La Justicia de Brasil confirmó este martes la condena a seis años de prisión del actor Juan Darthes, en el caso de violación denunciado por su colega Thelma Fardin; no obstante, la medida implica un régimen semiabierto.
El actor pasará las noches en prisión y podrá salir durante el día, según decidió el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región, que, a su vez, rechazó los planteos que presentó la defensa de Darthés y así avanzó con la disposición.
Asimismo, el fallo indica que los hechos por los que se denuncia al intérprete fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia.
Fardín, por su parte, realizó un extenso descargo a través de redes sociales en donde sostuvo: “Ganamos otra vez”, al tiempo en que agradeció a sus abogados -Carla Junqueira y Martín Arias-, seres queridos, amigos y a quienes atestiguaron sobre el hecho, así como su par, Calu Rivero.
“A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias, se cruzan en la calle y se les pianta una lagrima. Nos curamos entre todas”, señaló y también se mostró agradecida a su “vieja” porque “soy hija de sus batallas” y a su actual pareja, Nicolás Riera “por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar”.
El mismo tribunal ya había dictaminado la condena en junio de 2024, sin embargo, los representantes legales de Darthés alegaron diversos recursos que finalmente, no tuvieron lugar sobre la denuncia que fue iniciada en diciembre de 2018.
Fardin afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de la tira juvenil Patito Feo en 2009, cuando era menor de edad. En ese momento, Darthés tenía 45 años y la víctima 16.
El actor de Dulce amor y Los ricos no piden permiso, entre otras novelas, afirmó siempre ser inocente, viajó a Brasil, de donde es oriundo, y el juicio continuó en ese país.
Un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de Cancillería revelaría que la adjudicación de una licitación a una empresa perteneciente a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue producto de una tramitación armada para que exista una sola firma ofertante.
Según una investigación del programa “Telenueve Denuncia” la adjudicación de un contrato por $114.044.133 a la empresa dirigida por Rouillet, para impartir cursos de inglés a personal de la Cancillería Argentina, estaba definida en favor de la esposa de Sturzenegger meses antes de ser publicada.
Así lo demostraría una comunicación interna del Palacio San Martín a través del sistema GDE, en la que con carácter imperativo un funcionario de mayor rango se dirige a una subordinada instruyéndola para que avance en esa dirección.
El coordinador de la dirección de Compras y Contrataciones de Cancillería, Mariano Méndez, instruye a su subordinada, Luciana Cagnolisu, también del área de Compras, para que avance en el proceso: “Lu, favor tramitar la convocatoria, conforme la que preparamos al inicio del año”, indica la comunicación.
Esta instrucción señalaría que, para el momento en que se lanzó el proceso formal en el portal COMPR.AR, el 4 de diciembre de 2025, los requerimientos y las condiciones para poder presentarse a la licitación estaban diseñados a medida de la empresa de Rouillet, y esta tenía en su poder los detalles del pliego que el Ministerio iba a difundir semanas más tarde.
La contratación se tramitó mediante una ‘Adjudicación Simple por Especialidad’ y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Según consta en los documentos oficiales, la propuesta fue presentada por la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, (la empresa de Rouillet)al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El contrato, que al tipo de cambio de ese momento representaba unos 78.000 dólares, tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.
El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a poner el foco en el mercado de capitales como eje del programa económico y confirmó que el Gobierno avanza en una reducción de barreras regulatorias para facilitar la creación de fondos y la emisión de deuda privada. La definición, difundida en la red social X, refuerza una línea estratégica: sin financiamiento doméstico, no hay crecimiento sostenido.
Según precisó, las modificaciones impulsadas desde la Comisión Nacional de Valores buscan llevar “al mínimo” la burocracia para fondos cerrados y directamente a “cero” en el caso de fondos abiertos. El mismo criterio se aplicaría a la emisión de obligaciones negociables.
Desregulación financiera como política de Estado
El planteo oficial se inscribe en una redefinición del rol del Estado en el sistema financiero. En lugar de intervenir como canalizador directo del crédito, el Gobierno busca habilitar condiciones para que el financiamiento surja del mercado.
La CNV aparece como instrumento central en ese proceso, con cambios orientados a simplificar procedimientos y reducir tiempos administrativos para vehículos de inversión y emisión de deuda corporativa.
