mié. Ago 5th, 2026

Día: 5 agosto, 2026

Especialistas analizarán el impacto de la desinformación y la inteligencia artificial en una jornada en la Legislatura

By Redacción Economis 3 horas ago
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Será el viernes 7 de agosto, desde las 8.30, con la participación de reconocidos especialistas que abordarán los desafíos que plantean las noticias falsas, la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad.

La Cámara de Representantes de Misiones será sede de la jornada “Fake News: Desinformación, derechos y responsabilidades”, un espacio de análisis y reflexión sobre uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad en el actual ecosistema digital. La actividad se realizará el viernes 7 de agosto, a partir de las 8.30, en el Salón de las Dos Constituciones, en la ciudad de Posadas.

La iniciativa es organizada en conjunto con el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) y propone un abordaje sociológico, jurídico y filosófico de la desinformación, con el objetivo de brindar herramientas de análisis y reflexión aplicables a los distintos ámbitos de la vida institucional, profesional y ciudadana.

“Hablar de la era digital y del acceso instantáneo a la información es hablar de una realidad marcada por la hiperconectividad y la omnipresencia de las redes sociales, que han reconfigurado la relación entre el poder, la comunicación y la sociedad. Muchas veces, mediante imágenes o información falsa, se destruyen la reputación de personas o instituciones. Queremos generar un debate que permita dimensionar el verdadero impacto de las fake news, esas noticias falsas que el papa Francisco definía como ‘el padre de las mentiras'”, expresó el Dr. César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina de COPAJU.

La jornada reunirá a destacados especialistas del ámbito jurídico y académico para analizar el impacto de la desinformación, la circulación de noticias falsas, los desafíos que plantea la inteligencia artificial y las responsabilidades institucionales y ciudadanas frente a estos fenómenos.

La apertura estará encabezada por el Ing. Sebastián Macías, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones; el Dr. Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU); y el Dr. César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina de COPAJU.
El panel de disertaciones contará con la participación del Dr. Juan Pablo Espeche, fiscal especializado en Ciberdelitos de la Provincia de Misiones; el Dr. Lucas Ciarniello Ibáñez; la Dra. Genoveva María Ferrero; y el Dr. César Raúl Jiménez.

La propuesta busca aportar herramientas para comprender el fenómeno de las fake news y la inteligencia artificial desde una perspectiva jurídica, comunicacional y social, fortaleciendo el compromiso con el ejercicio responsable de la comunicación y la defensa del derecho a una información veraz.

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Lanzan una licitación por $2.573 millones para crear un mapa digital integral de todos los puertos argentinos

By Redacción Economis 3 horas ago
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La competitividad logística de la Argentina no depende únicamente de nuevas inversiones en infraestructura. También requiere conocer con precisión qué activos existen, dónde están ubicados y cuál es su estado real de los puertos argentinos. Con esa premisa, el Gobierno nacional puso en marcha uno de los relevamientos territoriales más ambiciosos de los últimos años para el sistema portuario argentino, una iniciativa que busca transformar información dispersa en una herramienta estratégica para la gestión pública y el desarrollo económico.

A través de la Resolución 45/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) autorizó el llamado a una licitación pública nacional para contratar un Servicio de Relevamiento Integral Multimodal, Sistémico y Georreferenciado de Infraestructuras Portuarias, con un presupuesto oficial de 2.573.550.000 pesos y un plazo de ejecución de doce meses, prorrogable por otro período similar.

El proyecto no consiste únicamente en levantar planos o realizar mediciones. La contratación contempla la generación de imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales basados en nubes de puntos y bases de datos espaciales que integren información sobre áreas terrestres, sectores acuáticos y las zonas de transición entre ambos ambientes en todos los puertos bajo jurisdicción nacional.

La iniciativa forma parte del Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, impulsado por la Agencia durante 2025, cuyo objetivo es construir una base de información única y confiable sobre el patrimonio portuario del Estado. El diagnóstico oficial sostiene que disponer de datos precisos permitirá completar y actualizar el catastro, delimitar correctamente las jurisdicciones portuarias, avanzar en la regularización dominial de inmuebles y fortalecer los sistemas de información geográfica utilizados para la planificación.

