El fútbol se asocia a contratos altos, pero el problema de fondo es otro: el retiro llega temprano y el ingreso se corta de golpe. Una carrera de élite dura entre 8 y 11 años y termina, en promedio, entre los 31 y los 35. En la mayoría de los casos, ese sueldo no sostiene a una persona sino a un grupo familiar entero, que además se organizó alrededor de la carrera: mudanzas por transferencias, escuelas que cambian, padres y hermanos que acompañan.
La mayoría llega a esa fecha sin plan. La encuesta Mind the Gap, realizada por investigadores de la Universidad de Bruselas para FIFPro entre 282 jugadores y jugadoras de 33 países, mostró que un 54% no recibió ninguna asistencia para planificar su segunda carrera, que para un 46% el final llegó de manera inesperada —por una lesión u otra razón— y que solo un 33% dijo sentirse con confianza sobre esa etapa.
Del ladrillo a la franquicia
Históricamente, el destino del ahorro de un futbolista fue el mismo: el ladrillo. Departamentos para alquiler, lotes, participaciones en desarrollos inmobiliarios. Es la inclinación natural del jugador argentino a invertir en algo que pueda ver y tocar, según describen los asesores financieros que trabajan con deportistas.
Ese camino sigue vigente, pero dejó de ser el único. En los últimos años creció de manera sostenida un segundo destino: la franquicia. Un caso reciente y visible es el de Carlos Quintana, el ex defensor de Rosario Central, que abrió una franquicia de la panadería y cafetería Heroica en Palermo.
La diferencia entre las dos opciones no es el monto: es el trabajo. El ladrillo rinde solo; un local hay que abrirlo todos los días. Por eso, en la mayoría de estos casos, el jugador aporta el capital y la decisión, y la operación diaria queda en manos de la familia -la pareja, un hermano, el padre- mientras él sigue entrenando o jugando afuera. La franquicia funciona porque le entrega a ese grupo familiar una marca probada, procesos escritos, proveedores y capacitación: no tienen que inventar algo que no saben, tienen que operar bien un negocio que ya funciona en varios puntos del país.
Marcelo Bernardini, socio fundador de Franquicias Que Crecen, trabaja hace años con inversores que buscan ingresar al sistema de franquicias y describe un cambio claro en el perfil de estas consultas.
“Antes al deportista lo llamaban para otra cosa: para que pusiera la cara, prestara el nombre o fuera socio de un lugar que en realidad manejaba otro. Y cuando invertía por su cuenta, casi siempre era en ladrillos: un departamento, un terreno o concesionarias de autos en los 90´s. Eso cambió. Hoy vienen ellos a la oficina y no viene el jugador, viene la personas al igual que cientos de emprendedores que nos visitan para entender el negocio, los números, cómo se opera, cuántas horas hay que dedicarle y cuánto se tarda en recuperar la inversión”.
“Lo que más se nota es el cambio de momento. Antes te golpeaban la puerta después del retiro, cuando el ingreso ya se había cortado y había que resolver qué hacer. Ahora vienen en actividad, con 27, 28 años, y muchas veces vienen acompañados: con la mujer, con un hermano, con el padre. Porque saben que la carrera dura ocho, diez años y que el negocio lo va a llevar adelante la familia mientras ellos todavía juegan”.
“Nosotros lo vemos cada vez más seguido, y no es un caso aislado: es una tendencia que crece. El que ya ganó en la cancha no busca un local, busca un sistema que funcione sin él adentro. Están armando el segundo tiempo mientras todavía juegan el primero”.
El futbolista es la versión extrema de algo que le pasa a cualquiera: un ingreso que depende del cuerpo, del club o del jefe, y que un día se corta. El albañil, el repartidor y el camarero también tienen esta misma condición; solo que la suya no sale en la tele. La pregunta es la misma: qué hago hoy con lo que gano para que mañana siga rindiendo.
El diagnóstico de PISA 2025 deja pocas zonas grises para la Argentina. Los estudiantes de 15 años obtuvieron peores resultados que en la evaluación anterior en las tres competencias centrales y el deterioro no se limita al puntaje promedio: aumentó también la proporción de alumnos que no alcanza los conocimientos considerados mínimos.
