El próximo 12 de agosto siete instituciones de educación superior de la provincia serán escenario de una nueva edición de los Combos Universitarios, una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio del Agro y la Producción. El objetivo de este programa es acercar alimentos frescos y elaborados directamente desde las chacras misioneras a estudiantes, docentes, personal no docente y vecinos.
Tal como se viene desarrollando desde hace 4 años, en esta oportunidad la jornada se desarrollará en la Facultad de Humanidades (UNaM), la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (UNaM), la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) de Oberá, la Universidad Gastón Dachary, la UCAMI, el Módulo de Informática de la UNaM en Apóstoles y la UNAU de San Vicente. En todas las sedes, la actividad se realizará de 8:00 a 12:30 horas.
Participarán 26 productoras y productores de Gobernador Roca, Oberá, Apóstoles, San Vicente, Cerro Azul y Posadas, quienes ofrecerán una amplia variedad de alimentos de elaboración local, Entre ellos frutas y hortalizas, panificados, miel, mermeladas, pastas, yerba mate, pickles, hierbas aromáticas y productos lácteos.
En esta edición, se sumarán el Ministerio de Coordinación General de Gabinete y la Subsecretaría de la Juventud, que acompañará la iniciativa mediante la adquisición de Combos Universitarios que serán sorteados entre estudiantes de las distintas sedes participantes. Esta acción busca ampliar el alcance de la propuesta, promoviendo el consumo de alimentos de origen misionero y fortaleciendo el trabajo articulado entre organismos provinciales en beneficio de la comunidad universitaria.
La subsecretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, destacó que los Combos Universitarios “son una oportunidad para acercar alimentos sanos y de calidad a la comunidad educativa, al tiempo que generan mejores oportunidades de venta para las familias productoras, sin intermediarios“. Asimismo, señaló que estos encuentros permiten visibilizar el trabajo que se realiza en las chacras misioneras y fortalecer el vínculo entre quienes producen y quienes eligen consumir alimentos locales.
Por su parte, el ministro Facundo López Sartori afirmó que la iniciativa “es una muestra de que la articulación entre instituciones permite multiplicar oportunidades. Cada jornada fortalece el circuito económico local y pone en valor el trabajo de quienes producen alimentos en nuestra provincia”.
Cabe destacar que en las ediciones realizadas en la primera mitad de 2026, la propuesta alcanzó resultados significativos: se comercializaron 3.251 combos universitarios, lo que representó la distribución de aproximadamente 1.800 kilogramos de alimentos frescos y elaborados provenientes de la agricultura familiar. Además, la iniciativa benefició de manera directa a unas 2.400 personas, consolidándose como una herramienta que fortalece los circuitos cortos de comercialización, impulsa la producción local y facilita el acceso a alimentos saludables para la comunidad universitaria.
El Gobierno nacional amplió el alcance del Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública para incorporar deudas pendientes de cancelación de la Dirección Nacional de Vialidad y extendió hasta el 12 de agosto el plazo para que los contratistas puedan adherirse. La medida busca ordenar un stock de obligaciones acumuladas y mejorar la programación de los recursos destinados a la Red Vial Nacional.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 3/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, publicada este viernes en el Boletín Oficial. El nuevo esquema incorpora al régimen las obligaciones originadas en contrataciones realizadas por Vialidad Nacional bajo los decretos 1023/2001 y 1030/2016, siempre que estén vinculadas con la adquisición de materiales y la provisión de servicios destinados al mantenimiento, conservación, operación y control de la Red Vial Nacional.
El período alcanzado se extiende desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025. La incorporación queda restringida a las obligaciones derivadas de contrataciones celebradas específicamente por la Dirección Nacional de Vialidad, lo que delimita el universo de acreencias que podrán acceder a este mecanismo.
La medida modifica el régimen que la Secretaría de Coordinación de Infraestructura había establecido el 1 de julio pasado para atender de manera simplificada obligaciones vinculadas con contratos de obra pública. Ese esquema había contemplado inicialmente deudas por certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios, además de obligaciones pendientes derivadas de contratos de obra pública extinguidos a partir de 2024.
El Gobierno había habilitado la utilización de títulos públicos como mecanismo para extinguir las obligaciones comprendidas en el régimen. Con la ampliación dispuesta ahora, se incorpora un conjunto adicional de compromisos que Vialidad Nacional identificó como pendientes de cancelación y que están relacionados con gastos de capital destinados al sostenimiento de la infraestructura vial bajo administración directa.
El argumento oficial es financiero y operativo. Vialidad Nacional planteó la necesidad de incorporar estas obligaciones para optimizar la administración de sus disponibilidades presupuestarias y financieras y mejorar la programación de los recursos destinados a atender las deudas acumuladas. En términos concretos, la herramienta busca transformar un stock de obligaciones pendientes en un mecanismo de cancelación previamente reglamentado, con el objetivo de darle mayor previsibilidad al vínculo entre el Estado y sus proveedores.
