Día: 6 agosto, 2026

Simplifican las reglas para la publicidad de apuestas online: una sola advertencia buscará mejorar la protección al consumidor

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La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa actualizó el régimen que regula la publicidad de los juegos y apuestas online con un objetivo concreto: reducir la superposición de advertencias obligatorias y mejorar la comprensión de los mensajes preventivos por parte de los consumidores.

A través de la Resolución 271/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional modificó la reglamentación vigente desde fines de 2025 sobre la difusión comercial de plataformas de apuestas en línea. La decisión responde a una realidad que se había consolidado durante los últimos meses: muchas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzaron a exigir sus propias leyendas obligatorias en los anuncios, generando una acumulación de mensajes prácticamente idénticos.

Según explica la resolución, esa multiplicidad de advertencias terminó saturando el espacio visual de las piezas publicitarias y, paradójicamente, reduciendo la eficacia de la información preventiva destinada al público.

Con el nuevo esquema, cuando una publicidad ya cumpla con las advertencias exigidas por la normativa provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, se considerará satisfecha también la obligación establecida a nivel nacional, siempre que esas leyendas respeten los estándares técnicos de visibilidad fijados por la autoridad nacional.

La modificación no implica una flexibilización de los controles sobre la actividad. Por el contrario, la estrategia oficial busca armonizar los requisitos regulatorios para que las advertencias sean más visibles y efectivas, evitando duplicaciones que dificulten la lectura.

La resolución también incorpora precisiones técnicas para los formatos digitales. En adelante, las leyendas deberán ubicarse dentro de las denominadas “zonas seguras” de la pantalla y permanecer visibles durante el tiempo suficiente, adaptándose a las características de las plataformas digitales y de las redes sociales, donde buena parte de la publicidad del sector concentra hoy su audiencia.

Un cambio que apunta a la prevención

La actualización normativa tiene un fuerte componente de protección al consumidor. La publicidad de apuestas online se convirtió en uno de los principales focos de preocupación de organismos públicos y especialistas debido al crecimiento del juego digital, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos.

En ese contexto, el Gobierno sostiene que una advertencia clara resulta más efectiva que varias leyendas repetidas con contenidos similares. El criterio de simplificación normativa busca preservar el objetivo preventivo sin generar contaminación visual en las piezas publicitarias.

La resolución también abre la posibilidad para que los organismos reguladores de los juegos de azar de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieran formalmente al nuevo esquema nacional, favoreciendo una mayor coordinación entre jurisdicciones.

Más claridad para empresas y consumidores

Desde la perspectiva regulatoria, el cambio también reduce costos administrativos para las empresas que operan en distintas provincias, al evitar la necesidad de incorporar múltiples advertencias con textos similares en una misma campaña.

Para los consumidores, el beneficio esperado es una comunicación más sencilla, uniforme y comprensible, en línea con los principios de la Ley de Defensa del Consumidor, que exige que la información comercial sea clara, suficiente y no induzca a confusión.

La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y actualiza el anexo técnico de la Resolución 446/2025, que había establecido el primer marco nacional específico para la publicidad de plataformas de apuestas online.

Anexo 1 Resolución 271/2026 by CristianMilciades

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Aprueban un régimen especial de compras para la nueva obra social de las Fuerzas Armadas y busca acelerar la cobertura médica

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la puesta en marcha de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) al aprobar un régimen propio de compras y contrataciones, una herramienta que busca dotar al nuevo organismo de mayor agilidad para adquirir medicamentos, contratar prestadores de salud y garantizar la continuidad de las prestaciones médicas para miles de afiliados.

A través del Decreto 710/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció el marco normativo que regulará todas las adquisiciones y contrataciones de la obra social creada por el Decreto 88/2026. El objetivo oficial es combinar rapidez operativa con mayores estándares de transparencia y control en un sector donde las demoras administrativas suelen traducirse en problemas concretos para los pacientes.

La medida responde a una necesidad estructural. A diferencia de otros organismos públicos, una obra social administra servicios sanitarios que requieren respuestas inmediatas. La compra de medicamentos de alto costo, la contratación de clínicas, laboratorios, profesionales médicos o redes asistenciales no siempre puede ajustarse a los tiempos habituales de una licitación pública tradicional.

En ese contexto, el Gobierno argumenta que la naturaleza autárquica de la OSFA exige un régimen específico que contemple las particularidades de la atención médica, sin abandonar los principios de publicidad, competencia, igualdad de oportunidades y uso eficiente de los recursos públicos.

