Día: 2 septiembre, 2026

Junta Médica: el informe que complica a Lotocki por la muerte de Silvina Luna

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La Junta Médica realizada este martes en el Cuerpo Médico Forense de la Ciudad de Buenos Aires incorporó nuevos elementos a la investigación por la muerte de Silvina Luna y dejó al cirujano Aníbal Lotocki más comprometido en la causa. Entre los puntos centrales del informe aparece la falta de un seguimiento adecuado después de la intervención estética a la que la modelo fue sometida en 2011.

El trabajo reunió a peritos de distintas especialidades y tuvo como objetivo ampliar el informe elaborado el año pasado para determinar si existe responsabilidad de Lotocki en el fallecimiento de Luna, ocurrido hace tres años.

Según las conclusiones incorporadas al expediente, el polimetacrilato que Lotocki aplicó en los glúteos de Luna le provocó hipercalcemia, una alteración que derivó posteriormente en una insuficiencia renal. El informe también puso el foco en la atención posterior a la cirugía y consideró que un seguimiento adecuado podría haber permitido detectar antes el cuadro que la modelo padeció durante años.

El seguimiento médico, en el centro de la investigación

Uno de los aspectos más relevantes de la Junta Médica no se limita al procedimiento realizado en 2011, sino que analiza qué ocurrió después. Los peritos señalaron que no existió un seguimiento adecuado por parte del cirujano y que controles correctos podrían haber identificado la alteración que terminó afectando la salud de Luna.

La conclusión adquiere importancia porque incorpora la evolución posterior del cuadro a la discusión sobre una eventual responsabilidad penal. El análisis ya fue incorporado a la causa y será ahora la Justicia la que deberá evaluar sus alcances.

El expediente busca establecer si los elementos médicos reunidos permiten avanzar con una nueva acusación contra Lotocki por la muerte de la actriz y modelo. La Junta Médica aporta en ese sentido una evaluación técnica sobre la relación entre el procedimiento, las consecuencias médicas posteriores y la evolución que finalmente derivó en su fallecimiento.

Un antecedente judicial que vuelve a quedar bajo análisis

Lotocki ya fue condenado en 2022 por lesiones graves contra cinco mujeres, entre ellas Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa. La nueva investigación incorpora ahora un hecho de mayor gravedad: determinar si el cirujano tuvo responsabilidad penal en la muerte de Luna.

La diferencia resulta sustancial porque aquella condena se concentró en las lesiones provocadas a las pacientes, mientras que el nuevo expediente analiza específicamente el vínculo entre las prácticas médicas cuestionadas y el fallecimiento de la modelo.

El informe de la Junta Médica no constituye por sí mismo una condena ni determina de manera definitiva la responsabilidad penal. Su valor estará sujeto a la evaluación judicial dentro del conjunto de pruebas que integran la causa.

Lotocki enfrenta además otro juicio

Mientras avanza esta investigación, Lotocki también deberá afrontar una nueva audiencia de juicio relacionada con la muerte del paciente Cristian Zárate, quien falleció después de una operación estética realizada en 2021.

De esta manera, el cirujano enfrenta simultáneamente distintos procesos judiciales vinculados con intervenciones estéticas y sus consecuencias. La investigación por la muerte de Luna suma ahora un nuevo elemento pericial que deberá ser analizado por la Justicia.

El caso vuelve a poner en primer plano una cuestión que trasciende el expediente: la importancia del seguimiento médico posterior a cualquier intervención y de mecanismos capaces de detectar tempranamente complicaciones. En investigaciones donde se discuten eventuales responsabilidades profesionales, reconstruir no solo qué ocurrió durante una cirugía sino también qué controles existieron después resulta determinante para establecer cómo evolucionó un daño y qué oportunidades de intervención pudieron existir.

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Paro de ATE afectará a aeropuertos de todo el país este jueves y viernes

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Casi una treintena de aeropuertos de todo el país se verán afectados por una medida de fuerza impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que incluye a empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y que está programada para este jueves y viernes.

La medida se llevará a cabo de 9 a 12 y de 18 a 21, y en esas franjas solamente estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y oficiales.

