Día: 20 julio, 2026

ARCA extendió el plazo para presentar Ganancias 2025 y postergó el primer anticipo de 2026

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a otorgar una prórroga para las obligaciones del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2025 de personas humanas y sucesiones indivisas. A través de la Resolución General 5876/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo extendió el plazo para presentar la declaración jurada hasta el 27 de agosto de 2026 y, además, reprogramó el vencimiento del primer anticipo del período fiscal 2026 para septiembre.

La medida responde, según explica la resolución, a “razones de administración tributaria” y busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. La decisión modifica la Resolución General 5851, que previamente había prorrogado los vencimientos hasta el 27 de julio.

Sin embargo, el cambio incorpora una particularidad que los contribuyentes deberán tener en cuenta: el vencimiento para el pago del saldo del impuesto no se modifica. Es decir, la obligación de cancelar el monto determinado continúa fijada para el 27 de julio de 2026, mientras que la presentación formal de la declaración jurada podrá realizarse un mes después, hasta el 27 de agosto.

Esta diferencia obliga a quienes ya conocen el resultado de su liquidación a cumplir con el pago en la fecha prevista, aunque dispongan de un plazo adicional para formalizar la presentación ante ARCA.

La resolución alcanza tanto a los contribuyentes del régimen general como a quienes se encuentran adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. En cambio, las obligaciones correspondientes al Impuesto sobre los Bienes Personales mantienen el cronograma ya establecido y continúan con vencimiento el 27 de julio de 2026.

Además de la prórroga para la declaración jurada, ARCA decidió postergar el primer anticipo del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026. La modificación busca evitar que el cálculo del anticipo se vea afectado por la demora en la determinación definitiva del impuesto del año anterior, ya que ambos procedimientos están directamente vinculados.

El nuevo cronograma para el ingreso del primer anticipo quedó establecido según la terminación de la CUIT. Los contribuyentes con terminación 0, 1, 2 y 3 deberán abonarlo hasta el 14 de septiembre; aquellos cuya CUIT finalice en 4, 5 y 6, hasta el 15 de septiembre; mientras que las terminaciones 7, 8 y 9 tendrán plazo hasta el 16 de septiembre de 2026.

La decisión ofrece un alivio administrativo para profesionales, trabajadores independientes y contribuyentes con rentas alcanzadas por el impuesto, especialmente en un contexto donde la adaptación a los nuevos aplicativos y las modificaciones tributarias han generado reiterados pedidos de extensión de plazos por parte de entidades profesionales.

Desde el punto de vista operativo, la prórroga también otorga mayor margen a los estudios contables para completar las liquidaciones, aunque mantiene la necesidad de prever los fondos para cumplir con el pago del impuesto dentro del cronograma vigente.

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Prorrogan por dos años la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y refuerza el proceso de reforma del Estado

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La administración de Javier Milei decidió extender por dos años la vigencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el organismo creado para coordinar la reestructuración, reorganización y eventual privatización de las empresas estatales. La medida, oficializada mediante el Decreto 611/2026, busca dar continuidad a uno de los ejes centrales de la estrategia oficial de reforma del Estado, al considerar que el organismo todavía no completó los objetivos para los cuales fue creado en julio de 2024.

La decisión implica que la unidad continuará funcionando, al menos, hasta julio de 2028 o hasta que finalice el proceso de transformación de las empresas públicas, si ello ocurre antes. En paralelo, el decreto también redefine parte de su estructura, ratifica autoridades, incorpora nuevas funciones y consolida el rol de la Agencia como organismo rector del proceso de reorganización del sector empresario estatal.

El argumento del Gobierno es que la reforma aún se encuentra en desarrollo y que numerosas empresas públicas continúan atravesando procesos de revisión de su estructura jurídica, financiera y operativa. Bajo esa lógica, la continuidad de la Agencia busca garantizar un esquema centralizado de coordinación para las decisiones vinculadas con fusiones, escisiones, reorganizaciones, transferencias a provincias o eventuales privatizaciones.

El decreto ratifica a Diego Martín Chaher como titular de la Agencia con rango de secretario y dispone una reorganización interna. Luciano Masnú Lardet deja la Dirección Ejecutiva de Procesos y Privatizaciones para asumir como subtitular del organismo, mientras que Cristian Nicolás García fue designado, con carácter ad honorem, como nuevo Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones. También se prorrogan las designaciones de otros funcionarios responsables de las áreas de pliegos, contratos, articulación laboral, apoyo societario y asesoramiento legal.

Más allá de los cambios de nombres, el aspecto más relevante del decreto pasa por la ampliación de las competencias institucionales. A partir de ahora, la Agencia podrá ejercer directamente la representación societaria del Estado Nacional en empresas públicas cuando así se le delegue y tendrá la responsabilidad de evaluar la idoneidad de los candidatos que el Estado proponga para integrar directorios y órganos de administración de las compañías bajo control estatal.

