Día: 5 mayo, 2026

Generación Z, manósfera y elecciones

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La manósfera -ese conjunto de foros, canales de YouTube y redes sociales que agrupan a varones que reivindican la masculinidad tradicional y el antifeminismo- cobró visibilidad pública con la serie Adolescencia y el documental de Louis Theroux en Netflix. Se ha vuelto un fenómeno corriente entre los varones jóvenes. Sin embargo, aún no hay mayor conciencia sobre los efectos que produce.

Durante décadas, la academia analizó el comportamiento electoral como si hombres y mujeres opinaran de manera homogénea. Hoy eso ya no es sostenible. Un análisis de datos electorales en más de veinte países elaborado por John Burn-Murdoch (Financial Times, 2024) mostró que los varones jóvenes se identifican crecientemente con posiciones conservadoras o de derecha, mientras que las mujeres jóvenes se desplazan hacia el feminismo, el progresismo y la izquierda. Una encuesta de Ipsos en 31 países lo confirmó: seis de cada diez varones de la Generación Z creen que la igualdad de las mujeres los perjudica. Estamos ante algo más que una anomalía estadística: estamos ante un síntoma de época.

En Argentina, una investigación del Observatorio de Políticas Públicas de la UNVM  (2025) con jóvenes de entre 16 y 30 años reveló que el 49,8% de los varones se identifica con posiciones de centroderecha a extrema derecha, frente al 28,7% de las mujeres. En 2025 esa brecha creció al 28,9%. Este grupo representará el 53% del padrón electoral para las elecciones presidenciales de 2027.

¿La juventud se ha derechizado? No exactamente, pero intentan entender las dinámicas políticas sin atender a las tensiones de género parece difícil al día de hoy. Existen al menos tres ejes explicativos. El primero es económico: las mujeres concentran el trabajo precarizado y las tareas de cuidado no remuneradas, mientras algunos varones perciben los avances de las agendas de género como amenazas a su estatus. El segundo es cultural: #NiUnaMenos y #MeToo transformaron el vocabulario político y la identidad colectiva de muchas mujeres. El tercero es digital: hombres y mujeres habitan ecosistemas separados, consumiendo contenidos distintos y construyendo identidades políticas que raramente se cruzan. Varones hiperconectados a merced de influencers con narrativas que representan opciones electorales que, habitualmente, enmascaran una pertenencia a una derecha radicalizada a nivel mundial.

Desde 2016 crece en Estados Unidos el movimiento Repeal the 19th, que exige derogar el derecho al sufragio femenino. No es nostalgia: es la manosfera trasladada a la política electoral. ¿Qué sigue? ¿Derogar el derecho de las mujeres a estudiar? ¿A heredar? ¿A trabajar? ¿A divorciarse? ¿A hablar en público? No es un planteo exagerado. Prestar atención a esta polarización es urgente, porque el distanciamiento ideológico entre géneros impacta directamente sobre la estabilidad democrática y los derechos conquistados.

No estamos ante una generación que gira hacia la derecha. Lo que aparece es una generación en la que hombres y mujeres siguen trayectorias políticas cada vez más opuestas.

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Billeteras digitales: el 30% busca seguridad, pero uno de cada cuatro la abandona en segundos

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En Argentina, la volatilidad económica y la búsqueda constante de alternativas para gestionar y proteger el dinero impulsan el uso de soluciones financieras digitales; en América Latina, el ecosistema fintech creció más de 340% en los últimos años —según el BID— y los pagos digitales podrían alcanzar los USD 300.000 millones hacia 2027, más del 50% de los usuarios y más del 70% de las empresas, ya están operando con soluciones digitales. 

En este contexto, un estudio de Airtm, billetera digital global, confirma que la seguridad lidera la toma de decisiones con un 29,7%, muy por encima de la facilidad de uso (17,6%) y la velocidad (11%). Este comportamiento responde a una lógica clara en entornos económicos volátiles: los usuarios priorizan minimizar riesgos antes que optimizar tiempos, consolidando a la confianza como el principal driver de adopción en el ecosistema financiero digital.

El informe también detecta un fenómeno crítico para la industria: la “exclusión temprana”. En los primeros tres segundos de interacción con una plataforma, un 22% de los usuarios duda de que el producto sea para ellos, mientras que hasta un 26% directamente no se siente identificado y abandona. Este dato revela que el desafío de la inclusión financiera no es solo de acceso, sino también de percepción, relevancia y construcción de confianza desde el primer contacto.

A nivel de experiencia, los usuarios reportan un estado de “calma con control”, caracterizado por altos niveles de confianza, percepción positiva y dominio sobre sus finanzas. Si bien este entorno favorece la adopción al reducir la fricción, también plantea un desafío: la falta de urgencia. En este sentido, el estudio señala que las plataformas logran construir credibilidad, pero aún enfrentan dificultades para activar decisiones rápidas.

En términos de comunicación, los resultados muestran que los mensajes orientados a la acción son más efectivos para impulsar la conversión. Las piezas con formato imperativo alcanzan niveles de convencimiento de 4,3 sobre 5, frente a 3,8 en enfoques más exploratorios. Esto refuerza la necesidad de estrategias más dinámicas, que combinen confianza con claridad y dirección según el momento del usuario.

“En la región, el crecimiento fintech es evidente, pero la verdadera competencia está en quién logra construir confianza desde el primer segundo. La seguridad ya no es un diferencial, es la base sobre la cual se define la adopción”, señalan desde Airtm.

De cara a los próximos años, el informe concluye que el principal desafío del sector no será únicamente expandir el acceso, sino optimizar la experiencia: ampliar la identificación de los usuarios, reducir la fricción inicial y complementar la confianza con mecanismos que impulsen la acción. En un mercado cada vez más competitivo, la diferencia estará en quién logre convertir confianza en uso real.

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Sebastián Torres rechazó una desregulación inmobiliaria: “Pone en riesgo la seguridad de las operaciones”

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El debate sobre una eventual desregulación del mercado inmobiliario, anunciada por el ministro Federico Sturzenegger, sumó una nueva voz crítica en Misiones. Sebastián Torres, referente de Torres Inmobiliaria, cuestionó con dureza cualquier intento de flexibilizar o eliminar las exigencias de matriculación para ejercer el corretaje, al advertir que una medida de ese tipo podría dejar desprotegidos tanto a compradores como a vendedores e inquilinos.

En una entrevista concedida al programa “Pasa de Todo”, de FM República, Torres sostuvo que avanzar hacia una desregulación “no tiene ningún sentido” y recordó que la regulación de la actividad fue una conquista impulsada durante años por el sector formal para garantizar transparencia y seguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias.

“Que se quiera hablar hoy de desregulación de la actividad me parece que no tiene ningún sentido”, afirmó el empresario. Según explicó, el objetivo de exigir matrícula profesional fue siempre “proteger al mercado” y brindar garantías a quienes invierten en alquileres, compran propiedades o ponen inmuebles a la venta.

Torres remarcó que una operación inmobiliaria involucra aspectos legales, patrimoniales y documentales complejos que requieren controles específicos y conocimiento profesional. En ese sentido, advirtió sobre la proliferación de personas que ejercen la actividad sin habilitación formal.

“Hay muchos que se dedican a la actividad en forma inapropiada, sin matrícula”, señaló. Y agregó que, si bien evitó generalizar, muchas veces quienes trabajan fuera del sistema formal “no toman todas las medidas” necesarias para asegurar que una compraventa o un alquiler se concrete bajo parámetros adecuados de seguridad y legalidad.

El empresario explicó que uno de los principales roles de una inmobiliaria matriculada es verificar el estado legal de los inmuebles y garantizar que las operaciones puedan realizarse sin conflictos posteriores. “Si venís a comprar una casa, nosotros te vamos a asegurar que está en condiciones de ser transferida y que no va a tener problemas en el medio de la operación”, ejemplificó.

