Día: 3 septiembre, 2026

Milei endurece la ofensiva por Malvinas: sanciones a petroleras, juicios en ausencia y una base naval en Tierra del Fuego

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El presidente Javier Milei anunció una ofensiva diplomática, económica y judicial contra las empresas y los actores internacionales que participen en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el mandatario anticipó la firma de un decreto destinado a acelerar los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

El paquete incluirá, además, el envío al Congreso de una serie de proyectos para endurecer las penas contra las compañías que intervengan en actividades petroleras, pesqueras o económicas dentro del área en disputa. Según adelantó Milei, las firmas sancionadas no podrán trabajar en el territorio nacional y sus responsables podrán quedar expuestos a procesos judiciales en ausencia.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó el Presidente al presentar la iniciativa, acompañado por integrantes del Gabinete nacional.

Milei sostuvo que el reclamo diplomático debe estar respaldado por instrumentos concretos capaces de elevar el costo económico y jurídico para quienes participen en proyectos promovidos por la administración británica en las islas.

“No alcanza con sostener nuestro reclamo. El Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, señaló.

El objetivo declarado es disuadir tanto a empresas privadas como a Estados extranjeros de intervenir en emprendimientos vinculados con la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales en las Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.

Cerca de 180 advertencias a empresas y 29 países

El Presidente reveló que la Cancillería argentina ya envió cerca de 180 notas de desaliento a compañías y gobiernos involucrados directa o indirectamente en proyectos económicos en las islas.

Las comunicaciones alcanzaron a actores radicados en más de 29 países y forman parte de la estrategia oficial para advertir sobre las consecuencias legales de operar en una zona cuya soberanía continúa bajo disputa.

El decreto anunciado por Milei buscará darle “mayor celeridad” a la aplicación de la Ley 26.659. Esa norma prevé sanciones para las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin contar con la autorización correspondiente.

La decisión apunta especialmente contra las compañías vinculadas con nuevos proyectos petroleros en el Atlántico Sur. El Gobierno pretende evitar que las demoras administrativas reduzcan la eficacia del régimen sancionatorio y habiliten a las empresas a avanzar antes de recibir una penalización efectiva.

El Ejecutivo también propondrá reforzar las restricciones para que las compañías involucradas no puedan operar, contratar ni desarrollar negocios dentro de la Argentina. La arquitectura definitiva de las penas dependerá de los proyectos que sean enviados al Congreso.

Una base naval para reforzar la presencia en el Atlántico Sur

La segunda pata del anuncio será militar y logística. Milei confirmó que asignará mayores recursos al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

La instalación buscará reforzar la presencia argentina en el extremo austral, ampliar la capacidad operativa de la Armada y consolidar la proyección estratégica sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

El anuncio coloca nuevamente a Tierra del Fuego en el centro de la política de defensa. Su posición geográfica resulta determinante para el control de los accesos marítimos, la vigilancia de los recursos naturales y el sostenimiento logístico de las campañas antárticas.

“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, expresó Milei.

Con el decreto, las reformas legislativas y la futura base naval, la Casa Rosada procura mostrar un cambio de escala en la política sobre Malvinas: sostener el reclamo diplomático, pero acompañarlo con sanciones económicas, acciones judiciales y una presencia más fuerte en el Atlántico Sur.

La implementación efectiva dependerá ahora de tres factores: el contenido final del decreto, el respaldo que consiga el paquete legislativo en el Congreso y los recursos presupuestarios que reciba el Ministerio de Defensa para materializar la infraestructura anunciada.

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Daniel Artana: “El verdadero indicador macroeconómico que da mal es la inversión”

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La economía argentina consiguió ordenar algunas de sus variables fundamentales, resistió una sucesión de shocks y comenzó a desplegar una potencia exportadora que promete cambiar su estructura durante la próxima década. Pero todavía tiene un punto débil que condiciona todo el programa: la inversión no reacciona.

Daniel Artana puso allí el foco durante una entrevista con Economis en el Encuentro de Ejecutivos de Finanzas realizado en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú. Para el economista, la estabilidad alcanzada es una condición necesaria, pero no garantiza por sí misma un ciclo de crecimiento sostenido. Sin inversión, productividad y reformas estructurales, el orden macroeconómico puede convertirse en una plataforma prolija, aunque insuficiente.

La estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente. Los países no crecen porque tienen inflación; al contrario, la inflación complica el crecimiento económico. Pero se necesitan otras cosas: más inversión y más productividad”, definió.

Artana considera que la Argentina todavía necesita ampliar su horizonte. Aunque el Gobierno haya corregido desequilibrios importantes, entre los empresarios persiste la duda sobre la continuidad política de esas transformaciones. El temor a que el país vuelva a aplicar políticas que no existen en otras economías desalienta decisiones que requieren años para recuperar el capital comprometido.

Esa incertidumbre, sumada a problemas coyunturales, explica por qué la inversión sigue rezagada. No ocurre lo mismo con las exportaciones, que muestran un fuerte dinamismo, ni necesariamente con el producto bruto interno, que soportó numerosos impactos sin desplomarse. Tampoco es el consumo, según su lectura, la principal señal de alarma.

El verdadero indicador que da mal macroeconómicamente es la inversión. Está muy baja”, remarcó.

La estabilidad no compra el crecimiento

El planteo de Artana atraviesa el debate económico de fondo. Bajar la inflación, reducir el déficit y ordenar los precios relativos son pasos imprescindibles, pero no producen automáticamente nuevas fábricas, infraestructura, tecnología ni empleos de mayor productividad.

Para que eso ocurra, el sector privado necesita previsibilidad suficiente para invertir y el Estado debe avanzar en reformas capaces de remover obstáculos acumulados durante décadas. La estabilidad evita que la economía se desordene, pero el crecimiento requiere aumentar la cantidad y la calidad del capital productivo.

La Argentina todavía enfrenta, además, el riesgo de volver atrás. Una parte de las decisiones empresariales continúa suspendida por la pregunta que acompaña a todos los programas económicos del país: cuánto de lo realizado permanecerá después de la próxima elección.

Artana considera que un programa será verdaderamente consistente cuando pueda atravesar la alternancia política sin que se discutan nuevamente sus principios elementales. Lo que definió como el “ABC” económico -aquello tan básico como aceptar que dos más dos es cuatro- debería sobrevivir a los cambios de presidente.

El problema es que todavía existe una parte de la dirigencia dispuesta a desconocer esas reglas. Mientras esa amenaza siga abierta, el horizonte permanecerá corto y la inversión tendrá dificultades para despegar.

La falta de infraestructura apareció como uno de los puntos centrales de la entrevista. La retirada del Gobierno nacional de la obra pública dejó proyectos paralizados y trasladó presión hacia provincias que, al mismo tiempo, enfrentan una menor disponibilidad de recursos y reclamos para reducir impuestos.

Para Artana, la explicación debe buscarse en la forma en que creció el gasto público durante las últimas décadas. El Estado expandió fuertemente sus erogaciones, pero concentró buena parte de ese incremento en gastos corrientes.

En el nivel nacional, los mayores recursos se destinaron principalmente a subsidios económicos y moratorias previsionales. En las provincias y los municipios, el aumento estuvo asociado, en gran medida, con la expansión del empleo público. El economista aclaró que su descripción no supone necesariamente un juicio sobre la legitimidad de esas decisiones, sino la constatación de una restricción básica: el dinero es limitado.

Si uno gasta más en gasto corriente, gasta menos en gasto de capital”, sintetizó.

La Argentina habría recorrido una historia diferente si el auge del gasto público se hubiera dirigido hacia rutas, energía, conectividad, puertos y otras obras capaces de elevar la productividad. Otros países aprovecharon períodos de abundancia para ampliar su infraestructura. El país, en cambio, consolidó compromisos corrientes que luego resultaron difíciles de reducir.

Cuando el Gobierno nacional decidió recortar el déficit fiscal, una de las partidas más castigadas fue la inversión pública. También cayeron con fuerza las transferencias de capital destinadas a las provincias. Los gobiernos subnacionales ajustaron menos, pero quedaron frente a la misma disyuntiva: revisar el gasto corriente o resignarse a invertir poco.

“Las provincias siempre tienen la opción de ser austeras por el lado del gasto corriente para poder gastar más en infraestructura. Tampoco hay mucho espacio para seguir subiendo impuestos. La plata tiene que salir de algún lado, porque mágicamente las cosas no se resuelven”, señaló.

La definición resulta especialmente sensible para Misiones, una provincia que necesita inversiones nacionales para compensar déficits históricos de infraestructura, pero que también debe competir con Brasil y Paraguay, reducir costos internos y sostener servicios públicos con recursos propios.

