante dos cuotas impagas y se cancela si se acumulan tres. La medida introduce un criterio de disciplina financiera que vincula directamente la asistencia estatal con el comportamiento de pago de las familias.

Centralización operativa y rol de ANSES

El esquema refuerza la centralización del programa en la órbita nacional. La Secretaría de Educación conserva la ejecución, pero el proceso de validación y pago recae en la ANSES, que evaluará mensualmente los ingresos familiares a partir de sus bases de datos.

El cruce de información incluye salarios, ingresos de autónomos, jubilaciones y otras prestaciones, lo que permite un monitoreo continuo de la situación económica de los beneficiarios.

Además, las instituciones educativas pasan a tener un rol activo: deben certificar la regularidad de los छात्रों y reportar mensualmente la situación de pago de cuotas. En la práctica, el programa se apoya en una triangulación entre Estado, familias y escuelas que condiciona el acceso y la continuidad del beneficio.

Asistencia con lógica de control

La reactivación del programa en estas condiciones reconfigura su lectura política. Por un lado, el Gobierno sostiene una política de asistencia directa a sectores medios y medios-bajos vinculados al sistema educativo privado. Por otro, introduce criterios que limitan el acceso y refuerzan el control sobre los beneficiarios.

El diseño combina inclusión y restricción. Amplía la cobertura potencial —al mantener la convocatoria abierta—, pero endurece las condiciones de permanencia. En términos de gestión, esto permite ordenar el gasto y reducir desvíos, aunque también puede generar tensiones con sectores que queden fuera por incumplimientos formales.

En el plano institucional, el programa evita pasar por el Congreso y se implementa vía resolución administrativa, lo que le otorga mayor flexibilidad al Ejecutivo para ajustar reglas sin negociación legislativa directa.

Un esquema en evolución y bajo observación

La convocatoria ya está en marcha, pero su impacto dependerá de la respuesta de las familias y de la capacidad del sistema para procesar las solicitudes en tiempo real.

En las próximas semanas, el foco estará en el volumen de inscripciones y en el nivel de rechazos durante la evaluación. Allí se verá si el rediseño funciona como un filtro efectivo o si genera fricciones en la implementación.

El programa sigue en construcción. La arquitectura normativa está definida, pero su efecto político y social todavía se juega en la ejecución cotidiana.

Compartí esta noticia !

Cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario de USD 75.000 en el Banco Nación

Compartí esta noticia !

El regreso del crédito hipotecario en la Argentina volvió a instalar una promesa de reactivación del mercado inmobiliario. Pero en paralelo, el escándalo por los préstamos otorgados a funcionarios libertarios del Banco Nación dejó al descubierto una brecha difícil de justificar: lo que necesita ganar un ciudadano promedio para acceder a un crédito básico frente a los montos millonarios que recibió un grupo reducido de dirigentes.

Según las condiciones vigentes del Banco Nación, un crédito típico para adquirir una vivienda de 100.000 dólares financia hasta el 75% del valor, es decir, unos 75.000 dólares. Para ese nivel de préstamo, los requisitos de ingreso son contundentes: se necesitan ingresos familiares netos de al menos $3,6 millones mensuales para un plazo de 20 años, con cuotas cercanas a los $914.000.

A 30 años, el umbral baja levemente, pero sigue siendo elevado: ingresos de más de $3,2 millones para sostener una cuota de alrededor de $808.000 mensuales. En caso de no acreditar haberes en el banco, los requisitos se endurecen aún más, con ingresos exigidos por encima de los $4,3 millones.

Este esquema deja en evidencia una realidad: el crédito hipotecario está reservado para un segmento muy reducido de la población, con empleo formal, altos ingresos y estabilidad financiera. Los trabajadores informales o con ingresos variables, en la práctica, quedan excluidos del sistema.

Los préstamos de la polémica: hasta cinco veces más altos

En ese contexto, la revelación de los créditos otorgados a funcionarios del oficialismo amplifica el contraste. Mientras una familia necesita más de $3 millones mensuales para acceder a un crédito de 75.000 dólares, varios funcionarios obtuvieron préstamos que cuadruplican o quintuplican ese monto.

Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro Luis Caputo, accedió a un crédito de $373 millones, equivalente a unos 315.000 dólares. Federico Furiase, secretario de Finanzas, obtuvo $367 millones (más de 280.000 dólares). Emiliano Mongilardi, director de YPF, recibió $309 millones.

En el mismo listado aparecen Juan Pablo Carreira, con un crédito de $112,9 millones, y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con montos que van de $230 millones a $279 millones.