La evaluación, organizada por la OCDE, alcanzó en 2025 a más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías. En Argentina participaron 11.093 alumnos de alrededor de 412 escuelas, mediante una muestra representativa a nivel nacional. En América Latina participaron 13 países.
El resultado central puede resumirse en tres números: 389 puntos en Lectura, 367 en Matemática y 393 en Ciencias. Argentina quedó 62° del mundo en Lectura, 75° en Matemática y 71° en Ciencias. Y existe una llamativa regularidad regional: quedó octava entre los 13 países latinoamericanos en las tres pruebas.
Argentina contra sí misma: las tres pruebas empeoraron
La primera comparación relevante es contra PISA 2022.
Área
PISA 2022
PISA 2025
Variación
Caída %
Lectura
401
389
-12
-3,0%
Matemática
378
367
-11
-2,9%
Ciencias
406
393
-13
-3,2%
No hubo ninguna disciplina capaz de compensar a las demás. La caída más grande en términos absolutos ocurrió en Ciencias, con 13 puntos menos. Le siguieron Lectura, con 12, y Matemática, con 11.
Pero existe una diferencia importante cuando se compara la trayectoria argentina con la de la OCDE. En Lectura, el retroceso argentino del 3% estuvo aproximadamente en línea con la caída del promedio OCDE, que fue del 3,2%. En cambio, Argentina cayó bastante más que la OCDE en Matemática y, sobre todo, en Ciencias: mientras el país perdió 2,9% y 3,2%, respectivamente, el promedio OCDE retrocedió 1,9% en Matemática y apenas 0,6% en Ciencias.
Esto convierte a Ciencias en una de las señales más relevantes de PISA 2025: era justamente el área foco de esta edición y Argentina cayó hasta 393 puntos, prácticamente el mismo nivel de 2006.
Argentina quedó en la segunda mitad de América Latina
La comparación regional también resulta adversa. En las tres disciplinas, Argentina quedó detrás del mismo grupo de siete países: Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia. Sólo consiguió superar a Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay -con algunos empates según el área-.
Entre los países limítrofes que participaron de PISA 2025, la fotografía es especialmente clara:
País vecino
Lectura
Matemática
Ciencias
Uruguay
423
405
445
Chile
436
403
442
Brasil
408
388
409
Argentina
389
367
393
Paraguay
352
334
355
Bolivia no integra el conjunto de países latinoamericanos participantes consignado en el informe, por lo que no corresponde incorporarla a esta comparación.
La conclusión es contundente: Argentina solamente supera a Paraguay entre sus vecinos evaluados. Y las distancias son considerables.
Contra Uruguay, Argentina queda 34 puntos abajo en Lectura, 38 en Matemática y 52 en Ciencias. Frente a Chile, la diferencia alcanza 47 puntos en Lectura, 36 en Matemática y 49 en Ciencias. Incluso Brasil, cuyo desempeño está bastante más cerca del argentino, obtiene 19 puntos más en Lectura, 21 más en Matemática y 16 más en Ciencias.
Paraguay queda por debajo de Argentina: 37 puntos menos en Lectura, 33 en Matemática y 38 en Ciencias.
La evolución desde 2022 agrega una dimensión relevante. Argentina no sólo tiene puntajes inferiores a Brasil sino que, mientras los estudiantes argentinos retrocedieron en las tres áreas, el vecino mostró una evolución comparativamente más favorable en Matemática y Ciencias.
Algo parecido ocurre con Uruguay: continúa muy por encima de Argentina y en Ciencias alcanza 445 puntos, el mejor resultado de América Latina en 2025, ligeramente por encima de Chile.
Esto significa que el problema argentino no puede explicarse únicamente por una caída internacional posterior a la pandemia: en determinadas áreas otros sistemas educativos regionales consiguieron sostenerse o mejorar mientras Argentina retrocedió.
Matemática es la gran emergencia
El puntaje promedio cuenta solamente una parte de la historia. Probablemente el indicador socialmente más importante sea cuántos estudiantes alcanzan el nivel 2, definido como el umbral mínimo de competencia.