La resolución también introduce una precisión relevante sobre la renuncia que deben efectuar los contratistas que adhieran al régimen. La normativa original establecía que, al suscribir el acuerdo de adhesión, el contratista debía renunciar a créditos y reclamos relacionados directa o indirectamente con el contrato, incluida una eventual modificación de la ecuación económica y financiera derivada de la modalidad de cancelación.
Ahora, la Secretaría de Coordinación de Infraestructura aclara que esa renuncia quedará circunscripta a los créditos y reclamos correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, además de las obligaciones pendientes derivadas de contratos de obra pública extinguidos desde 2024.
La resolución establece, al mismo tiempo, una salvaguarda para acreencias que todavía no estén formalmente determinadas. Quedan fuera del alcance de la renuncia aquellos créditos que puedan surgir de certificados, redeterminaciones o actos administrativos que, al momento de firmarse el acuerdo, todavía se encuentren pendientes de emisión, aprobación o dictado.
Este punto busca reducir el riesgo de que la adhesión al régimen implique cerrar anticipadamente reclamos que todavía no hayan completado su circuito administrativo. La solución planteada separa así las obligaciones ya determinadas de aquellas que permanecen en proceso de reconocimiento formal.
La extensión del régimen llega después de que la Secretaría de Coordinación de Infraestructura prorrogara inicialmente hasta el 23 de julio el plazo de adhesión. Ahora, a partir de la ampliación del universo de obligaciones y de las precisiones sobre la renuncia de reclamos, se habilita una nueva ventana de adhesión hasta el 12 de agosto de 2026 inclusive.
Para el sector de la construcción y los proveedores de Vialidad, el cambio puede representar una nueva oportunidad para ingresar al mecanismo de cancelación si sus acreencias quedaron fuera de la primera versión del régimen. Para el Estado, el objetivo declarado es ordenar obligaciones pendientes sin modificar el marco presupuestario, financiero y contractual que rige las obras y servicios de la Red Vial Nacional.
La resolución no supone, según el texto oficial, una nueva contratación ni la generación de una obligación adicional: amplía el universo de pasivos que pueden ser canalizados mediante un mecanismo de extinción ya vigente. La clave ahora estará en la adhesión de los contratistas y en la determinación de los montos que efectivamente queden comprendidos en cada acuerdo.
El dato de fondo es que la administración de las deudas acumuladas de la obra pública comienza a adquirir un tratamiento específico por segmentos. En este caso, el Gobierno eligió ampliar el mecanismo hacia obligaciones de Vialidad Nacional vinculadas con el mantenimiento de la red, mientras establece un límite temporal preciso y preserva los créditos que todavía no cuentan con certificación o aprobación definitiva.
El Gobierno nacional autorizó a Vicuña Argentina S.A. a construir una nueva línea de alta tensión de 93 kilómetros destinada a abastecer exclusivamente al Proyecto Minero Integrado Josemaría–Filo del Sol, en el norte de San Juan. La obra tendrá una capacidad de 220 kV, será de doble terna y conectará las futuras estaciones transformadoras Josemaría y Chaparro.
La autorización fue formalizada mediante la Resolución 197/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y constituye un paso regulatorio relevante para la infraestructura eléctrica asociada a uno de los proyectos mineros de mayor escala en desarrollo en la provincia.
La línea será construida, operada y mantenida íntegramente a costo de la empresa y para su propia necesidad. La autorización tendrá una vigencia de 25 años y no implica, de acuerdo con la resolución, que la infraestructura pase a formar parte de una obra de uso compartido por terceros.
El proyecto contempla una línea de transporte eléctrico en 220 kV y doble terna, con una extensión aproximada de 93 kilómetros entre la futura Estación Transformadora Josemaría, ubicada en el predio del emprendimiento minero, y la futura Estación Transformadora Chaparro, que será construida con capacidad de transformación de 500/220 kV.
El punto central de la decisión es que la Secretaría de Energía concluyó que se cumplieron las condiciones previstas por el artículo 31 de la Ley 24.065 para autorizar una instalación de transporte eléctrico de uso particular. Ese régimen exige evaluar, entre otros aspectos, que no exista una necesidad o conveniencia pública de utilización compartida de la infraestructura, incluso en el largo plazo.
Antes de otorgar la autorización se realizó una Audiencia Pública convocada por el entonces Ente Nacional Regulador de la Electricidad. La instancia se llevó a cabo el 15 de enero de 2026 y permitió incorporar las observaciones de los distintos actores vinculados con el sistema eléctrico, además de analizar eventuales impactos técnicos, ambientales y regulatorios.