Artana considera que el Gobierno nacional podría haber moderado algunos movimientos del programa económico. La alternativa, explicó, habría sido acumular una mayor cantidad de reservas y sostener un tipo de cambio “un poco más depreciado” que el actual.

No propone regresar a una devaluación permanente ni construir competitividad exclusivamente a partir de un peso débil. Su observación apunta a la velocidad con la que se produjo el encarecimiento de la economía argentina en dólares y al impacto que ese proceso genera sobre sectores que todavía no alcanzaron niveles suficientes de productividad.

De todos modos, advirtió que el país probablemente será más caro en dólares que en otros momentos de su historia. Esa tendencia no necesariamente expresa una anomalía: puede ser el resultado de una economía que aumenta con fuerza su capacidad de generar divisas.

“Si no matamos la gallina de los huevos de oro que nos da el campo, la minería, los hidrocarburos y muchos sectores industriales que están aumentando sus exportaciones, esta economía va a ser más cara en dólares de lo que fue históricamente”, explicó.

La proyección que trazó es ambiciosa: en menos de una década, la Argentina podría alcanzar exportaciones por 200.000 millones de dólares anuales. El salto sería impulsado por los recursos naturales, pero también por actividades industriales que ya consiguen colocar más producción en el exterior. La carne es uno de los ejemplos mencionados por el economista.

Ese flujo de dólares cambiaría la estructura económica. También tendería a apreciar los costos internos y obligaría a elevar la productividad. El problema, otra vez, es qué ocurre durante la transición con los sectores que no participan del boom exportador.

No todas las actividades cuentan con petróleo, gas, minerales o una demanda externa en expansión. Parte de la industria depende del mercado interno, arrastra problemas de escala y debe competir después de años de operar dentro de una economía protegida.

Para Artana, esos sectores deberán reconvertirse. El proceso no será inmediato ni indoloro.

“Hay actividades con problemas de demanda interna y esas reconversiones no son fáciles”, reconoció.

La construcción sufrió el golpe más directo por el derrumbe de la inversión pública. Después de una caída muy fuerte, mostró una recuperación parcial, volvió a retroceder y todavía no consiguió estabilizar un sendero de crecimiento. La industria, por su parte, permanece estancada en un nivel relativamente bajo.

Sin embargo, Artana encontró una señal menos negativa: la producción industrial lleva varios meses sin continuar cayendo. El piso puede ser bajo, pero al menos dejó de profundizarse el deterioro.

“Uno puede decir que está en un nivel bajo, y es cierto. Pero por lo menos no cae desde hace varios meses”, observó.

Su expectativa es que la industria empiece a reaccionar a medida que las empresas introduzcan mejoras, eleven su productividad y adapten sus estructuras. No habrá una recuperación uniforme: algunas compañías conseguirán reconvertirse y otras encontrarán mayores dificultades para sobrevivir en una economía más abierta y competitiva.

La combinación entre menor obra pública nacional, presión tributaria elevada y gasto corriente rígido deja a las provincias ante una ecuación incómoda. Necesitan invertir para mejorar su competitividad, pero tienen poco margen para aumentar impuestos y enfrentan resistencias para reducir estructuras estatales consolidadas.

Artana no ofreció una salida sencilla. Precisamente, advirtió que no existe. Si las provincias quieren recuperar capacidad de inversión, deberán revisar prioridades y liberar recursos actualmente absorbidos por gastos corrientes.

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Javier Timerman: “El Gobierno está jugando demasiado al borde y es riesgoso subestimar el malestar de la gente”

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La estabilidad puede ser una condición necesaria para crecer. Pero todo depende de qué se entienda por estabilidad. Para Javier Timerman, la Argentina todavía está lejos de haberla conquistado: consiguió ordenar algunos indicadores económicos, moderar la inflación y encaminar una transformación de su estructura productiva, pero aún no logró convencer a los inversores de que esas reglas sobrevivirán al próximo cambio político.

Esa fue la definición central que dejó el asesor financiero, con cuatro décadas de experiencia en el mercado estadounidense, durante el Encuentro de Ejecutivos de Finanzas realizado en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú.

En una entrevista con Economis, Timerman cuestionó la idea de que uno o dos años de calma sean suficientes para considerar estabilizada a una economía marcada históricamente por crisis, cambios abruptos de rumbo y políticas que se desarman con cada nuevo gobierno.