El decreto establece que todas las contrataciones deberán respetar criterios de razonabilidad, economía, eficiencia, eficacia y transparencia. Sin embargo, incorpora herramientas que permitirán adaptar los procedimientos cuando se trate de prestaciones médico-asistenciales, farmacéuticas o sanitarias, donde la urgencia clínica, la disponibilidad de prestadores o la dispersión geográfica de los afiliados obligan a tomar decisiones con mayor rapidez.

Desde una perspectiva de gestión pública, el cambio busca resolver uno de los principales desafíos que enfrentan las obras sociales estatales: evitar que la burocracia administrativa termine afectando la continuidad de tratamientos o el acceso oportuno a servicios de salud.

El texto oficial sostiene que la nueva normativa permitirá uniformar criterios administrativos, fortalecer la trazabilidad de cada contratación y brindar mayor seguridad jurídica tanto para el organismo como para los proveedores.

Al mismo tiempo, el Gobierno otorgó facultades a la propia OSFA para dictar normas complementarias e instructivos internos que faciliten la aplicación del régimen, aunque fijó límites claros. Las modificaciones que alteren la esencia del sistema, sus principios rectores, la estructura de los procedimientos o las competencias del Directorio seguirán siendo exclusivas del Poder Ejecutivo.

La decisión forma parte del proceso de reorganización institucional iniciado este año con la creación de la OSFA, que reemplaza antiguos esquemas de administración sanitaria de las Fuerzas Armadas bajo un modelo de gestión unificado.

En términos económicos, el nuevo régimen también apunta a mejorar la capacidad de negociación con proveedores y generar procesos de contratación más previsibles, algo especialmente relevante en un contexto donde el gasto sanitario representa uno de los principales componentes del presupuesto de cualquier obra social.

Desde la óptica del periodismo de soluciones, la reglamentación no modifica directamente las prestaciones para los afiliados, pero sí crea las condiciones administrativas para que las compras críticas —como medicamentos, insumos hospitalarios o convenios con prestadores— puedan realizarse con mayor eficiencia, reduciendo riesgos de interrupciones en la cobertura y fortaleciendo la calidad del servicio.

La norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y constituye una de las piezas regulatorias centrales para completar la estructura operativa de la nueva obra social de las Fuerzas Armadas.

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Nueva obra social para las fuerzas federales: aprueban el régimen financiero de OSFFESEG y aceleran su puesta en marcha

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El Gobierno nacional dio un paso clave en la consolidación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) al aprobar el régimen que regulará su administración financiera, patrimonial, contable y de control. A través del Decreto 709/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció el marco institucional que permitirá ordenar el funcionamiento económico del nuevo ente autárquico creado en febrero de este año.

La decisión tiene un impacto directo sobre la gestión de los recursos destinados a la cobertura médica de los integrantes de las fuerzas federales, ya que fija las reglas para la elaboración del presupuesto, la administración de bienes, la ejecución de gastos, las contrataciones, la contabilidad y los mecanismos de auditoría que regirán a la obra social.

El objetivo oficial es evitar demoras en la implementación del organismo y garantizar que la transición institucional no afecte la atención sanitaria de los afiliados. En ese sentido, el decreto reconoce que la OSFFESEG necesita contar con procedimientos claros para administrar recursos públicos sin interrumpir la prestación de los servicios médicos.

La nueva obra social funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, aunque deberá ajustarse a los principios de la Ley de Administración Financiera del Estado. Para compatibilizar ambas condiciones, el Gobierno diseñó un régimen específico que le otorga autonomía operativa, pero mantiene los controles propios del sector público nacional.

Uno de los aspectos centrales de la norma es la incorporación de un esquema integral de control interno. La OSFFESEG contará con una Unidad de Auditoría Interna supervisada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), mientras que su administración financiera quedará articulada con los sistemas nacionales de presupuesto, tesorería, contabilidad y administración de bienes.

El decreto también establece que, hasta que se aprueben todos los manuales operativos y reglamentos internos, podrán utilizarse procedimientos transitorios ya implementados por la propia obra social, siempre que sean compatibles con la nueva normativa. De esta manera, el Ejecutivo busca evitar vacíos administrativos durante la etapa inicial de funcionamiento.

En paralelo, la norma fija en 8% la alícuota correspondiente a las contribuciones patronales que financiarán la obra social para el personal de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, los trabajadores civiles de ambas fuerzas, el personal de la propia OSFFESEG y futuras incorporaciones de otras fuerzas federales que puedan integrarse al sistema.

La definición de esta contribución constituye uno de los pilares del financiamiento del organismo y apunta a otorgar previsibilidad sobre los ingresos que sostendrán las prestaciones médicas.