Según el análisis posterior realizado por la Dirección Nacional de Transporte y Distribución Eléctrica de la Secretaría de Energía, la audiencia cumplió con los requisitos establecidos por la normativa. El organismo concluyó además que no se detectaron impedimentos técnicos, ambientales ni regulatorios para avanzar con la obra y que durante el procedimiento no se acreditó una necesidad o conveniencia pública de uso compartido con terceros.
La autorización, sin embargo, no funciona como un permiso aislado de las reglas del sistema eléctrico. La resolución establece que la construcción y operación de la línea deberán ajustarse a las condiciones técnicas, ambientales y regulatorias aplicables al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), además de los requerimientos que surjan del Convenio de Conexión que deberá suscribirse con Transener.
La medida también involucra a los principales actores del sistema eléctrico nacional. La Secretaría de Energía dispuso notificar la autorización a Transener, Cammesa y al organismo regulador correspondiente, además de la propia empresa Vicuña Argentina.
Desde una perspectiva de desarrollo productivo, la infraestructura eléctrica constituye un componente crítico para transformar un proyecto minero en una operación industrial de escala. En este caso, el diseño elegido permite que la inversión en la conexión eléctrica sea afrontada directamente por el desarrollador del proyecto, mientras el Estado concentra su intervención en la evaluación regulatoria, técnica y ambiental y en la compatibilidad de la obra con el sistema eléctrico nacional.
La resolución no establece el monto de inversión asociado a la construcción de la línea ni fija un cronograma de ejecución de la obra. Tampoco anticipa por sí misma cuándo comenzará la operación comercial del proyecto minero. Lo que sí hace es despejar uno de los requisitos regulatorios necesarios para desarrollar la infraestructura eléctrica específica que deberá abastecerlo.
El siguiente desafío será convertir esta autorización en infraestructura efectiva. Para ello, Vicuña Argentina deberá cumplir las exigencias aplicables al SADI y avanzar en el Convenio de Conexión con Transener, mientras que la obra deberá mantenerse dentro de los parámetros técnicos, ambientales y regulatorios establecidos por las autoridades competentes.
Así, la decisión agrega una pieza concreta a la infraestructura necesaria para el desarrollo de Josemaría–Filo del Sol: una conexión eléctrica de 93 kilómetros que será financiada por el propio proyecto y que, durante los próximos 25 años, estará destinada a garantizar su abastecimiento energético bajo las condiciones establecidas por el marco regulatorio nacional.
SHRMiner, un proveedor líder mundial de soluciones de minería en la nube, ha anunciado una importante expansión de su plataforma impulsada por inteligencia artificial, diseñada para ofrecer a los inversores en criptomonedas ingresos pasivos estables. Con más de 5,5 millones de miembros registrados en todo el mundo, SHRMiner está estableciendo nuevos estándares de comodidad, transparencia y rentabilidad en la industria de la minería en la nube.
En los últimos años, el mercado de las criptomonedas ha experimentado varios periodos de volatilidad extrema. Desde Bitcoin y XRP hasta Ethereum, las fuertes subidas y caídas de precios se han convertido en algo habitual. Para muchos inversores que mantienen sus activos a largo plazo, depender únicamente de la apreciación del precio para generar beneficios resulta cada vez más difícil.
A medida que las finanzas digitales entran en una nueva etapa de desarrollo, un número creciente de inversores se plantea una pregunta diferente: además de mantener sus activos, ¿existen otras formas de participar en el ecosistema de los activos digitales?
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Contrato
Inversión inicial
Duración
Recompensa diaria
Beneficio total del contrato
MICROBT WhatsMiner M66
3.000 USD
15 días
40,50 USD
607,50 USD
Bitcoin Miner S21 XP Imm
5.000 USD
25 días
70,50 USD
1.762,50 USD
Bitcoin Miner S21e XP Hyd
10.000 USD
35 días
151,00 USD
5.285,00 USD
La estructura escalonada permite que los nuevos usuarios comiencen con un contrato de menor coste antes de decidir si desean acceder a una mayor capacidad de procesamiento.
Por ejemplo:
70,50 USD por día × 25 días = 1.762,50 USD con el contrato Bitcoin Miner S21 XP Imm.
151 USD por día × 35 días = 5.285 USD con el contrato Bitcoin Miner S21e XP Hyd.
Acerca de SHRMiner
Con sede en el Reino Unido, SHRMiner cumple estrictamente con las leyes y regulaciones locales y opera dentro de marcos regulatorios europeos como MiCA y MiFID II. La empresa fortalece continuamente la gobernanza de la plataforma, las medidas de seguridad y la transparencia operativa para ofrecer servicios de minería en la nube seguros, fiables y sostenibles.