Entre las estaciones aéreas involucradas aparecen el aeropuerto Internacional de Ezeiza, como así también Aeroparque, por lo que se van a registrar demoras o cancelaciones en los vuelos programados durante esas 48 horas.

Por su parte, y en su cuenta de la red social X, Rodolfo Aguiar -titular de ATE- advirtió que “si se producen demoras no es por culpa de los trabajadores. Comunicamos la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas”.

“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados, y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Si no se abre una instancia de diálogo responsable y real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”, añadió.

La disputa se originó por un incumplimiento del gobierno, según afirmaron desde ATE, ya que no se abonaron los adicionales previstos en las paritarias y además las negociaciones siguen estancadas; además, el sindicato denunció el deterioro de las condiciones laborales y el desfinanciamiento en distintas áreas.

En ese sentido, el sindicato remarcó que los trabajadores de ATE perdieron cerca del 40 por ciento del poder adquisitivo desde que Javier Milei asumió el gobierno, mientras que la situación de los empleados de ANAC es similar.

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La UE suspende la carne de Brasil y Argentina puede ganar mercado

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La Unión Europea suspenderá desde este jueves 3 de septiembre las importaciones de carne vacuna y aviar procedentes de Brasil, además de otros productos de origen animal, al considerar insuficientes las garantías presentadas por el país sudamericano sobre el cumplimiento de las normas sanitarias comunitarias. La decisión abre un nuevo escenario para el comercio regional y coloca a Argentina, que mantiene habilitado el acceso al mercado europeo, ante una eventual oportunidad para ampliar sus exportaciones.

La Comisión Europea comunicó la decisión el lunes 31 de agosto y explicó que Brasil no aportó garantías suficientes respecto del control del uso de antimicrobianos en la producción ganadera. Las reglas del bloque prohíben utilizar determinados medicamentos para promover el crecimiento de los animales o mejorar sus rendimientos y también restringen el empleo de antimicrobianos reservados para infecciones humanas.

El punto central del conflicto no implica que Bruselas considere que toda la carne brasileña contenga sustancias prohibidas. El cuestionamiento está relacionado con los mecanismos de control y trazabilidad que deben permitir acreditar que los productos destinados al mercado europeo cumplen con las exigencias sanitarias del bloque.

“Una vez que se demuestre dicho cumplimiento, podrán reanudarse las exportaciones a la UE”, señaló una portavoz de la Comisión Europea a la AFP. El gobierno brasileño no había formulado comentarios sobre el anuncio al momento de la publicación, aunque en mayo había anticipado que adoptaría rápidamente las medidas necesarias para revertir su exclusión de la lista de países habilitados.

La suspensión también alcanza a huevos y miel, además de otros productos de origen animal. En el caso de las carnes aviares y la miel, una auditoría europea está en curso y sus resultados deberían conocerse este viernes 4 de septiembre. Si la evaluación resulta satisfactoria, Bruselas podría autorizar nuevamente las importaciones brasileñas durante las próximas semanas.

Para la carne vacuna, en cambio, el proceso puede ser más extenso debido a la duración de los ciclos productivos. La Unión Europea necesita verificar que el cumplimiento de sus normas pueda acreditarse a lo largo de la cadena y no únicamente en el producto terminado.

El impacto comercial no es menor. Durante 2025, Brasil fue el segundo proveedor de carne vacuna de la Unión Europea, con más de 92.000 toneladas exportadas por un valor superior a los 713 millones de euros. La suspensión obliga ahora a sus frigoríficos y productores a buscar alternativas para colocar parte de ese volumen mientras intenta recuperar el acceso al mercado europeo.

Ese movimiento puede generar efectos indirectos sobre Argentina. El país mantiene habilitado el ingreso de carne al mercado comunitario, al igual que Paraguay y Uruguay, por lo que una eventual sustitución de proveedores podría traducirse en una mayor demanda para los exportadores argentinos.

La oportunidad, sin embargo, no debe confundirse con un beneficio automático. Si Brasil redireccionara parte de su oferta hacia otros destinos, podría aumentar la disponibilidad de determinados cortes en mercados internacionales y ejercer presión sobre sus precios. Si, en cambio, los compradores europeos reemplazaran carne brasileña por carne argentina, el efecto podría ser inverso para los cortes exportables, con una demanda adicional capaz de sostener o elevar sus valores.