“Primero deberíamos definir qué es estabilidad. Yo creo que con la estabilidad sí alcanza, pero definamos estabilidad. Estabilidad no es que durante un año, un año y medio o dos los indicadores económicos estén estables. Eso significa que hay indicadores económicos estables”, diferenció.

Para el analista, la verdadera estabilidad llegará cuando la comunidad inversora acepte que la Argentina ya no tiene vuelta atrás en determinadas políticas. No será el resultado de una baja temporal de la inflación ni de algunos meses de tranquilidad cambiaria, sino de una acumulación prolongada de confianza.

“Para un país como la Argentina, eso no demanda dos años. Probablemente demande diez”, afirmó.

Timerman sostiene que la estabilidad no puede limitarse a una planilla económica. También requiere acuerdos políticos, instituciones previsibles y un debate público menos violento. El país será estable, explicó, cuando un cambio de gobierno no implique nuevamente la demolición de todas las reglas construidas por la administración anterior.

“Habrá estabilidad cuando el cambio político no altere determinadas reglas de juego, cuando los partidos las acepten, el discurso baje varios decibeles y el péndulo deje de asustarnos”, señaló.

Mientras esas condiciones no aparezcan, la economía continuará atravesando períodos de mayor tranquilidad y otros de renovada desconfianza. Ese movimiento explica, a su entender, por qué muchas compañías mantienen una posición cautelosa a pesar de reconocer los avances macroeconómicos.

El razonamiento del inversor todavía es defensivo: no sabe si las condiciones actuales tendrán continuidad y, por lo tanto, demora proyectos, reduce su exposición o invierte menos de lo que podría. En ese escenario, la estabilidad no está consolidada: apenas hay indicadores que, por ahora, permanecen relativamente ordenados.

“Cuando alguien dice ‘yo no sé qué va a pasar’, entonces no hay estabilidad”, resumió.

La diferencia no es semántica. Define cuánto capital está dispuesto a arriesgar el sector privado, durante cuánto tiempo y en qué actividades. La inversión de largo plazo exige algo más que una foto favorable: necesita la certeza de que el próximo gobierno no volverá a cambiar el tablero.

Timerman reconoce que los indicadores actuales muestran una transformación de la economía argentina. También advierte que una modificación de semejante profundidad inevitablemente produce ganadores y perdedores.

Durante décadas, numerosas empresas operaron dentro de una economía cerrada, sin crédito y con escasa competencia. En lugar de invertir para mejorar su productividad o conquistar mercados, destinaban apenas lo indispensable para mantener la facturación. La apertura encuentra ahora a una parte de ese entramado empresario rezagado, con dificultades para competir y sin certezas sobre su propia supervivencia.

“Cuando se hacen estas transformaciones no se puede esperar que no haya sectores beneficiados y sectores perjudicados. Es imposible evitarlo”, sostuvo.

El problema no se limita a las compañías que quedaron atrasadas. También alcanza a aquellas que podrían desarrollar productos competitivos, incorporar tecnología y buscar nuevos destinos, pero que todavía temen que el péndulo político vuelva a moverse en sentido contrario antes de que sus inversiones maduren.

La Argentina queda así atrapada en una contradicción: necesita inversiones para fortalecer su competitividad, pero la falta de continuidad política desalienta precisamente los proyectos que podrían sostener ese cambio.

La transformación tampoco impacta de manera uniforme sobre el territorio. Mientras sectores como la minería, la energía y buena parte del agro aparecen como los grandes ganadores del nuevo esquema, otras economías regionales enfrentan costos elevados, falta de infraestructura, asimetrías fronterizas y problemas de competitividad que no se resuelven únicamente con estabilidad macroeconómica.

En Misiones, esa discusión adquiere una dimensión concreta. La provincia no cuenta con gas natural, soporta mayores costos logísticos y energéticos y compite diariamente con las economías de Brasil y Paraguay. Tampoco dispone de la escala de las provincias mineras, petroleras o productoras de soja.

Timerman consideró que el programa económico debe reconocer esas diferencias y construir, junto con los gobernadores, políticas capaces de equilibrar las condiciones de provincias e industrias muy distintas.

