Por unanimidad, Misiones puso fin a la prohibición del glifosato y abrió una nueva etapa para el agro
Los tiempos de la política son distintos. Apenas tres años después de la prohibición del uso del glifosato en las chacras misioneras, la Cámara de Diputados votó por unanimidad eliminar esa prohibición. Incluso con el voto de Carlos Rovira, impulsor de aquella ley resistida por todo el arco productivo.
Con el mismo énfasis con el que se defendió la prohibición, la Cámara de Representantes de Misiones puso fin por unanimidad este jueves a uno de los capítulos más controvertidos de la política productiva provincial. “Se terminó el divorcio entre el sector productivo y la política”, definió Enrique Bongers, el presidente de la Asociación Maderera de Aserraderos y Afines del Alto Paraná al destacar la decisión del gobernador Hugo Passalacqua.
Después de tres años de reclamos, prórrogas y advertencias del sector privado, la Legislatura modificó el artículo 7 de la Ley VIII N.º 103 y eliminó la prohibición expresa del uso de glifosato, sus componentes y productos afines en todo el territorio misionero.
La reforma obtuvo dictamen favorable durante la mañana de este jueves y fue incorporada sobre tablas en la sesión nocturna. El acompañamiento de todos los bloques le otorgó un fuerte respaldo político a una decisión que había sido reclamada por productores yerbateros, forestales, tabacaleros, tealeros, ganaderos, citrícolas y representantes de la agricultura familiar.
El cambio no deroga la política de promoción de los bioinsumos ni abandona el objetivo de avanzar hacia una producción con menor impacto ambiental. Lo que desaparece es la obligación de eliminar el glifosato en una fecha predeterminada, aun cuando no existieran sustitutos disponibles, eficaces y económicamente accesibles.
La transición quedará ahora sujeta al desarrollo y la autorización de fitosanitarios más amigables con el ambiente por parte de los organismos nacionales competentes y de las autoridades de los países compradores de productos misioneros. El Poder Ejecutivo provincial tendrá la facultad de establecer los plazos, las condiciones y los requisitos para avanzar en ese proceso.
En términos jurídicos, la modificación representa mucho más que una nueva prórroga. Hasta ahora, la prohibición seguía formando parte de la ley y solamente se postergaba su entrada en vigencia. Con la reforma sancionada, el veto automático desaparece y es reemplazado por un esquema gradual, condicionado por la tecnología disponible, las autorizaciones sanitarias y las exigencias comerciales.
La Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos fue aprobada en junio de 2023 como una de las apuestas ambientales más ambiciosas de Misiones. La norma creó un marco para promover la investigación, el desarrollo, la producción, el registro, la comercialización y la utilización de productos biológicos.
Sin embargo, su artículo 7 incorporó la disposición que desató el conflicto: prohibió en toda la provincia el uso de glifosato, sus componentes y productos afines. La aplicación fue diferida durante dos años con la intención de permitir una reconversión progresiva de los sistemas productivos.
Desde el comienzo, las entidades rurales advirtieron que el plazo legal no contemplaba la realidad de las chacras. El cuestionamiento no se concentró solamente en el costo de los bioinsumos, sino también en su disponibilidad, su eficacia agronómica y la falta de homologación en los mercados nacionales e internacionales.
Antes de que la prohibición entrara plenamente en vigor, el gobernador Hugo Passalacqua dispuso mediante el Decreto 1608/24 una prórroga de cinco años. De esa manera, el horizonte de aplicación se trasladó hasta 2030.
Posteriormente, el Decreto 1675/25 extendió la posibilidad de utilizar el herbicida hasta que los organismos nacionales y los países de destino de las exportaciones autorizaran alternativas más amigables con el ambiente. Esa decisión ya había introducido el criterio que ahora quedó incorporado definitivamente a la ley.
La reforma impulsada por Passalacqua y presentada con la firma de 18 diputados convirtió aquella salida transitoria en una nueva regla permanente. La Legislatura dejó de fijar una fecha rígida y estableció que el reemplazo deberá avanzar cuando existan herramientas capaces de responder a las necesidades reales de cada cadena productiva.
Como había señalado Economis al anticipar la modificación, el cambio no supone una reivindicación del herbicida, sino el reconocimiento de que una prohibición sin sustitutos probados podía aumentar los costos, reducir los rendimientos, fomentar aplicaciones informales y colocar a Misiones en desventaja frente a otras provincias y países competidores.
Un respaldo transversal del sector productivo
La sanción llegó con la conformidad de las principales organizaciones agropecuarias, económicas y forestoindustriales de Misiones y la región.
La Sociedad Rural Argentina respaldó la iniciativa al considerar que aporta estabilidad y certidumbre a los productores. El posicionamiento de una de las entidades de mayor peso político del agro nacional reforzó la demanda para que las transformaciones ambientales sean acompañadas por condiciones técnicas y económicas concretas.
La Confederación Económica de Misiones también manifestó su conformidad. La entidad había cuestionado la prohibición desde su sanción y llegó a reclamar la derogación completa de la Ley de Bioinsumos en representación de productores, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, asesores técnicos y organizaciones vinculadas con las cadenas forestal, yerbatera, tabacalera, tealera, ganadera y citrícola, además de la agricultura familiar y el comercio.
Para la CEM, la adecuación del artículo 7 permite recuperar previsibilidad y evitar que la producción misionera deba competir bajo restricciones que no existen en otras jurisdicciones.
La Asociación Forestal Argentina, que recientemente celebró su 80.º aniversario en Posadas, sostuvo que la nueva norma otorga estabilidad con rango legal. La entidad remarcó que actualmente no existen en el mercado sustitutos de eficacia equivalente comprobada para el control inicial de malezas, una etapa decisiva en la implantación forestal.
También acompañaron la modificación la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes y la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná. Ambas entidades consideraron que la reforma termina con la incertidumbre normativa que condicionó durante los últimos años las decisiones de inversión y los planes productivos del sector.
El objetivo ambiental se mantiene
La eliminación de la prohibición no implica que Misiones abandone la investigación y el desarrollo de bioinsumos. La política provincial continuará apoyándose en organismos como Biofábrica Misiones, universidades e institutos científicos para generar productos basados en microorganismos nativos y soluciones adaptadas a las condiciones locales.
El cambio está en el método. La sustitución ya no dependerá de una fecha impuesta por ley, sino de la existencia de alternativas que estén probadas, certificadas, disponibles a escala, sean económicamente accesibles y tengan reconocimiento en los mercados donde se comercializa la producción misionera.
La nueva redacción busca evitar una contradicción que había quedado expuesta durante el debate: un productor podía verse impedido de utilizar glifosato en Misiones aun cuando el herbicida estuviera autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y admitido por el país comprador. Al mismo tiempo, podía ser obligado a utilizar productos biológicos que todavía no contaran con homologación fuera de la provincia.
Con la votación unánime, la Legislatura cerró esa etapa. La provincia conserva el horizonte de una producción sustentable, pero reconoce que la transformación deberá construirse con ciencia, escala, asistencia técnica y competitividad.