Ese último punto incorpora un mecanismo adicional de control previo sobre las designaciones políticas dentro de las empresas públicas, un aspecto que el Gobierno considera clave para profesionalizar la conducción de las sociedades estatales y fortalecer los criterios de gestión.

La Agencia fue creada originalmente en julio de 2024 como una unidad ejecutora temporaria dentro del Ministerio de Economía con el objetivo de centralizar todas las decisiones vinculadas con las empresas comprendidas en el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera. Desde entonces, se convirtió en uno de los principales instrumentos para ejecutar la política de reducción del tamaño del Estado impulsada por la actual administración.

En términos de gestión pública, la prórroga también evita que el proceso quede interrumpido en plena ejecución. El decreto instruye además al Ministerio de Economía a incorporar las partidas presupuestarias correspondientes para asegurar el funcionamiento de la Agencia durante el presupuesto 2027 y los ejercicios siguientes, en caso de resultar necesario.

La continuidad del organismo constituye una señal de que el Ejecutivo mantiene sin modificaciones su hoja de ruta respecto del sector empresario estatal. La estrategia oficial combina saneamiento financiero, revisión de estructuras, profesionalización de directorios y análisis de alternativas que van desde la reorganización administrativa hasta la incorporación de capital privado o la privatización, según las características de cada empresa.

Para provincias con fuerte presencia de empresas nacionales en áreas estratégicas —como transporte, energía, infraestructura o servicios— el avance de este proceso seguirá siendo un factor de alto impacto económico y laboral. La definición del futuro de estas compañías influirá tanto sobre la inversión pública como sobre el empleo, la prestación de servicios y la competitividad regional, convirtiendo a la Agencia en uno de los organismos más relevantes dentro del programa de transformación del Estado impulsado por el Gobierno nacional.

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Parques Nacionales avanza con el ingreso de 40 nuevos guardaparques

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La Administración de Parques Nacionales dio un paso clave para reforzar el sistema de conservación ambiental argentino al aprobar la nómina de aspirantes que accederán al Curso de Habilitación del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, instancia obligatoria para cubrir 40 cargos permanentes dentro del Agrupamiento Técnico. La medida fue oficializada mediante la Resolución 236/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Más allá de tratarse de un trámite administrativo, la decisión representa una señal relevante para uno de los organismos estratégicos en materia de protección ambiental. En un contexto donde el cambio climático, los incendios forestales, la presión sobre la biodiversidad y el crecimiento del turismo en áreas protegidas exigen mayor capacidad operativa, incorporar nuevos guardaparques constituye una inversión directa en la gestión del patrimonio natural del país.

El proceso forma parte del concurso público iniciado este año para cubrir 40 vacantes financiadas de planta permanente en la categoría Guardaparque Técnico GT-2. La selección se desarrolló bajo el régimen establecido para el ingreso al Cuerpo de Guardaparques Nacionales e incluyó evaluación de antecedentes académicos y laborales, examen técnico, pruebas de habilidades prácticas, entrevistas laborales y evaluación del perfil psicológico.

La resolución oficial aprueba la nómina elaborada por el Comité de Selección, cuyos integrantes evaluaron integralmente a los postulantes antes de autorizar su ingreso al curso de habilitación, instancia que constituye el último paso previo a la incorporación efectiva al cuerpo profesional de conservación.

De acuerdo con el acta del concurso, los mejores puntajes fueron obtenidos por María Paz Lourdes Etchepare, con 86,35 puntos; Tomás Di Cosmo, con 85,05; Alan Manuel Piciulo, con 84,50; Alina Di Marco, con 83,63; Samara Belén Siukscius, con 82,83; Camila Zambruno, con 82,48; Marcela Alejandra Zanatta Ruiz, con 82,33; Rosario Ledesma, con 81,20; Juan Pablo Moschen Selva, con 80,94; y Libertad Escobar, con 80,93 puntos.

La nómina completa incluye 34 postulantes que superaron todas las etapas del proceso y fueron habilitados para iniciar el curso de formación técnica, requisito indispensable para acceder posteriormente a los cargos concursados.

El fortalecimiento del cuerpo de guardaparques tiene una importancia que trasciende el empleo público. Argentina administra actualmente decenas de parques nacionales, reservas y monumentos naturales que resguardan algunos de los ecosistemas más valiosos de Sudamérica. La presencia de personal especializado resulta determinante para controlar actividades ilegales, prevenir incendios, monitorear fauna y flora, asistir a visitantes, desarrollar tareas de educación ambiental y ejecutar programas científicos de conservación.