En total, al menos nueve funcionarios y legisladores accedieron a préstamos por más de $2.500 millones.

La brecha en números

La comparación es directa y contundente:

  • Crédito promedio accesible: USD 75.000
  • Ingreso requerido: más de $3,6 millones mensuales
  • Créditos otorgados a funcionarios: entre USD 200.000 y USD 315.000
  • Equivalencia: hasta 5 veces el monto de un crédito estándar

Esto implica que, bajo las mismas condiciones de mercado, para acceder a un préstamo de 300.000 dólares se requerirían ingresos mensuales significativamente superiores —en muchos casos inalcanzables incluso para sectores formales de altos ingresos—.

Mercado en recuperación, acceso restringido

El dato no es menor en un contexto donde el crédito hipotecario intenta consolidar su recuperación. En 2025 se firmaron más de 44.000 préstamos, uno de los niveles más altos desde 2004. Sin embargo, esa recuperación se explica más por una base muy baja que por una masificación real del acceso.

Hoy, el sistema financiero muestra una paradoja: hay crédito disponible, pero sólo para una minoría altamente calificada. Y en ese escenario, la aparición de préstamos millonarios otorgados a funcionarios vuelve inevitable la discusión sobre equidad, condiciones de acceso y transparencia.

El caso trasciende lo político y se instala en el terreno económico. Expone con claridad la segmentación del sistema financiero argentino: mientras la mayoría queda afuera del crédito, un grupo reducido accede a montos que multiplican varias veces el estándar del mercado.

La pregunta que queda abierta no es sólo quiénes acceden, sino bajo qué condiciones y con qué criterios se asigna un recurso escaso en una economía donde el crédito sigue siendo un privilegio.

Compartí esta noticia !

Crisis del transporte público: empresarios alertan por posible colapso del sistema

Compartí esta noticia !

El transporte público en Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos. La combinación de atrasos en subsidios, aumento de costos y falta de previsibilidad financiera pone en jaque la continuidad del servicio y abre interrogantes sobre el corto plazo.

En una entrevista radial, el empresario del sector y referente de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros, Guillermo Leumann, advirtió que el problema no es aislado ni exclusivo de Misiones, sino que se replica en gran parte del interior del país. Según explicó, existen demoras en las compensaciones que la Nación debe transferir por atributos sociales del sistema SUBE, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026.

En el caso de Misiones, donde el sistema SUBE nacional no está plenamente implementado, la problemática se agrava por la falta de actualización de subsidios provinciales y municipales. “Los números municipales son irrisorios, simbólicos, no alcanzan ni para cubrir costos mínimos del sistema”, señaló Leumann, al detallar que las empresas reciben apenas entre 2 y 2,5 millones de pesos mensuales, una cifra que no cubre ni el recambio de neumáticos.

El escenario se vuelve aún más complejo al considerar el incremento del combustible, las nuevas paritarias del sector y la expansión de gratuidades sin compensación adecuada. “Cada vez hay más beneficios, pero nadie los paga. El servicio se presta igual y alguien tiene que cubrir esos costos”, advirtió el empresario.

A pesar de que el boleto en Posadas ronda los 1.300 pesos y se ubica entre los más bajos del país, Leumann remarcó que el problema no es tarifario, sino estructural: la falta de financiamiento del sistema. Comparó la situación con otras ciudades del NEA, como Corrientes y Resistencia, donde el transporte ya muestra signos de colapso, con servicios reducidos y empresas en crisis.

El corto plazo aparece como el principal foco de incertidumbre. “No sabemos qué va a pasar en los próximos días, ni siquiera si podremos afrontar los salarios”, alertó, dejando en evidencia la fragilidad del sistema.

A este cuadro se suma el crecimiento del transporte informal, impulsado por la crisis económica. La proliferación de motos y autos particulares que ofrecen traslados sin regulación genera una competencia desleal y aumenta los riesgos para los usuarios, sin controles efectivos por parte del Estado. Según la FATAP, en el último año, el sistema perdió 30 por ciento de los usuarios.

En este contexto, el reclamo del sector es claro: una revisión integral del esquema de subsidios, basada en costos reales, cantidad de beneficiarios y niveles de uso del servicio. Sin esa actualización, advierten, el sistema de transporte urbano en Posadas podría entrar en una fase crítica de funcionamiento.

En el interior del país, el colectivo representa el único medio de transporte para millones de personas y garantiza más de 50 millones de viajes mensuales.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin