Mes: mayo 2026

La inversión cae en marzo y expone un freno en la recuperación económica

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La inversión en la Argentina volvió a mostrar señales de debilidad en marzo de 2026. Según el último informe de la consultora Orlando J. Ferreres, la Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) registró una caída de 0,8% interanual en términos reales, mientras que el monto estimado alcanzó los US$ 7.425 millones. El dato, difundido el 29 de abril, introduce una tensión central en la dinámica económica: la caída se desacelera frente al desplome de febrero (-11,1%), pero el nivel de actividad sigue lejos de consolidar una recuperación sostenida.

El interrogante es inmediato: ¿se trata de un punto de inflexión o apenas de una pausa en un proceso de estancamiento más profundo?

Un rebote técnico en medio de un contexto débil

l informe muestra un comportamiento heterogéneo. Por un lado, la inversión en maquinaria y equipos —clave para medir expectativas empresariales— cayó 10,3% interanual en marzo. Tanto los bienes nacionales (-10,5%) como los importados (-10,2%) se retrajeron, aunque en este último caso con menor intensidad que en febrero, cuando habían registrado una caída de 22,9%.

En contraste, la construcción creció 12,7% interanual y cortó una racha de cuatro meses consecutivos de caída. Este repunte se explica, según el informe, por una combinación de mejora en despachos de insumos y una base de comparación baja.

Sin embargo, al observar la serie sin estacionalidad, el diagnóstico se vuelve más cauteloso: el repunte es “mínimo” y la trayectoria reciente se asemeja más a un escenario de estancamiento que a una recuperación sólida.

Qué está pasando con la inversión

La lectura estructural del informe es clara: la economía muestra una dinámica de “dos velocidades”. Algunos sectores, particularmente los vinculados a energía y agro, aparecen como motores de crecimiento, mientras que amplias ramas industriales siguen enfrentando dificultades.

Este comportamiento fragmentado limita el impacto positivo de los sectores dinámicos sobre el conjunto de la inversión. Incluso los datos más favorables —como la mejora en importaciones de bienes de capital o en patentamientos de maquinaria— no alcanzan para revertir la tendencia general.

El dato agregado también lo refleja: la inversión se ubica en torno al 18,1% del PBI en términos desestacionalizados, un nivel que, si bien muestra cierta estabilización, no implica un salto significativo en la capacidad productiva.

Señales para la política económica

El comportamiento de la inversión funciona como un termómetro de confianza. La caída en maquinaria y equipos sugiere que el sector privado mantiene cautela a la hora de expandir capacidad productiva, incluso en un contexto donde algunos indicadores muestran mejora relativa.

Al mismo tiempo, el rebote en construcción introduce un matiz: puede interpretarse como una reacción puntual más que como un cambio estructural. La baja base de comparación y el carácter cíclico del sector obligan a leer el dato con prudencia.

En este marco, el escenario que describe el informe no consolida un sendero claro de recuperación, sino que deja abierta una zona gris donde conviven señales de mejora con limitaciones estructurales.

Desde el punto de vista económico, la falta de un crecimiento homogéneo de la inversión implica que la expansión de la capacidad productiva será desigual. Sectores dinámicos podrían avanzar, pero sin arrastrar al conjunto de la economía.

La caída en bienes de capital —especialmente maquinaria— tiene implicancias directas sobre productividad y empleo futuro, mientras que la mejora en construcción podría tener efectos más acotados si no se sostiene en el tiempo.

Entre la desaceleración de la caída y el estancamiento

El dato de marzo rompe la inercia negativa más profunda de meses anteriores, pero no configura todavía un cambio de tendencia claro. La clave estará en observar si la mejora en construcción se sostiene y si la inversión en maquinaria logra revertir su caída.

También será relevante seguir la evolución de los sectores que hoy traccionan el crecimiento y evaluar si logran expandir su impacto sobre el resto de la economía.

Por ahora, la inversión deja una señal ambigua: cae menos, pero no crece. Y en esa zona intermedia se juega buena parte de la dinámica económica de los próximos meses.

La inversión cayó 0,8% en marzo OJF by CristianMilciades

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El Gobierno denuncia a Tailhade por “espionaje ilegal”

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El Gobierno de Argentina formalizó una denuncia contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto “espionaje ilegal”, tras su intervención en la Cámara de Diputados donde detalló aspectos de la vida cotidiana de la familia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El planteo oficial sostiene que esa información habría sido obtenida mediante “medios ilegítimos” y que su difusión implica un riesgo para la seguridad.

El episodio se originó durante el informe de gestión presentado por Adorni, cuando el legislador cuestionó el uso de custodia policial para la esposa del funcionario, incluyendo referencias a actividades y desplazamientos personales. La reacción del Ejecutivo fue inmediata: denunció una posible actividad de inteligencia ilegal y avanzó en el plano judicial.

Inteligencia, seguridad y límites del control político

La denuncia introduce un eje sensible en el funcionamiento institucional: la frontera entre control parlamentario y acceso a información privada. El Gobierno plantea que la obtención y exposición de datos personales vinculados a la custodia de un alto funcionario puede configurar una vulneración de la seguridad y del orden institucional.

En el escrito, se advierte que la recopilación de ese tipo de información “amerita ser investigada” por los riesgos que implicaría para la seguridad nacional, especialmente cuando involucra a funcionarios con capacidad de incidir en decisiones estratégicas.

Judicialización de un cruce político en el Congreso

El conflicto pasa de la arena parlamentaria al ámbito judicial. El Ejecutivo sostiene que el diputado habría accedido a información sensible por vías no legítimas, mientras que el propio Tailhade anticipó que presentará sus elementos ante la Justicia.

El eje de la acusación no es solo la crítica política sino el origen de los datos utilizados y su nivel de detalle, particularmente en lo referido a la logística de seguridad.

Desde una lectura de poder, la denuncia fortalece la posición del Ejecutivo en el plano discursivo al encuadrar el episodio como una amenaza institucional, mientras que coloca a la oposición en una posición defensiva respecto al origen de la información utilizada en el debate parlamentario.

Al mismo tiempo, el caso expone una escalada en el conflicto político: el oficialismo no solo responde en el terreno retórico sino que traslada la disputa a tribunales, elevando el costo institucional del enfrentamiento.

Debate sobre límites y responsabilidades

El episodio abre interrogantes sobre los límites del control legislativo y el uso de información en el ámbito público. La discusión gira en torno a qué tipo de datos pueden ser utilizados en el Congreso y bajo qué condiciones, especialmente cuando involucran aspectos de la vida privada de funcionarios.

La denuncia también introduce el concepto de posible afectación a la seguridad, lo que amplía el alcance del conflicto más allá del plano político.

Si bien el caso se desarrolla en el ámbito nacional, su resolución puede sentar precedentes sobre el uso de información en la política argentina. Esto podría tener impacto indirecto en todas las jurisdicciones, incluyendo provincias del NEA, donde las relaciones entre oficialismo y oposición replican dinámicas de confrontación.

Investigación judicial y escalada política

El proceso judicial será clave para determinar si existieron los “medios ilegítimos” mencionados por el Gobierno. En paralelo, el conflicto político continúa abierto, con ambas partes sosteniendo sus posiciones.

Las variables a observar serán el avance de la causa, la presentación de pruebas y la evolución del debate público sobre los límites entre control político, privacidad y seguridad.

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Misiones avanzó en su agenda digital con un taller sobre Gobierno de Datos junto a la Unión Europea

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La provincia de Misiones fue sede del taller “Estrategias y Gobierno de Datos”, desarrollado en Silicon Misiones en el marco del Programa de Cooperación entre Argentina y la Unión Europea para la Transformación Digital y la Innovación Tecnológica, implementado localmente por la Agencia Misionera de Innovación en articulación con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Con disertaciones de expertos de la Unión Europea, la jornada reunió a más de 100 participantes entre técnicos de organismos públicos y privados, referentes del sector académico y tecnológico provincial; y representantes de los 3 poderes del Estado, con el objetivo de fortalecer el diseño de políticas públicas basadas en datos y mejorar los procesos de toma de decisiones.

La agenda incluyó una apertura institucional de la que participaron el vicegobernador de la provincia, Lucas Romero Spinelli; la presidenta de Silicon Misiones, Evelin Escalada; el presidente de la Agencia Misionera de Innovación, Nicolás Daviña; el agregado de Cooperación Internacional de la Unión Europea en Argentina, Frédéric Maier; la jefa del equipo de expertos del proyecto, Cecilia Danesi y Paula Brennan, de la Dirección Nacional de Planeamiento y Asuntos Internacionales de Innovación, Ciencia y Tecnología.

“Con datos certeros, las decisiones son más eficientes y permiten asignar mejor los recursos y medir su impacto. Este es el camino para construir un Estado más moderno, transparente y orientado a resultados”, señaló el vicegobernador Lucas Romero Spinelli.

Durante el encuentro se desarrollaron tres mesas de trabajo centradas en ejes clave: una primera instancia sobre estrategias actuales en gobierno de datos, interoperabilidad y datos federados; una segunda enfocada en mejores prácticas europeas para el diseño de estrategias regionales de gobernanza de datos, donde se compartieron experiencias y casos aplicados que pueden servir de referencia para las provincias argentinas; y una tercera orientada a analizar el futuro del gobierno digital, la estrategia de datos y el ecosistema GovTech hacia 2030 y 2040. Además, se promovieron instancias participativas a través de mesas de trabajo que facilitaron el intercambio y el co-diseño de propuestas.

En representación de la provincia, participaron como expositores Bruno Contreras, de la Dirección de Gobierno Inteligente de la Vicegobernación de Misiones y Silvana Dea Labat, directora ejecutiva del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).



“El gobierno de datos puede parecer un concepto técnico, pero en la vida cotidiana es información que nos permite tomar mejores decisiones, como saber a qué hora pasa un colectivo o cuál es el mejor camino para llegar a destino. Ese es el valor de los datos: mejorar la calidad de vida de las personas y hacer más eficiente la gestión”, explicó Cecilia Danesi, jefa del equipo de expertos del proyecto.

“Este tipo de espacios nos permite fortalecer las capacidades del Estado y avanzar hacia políticas públicas más eficientes basadas en datos, pero también impulsar una agenda que integre al sector privado en el desarrollo de soluciones innovadoras”, destacó Nicolás Daviña, presidente de la Agencia Misionera de Innovación.

La jornada contó además con la participación de un equipo de expertos internacionales que acompañaron las distintas instancias de trabajo, entre los que se destacan Oscar Corcho García, catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid; Carlos E. Jiménez Gómez, especialista en transformación digital y consejero académico de la Universidad Abierta de Cataluña; y Gianluca Misuraca, experto del Programa de Cooperación entre Argentina y la Unión Europea para la Transformación Digital y la Innovación Tecnológica.

La realización de este taller en la provincia permitió avanzar en la consolidación de la agenda de innovación de Misiones, aportando herramientas para optimizar la gestión pública, integrar sistemas de información y diseñar políticas más eficientes en áreas como salud, educación, ambiente y desarrollo productivo.

Este tipo de iniciativas apuntan a consolidar un Estado más eficiente, transparente y orientado a las necesidades de la ciudadanía, mediante el uso estratégico de los datos.



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Confirmaron la condena de Juan Darthés a seis años de prisión por el abuso sexual contra Thelma Fardín

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La Justicia de Brasil confirmó este martes la condena a seis años de prisión del actor Juan Darthes, en el caso de violación denunciado por su colega Thelma Fardin; no obstante, la medida implica un régimen semiabierto.

El actor pasará las noches en prisión y podrá salir durante el día, según decidió el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región, que, a su vez, rechazó los planteos que presentó la defensa de Darthés y así avanzó con la disposición.

Asimismo, el fallo indica que los hechos por los que se denuncia al intérprete fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia. 

Fardín, por su parte, realizó un extenso descargo a través de redes sociales en donde sostuvo: “Ganamos otra vez”, al tiempo en que agradeció a sus abogados -Carla Junqueira y Martín Arias-, seres queridos, amigos y a quienes atestiguaron sobre el hecho, así como su par, Calu Rivero.

“A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias, se cruzan en la calle y se les pianta una lagrima. Nos curamos entre todas”, señaló y también se mostró agradecida a su “vieja” porque “soy hija de sus batallas” y a su actual pareja, Nicolás Riera “por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar”.

El mismo tribunal ya había dictaminado la condena en junio de 2024, sin embargo, los representantes legales de Darthés alegaron diversos recursos que finalmente, no tuvieron lugar sobre la denuncia que fue iniciada en diciembre de 2018.

Fardin afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de la tira juvenil Patito Feo en 2009, cuando era menor de edad. En ese momento, Darthés tenía 45 años y la víctima 16.

El actor de Dulce amor y Los ricos no piden permiso, entre otras novelas, afirmó siempre ser inocente, viajó a Brasil, de donde es oriundo, y el juicio continuó en ese país.

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Correo interno demostraría que adjudicación a la esposa de Sturzenegger estuvo “direccionada”

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Un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de Cancillería revelaría que la adjudicación de una licitación a una empresa perteneciente a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue producto de una tramitación armada para que exista una sola firma ofertante.

Según una investigación del programa “Telenueve Denuncia” la adjudicación de un contrato por $114.044.133 a la empresa dirigida por Rouillet, para impartir cursos de inglés a personal de la Cancillería Argentina, estaba definida en favor de la esposa de Sturzenegger meses antes de ser publicada.

Así lo demostraría una comunicación interna del Palacio San Martín a través del sistema GDE, en la que con carácter imperativo un funcionario de mayor rango se dirige a una subordinada instruyéndola para que avance en esa dirección.

El coordinador de la dirección de Compras y Contrataciones de Cancillería, Mariano Méndez, instruye a su subordinada, Luciana Cagnolisu, también del área de Compras, para que avance en el proceso: “Lu, favor tramitar la convocatoria, conforme la que preparamos al inicio del año”, indica la comunicación.

Esta instrucción señalaría que, para el momento en que se lanzó el proceso formal en el portal COMPR.AR, el 4 de diciembre de 2025, los requerimientos y las condiciones para poder presentarse a la licitación estaban diseñados a medida de la empresa de Rouillet, y esta tenía en su poder los detalles del pliego que el Ministerio iba a difundir semanas más tarde.

La contratación se tramitó mediante una ‘Adjudicación Simple por Especialidad’ y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Según consta en los documentos oficiales, la propuesta fue presentada por la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, (la empresa de Rouillet) al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El contrato, que al tipo de cambio de ese momento representaba unos 78.000 dólares, tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

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