Aquí aparece el resultado más crítico de toda la evaluación.
En Matemática, el 76% de los estudiantes argentinos está por debajo del nivel 2. Es decir, solamente alrededor de uno de cada cuatro alcanza el umbral mínimo.
El promedio de la OCDE presenta una situación exactamente inversa: allí el 35% queda debajo del mínimo y el 65% lo alcanza o supera.
La composición argentina es todavía más reveladora:
49% está por debajo del nivel 1a.
27% se encuentra en nivel 1a.
Sólo 24% alcanza los niveles 2, 3 o 4.
Prácticamente 0% llega a los niveles 5 o 6.
En Uruguay, en cambio, el 43% alcanza al menos el nivel 2; en Chile lo hace el 41%; en Brasil, 28%. Argentina queda en 24% y Paraguay apenas en 9%. El promedio OCDE alcanza el 65%, incluyendo un 8% de estudiantes en los niveles más altos.
Dicho de otro modo: Chile tiene proporcionalmente casi 70% más estudiantes que Argentina capaces de superar el piso mínimo de Matemática.
Más preocupante todavía es que no se trata de un accidente estadístico de 2025. La proporción de estudiantes argentinos por debajo del nivel mínimo de Matemática presenta una secuencia casi perfectamente ascendente:
64% en 2006 → 64% en 2009 → 66% en 2012 → 69% en 2018 → 73% en 2022 → 76% en 2025.
Desde 2009, cada medición disponible fue peor que la anterior. En dieciséis años, la proporción de alumnos que no domina los conocimientos mínimos pasó de 64% a 76%: 12 puntos porcentuales adicionales.
Esta probablemente sea una de las conclusiones estructurales más importantes del informe: la crisis matemática argentina precede ampliamente a la pandemia y atraviesa administraciones nacionales de distinto signo político.
Lectura: seis de cada diez alumnos no alcanzan el nivel mínimo
En Lectura, Argentina obtuvo 389 puntos, contra 401 en 2022. Está 72 puntos debajo del promedio OCDE y quedó 62° entre los 91 sistemas educativos evaluados.
Pero nuevamente el indicador de niveles muestra la profundidad del problema.
El 59% de los estudiantes argentinos no alcanza el nivel mínimo. El 29% está incluso por debajo del nivel 1a y otro 30% permanece en ese nivel.
Solamente el 41% llega al nivel 2 o superior.
La brecha con los vecinos es grande. En Chile, el 62% alcanza al menos el nivel 2; en Uruguay, 57%; Brasil, 49%; Argentina, 41%. Paraguay queda considerablemente más abajo, con 23%.
El promedio OCDE es radicalmente diferente: 69% alcanza como mínimo el nivel 2 y 6% se encuentra en los niveles superiores.
La comparación histórica vuelve a complicar el diagnóstico. Argentina obtuvo 418 puntos en Lectura en PISA 2000. En 2025 consiguió 389. Son 29 puntos menos.
La proporción de estudiantes debajo del mínimo pasó, además, de 44% en 2000 a 59% en 2025.
Es decir que, después de un cuarto de siglo, el sistema tiene 15 puntos porcentuales más de estudiantes con bajo desempeño lector.
La trayectoria intermedia muestra oscilaciones -58% en 2006, 52% en 2009, 54% en 2012, 52% en 2018 y 55% en 2022-, pero el 59% de 2025 representa el peor valor de la serie presentada.
Ciencias merece una lectura diferente. Argentina había mostrado durante años una llamativa estabilidad: 391 puntos en 2006 y 393 en 2025. Vista de punta a punta, prácticamente no hay diferencia.
La proporción de estudiantes debajo del mínimo había oscilado entre 51% y 56% durante casi dos décadas. Fue 56% en 2006, 52% en 2009, 51% en 2012, 53% en 2018 y 54% en 2022. En 2025 saltó a 59%.
Argentina obtuvo 393 puntos, 13 menos que en 2022, mientras el promedio OCDE apenas retrocedió 0,6%.