La discusión sobre la regulación del corretaje inmobiliario reaparece en un contexto nacional marcado por debates sobre desburocratización y apertura de actividades profesionales. Sin embargo, desde el sector inmobiliario formal advierten que una flexibilización extrema podría generar mayor informalidad, conflictos legales y riesgos patrimoniales para los consumidores.

En Misiones, el mercado inmobiliario atraviesa además un período de fuerte dinamismo vinculado al crecimiento urbano, el desarrollo de nuevos emprendimientos y el avance de inversiones privadas, especialmente en ciudades como Posadas, Puerto Iguazú y Oberá. En ese escenario, los operadores matriculados sostienen que la profesionalización del sector resulta clave para preservar la confianza y la seguridad jurídica de las transacciones.

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El consumo sigue sin reaccionar: el IVA confirma estancamiento y caída de la actividad

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La recaudación del IVA vinculada al mercado interno volvió a mostrar señales de debilidad en el inicio de 2026 y refuerza el diagnóstico de una economía que no logra recuperar el consumo. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el componente impositivo del Impuesto al Valor Agregado registró una caída real del 2% en el primer cuatrimestre del año, mientras que el IVA aduanero se desplomó 23%, reflejando además la fuerte retracción de las importaciones.

El dato resulta especialmente relevante porque el IVA es uno de los principales termómetros del nivel de actividad y del consumo masivo. Según el análisis elaborado por el economista Nadín Argañaraz, el IVA Neto acumuló una baja real del 8,5% interanual respecto del mismo período de 2025, incluso contemplando una desaceleración inflacionaria durante abril.

La dinámica confirma que la recuperación económica continúa mostrando fuertes desequilibrios sectoriales. Mientras algunos rubros ligados al agro, la minería y la intermediación financiera exhiben mejoras, el comercio y la industria siguen sin encontrar piso. La caída de la recaudación asociada al consumo interno deja en evidencia que el deterioro del poder adquisitivo todavía impacta sobre las ventas y la actividad cotidiana.

El cuadro se completa con otros indicadores tributarios que también reflejan enfriamiento económico. El impuesto sobre Créditos y Débitos Bancarios -considerado un indicador casi instantáneo de la actividad- cayó 0,5% real en el primer cuatrimestre, marcando al menos un escenario de estancamiento.

A nivel general, el IARAF estimó que la recaudación tributaria nacional total retrocedió 6,7% real interanual entre enero y abril. Incluso excluyendo los tributos vinculados al comercio exterior, la caída fue de 5,3%, lo que evidencia que la debilidad económica trasciende el impacto de las importaciones.

Entre los tributos con peor desempeño aparecen los derechos de exportación (-37,5%), los impuestos internos coparticipados (-17,6%) y los derechos de importación (-16,1%). En contrapartida, el único impuesto con crecimiento real fue el de los combustibles, con una suba de 20,9%, impulsada por actualizaciones impositivas y aumentos de precios en surtidores.

El deterioro de la actividad también comienza a impactar sobre los recursos asociados al empleo formal. Los aportes y contribuciones a la seguridad social mostraron una baja real de 4,1% interanual, en línea con el enfriamiento del mercado laboral y la pérdida de poder salarial.

Los últimos indicadores privados y oficiales refuerzan ese escenario. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC registró una caída de 2,6% en febrero, mientras que el Centro de Estudios Orlando Ferreres calculó un retroceso de 2,9%, asociado principalmente a la debilidad industrial y comercial.

Aunque para marzo algunas consultoras proyectan un rebote moderado, los analistas coinciden en que todavía no alcanza para compensar las caídas acumuladas en los primeros meses del año. El resultado es una economía que exhibe estabilidad financiera y desaceleración inflacionaria, pero todavía sin una recuperación sólida del consumo y la actividad real.