“El plan económico debería tomar en cuenta las diferencias entre las regiones de la Argentina. Tiene que haber una política acordada con los gobernadores, con ciertos consensos que permitan equilibrar lo que ocurre en las distintas provincias y actividades”, planteó.

El asesor financiero destacó que la Argentina logró volverse atractiva en sectores que años atrás parecían condenados al estancamiento. El caso de la energía demuestra, a su juicio, que es posible transformar ventajas potenciales en actividades competitivas. El desafío consiste en detectar qué otros sectores pueden recorrer un camino similar.

Eso supone revisar también el papel del Estado. Timerman rechazó los dos extremos que suelen dominar la discusión argentina: la idea de que el Estado no sirve para nada y aquella que lo presenta como solución para todos los problemas.

“Hay que evaluar los sectores en los que la Argentina puede ser competitiva y utilizar al Estado para incentivar determinadas industrias, pero hacerlo inteligentemente, como hacen todos los países”, explicó.

El péndulo ideológico impide construir una estrategia productiva de largo plazo. Mientras la discusión permanezca atrapada entre la ausencia total del Estado y su intervención permanente, será difícil diseñar una política capaz de atender a empresas, actividades y provincias con necesidades profundamente diferentes.

El riesgo de una economía de serrucho

La pregunta decisiva es cuánto tiempo están dispuestas a esperar la sociedad y la dirigencia política. Timerman considera peligroso suponer que una economía con avances y retrocesos, ganadores visibles y perdedores persistentes puede mantenerse indefinidamente sin producir consecuencias electorales.

“Es muy riesgoso pensar que esta economía de serrucho, donde hay ganadores y perdedores, no tendrá en algún momento consecuencias políticas. El Gobierno está jugando demasiado al borde de algo que no sabemos cómo puede terminar”, advirtió.

El problema se vuelve más delicado porque, según su mirada, todavía no existe una alternativa política que garantice la continuidad de los avances alcanzados y, al mismo tiempo, corrija los costos de la transición. Si el malestar se traduce en un voto de castigo, la respuesta podría ser otro movimiento violento del péndulo.

Timerman recordó la volatilidad que precedió a las elecciones presidenciales de 2023. Horacio Rodríguez Larreta comenzó aquel año como uno de los principales aspirantes; después apareció Patricia Bullrich; Sergio Massa llegó a ejercer durante algunas semanas una centralidad casi presidencial y finalmente Javier Milei ganó el balotaje.

“No sabemos qué puede pasar. Es riesgoso subestimar que la gente muchas veces diga: ‘Entiendo que la estabilidad de los indicadores es importante, pero si a mí me va mal en lo personal, voto un cambio’”, sostuvo.

La advertencia toca el núcleo del dilema oficial. El Gobierno puede exhibir equilibrio fiscal, desaceleración inflacionaria y ordenamiento de las variables financieras, pero esos resultados no garantizan respaldo político si una parte importante de la sociedad no percibe mejoras en su empleo, sus ingresos o su capacidad de consumo.

Timerman también cuestionó con dureza a la oposición. Aseguró que el peronismo todavía no consiguió construir una agenda que incluya una autocrítica sobre sus gobiernos ni una definición clara frente a los principales debates económicos.

“El peronismo no logra discutir una agenda que contenga cierta autocrítica. Hoy no se sabe qué piensa”, afirmó.

Puso como ejemplo la discusión sobre la independencia del Banco Central. Dentro del mismo espacio conviven dirigentes que rechazan la iniciativa, otros que podrían acompañarla y sectores que ni siquiera explicitan una posición. Esa ambigüedad impide saber si las decisiones responden a convicciones económicas o simplemente a necesidades tácticas.

En el caso de Axel Kicillof, Timerman sugirió que el gobernador bonaerense podría estar priorizando la construcción territorial y la incorporación de intendentes antes que la formulación de una propuesta nacional. Para el analista, el peronismo está concentrado en la competencia política, pero posterga la tarea más importante: ofrecer una alternativa programática.

La diferencia con el oficialismo, observó, es evidente. Se puede coincidir o no con Milei, pero sus funcionarios repiten una orientación reconocible: consideran que la inflación debe continuar bajando, plantean que la mora es una relación entre privados y anticipan que profundizarán las reformas. Del otro lado, en cambio, aparecen grandes objetivos -más empleo, producción o desarrollo- sin políticas concretas para alcanzarlos. “Son objetivos, no políticas”, sintetizó.