Detrás de esta decisión hay un problema estructural que trasciende la gestión administrativa. Durante décadas, numerosos predios portuarios acumularon superposiciones catastrales, ocupaciones irregulares, documentación incompleta y límites poco definidos entre áreas operativas, fiscales y privadas. Esa incertidumbre jurídica suele traducirse en demoras para concesiones, conflictos sobre la utilización de terrenos estratégicos y mayores costos para proyectos de inversión.

El nuevo relevamiento apunta justamente a reducir esas asimetrías mediante tecnología de alta precisión. La información obtenida servirá como insumo para futuras decisiones sobre planificación portuaria, expansión de terminales, administración de concesiones, obras de infraestructura y preservación del patrimonio estatal.

La licitación se realizará bajo la modalidad de orden de compra abierta, un mecanismo previsto en el régimen nacional de contrataciones que permite ajustar la ejecución del servicio dentro de cantidades máximas establecidas, otorgando mayor flexibilidad operativa durante el desarrollo del contrato.

Desde el punto de vista económico, la inversión representa una apuesta por fortalecer uno de los principales activos logísticos del país. Más del 80% del comercio exterior argentino se moviliza por vía marítima o fluvial, por lo que disponer de información territorial precisa sobre la infraestructura portuaria constituye un insumo clave para mejorar la competitividad, reducir incertidumbres regulatorias y facilitar futuras inversiones públicas y privadas.

La resolución también aprueba el pliego de bases y condiciones técnicas y delega en la Subgerencia de Compras, Contrataciones y Convenios la organización del proceso licitatorio, incluyendo la fijación de fechas para la presentación y apertura de ofertas. Paralelamente, se designó la Comisión Evaluadora que analizará las propuestas de las empresas interesadas.

Si bien el impacto inmediato de la medida será administrativo, sus efectos potenciales exceden el ámbito burocrático. La consolidación de una cartografía digital unificada puede convertirse en una herramienta de largo plazo para transparentar la gestión del patrimonio público, disminuir litigios sobre inmuebles portuarios, acelerar procesos de inversión y brindar mayor previsibilidad a operadores logísticos y gobiernos provinciales.

En un contexto donde la eficiencia del comercio exterior depende tanto de las obras físicas como de la calidad de la información disponible, el relevamiento integral aparece como una inversión silenciosa pero estratégica: antes de construir nuevos puertos o ampliar los existentes, el Estado busca conocer con exactitud qué posee, cómo está distribuido y cuáles son las oportunidades de desarrollo sobre ese patrimonio.

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Aprueban un nuevo Manual de Procedimiento para la validez nacional de títulos y certificados

By Redacción Economis 3 horas ago
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En un sistema educativo federal donde cada provincia diseña y administra buena parte de su oferta académica, la validez nacional de los títulos es el puente que garantiza que un certificado emitido en cualquier jurisdicción tenga reconocimiento en todo el país. Con ese objetivo, el Ministerio de Capital Humano oficializó un nuevo esquema para otorgar esa certificación, actualizando procedimientos que regían desde hace cuatro años y estableciendo un marco más homogéneo para todas las provincias.

Mediante la Resolución 479/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría de Educación aprobó un nuevo Manual de Procedimiento y Componentes para la Validez Nacional, dejando sin efecto la Resolución 451/2022. El cambio alcanza a los títulos y certificados de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Educación Superior no Universitaria y todas las modalidades contempladas por la Ley de Educación Nacional, excepto las carreras universitarias.

Más que un cambio administrativo, la resolución apunta a resolver uno de los principales desafíos del sistema educativo argentino: reducir las diferencias en los procesos de aprobación entre jurisdicciones y ofrecer mayor previsibilidad para estudiantes, docentes e instituciones.