Entre los vecinos, Uruguay llega a 445, Chile a 442 y Brasil a 409. Argentina queda nuevamente cuarta entre los cinco países limítrofes participantes.
También aquí aparece una fuerte diferencia en los niveles mínimos: los alumnos que alcanzan al menos el nivel 2 representan aproximadamente 64% en Uruguay, 64% en Chile, 48% en Brasil y sólo 41% en Argentina. Paraguay registra 24%.
PISA 2025 muestra dos fenómenos simultáneos: una enorme concentración de alumnos en los niveles bajos y una presencia prácticamente inexistente en los niveles de excelencia. En Matemática, Argentina prácticamente no registra estudiantes en nivel 5 o superior. En Lectura tiene apenas 1% y en Ciencias, 1%. La OCDE registra, respectivamente, 8%, 6% y 7%.
Por lo tanto, la brecha educativa argentina no se limita a conseguir que los estudiantes rezagados lleguen al piso de aprendizaje. También existe un déficit de alumnos de muy alto desempeño, particularmente visible en Matemática.
Si se toma el promedio simple de las tres pruebas únicamente como herramienta descriptiva -no como un indicador oficial de PISA-, Argentina obtiene alrededor de 383 puntos. Uruguay ronda los 424, Chile los 427, Brasil los 402 y Paraguay los 347.
Eso deja a Argentina aproximadamente 44 puntos detrás de Chile, 41 de Uruguay y 19 de Brasil, aunque 36 puntos por encima de Paraguay.
La ubicación argentina es así bastante nítida: no pertenece al grupo latinoamericano de mejor desempeño, encabezado por Uruguay y Chile; tampoco se encuentra en el fondo regional. Está instalada en la mitad inferior, detrás incluso de Brasil, Perú y Colombia.
El documento de Argentinos por la Educación permite separar el deterioro coyuntural de 2025 de los problemas estructurales. En Lectura, Argentina pasó de 418 puntos en 2000 a 389 en 2025.
En Matemática, cuya serie comparable presentada comienza en 2006, pasó de 381 a 367 puntos; el informe señala que esa diferencia es estadísticamente significativa.
Ciencias constituye la excepción: 391 puntos en 2006 y 393 en 2025, prácticamente sin modificaciones si sólo se comparan ambos extremos.
Sin embargo, esa estabilidad de Ciencias esconde el deterioro ocurrido entre 2022 y 2025.
PISA 2025 deja entonces varias conclusiones simultáneas. Argentina empeoró en las tres pruebas respecto de 2022. No consiguió ubicarse entre los siete mejores países latinoamericanos en ninguna de ellas. Está por debajo de Chile, Uruguay y Brasil en las tres disciplinas y únicamente supera a Paraguay entre sus vecinos participantes.
Pero el problema más profundo aparece al abandonar los rankings y mirar qué pueden hacer efectivamente los estudiantes.
Seis de cada diez no alcanzan los conocimientos mínimos en Lectura. Casi seis de cada diez tampoco lo hacen en Ciencias. Y más de tres de cada cuatro quedan debajo del piso en Matemática.
En Matemática, además, no se observa una caída aislada sino una tendencia persistente: el bajo desempeño pasó del 64% en 2009 al 76% en 2025. En Lectura, el deterioro de largo plazo lleva el porcentaje debajo del mínimo desde 44% en 2000 hasta 59% actualmente.
Hay finalmente otra dimensión que vuelve particularmente complejo el escenario. Argentina tiene simultáneamente un problema de piso y de techo: demasiados estudiantes no adquieren las competencias elementales y prácticamente ninguno llega a los niveles más elevados, especialmente en Matemática.
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) avanza en la etapa final de la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Pindaytí, en la Ruta Provincial N.º 2, una obra estratégica para la conectividad entre Santa Rita, en Alba Posse, y 25 de Mayo.
La infraestructura se ejecuta actualmente con financiamiento 100% provincial, luego de que Misiones completara el proceso administrativo y legal necesario para retomar el control de una obra que había quedado inconclusa tras el desfinanciamiento del Gobierno nacional, cuando restaba aproximadamente el 15% de los trabajos para completar el proyecto.