La plataforma utiliza una arquitectura de seguridad multicapa que incluye:
Sin comisiones adicionales por servicio ni costes de gestión.
Acceso 100 % remoto mediante la aplicación de SHRMiner o un navegador web, sin necesidad de hardware.
Registro ante la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido.
Licencia estadounidense Money Services Business (MSB).
Los fondos se custodian en HSBC utilizando la tecnología de billeteras frías de Fireblocks.
Actualmente, SHRMiner admite una amplia variedad de activos digitales populares, incluidos XRP, BTC, ETH, USDT, USDC, DOGE, LTC y SOL, ofreciendo a los usuarios mayor flexibilidad y comodidad.
Conclusión
David Haydock, director de operaciones (COO) de SHRMiner, declaró: Estamos muy orgullosos de lanzar la plataforma SHRMiner, cuyo objetivo es crear igualdad de oportunidades en la minería de criptomonedas. Los usuarios pueden alquilar potencia informática real de instalaciones profesionales de minería y recibir pagos diarios automáticos, eliminando la complejidad de adquirir hardware, gestionar el consumo energético y realizar tareas de mantenimiento. Este modelo de baja barrera de entrada es ideal para quienes desean participar en la minería de forma constante, pero no cuentan con recursos técnicos, ayudándoles a construir riqueza de manera sostenible.
El Gobierno nacional resolvió ampliar las facultades operativas de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento para agilizar la administración de distintos regímenes de promoción productiva, con impacto directo sobre sectores como la industria automotriz, las autopartes, la biotecnología y la Economía del Conocimiento.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 273/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La norma faculta a la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento a ejecutar una serie de acciones que hasta ahora se encontraban bajo el ámbito operativo de la Secretaría, según el detalle establecido en el anexo de la resolución.
El cambio apunta a reducir tiempos administrativos y simplificar la gestión de herramientas que buscan estimular inversiones, producción local y desarrollo tecnológico. El Gobierno justificó la decisión en criterios de “eficacia, celeridad, economía procesal y sencillez”, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los programas sin crear una nueva estructura ni generar gastos adicionales para el Estado.
Entre los instrumentos alcanzados se encuentran algunos de los principales regímenes de promoción productiva vigentes. La Secretaría tiene bajo su responsabilidad la aplicación del Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, establecido por la Ley 27.263; el Régimen de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su cadena de valor, creado por la Ley 27.686; y el Régimen de Incentivo a la Competitividad de las Autopartes Locales.
También quedan dentro del universo de políticas administradas por el área los mecanismos vinculados con la importación de vehículos incompletos y totalmente desarmados, el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y el Régimen de Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna.
La lógica de la reforma es particularmente relevante para las empresas que utilizan estos regímenes como herramientas para definir inversiones o estructurar proyectos productivos. Una gestión administrativa más directa puede reducir demoras en trámites, autorizaciones y decisiones vinculadas con beneficios promocionales, un factor que adquiere especial importancia en sectores donde las inversiones requieren previsibilidad y plazos de ejecución determinados.
La resolución, sin embargo, no modifica los beneficios ni altera por sí misma las condiciones sustanciales de los distintos regímenes. El artículo 2° establece expresamente que las nuevas facultades no derogan ni modifican las delegaciones específicas que ya hubieran sido otorgadas dentro de cada programa, que continuarán vigentes.
El Gobierno también dejó establecido que la redistribución de tareas no implicará una erogación adicional para el Estado nacional. En términos administrativos, se trata de una modificación orientada a trasladar capacidad de gestión hacia el área que actualmente concentra las competencias operativas sobre industria y economía del conocimiento.
El cambio se produce luego de la reorganización de la estructura del Ministerio de Economía dispuesta durante 2026. El Decreto 146/2026 ubicó a la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento bajo la órbita de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, mientras que el Decreto 215/2026 asignó el ejercicio de las competencias de esta última Secretaría al titular de la Secretaría de Coordinación de Producción.
Desde la perspectiva del sector privado, el principal efecto esperado pasa por acortar la distancia entre los programas de promoción y las empresas que deben utilizarlos. La simplificación administrativa no sustituye los incentivos económicos, pero puede mejorar su efectividad si reduce costos de cumplimiento, tiempos de respuesta y circuitos burocráticos.
La resolución entra en vigencia desde el 5 de agosto, fecha de su dictado, y constituye otro paso dentro del proceso de reorganización de la política industrial del Gobierno. El desafío, hacia adelante, será convertir la mayor capacidad operativa en respuestas más rápidas y previsibles para las empresas, especialmente en sectores intensivos en inversión, tecnología y generación de empleo calificado.