Timerman consideró que la oposición cometerá un error si propone regresar al punto de partida. La sociedad puede buscar un gobierno que resuelva los problemas que la gestión de Milei no solucionó, pero difícilmente quiera renunciar a los avances obtenidos en materia de estabilidad de precios y orden macroeconómico.

Por eso, estimó que el peronismo debería reconocer los logros del Gobierno y concentrarse en aquello que considera necesario corregir. Allí podría encontrar una agenda propia: administrar la transición hacia una economía más abierta sin destruir la matriz industrial, diseñar políticas de reconversión y contemplar los tiempos que requieren empresas, trabajadores y provincias para adaptarse.

Sería más inteligente que el peronismo reconociera los logros de este Gobierno y apuntara a solucionar lo que todavía no fue resuelto. Pero no lo hace. No discute”, cuestionó.

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Con la estabilidad sola no alcanza: empresarios respaldan el rumbo, pero advierten por los costos de la transición

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Con la estabilidad sola no alcanza. Y ¿qué estabilidad? En el salón de convenciones del Loi Suites quedó revoloteando esa paradoja. El consenso de que con la estabilidad es una condición necesaria, pero por sí sola no alcanza. Y la pregunta sobre qué tipo de estabilidad está parada la Argentina. Entre los ejecutivos de finanzas de las principales empresas del país, no hay dudas de que las reformas macro que impuso Javier Milei son correctas, pero al mismo tiempo, admiten que pueden no ser suficientes para contener a una economía que anda en varias velocidades a la vez y, sobre todo, a quienes son las víctimas necesarias de un proceso de “destrucción creativa”. El mejor ejemplo de esas velocidades es que la visita del presidente Javier Milei -la primera desde que asumió- chocará de lleno con una protesta de productores yerbateros que reclaman por la caída de los precios que impuso la desregulación, pilar de la economía libertaria.

Pese a eso, hay confianza en que la desaceleración de la inflación es clave para fortalecer inversiones. Esa es la principal conclusión de una encuesta presentada con la participación de más de 100 de las principales empresas líderes de la Argentina. Los ejecutivos consultados prevén para el 2026 un crecimiento en las ventas y en la rentabilidad de sus compañías.   

Con respecto a las inversiones, el 84% de los empresarios destacó que crecerán o permanecerán constantes con relación al 2025. Este año estuvieron enfocadas principalmente en activos fijos, incorporación de tecnología y fortalecimiento del capital de trabajo. 

Pese a la alta expectativa, la primera jornada del encuentro realizado en la ciudad de las Cataratas careció de representantes del Gobierno nacional, aunque se espera que este viernes estén el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el de Economía, Luis Caputo y finalmente, el presidente Javier Milei. Sturzenegger, al igual que Patricia Bullrich, eran esperados este jueves, pero uno no llegó y la senadora optó por esperar la cadena nacional presidencial.

La postal del primer día de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas fue, entonces, la de un empresariado que respalda el rumbo general, pero comienza a ponerle condiciones al entusiasmo. El déficit cero, la baja de la inflación, la eliminación de la maraña cambiaria y la recuperación de estadísticas públicas confiables ya no aparecen como materias de discusión. El interrogante se trasladó a otro terreno: cuánto tiempo puede sostenerse la transición sin que sus costos económicos y sociales terminen debilitando las propias reformas.

Pablo Miedziak, presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, lo explicó con la imagen más potente de la jornada: en la Argentina corren dos relojes y no marcan la misma hora.

Uno es el reloj de las reformas estructurales. Allí entran la reforma laboral, el rediseño tributario, la transformación del Estado y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Son decisiones cuyos resultados se miden en años o décadas y que, según Miedziak, pueden definir el perfil productivo del país durante los próximos veinte años.

El otro es el reloj de la caja. No tiene la paciencia de la macroeconomía ni puede esperar a 2030. Es el de la pequeña y mediana empresa que debe pagar los salarios el cuarto día de cada mes, el del productor yerbatero que necesita liquidar la cosecha, el del hotel de Puerto Iguazú que factura en pesos y compite con Brasil o Paraguay y el del comerciante obligado a renovar capital de trabajo con tasas muy superiores a las vigentes en los países vecinos.