El impacto sobre el mercado argentino también dependería de otro factor: una eventual llegada de carne brasileña a precios competitivos. Para que esa oferta tenga capacidad de moderar los precios internos debería superar los costos logísticos, cumplir con los requisitos sanitarios argentinos y alcanzar volúmenes suficientes para incidir sobre el mercado. Por ahora, ese escenario es una posibilidad y no un efecto confirmado.

El trasfondo agrega una dimensión política. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, comenzó su aplicación provisional el 1 de mayo de 2026. La suspensión brasileña se produce apenas cuatro meses después y vuelve a poner en primer plano la relación entre apertura comercial y cumplimiento de estándares sanitarios.

Bruselas sostiene que la medida responde a sus reglas contra la resistencia de los microorganismos a los medicamentos y no constituye una sanción vinculada al acuerdo con el Mercosur. Sin embargo, el episodio ocurre en un contexto de fuertes cuestionamientos al entendimiento comercial por parte de sectores agropecuarios europeos, especialmente en Francia.

Para Argentina, el dato relevante es que el acceso al mercado europeo continúa vigente. La posibilidad de transformar la suspensión brasileña en una oportunidad exportadora dependerá de la capacidad de los frigoríficos para responder con volumen, calidad y trazabilidad a una eventual demanda adicional. En otras palabras, el beneficio no estará determinado solamente por la decisión de Bruselas, sino por la capacidad argentina de ocupar el espacio comercial que eventualmente quede disponible.

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Banco Macro mejora las tasas de préstamos hipotecarios a 20 años

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Banco Macro mejora su tasa de Préstamos Hipotecarios para beneficio de sus clientes e hijos. La entidad lidera la flexibilización del mercado al bajar tasas y extender plazos a 20 años, en línea con el impulso al crédito hipotecario que promueve el Gobierno Nacional.

Banco Macro presenta una nueva propuesta de préstamos hipotecarios para sus clientes Plan Sueldo Selecta y sus hijos, con condiciones más competitivas para quienes buscan comprar su vivienda, ampliarla o refaccionarla.

Con tasas de UVA + 7,5%, Banco Macro acompaña el programa recientemente anunciado por el Gobierno para ampliar el crédito hipotecario.

Un aspecto clave de esta iniciativa es que no solo alcanza a los titulares de Plan Sueldo Selecta: sus hijos también pueden acceder al crédito de manera individual, con las mismas condiciones preferenciales.

De esta forma, la línea amplía las posibilidades de acceso a la vivienda propia también para las nuevas generaciones dentro de una misma familia.

Con este anuncio, Banco Macro asume un rol de liderazgo en el desarrollo del mercado de crédito para vivienda, poniendo a disposición de sus clientes un beneficio que responde a una demanda sostenida: financiamiento más accesible y a mayor plazo.

La palabra del CEO

“Banco Macro lidera estas iniciativas de crédito, adaptándonos con dinamismo y con un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes. Bajamos la tasa a UVA + 7,5%, y volvemos a ofrecer plazos de hasta 20 años para la financiación hipotecaria. Con esta actualización buscamos dar una señal concreta al mercado. Bajar la tasa y volver a ofrecer plazos de hasta 20 años les permite a nuestros clientes, y también a sus hijos, proyectar la compra o mejora de una vivienda con una cuota mucho más accesible, en sintonía con lo que el país necesita en esta etapa”, señaló Juan Parma, CEO de Banco Macro.

Plazos más largos, cuotas más accesibles

Uno de los puntos centrales de esta línea es la extensión del plazo a 20 años, un horizonte poco frecuente en el mercado hipotecario argentino.

Este plazo permite que la cuota inicial resulte más baja en relación al ingreso,  ampliando el universo de clientes —titulares e hijos— que califican para un crédito hipotecario y facilitando el camino hacia la vivienda propia.

La reducción de la tasa  UVA + 7,5%, significa una mejora que impacta de manera directa en el costo total del préstamo y posiciona a Banco Macro con la oferta más competitiva del segmento.

La línea está destinada a clientes Plan Sueldo Selecta y, de forma independiente, a sus hijos. Contempla distintos destinos: compra de una vivienda, y mejora, ampliación o refacción de inmuebles.