El avance adquiere relevancia por la función que cumple la Ruta Provincial N.º 2 en la red vial del Alto Uruguay. La arteria conecta zonas productivas y localidades y constituye un corredor utilizado para el traslado de personas, bienes e insumos.
Una obra retomada para cerrar el último tramo
La decisión provincial de asumir el financiamiento permitió reactivar los trabajos pendientes y llevar la infraestructura hacia su etapa final. El objetivo no se limita a completar una estructura vial: apunta a garantizar una conexión segura y estable en un sector donde las condiciones hídricas pueden afectar la circulación.
El nuevo puente sobre el Pindaytí incorpora una solución vinculada precisamente con ese problema. La estructura fue elevada seis metros respecto de la anterior, una modificación destinada a reducir el riesgo de que las crecidas y anegamientos interrumpan el tránsito.
La altura de la infraestructura se convierte así en una variable central de la obra. En lugar de responder únicamente a las condiciones habituales del cauce, el proyecto busca otorgar mayor margen de seguridad frente a episodios de aumento del nivel del agua.
Para los usuarios de la Ruta Provincial N.º 2, la finalización del puente implica contar con una infraestructura diseñada para sostener la conectividad ante condiciones que pueden afectar la transitabilidad.
Conectividad y producción en el Alto Uruguay
La ubicación del puente explica buena parte de su importancia económica. El corredor vincula Santa Rita, en el municipio de Alba Posse, con 25 de Mayo y articula distintos sectores del Alto Uruguay con la red vial provincial.
En una región donde la producción necesita trasladarse hacia centros de comercialización y servicios, la continuidad de los corredores viales forma parte de los costos concretos de la actividad económica. Una interrupción puede traducirse en mayores tiempos de viaje, desvíos y dificultades para movilizar producción e insumos.
Por eso, la inversión en infraestructura vial funciona también como una herramienta de competitividad territorial. La conectividad no solo permite desplazarse: condiciona la posibilidad de producir, comercializar y sostener vínculos entre localidades y mercados.
La finalización del Pindaytí busca garantizar precisamente esa continuidad. La obra incorpora una infraestructura que apunta a disminuir la vulnerabilidad del corredor frente a las crecidas y, al mismo tiempo, consolidar una conexión estratégica dentro de la red vial misionera.
Financiamiento provincial ante una obra inconclusa
El caso también refleja una definición sobre el financiamiento de infraestructura. La obra había quedado con cerca del 15% pendiente luego del desfinanciamiento nacional. Para completar ese tramo, la Provincia asumió el control administrativo y legal y destinó recursos propios.
La decisión permitió evitar que una infraestructura prácticamente terminada permaneciera sin concluir por falta de financiamiento. En términos de política pública, completar una obra iniciada implica recuperar el valor de una inversión ya realizada y ponerla efectivamente al servicio de la comunidad.
El desafío posterior será sostener la calidad de la infraestructura mediante mantenimiento y conservación. La construcción de un puente reduce un punto de vulnerabilidad, pero la conectividad de un corredor depende también del estado general de la ruta y de las estructuras que lo integran.
En el Alto Uruguay, esa continuidad tiene una dimensión productiva adicional. La Ruta Provincial N.º 2 forma parte de la infraestructura que permite conectar establecimientos, localidades y circuitos comerciales en una zona donde el transporte es una condición necesaria para la actividad económica.
Una infraestructura pensada frente al riesgo hídrico
La elevación de seis metros del nuevo puente introduce además una respuesta concreta ante un problema recurrente de la infraestructura vial: la interrupción de corredores por crecidas y anegamientos.
La prevención tiene en este caso un componente físico. Elevar la estructura busca disminuir la posibilidad de que el agua alcance la infraestructura y afecte la circulación, reduciendo la exposición del corredor ante eventos de crecida.
La obra combina así tres objetivos: completar una infraestructura inconclusa, mejorar la seguridad vial y proteger la conectividad frente a condiciones hídricas adversas.