En provincias como Misiones, donde el Parque Nacional Iguazú protege uno de los últimos grandes remanentes de Selva Paranaense, el trabajo cotidiano de los guardaparques resulta fundamental para preservar la biodiversidad, controlar el avance de la caza furtiva y acompañar el desarrollo del turismo sustentable, una de las principales fuentes de ingresos de la economía regional.

La resolución también refleja un cambio gradual en la política de recursos humanos del organismo. El ingreso a la planta permanente se realiza mediante concursos abiertos y mecanismos de evaluación estandarizados, buscando fortalecer la profesionalización del cuerpo técnico encargado de administrar las áreas protegidas.

La incorporación de nuevos guardaparques representa una política pública con impacto múltiple. No solo genera empleo especializado y fortalece carreras vinculadas a las ciencias ambientales, sino que mejora la capacidad institucional para proteger recursos naturales cuya conservación tiene efectos económicos directos sobre el turismo, la investigación científica, la disponibilidad de agua y la resiliencia frente al cambio climático.

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El Gobierno redefine el cálculo de aportes sindicales y limita la base salarial para convenios colectivos

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El Gobierno nacional profundizó la reglamentación de la reforma laboral con un nuevo decreto que redefine cómo deberán calcularse los aportes sindicales y contribuciones establecidos en los convenios colectivos de trabajo. La medida apunta a dotar de mayor previsibilidad jurídica a las negociaciones paritarias, establecer límites más precisos sobre las cargas económicas que pueden pactarse y reforzar los mecanismos de control sobre el destino de los fondos administrados por las organizaciones sindicales.

A través del Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo introdujo precisiones sobre la aplicación de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802 y su reglamentación, en un aspecto que había generado dudas entre empresas, sindicatos y autoridades encargadas de homologar los acuerdos colectivos.

El cambio central consiste en delimitar qué conceptos salariales integran la base de cálculo sobre la cual pueden establecerse los aportes y contribuciones previstos en las negociaciones colectivas. A partir de ahora, únicamente se computarán el salario básico convencional y las remuneraciones normales, habituales y de pago mensual correspondientes a la categoría del trabajador.

Quedan expresamente excluidos de esa base conceptos como premios por productividad, bonos extraordinarios, participación en las ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro ingreso que no tenga carácter mensual, habitual y permanente.

La decisión busca uniformar el criterio que deberán aplicar tanto los negociadores como la Secretaría de Trabajo al momento de analizar la legalidad de los convenios antes de su homologación. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la medida permitirá garantizar el respeto de los límites establecidos por la legislación vigente y evitar interpretaciones dispares sobre qué componentes salariales pueden ser alcanzados por aportes convencionales.

La normativa también introduce una diferenciación relevante entre los aportes previstos por la Ley de Convenciones Colectivas y aquellos que los empleadores acuerden realizar voluntariamente en favor de los sindicatos.

En este punto, el decreto establece que esas contribuciones patronales deberán destinarse exclusivamente a actividades de carácter social, asistencial, previsional o cultural que beneficien a los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo. Además, esos recursos deberán administrarse mediante una contabilidad separada del patrimonio sindical ordinario, reforzando los mecanismos de transparencia y control sobre su utilización.

Un nuevo paso en la implementación de la reforma laboral

Desde la perspectiva empresarial, la medida aporta mayor previsibilidad en el costo laboral derivado de las negociaciones colectivas, al eliminar incertidumbres respecto de la inclusión de conceptos variables o extraordinarios dentro de la base de cálculo de los aportes.

Para los trabajadores, el decreto procura asegurar que los recursos que financian servicios sociales administrados por las organizaciones sindicales tengan un destino específico y verificable, evitando que se mezclen con otros fondos institucionales.

En términos regulatorios, la decisión también fortalece el control de legalidad previo que realiza la autoridad laboral sobre cada convenio colectivo, una etapa clave para determinar si los acuerdos cumplen con los límites fijados por la legislación.

El Decreto 612 constituye una nueva etapa en la implementación de la Ley de Modernización Laboral sancionada este año. Luego de reglamentar aspectos vinculados con la negociación colectiva mediante el Decreto 407/2026, el Gobierno ahora avanza sobre cuestiones técnicas que impactan directamente en la estructura financiera de los convenios.

La estrategia oficial apunta a construir un sistema de relaciones laborales con reglas más uniformes para empleadores y sindicatos, reduciendo márgenes de interpretación administrativa y fortaleciendo los controles sobre los recursos que se generan a partir de las negociaciones colectivas.

Aunque el decreto no modifica los derechos de negociación de las organizaciones sindicales ni elimina los aportes previstos por la legislación vigente, sí redefine con precisión su alcance económico y establece nuevos criterios que deberán observarse en todas las futuras homologaciones de convenios colectivos en la Argentina.

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