La premisa es explícita: desarrollar un mercado de capitales propio que permita canalizar ahorro hacia inversión productiva sin depender de fuentes externas o del crédito bancario tradicional.
Las definiciones de Caputo delimitan tres ejes operativos: Reducción “al mínimo” de la burocracia para la apertura de fondos cerrados. Eliminación de trámites en fondos abiertos. Y simplificación en la emisión de obligaciones negociables
En términos prácticos, implica acelerar la estructuración de instrumentos financieros y reducir costos regulatorios para empresas e inversores.
El desarrollo del mercado de capitales es crucial para el crecimiento sostenido en el largo plazo. Los cambios que estamos proponiendo desde la CNV reducen al mínimo la burocracia para la apertura de fondos cerrados y a cero para los fondos abiertos. Mismo caso para la emisión de… pic.twitter.com/AU2DopKNxR
Fortalecimiento del sector financiero y desplazamiento del Estado
Desde una lectura de poder, la medida fortalece a actores del mercado financiero —administradoras de fondos, emisores corporativos e intermediarios— al tiempo que reduce el peso del Estado como regulador activo.
El mensaje político también es claro: el Gobierno busca consolidar un esquema donde el crecimiento dependa de la inversión privada financiada por el propio sistema de capitales.
Al mismo tiempo, la iniciativa se alinea con la narrativa oficial de desburocratización y apertura económica, trasladando la responsabilidad del financiamiento al sector privado.
El Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Urbanos (GIRSU), implementado a principios de año bajo el lema “Separar para conservar”, avanza según el cronograma establecido y se consolida como una iniciativa que busca reducir el impacto producido por la generación de residuos en el Parque Nacional Iguazú.
Este proceso inició hace más de un año mediante un diagnóstico sobre cómo es la gestión de residuos en el Área Cataratas, realizada por la Administración de Parques Nacionales (APN). Los resultados arrojados motivaron la convocatoria de una mesa de trabajo conformada por las empresas Iguazú Argentina S.A. -Concesionaria del Área Cataratas-, Iguazú Jungle -Concesionaria del servicio de navegación-, el Restaurante El Fortín y el Hotel Gran Meliá Iguazú. “Estuvimos reuniéndonos casi todo el 2025, poniéndonos de acuerdo respecto a las etapas de separación de residuos en origen, el diseño de los puntos limpios y su cartelería”, comentaron desde el Departamento de Conservación y Educación Ambiental de APN.
Una vez convocados los actores, cada uno de ellos avanzó según los lineamientos acordados. Iguazú Argentina S.A., empresa concesionaria del Área Cataratas, llevó adelante la instalación de los puntos limpios en distintas áreas clave del parque: “El principal desafío fue diseñar un sistema que funcione en la dinámica real del Área Cataratas, donde los flujos de visitantes cambian según horarios, recorridos y temporadas. Cada punto limpio fue ubicado estratégicamente para acompañar la circulación de los visitantes y facilitar la correcta separación de residuos en su origen”, señalaron desde el Área de Sostenibilidad de la concesionaria.
En total, se instalaron 40 puntos limpios en todos los sectores del Área Cataratas, cada uno con dos cestos (uno con etiqueta verde para residuos secos reciclables y otro con etiqueta negra para residuos húmedos no reciclables), para que cada visitante pueda separar de manera apropiada. El despliegue de los puntos limpios se realizó en paralelo a las instancias de capacitación dirigidas a todo el personal, que incluyó, en una primera etapa, a 150 colaboradores de todas las áreas de Iguazú Argentina S.A.
El Área Cataratas contempla el desarrollo de diferentes actividades y servicios, por lo que el diseño de este proyecto de gestión debió contemplar obligatoriamente todas ellas, incluidas las áreas de servicio gastronómico. “El mayor desafío de la gestión responsable de residuos en la plaza de comidas es sostener una correcta separación en origen en un espacio de alta circulación, donde la generación de residuos es constante. A esto se suma la presencia de fauna, atraída principalmente por la comida, lo que puede generar dispersión de residuos, contaminación del área y posibles riesgos tanto para los visitantes como para el entorno natural”, describieron desde Sostenibilidad y Desarrollo del Restaurante ‘El Fortín’.