Desde una perspectiva de política pública, el decreto procura resolver uno de los principales desafíos de cualquier reforma en el sistema de salud de organismos estatales: garantizar que los cambios administrativos no impacten sobre la continuidad de la atención. La integración entre presupuesto, patrimonio, contrataciones, información padronal y sistemas tecnológicos busca mejorar la trazabilidad de los recursos y reducir riesgos de ineficiencia o falta de control.

Para los afiliados, el cambio no modifica las prestaciones sanitarias de manera inmediata, pero sí establece las bases institucionales sobre las cuales funcionará la nueva obra social. En términos de gobernanza, el Ejecutivo apuesta a un modelo con mayor capacidad de auditoría, reglas financieras unificadas y mecanismos de control compatibles con los estándares que rigen para el resto de los organismos nacionales.

La puesta en marcha efectiva del régimen dependerá ahora de la aprobación de los manuales operativos y de las normas complementarias que deberá dictar el Ministerio de Seguridad Nacional para completar la implementación del nuevo esquema.

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La hidrovía mantiene el peaje bonificado hasta que asuma la nueva concesionaria

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La transición hacia la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal tendrá un impacto inmediato sobre uno de los principales costos de la logística exportadora argentina: el peaje. A través de la Resolución 105/2026, la Administración General de Puertos (AGP) prorrogó la bonificación vigente para el tramo Santa Fe-Confluencia de la hidrovía hasta que la nueva concesionaria tome formalmente el control del servicio.

La medida busca garantizar previsibilidad para las empresas que utilizan la hidrovía mientras se completa el proceso de traspaso a la unión transitoria conformada por Jan de Nul N.V. y Servimagnus S.A., adjudicataria del nuevo contrato de concesión otorgado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

En los hechos, la resolución evita que los operadores enfrenten un incremento inmediato en los costos de navegación. El transporte internacional continuará abonando un peaje bonificado de US$ 1,30 por tonelada de registro neto (TRN), el mismo valor que se viene aplicando desde comienzos de este año.

La decisión tiene especial relevancia para el comercio exterior argentino. La Vía Navegable Troncal concentra la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país y constituye el principal corredor logístico para la salida de granos, aceites, harinas, minerales y otros productos con destino a los mercados internacionales.

Desde el Gobierno explican que la continuidad de la bonificación responde a razones tanto administrativas como económicas. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación, creada a comienzos de 2025 tras la reorganización del sistema portuario nacional, continúa atravesando un proceso de transición institucional que demoró la conformación definitiva de la Mesa de Trabajo encargada de revisar la estructura tarifaria del tramo Santa Fe al Norte.

En paralelo, la nueva concesión ya fue adjudicada y el contrato fue firmado el pasado 8 de julio de 2026. Sin embargo, el acuerdo prevé un período previo a la denominada “toma de posesión” del servicio, instancia que marca el inicio efectivo de las operaciones por parte de la nueva empresa concesionaria.

Hasta que ese proceso concluya, el Ejecutivo optó por mantener sin cambios el esquema tarifario vigente para evitar incertidumbre entre armadores, exportadores y operadores logísticos.

La historia reciente de este peaje explica la cautela oficial. La tarifa originalmente fijada en 2022 había generado fuertes cuestionamientos por parte de usuarios y entidades representativas del sector, que incluso impulsaron acciones judiciales. Como consecuencia, el entonces Ministerio de Transporte suspendió su aplicación y posteriormente comenzaron a otorgarse sucesivas bonificaciones que fueron prorrogándose a lo largo de 2024, 2025 y 2026.

La nueva resolución mantiene esa política de transición y evita modificaciones tarifarias mientras cambia el operador de uno de los activos estratégicos más importantes de la infraestructura argentina.

Más allá del aspecto administrativo, la decisión también refleja una lógica de estabilidad económica. En un contexto donde la competitividad de las exportaciones depende en buena medida de los costos logísticos, mantener el peaje sin aumentos contribuye a reducir incertidumbres para las cadenas productivas que dependen de la hidrovía.

El desafío comenzará una vez que la nueva concesionaria asuma plenamente la operación. Allí deberán definirse las condiciones tarifarias de largo plazo, las inversiones comprometidas y el esquema de mantenimiento y dragado que sostendrá la competitividad del principal corredor fluvial del país durante los próximos años.

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Industria maderera advierte por la pérdida del capital humano: el empleo cayó 8,57 por ciento interanual

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La evolución reciente de la cadena forestoindustrial argentina deja una señal que merece especial atención. Más allá de la desaceleración que atraviesa parte de la actividad manufacturera, los últimos indicadores muestran que el empleo industrial se está retrayendo a un ritmo superior al de la producción, una situación que podría comprometer la capacidad de recuperación del sector si implica la pérdida de recursos humanos altamente especializados.

