Cayó la reforma a la ley de Tierras, pero la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada elimina protección ambiental clave
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sufrió este miércoles una modificación de alto impacto político: el oficialismo retiró el capítulo que reformaba la Ley de Tierras, uno de los puntos que había generado un fuerte rechazo de provincias como Misiones. Sin embargo, el texto conserva otro apartado con importantes consecuencias ambientales, al modificar la Ley Nacional de Manejo del Fuego.
Mientras el debate público estuvo concentrado en la eliminación del capítulo vinculado a la extranjerización de tierras, el proyecto mantiene intacto el capítulo IV, que introduce cambios sustanciales en la Ley 26.815 y elimina una de las principales restricciones incorporadas tras los incendios masivos registrados en distintas regiones del país.
La modificación más significativa consiste en la derogación del artículo 22 quáter de la Ley de Manejo del Fuego, incorporado en 2020 mediante la Ley 27.604.
Esa norma establecía que, durante un plazo de 30 años, las superficies incendiadas correspondientes a zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales o áreas periurbanas —tanto si el incendio era intencional como accidental— no podían destinarse a emprendimientos inmobiliarios, cambios de uso del suelo distintos del existente antes del incendio ni a actividades agropecuarias intensivas.
La finalidad de esa prohibición era clara: eliminar cualquier incentivo económico para provocar incendios con el objetivo de urbanizar terrenos, expandir la frontera agropecuaria o modificar el aprovechamiento de esas superficies.
Qué cambia el proyecto
El texto oficial elimina completamente esa protección para las áreas no boscosas.
En su reemplazo, el nuevo artículo 22 bis concentra las restricciones exclusivamente sobre los bosques nativos alcanzados por la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y sobre los bosques no productivos protegidos por la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal.
La nueva redacción mantiene la prohibición de modificar el uso del suelo únicamente en esas superficies forestales, respetando las categorías de conservación definidas por cada provincia en sus ordenamientos territoriales.
La derogación del artículo 22 quáter implica que, una vez extinguido un incendio, esas superficies ya no estarán sujetas al bloqueo de 30 años para modificar su destino.
Diversas organizaciones ambientalistas habían respaldado esa restricción desde su incorporación en 2020, al considerar que funcionaba como un mecanismo de prevención indirecta frente a incendios provocados para obtener beneficios económicos posteriores.
En cambio, el Gobierno sostiene que la normativa vigente generaba restricciones excesivas sobre el derecho de propiedad y que la protección debe concentrarse en los bosques nativos, reforzando simultáneamente los mecanismos de prevención, investigación y restauración ambiental.
Misiones mantiene otra preocupación ambiental
Para Misiones, donde la conservación del patrimonio natural constituye una política de Estado y donde más de la mitad del Bosque Atlántico argentino se encuentra dentro de su territorio, la continuidad de este capítulo también genera interrogantes.
Si bien la provincia logró evitar que prosperara la reforma de la Ley de Tierras, el proyecto mantiene modificaciones que reducen el alcance de una herramienta creada para desalentar incendios con fines especulativos en ecosistemas no forestales.
De este modo, el debate parlamentario sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada deja de centrarse exclusivamente en la propiedad de la tierra y abre otra discusión: hasta dónde debe llegar la protección ambiental frente a incendios que, además del daño ecológico, pueden convertirse en una vía para transformar el uso del territorio.