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El STJ de Corrientes frena a municipios y prohíbe condicionar licencias al pago de multas

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes resolvió que los municipios no pueden exigir el pago de multas de tránsito como condición para renovar la licencia de conducir. La decisión, formalizada en la Sentencia N° 315, se conoció tras rechazar un recurso extraordinario de la Municipalidad de Paso de los Libres y deja firme un criterio que limita prácticas extendidas en administraciones locales.

El caso se originó a partir de un amparo presentado por un ciudadano al que se le había impedido renovar su licencia por mantener deudas por infracciones. El máximo tribunal provincial consideró que esa exigencia carece de sustento legal y vulnera el derecho constitucional a circular, estableciendo un precedente con implicancias institucionales.

Seguridad vial versus recaudación

El fallo se apoya en la Ley Nacional de Tránsito, que fija los requisitos para obtener o renovar una licencia —como la aptitud psicofísica o la inexistencia de inhabilitaciones— sin incluir la cancelación de multas como condición obligatoria.

Para el tribunal, la práctica municipal cuestionada altera el espíritu de la norma: transforma una regulación de seguridad vial en un instrumento de cobro. Esa reinterpretación, según el STJ, rompe el principio de legalidad al imponer obligaciones no previstas por la ley y afecta derechos constitucionales básicos.

El voto principal, firmado por el ministro Luis Eduardo Rey Vázquez, sostiene que “nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda”, y valida el uso del amparo como vía para proteger derechos vulnerados. La decisión fue acompañada de manera unánime por el resto de los integrantes del tribunal.

La resolución establece una separación clara entre dos planos: La potestad sancionatoria del Estado frente a infracciones de tránsito. Y el derecho administrativo del ciudadano a obtener o renovar su licencia.

A partir de este criterio, los municipios no pueden bloquear trámites vinculados a la licencia por deudas económicas, aunque sí mantienen la facultad de exigir el pago de multas por otras vías legales.

El cambio no elimina las sanciones, pero restringe el uso de la licencia como herramienta de presión fiscal.

Tensión entre autonomía local y control judicial

El fallo introduce un límite directo a una práctica extendida en gobiernos municipales, donde la gestión del tránsito suele cumplir también una función recaudatoria.

En términos institucionales, el STJ fortalece el rol del Poder Judicial como árbitro frente a posibles desbordes del poder local. Al mismo tiempo, condiciona la capacidad de los municipios de utilizar mecanismos indirectos de cobro, obligándolos a ajustar sus estrategias dentro del marco legal vigente.

El caso también expone una tensión estructural: la necesidad de financiamiento municipal frente a restricciones normativas que impiden utilizar ciertos instrumentos administrativos como fuente de ingresos.

Si bien el fallo no elimina las multas, sí altera su dinámica de cobro. Al impedir que la renovación de licencias funcione como mecanismo coercitivo, se reduce la capacidad inmediata de recaudación por parte de los municipios.

En términos concretos, esto podría traducirse en:

  • Menor liquidez rápida por cobro de infracciones.
  • Mayor necesidad de fortalecer mecanismos formales de ejecución de deudas.
  • Reconfiguración de la política de ingresos locales vinculados al tránsito.

Posible efecto expansivo en el NEA

Aunque la decisión corresponde a Corrientes, el criterio judicial podría influir en otras jurisdicciones del NEA donde prácticas similares están vigentes.

Para provincias como Misiones, el fallo funciona como antecedente relevante. Sin implicar una aplicación automática, abre la puerta a planteos judiciales similares si existen casos donde la renovación de licencias esté condicionada por deudas de tránsito.

La resolución deja varios interrogantes operativos. Por un lado, si otros ciudadanos recurrirán a la vía judicial para cuestionar situaciones análogas. Por otro, cómo responderán los municipios ante la pérdida de un mecanismo de cobro eficiente.

El próximo movimiento estará en la adaptación normativa y administrativa de las comunas, así como en la posible proliferación de litigios que busquen extender este criterio a otras jurisdicciones.

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