De acuerdo con el último Informe de Empleo y Actividad (*) elaborado por la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), el empleo registrado en la industria maderera cayó un 8,57% interanual, una contracción que supera ampliamente la disminución observada en la actividad productiva. Más que un ajuste coyuntural, este comportamiento refleja un proceso que invita a reflexionar sobre la preservación del conocimiento, los oficios y las capacidades técnicas que demandan años de formación y experiencia.

Economis | Industria forestal

El empleo maderero cayó 8,57% y golpeó a los sectores de mayor valor agregado

La contracción laboral superó ampliamente la baja de la actividad. Tornerías, viviendas prefabricadas, tableros y aserraderos estuvieron entre los segmentos más afectados.

Empleo industrial -8,57%
Variación interanual a abril de 2026.
Empleo comercial -4,12%
Caída en las actividades comerciales de la cadena.

Producción de madera

-3,4%

Caída interanual en mayo. El acumulado anual todavía muestra una suba del 7,4%.

Muebles y colchones

-7,3%

Retroceso interanual. En el acumulado de 2026 la baja alcanza el 5,1%.

Ventas de PyMEs muebleras

-14%

Caída promedio durante el primer trimestre de 2026, según FAIMA.

Los sectores con mayor pérdida de empleo

Tornerías de madera
-34%
Viviendas prefabricadas
-23%
Tableros y enchapados
-18%
Aserrado de madera nativa
-17%
Aberturas y estructuras
-7%
Somieres y colchones
-4%
Aserrado de madera implantada
-3%
La clave: la pérdida de puestos de trabajo fue más profunda que la caída productiva. FAIMA advierte que el ajuste se concentra en los segmentos vinculados con la construcción, las PyMEs y las actividades de mayor valor agregado.
Fuente: Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines, Informe de Empleo y Actividad, julio de 2026. Datos de actividad a mayo y de empleo registrado a abril de 2026.

El dato adquiere mayor relevancia cuando se analiza dónde se concentran las mayores pérdidas. Los segmentos más afectados corresponden precisamente a actividades de mayor transformación industrial, como tornerías, viviendas prefabricadas de madera, tableros, enchapados y aberturas, es decir, aquellos eslabones donde se incorpora mayor valor agregado, innovación y mano de obra calificada.

“Cada puesto de trabajo que se pierde en estas actividades representa mucho más que una estadística. Detrás de esos números hay conocimientos técnicos, experiencia productiva y capacidades industriales que constituyen uno de los principales activos de la cadena forestoindustrial y que luego requieren años para reconstruirse”, señalaron desde FAIMA.

El informe también evidencia que el impacto no es homogéneo. Mientras los indicadores generales muestran una economía prácticamente estancada, el relevamiento realizado por FAIMA revela que las PyMEs muebleras registraron una caída promedio del 14% en sus ventas durante el primer trimestre del año, una diferencia que pone de manifiesto la necesidad de observar con mayor profundidad la realidad de las pequeñas y medianas empresas que sostienen buena parte del entramado productivo y del empleo en el interior del país.

En ese contexto, la entidad sostiene que preservar el capital humano y fortalecer las capacidades productivas debe formar parte de cualquier estrategia orientada a consolidar el crecimiento futuro de la industria. La experiencia demuestra que las empresas pueden recuperar niveles de producción cuando mejora la demanda, pero reconstruir equipos especializados, recuperar oficios y volver a desarrollar capacidades técnicas es un proceso considerablemente más lento y complejo.

Al mismo tiempo, FAIMA considera que la cadena forestoindustrial cuenta con fortalezas estructurales para acompañar una futura recuperación de la economía. La disponibilidad de recursos forestales, la capacidad industrial instalada, el entramado de PyMEs presentes en todo el país y el conocimiento acumulado durante décadas representan una base sólida sobre la cual seguir construyendo una industria más competitiva, innovadora y con mayor agregado de valor. Sin embargo, advierte que esa capacidad no es ilimitada: preservar el empleo implica también preservar las empresas que lo generan. En un contexto donde muchas PyMEs enfrentan dificultades para sostener su actividad, evitar la pérdida del entramado productivo será tan importante como recuperar los puestos de trabajo, ya que ambas condiciones serán determinantes para impulsar la recupera ción del sector.

“El desafío es llegar a ese escenario preservando aquello que constituye el verdadero diferencial del sector: las personas, el conocimiento y la capacidad de transformar un recurso renovable en productos de alto valor agregado. Cuidar ese capital humano hoy es también invertir en la competitividad de los próximos años”, concluye FAIMA.

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