La validez nacional es el mecanismo que permite que un título emitido por una provincia sea reconocido oficialmente en cualquier otra jurisdicción del país y, además, constituye un requisito para gestionar el reconocimiento de estudios argentinos en el exterior. El nuevo manual reafirma que este reconocimiento no reemplaza las matrículas profesionales cuando estas sean exigidas por ley, pero sí garantiza la movilidad educativa y laboral de quienes completan sus estudios.

Uno de los cambios más relevantes es la unificación de todos los procedimientos en un único cuerpo normativo. La experiencia acumulada en los últimos años mostró diferencias de interpretación y demoras entre organismos nacionales y provinciales, por lo que la nueva normativa fija plazos, documentación obligatoria y criterios comunes para cada solicitud.

Las provincias deberán presentar los pedidos de validez nacional antes del 30 de abril del año previo a la implementación de una nueva oferta educativa. La Dirección de Validez Nacional contará con diez días hábiles para verificar la documentación presentada y, posteriormente, las áreas técnicas tendrán hasta treinta días hábiles para emitir el dictamen curricular correspondiente. Si la documentación resulta incompleta, las jurisdicciones dispondrán de diez días hábiles para corregirla antes de que el trámite sea desestimado.

El nuevo procedimiento también introduce tres categorías claramente diferenciadas para las presentaciones: nuevas solicitudes, ampliaciones de cohortes y nuevas localizaciones, esta última destinada exclusivamente a la Formación Docente Inicial cuando una carrera ya aprobada se extienda a otro establecimiento educativo.

La resolución incorpora además modelos estandarizados de presentación y extensas planillas de verificación curricular para cada nivel educativo. Esos instrumentos obligarán a las jurisdicciones a demostrar de manera explícita cómo incorporan los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), los lineamientos federales y las cargas horarias exigidas en cada modalidad.

En el caso de la Educación Técnico Profesional y de la Formación Docente Inicial, las exigencias serán aún mayores. Los diseños curriculares deberán acreditar perfiles profesionales, cargas horarias, prácticas profesionalizantes y condiciones institucionales, mientras que el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) conservarán un rol central en la evaluación técnica de las propuestas.

La medida también busca reducir la incertidumbre para quienes inician una carrera. El manual establece que la validez nacional deberá otorgarse antes del inicio del ciclo lectivo y que no podrán aprobarse retrospectivamente cohortes que ya hayan comenzado, salvo cuando el retraso no sea atribuible a la provincia solicitante.

Para las ofertas presenciales cuya primera cohorte comience en 2027, el Gobierno fijó una excepción: las provincias tendrán tiempo hasta el 30 de septiembre de 2026 para presentar la documentación correspondiente, otorgando un margen adicional para la adaptación al nuevo sistema.

Desde una perspectiva de gestión pública, la resolución busca equilibrar dos objetivos que históricamente generaron tensiones: fortalecer los controles de calidad sin afectar la continuidad de las trayectorias educativas. Si la implementación logra reducir tiempos administrativos y brindar mayor previsibilidad a las provincias, el beneficio terminará trasladándose a quienes más dependen de este mecanismo: estudiantes que cambian de jurisdicción, docentes que ejercen en distintas provincias y egresados que necesitan que sus títulos tengan reconocimiento pleno dentro y fuera de la Argentina.

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El Papa León XIV confirmó su visita a la Argentina

By Economis Redacción 4 horas ago
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La visita apostólica del papa León XIV a Uruguay, la Argentina y el Perú se extenderá por 12 días, entre el 6 y el 17 de noviembre. 

El Santo Padre permanecerá en el país cuatro días con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El programa oficial del viaje, con el detalle de las actividades y celebraciones del Santo Padre, serán dadas a conocer oportunamente por el Vaticano.

Comunicado de la Nunciatura Apostólica en la Argentina
“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paisandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.+

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Fabricaciones Militares proyecta pérdidas operativas por más de $30.000 millones, pero apuesta a la exportación y al ingreso de capital privado

By Redacción Economis 4 horas ago
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En un escenario internacional marcado por el incremento del gasto en defensa y el rearmamento de numerosos países, el Gobierno nacional aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fabricaciones Militares Sociedad Anónima Unipersonal (FM SAU), una empresa estratégica para la producción de bienes destinados a la defensa, la seguridad, la minería, la industria química y la metalmecánica. El desafío es tan claro como complejo: transformar una compañía con pérdidas operativas en un actor competitivo capaz de insertarse en mercados globales.