La distancia entre ambos tiempos concentra la principal amenaza. Las mismas medidas que podrían generar una economía más competitiva en el largo plazo también pueden acelerar, en el presente, la caída o reconversión de empresas y actividades que no tienen espalda financiera para esperar los beneficios prometidos. No es una impugnación del programa económico. Es el reconocimiento de que el tránsito hacia ese nuevo modelo tiene ganadores, perdedores y plazos que no siempre coinciden.

Para Miedziak, si ambos relojes no consiguen encontrarse, el peligro es el regreso del péndulo argentino: un nuevo salto desde una economía cerrada y regulada hacia una apertura extrema, o viceversa. La sustentabilidad de las reformas dependerá, por lo tanto, de que comiencen a producir resultados visibles en la vida cotidiana.

“No hay reforma sostenible sin resultados que la gente vea e impacte en su realidad personal y familiar”, planteó. La definición condensó el tono del encuentro: respaldo al rumbo, pero también un pedido para que el orden macroeconómico deje de ser solamente una promesa futura y empiece a convertirse en inversión, empleo y mejora de los ingresos.

Empresas resistentes, pero todavía cautelosas

La encuesta anual sobre financiación e inversión elaborada por EY Argentina y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas expuso esa mezcla de confianza y prudencia. El relevamiento, que alcanza a más de cien compañías líderes, mostró que el proceso de estabilización todavía avanza de manera heterogénea.

Durante el último año, el 51% de las empresas indicó que sus ventas aumentaron, una proporción inferior al 62% registrado en el relevamiento anterior. En el otro extremo, el 32% informó una caída. La rentabilidad tampoco mostró un resultado uniforme: mejoró para el 32%, permaneció estable para el 30% y empeoró para el 34%.

La expectativa mejora cuando las compañías miran hacia 2027. El 68% prevé un crecimiento de sus ventas y el 53% espera una mayor rentabilidad. Casi la mitad proyecta aumentar sus inversiones, principalmente en bienes de capital e incorporación de tecnología, dos destinos que concentraron el 70% de las respuestas. Otro 19% planea reforzar el capital de trabajo.

La inversión, sin embargo, todavía depende demasiado de los recursos propios. La autofinanciación representa el 31% de las fuentes utilizadas por las compañías, seguida por los bancos y entidades financieras locales, con el 22%, y los aportes de las casas matrices, con el 15%. Para el 69% de los ejecutivos, las necesidades de financiamiento no cambiaron respecto del año anterior, un dato que también revela cautela frente al endeudamiento.

Alejandro Kelman, socio de EY Argentina, explicó que la autofinanciación continúa funcionando como el refugio natural de las empresas mientras se consolida el orden macroeconómico. El desafío será recuperar el crédito estructurado y el mercado de capitales para financiar proyectos de una escala que los balances empresarios difícilmente puedan sostener por sí solos.

Energía, agro e infraestructura encabezan las expectativas

La energía volvió a destacarse como el sector con mayor potencial de crecimiento, con el 37% de las menciones. Le siguieron los agronegocios, con el 23%, y la infraestructura, con el 17%. Son, precisamente, tres sectores que exigen inversiones de largo plazo, financiamiento abundante y reglas que sobrevivan a los cambios de gobierno.

Para mejorar la competitividad, el 61% de los ejecutivos reclamó una simplificación tributaria y administrativa. Otro 19% pidió acuerdos entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas. Entre los incentivos fiscales, el 29% se inclinó por reducir alícuotas a cambio de reinvertir utilidades y el 28% propuso bajar las cargas sociales cuando se genere nuevo empleo.

La confianza necesaria para invertir sigue atada a tres demandas centrales: un plan económico claro y sustentable, mencionado por el 27%; una reforma tributaria que estimule la inversión, elegida por el 25%; y una política cambiaria estable, señalada por el 20%.

El respaldo al rumbo, en consecuencia, no equivale a un cheque en blanco. Los empresarios valoran la reducción de la inflación y la normalización de variables básicas, pero quieren saber si esas condiciones podrán sostenerse y si estarán acompañadas por impuestos más simples, crédito, infraestructura y reglas previsibles.

La tecnología aparece como otra frontera decisiva. El 28% de los consultados señaló a la inteligencia artificial como una de las tendencias con mayor impacto sobre sus negocios, mientras que el 26% manifestó preocupación por la irrupción de competidores no tradicionales. Para pasar de la estabilidad al crecimiento, el 30% priorizó aumentar la productividad mediante la integración de inteligencia artificial y tecnología, y el 29% volvió a reclamar reglas básicas que permitan planificar a largo plazo.