Tiene alcance en todo el país, por lo que puede solicitarse desde cualquier provincia, sin importar dónde se encuentre la propiedad a adquirir o mejorar.

Este beneficio responde al compromiso del banco con sus clientes y su grupo familiar, para quienes buscan sostener una propuesta de valor diferencial a través de soluciones financieras ágiles y a medida de sus necesidades.

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El salario mínimo sube a $383.800 en septiembre y llegará a $437.000 en abril de 2027

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El Gobierno fijó por laudo una nueva escala para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), luego de que empresarios y representantes de los trabajadores no alcanzaran un acuerdo en la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El piso salarial partirá de $383.800 desde septiembre y tendrá incrementos mensuales hasta alcanzar $437.000 en abril de 2027.

La Resolución 4/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece los nuevos valores para los trabajadores comprendidos en el régimen de contrato de trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y los empleados de la Administración Pública Nacional y de los organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores.

La decisión se tomó después de que la reunión convocada para el 28 de agosto terminara sin consenso. Ante la falta de acuerdo, la normativa establece que corresponde emitir un laudo para determinar tanto el salario mínimo como los valores de referencia de la prestación por desempleo.

El nuevo esquema contempla una actualización escalonada. Desde el 1° de septiembre de 2026, el salario mínimo para trabajadores mensualizados con jornada legal completa queda establecido en $383.800, mientras que para los trabajadores jornalizados se fija en $1.919 por hora.

A partir de octubre, el piso mensual ascenderá a $391.200 y el valor horario a $1.956. En noviembre llegará a $398.800 y $1.994, respectivamente, mientras que en diciembre será de $406.400 mensuales y $2.032 por hora.

La actualización continuará durante 2027. En enero, el SMVM será de $414.200; en febrero, de $422.000; en marzo, de $429.600; y finalmente en abril alcanzará los $437.000. Los valores horarios correspondientes serán de $2.071, $2.110, $2.148 y $2.185, respectivamente.

La secuencia implica que el salario mínimo pasará de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril, una suba nominal acumulada de aproximadamente 13,9%. El incremento se distribuye en ocho etapas, lo que permite anticipar el valor del piso salarial durante los próximos meses, aunque su impacto real sobre el poder adquisitivo dependerá de la evolución de los precios y de los ingresos efectivos de cada trabajador.

Un aspecto central de la resolución es que estos valores funcionan como un piso legal para las relaciones laborales alcanzadas por la normativa. No significan que todos los trabajadores registrados perciban exactamente ese monto: cuando existen convenios colectivos con salarios superiores, esos acuerdos continúan operando por encima del mínimo establecido.

La decisión también tiene impacto sobre el sistema de protección frente al desempleo. La prestación continuará calculándose en función del 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.

Sin embargo, la resolución establece límites vinculados directamente con el salario mínimo. La prestación por desempleo no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superar el 100% de ese mismo valor. De esta manera, cada actualización del salario mínimo modifica también los pisos y techos aplicables al seguro de desempleo.

El mecanismo elegido vuelve a poner en el centro la discusión sobre la capacidad del salario mínimo para funcionar como referencia efectiva de ingresos laborales. El dato relevante no será solamente cuánto aumenta nominalmente, sino cuánto representa ese nuevo piso frente al costo de vida y frente a las remuneraciones que efectivamente perciben los trabajadores de menores ingresos.

Desde una perspectiva de soluciones, la principal herramienta que introduce la resolución es la previsibilidad: al fijar de antemano los valores hasta abril de 2027, empleadores y trabajadores cuentan con una referencia cierta para planificar costos laborales e ingresos. El desafío será que esa previsibilidad no quede desfasada frente a la evolución de los precios, porque un aumento nominal previamente definido puede perder capacidad de compra si la inflación supera el ritmo de actualización.

La resolución deja así establecido un sendero salarial hasta el segundo trimestre de 2027, en un contexto en el que el Consejo Nacional no logró construir un acuerdo entre las partes. El nuevo piso será de $383.800 en septiembre y llegará a $437.000 en abril, mientras que la evolución de la inflación determinará cuánto de ese incremento se transforma efectivamente en una mejora del poder adquisitivo.

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