A través de la Resolución 1172/2026 del Ministerio de Economía, se oficializó el presupuesto de la empresa, que dependerá de un delicado equilibrio entre mayores ventas, aportes del Estado y una estrategia de internacionalización para sostener su funcionamiento. El plan refleja una realidad conocida por buena parte de las empresas públicas industriales: el mercado interno resulta insuficiente para financiar las inversiones necesarias para crecer.

Los números muestran esa tensión. Fabricaciones Militares proyecta ingresos operativos por 42.081 millones de pesos, mientras que sus gastos de operación ascenderán a 72.545 millones, lo que arroja una pérdida operativa estimada de 30.463 millones de pesos.

Sin embargo, el resultado cambia cuando se incorpora la asistencia del Estado. El presupuesto contempla 23.000 millones de pesos en transferencias corrientes de la Administración Nacional, que reducen significativamente el desequilibrio económico. Aun así, el ejercicio cerraría con un desahorro de 8.434 millones de pesos, mientras que el resultado financiero proyectado muestra un superávit cercano a los 976 millones, producto principalmente de recursos de capital y movimientos financieros previstos para el ejercicio.

Más allá de las cifras presupuestarias, el documento estratégico deja en claro cuál será la hoja de ruta de la empresa. Fabricaciones Militares reconoce que el actual contexto internacional, atravesado por conflictos geopolíticos y un creciente proceso de rearme, genera una demanda sostenida de productos vinculados con la defensa y la seguridad. Bajo ese diagnóstico, la compañía sostiene que mantiene negociaciones con actores internacionales para incorporar capital, tecnología y acceso a nuevos mercados.

La estrategia oficial también implica un cambio de enfoque comercial. La empresa buscará concentrar sus esfuerzos en las líneas de negocio de mayor volumen de ventas, aplicar políticas de precios más competitivas y diversificar su oferta para fortalecer su presencia tanto en el mercado argentino como en el exterior. Según el plan aprobado, la sostenibilidad futura dependerá en gran medida de consolidar alianzas estratégicas con empresas internacionales capaces de aportar financiamiento y ampliar la escala productiva.

El documento admite además una limitación estructural: el mercado doméstico no genera el volumen suficiente para financiar la modernización de las plantas industriales. Por ese motivo, el Gobierno plantea como objetivo atraer inversiones privadas —nacionales y extranjeras— que permitan expandir la capacidad instalada, incorporar tecnología, reducir costos y aumentar la competitividad internacional de la empresa.

En materia laboral, Fabricaciones Militares mantendrá una dotación de 950 trabajadores, de los cuales apenas 20 integran la planta permanente y 930 corresponden a personal temporario, según las proyecciones oficiales. El gasto en remuneraciones alcanzará los 34.553 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los principales componentes del presupuesto operativo.

La inversión en bienes de capital, en cambio, será moderada. El presupuesto destina 335 millones de pesos exclusivamente a la adquisición de maquinaria y equipamiento, sin contemplar nuevas construcciones o ampliaciones edilicias durante 2026.

Otro dato relevante es que la empresa no prevé tomar nueva deuda durante el ejercicio. La estrategia financiera estará basada en mejorar la administración de activos, optimizar la liquidez y sostener el funcionamiento mediante recursos propios, aportes estatales y eventuales asociaciones con capital privado.

El presupuesto aprobado deja una lectura de fondo sobre el rol que el Gobierno asigna a Fabricaciones Militares. Lejos de plantear un esquema de mera asistencia fiscal, la estrategia apunta a convertir a la empresa en un proveedor competitivo para industrias de defensa y seguridad que hoy experimentan una expansión global. El interrogante será si esa oportunidad internacional alcanza para compensar las debilidades estructurales del mercado local y transformar un déficit operativo superior a los 30.000 millones de pesos en un modelo económicamente sustentable.

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