La microeconomía, la deuda pendiente

El economista Daniel Artana llevó la discusión hasta el núcleo del problema. La inflación, advirtió, afecta negativamente el crecimiento, pero derrotarla no resuelve por sí sola los déficits acumulados durante décadas. La macroeconomía puede encaminarse mientras la micro continúa atrapada entre baja productividad, informalidad, escasa innovación, deterioro del capital humano y una infraestructura insuficiente.

La inversión argentina apenas supera el 17% del producto, un nivel demasiado bajo para sostener una expansión robusta y prolongada. El rezago no nació con el actual Gobierno, sino que es consecuencia de lo que Artana definió como una “larga siesta de décadas”. Mientras el mundo atraviesa la revolución de la inteligencia artificial, la Argentina todavía debe reconstruir condiciones elementales para competir.

La salida implica asumir costos. Algunas empresas conseguirán reconvertirse; otras quedarán en el camino. Esa dinámica genera tensiones económicas, sociales y políticas que no pueden descartarse como un daño colateral sin importancia. La pregunta de largo plazo, señaló Artana, es qué dolor está dispuesta a soportar la sociedad para modificar una estructura que lleva dos décadas con la productividad estancada.

Allí reaparece la paradoja que atravesó toda la jornada. La estabilidad es imprescindible porque sin ella no hay cálculo posible, no existe crédito de largo plazo y cualquier inversión queda rehén de la próxima crisis. Pero la estabilidad también debe ser examinada por su calidad: puede haber equilibrio fiscal con empresas sin financiamiento, calma cambiaria con sectores incapaces de competir y menor inflación con familias cuyos ingresos todavía no alcanzan.

El empresariado reunido en Puerto Iguazú no pidió abandonar el programa ni volver atrás. Al contrario, consideró que las reformas deben sostenerse. Pero dejó una advertencia: el orden de las grandes variables solamente será políticamente durable si consigue bajar hasta la economía real.

En el Loi Suites hubo confianza, aunque sin euforia. Las empresas creen que pueden vender más, mejorar su rentabilidad e invertir. También saben que el crédito sigue siendo escaso, que la presión tributaria reduce competitividad y que no todos llegarán con la misma fortaleza al final del ajuste.

El Gobierno propone pasar de la estabilidad al crecimiento. Los ejecutivos financieros coinciden con ese destino. La discusión que quedó abierta en Puerto Iguazú es cómo atravesar el camino sin que el reloj de las reformas termine quedándose sin empresas, trabajadores y respaldo social antes de marcar la hora prometida.

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Kast ratificó ante Milei “los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas”

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El presidente chileno José Antonio Kast reiteró este jueves durante su reunión con Javier Milei “el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

En ese sentido, según indicó un comunicado de la Oficina del Presidente luego de la reunión bilateral llevada adelante en Santiago de Chile, el mandatario trasandino “ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”. 

Por su parte, Milei agradeció a Kast “en nombre del Gobierno argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas” y expresó que “se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

El Gobierno argentino valoró “el excelente estado de la relación bilateral y el alto nivel de coincidencias existente entre ambos Gobiernos” y reafirmaron que “el vínculo entre la Argentina y Chile constituye un espacio prioritario de coordinación en América del Sur”.

Entre otros ejes que marcaron la agenda de temas de conversación, los mandatarios valoraron la aprobación de nuevos Protocolos Adicionales Específicos en el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera, un instrumento “único en su tipo en el mundo, que permitirán el desarrollo de proyectos binacionales de gran escala a ambos lados de la cordillera y la atracción de inversiones de largo plazo”. 

Los presidentes subrayaron “la complementariedad existente en materia energética y el carácter de la República Argentina como proveedor estable y confiable de gas y petróleo para Chile”.

Otro tema de conversación fue el vinculado al combate a la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y el terrorismo, y en esa línea acordaron profundizar la cooperación bilateral.

En ese marco, Kast valoró “el compromiso asumido por la República Argentina destinado a materializar a la brevedad posible la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán”.

Otro punto de conicidencia fue en materia antártica y de límites geográficos. incluyendo “el reconocimiento mutuo de los respectivos derechos y la coadministración de zonas especialmente protegidas”

“Ambos Presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho”, resaltó la Oficina del Presidente en el comunicado.

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