La interacción de la fauna con los puntos donde hay cestos es un factor ampliamente documentado, es por esto que en el diseño actual se incluyó una traba metálica rebatible, para minimizar la posibilidad de que los cestos sean abiertos por la fauna local.
La implementación del sistema GIRSU también contempló una etapa de capacitación al personal de las distintas prestadoras de servicios, incluyendo a guías de turismo que forman parte del servicio de paseos náuticos. Desde la Asistencia de Gestión de Sostenibilidad de Iguazú Jungle, comentaron que “la decisión de brindar capacitaciones a nuestros guías de turismo tiene que ver con el rol clave que ellos cumplen en el contacto con los visitantes. Tienen un contacto directo y pueden transmitir buenas prácticas, generar conciencia y acompañar activamente en el cuidado del entorno del parque”.
La concreción de los objetivos planteados involucra no solo a los actores que operan y brindan servicios dentro del parque, sino también a cada visitante y público en general que pueda hacerse eco del mensaje: “Separar para conservar”. Los testimonios hablan de un camino iniciado y demuestran que las acciones en torno a la gestión de residuos deben ser constantes y solo son posibles a través del trabajo en conjunto, porque al Parque Nacional Iguazú lo cuidamos entre todos.
El programa de educación vial “Jóvenes al Volante” vuelve a ponerse en marcha por séptimo año consecutivo, consolidando una iniciativa que año tras año amplía su alcance y refuerza su objetivo de promover una conducción responsable y segura entre las juventudes misioneras. En esta nueva edición, la propuesta —impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, a través de la Subsecretaría de la Juventud— buscará integrar a más estudiantes, fortaleciendo la formación en valores vinculados a la seguridad vial. El lanzamiento tendrá lugar el próximo viernes 8 de mayo a las 10:30, en la Delegación Jorge Isabellino Ortiz del barrio Ñu Porá, en Garupá, marcando el inicio de un nuevo recorrido por la provincia.
Al igual que en ediciones anteriores, “Jóvenes al Volante” se desarrollará bajo una modalidad itinerante, visitando distintos municipios de Misiones para acercar la propuesta a estudiantes de los últimos años del nivel secundario. En cada jornada, las y los participantes formarán parte de actividades recreativas y dinámicas lúdicas diseñadas para abordar, de manera práctica y participativa, los principales ejes de la seguridad vial. A través de estas instancias, el programa apunta a generar un cambio cultural sostenido, en el que la responsabilidad al volante se complemente con una mirada integral sobre la convivencia en el espacio público, promoviendo el respeto mutuo entre conductores, acompañantes y peatones.
La implementación del programa es posible gracias a un esquema de articulación entre el sector público y privado, que permite potenciar recursos y capacidades. En este marco, la empresa Automisión aporta insumos e infraestructura necesarios para la realización de pruebas prácticas de manejo en condiciones seguras y controladas, favoreciendo una experiencia formativa concreta para las y los participantes. Esta sinergia contribuye a consolidar al programa como una política pública de carácter preventivo, orientada a reducir riesgos y mejorar la convivencia vial en toda la provincia.
En la edición 2025, el Instituto San Nicolás de Flüe de Puerto Esperanza se consagró ganador, en una instancia final que reunió a alrededor de 250 estudiantes provenientes de unos 16 municipios misioneros, reflejando el alcance territorial y el creciente interés que despierta la iniciativa. Aquellos municipios que deseen obtener más información o sumarse a esta nueva edición podrán hacerlo a través de los canales oficiales del Ministerio o del área de Juventud, en las redes sociales Instagram (@misionesjuventud) y TikTok (@misionesjuventudok), donde se difunden novedades y detalles de inscripción.
De este modo, el Gobierno de Misiones reafirma su compromiso con las juventudes de la provincia mediante el desarrollo de políticas activas orientadas a la formación, el acompañamiento y la concientización. A través de propuestas como “Jóvenes al Volante”, se busca fortalecer no solo la seguridad en la vía pública, sino también los valores de convivencia y responsabilidad social que resultan fundamentales para la construcción de comunidades más seguras e integradas.