La etapa final del puente Pindaytí representa, en ese sentido, una intervención con impacto que excede el punto donde se encuentra emplazada la estructura. Su función está vinculada con la continuidad de toda una red vial y con la capacidad de las comunidades y sectores productivos del Alto Uruguay para mantener sus conexiones.
Con recursos provinciales, Vialidad avanza ahora sobre el último tramo de una obra que había quedado pendiente. La meta es que el puente deje de ser una infraestructura inconclusa y pase a cumplir una función concreta: mantener conectada una región productiva, mejorar las condiciones de circulación y reducir el riesgo de interrupciones por crecidas del arroyo Pindaytí.
Ante posibles inundaciones, el Ministerio del Agro brindó recomendaciones para el cuidado del rodeo. Las indicaciones están dirigidas a productores ganaderos de Misiones ante los pronósticos de lluvias intensas y crecidas asociados al fenómeno de El Niño. El objetivo es anticipar medidas, reducir riesgos y preservar la sanidad y el bienestar animal.
Ante los pronósticos climáticos que anticipan una posibles lluvias intensas y crecidas en distintos sectores de la provincia, el Ministerio del Agro y la Producción recomendó a los productores ganaderos adoptar medidas preventivas y planificar con anticipación el manejo de la hacienda.
En este marco, y en articulación con la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y los municipios, se trabaja en la prevención de posibles impactos sobre la actividad ganadera y en el resguardo sanitario de los animales.
El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, destacó la importancia de actuar con anticipación frente a los escenarios climáticos previstos. “La prevención es la principal herramienta que tenemos para reducir el impacto de un evento climático sobre la producción. Por eso estamos trabajando junto a los organismos técnicos y los municipios para que los productores cuenten con información y puedan tomar decisiones antes de que la situación se vuelva crítica”, señaló.
En este sentido, se recomienda identificar con anticipación potreros altos y zonas seguras hacia donde trasladar a los animales, además de prever la disponibilidad de alimento y agua segura.
En caso de que resulte necesario evacuar la hacienda, se aconseja organizar el traslado entre 24 y 48 horas antes de la llegada del agua, siempre que las condiciones lo permitan. Los arreos deben realizarse en grupos reducidos, evitando que los animales ingresen a corrientes de agua que puedan representar un riesgo.
“No hay que esperar a que el agua llegue al establecimiento para decidir qué hacer. Identificar previamente los lugares altos, conocer las vías de salida y tener preparado el traslado permite actuar de manera ordenada y disminuye considerablemente los riesgos”, explicó el subsecretario de Desarrollo y Producción Animal, Med. Vet. Carlos Caraves.
Si la evacuación no fuera posible, se recomienda abrir tranqueras y alambrados internos para permitir que los animales puedan desplazarse por sus propios medios hacia los sectores más elevados del establecimiento.
Asimismo, se subrayó la importancia de mantener actualizado el RENSPA y la documentación correspondiente, además de verificar la correcta identificación del rodeo.
Como medida preventiva, se recomienda identificar a los animales mediante pintura en aerosol de uso veterinario sobre el lomo, lo que facilita su reconocimiento durante una eventual evacuación o en situaciones de emergencia.
Desde la cartera agraria se remarcó que la seguridad debe ser siempre la prioridad. Por ello, se aconseja no permitir que los animales ingresen al agua cuando existan corrientes fuertes y evitar dejarlos atados o encerrados en corrales bajos, donde no puedan desplazarse hacia sectores seguros.
Una vez que el nivel del agua descienda, será fundamental garantizar agua segura para el consumo animal, controlar el estado de las pezuñas y reforzar el plan sanitario del establecimiento.
También se recomendó prestar especial atención a enfermedades que pueden verse favorecidas por estas condiciones, como Leptospirosis, Rabia Paresiante, Babesia y Anaplasmosis (tristeza bovina), además de intensificar el control de garrapatas.
Desde el Ministerio del Agro se destacó la importancia de anticipar las acciones, mantener actualizado el estado sanitario y documental del rodeo y priorizar su traslado hacia zonas altas, seguras y con disponibilidad de forraje ante la posibilidad de un fenómeno hídrico.
El Tribunal Electoral de Misiones puso en marcha una de las mayores transformaciones administrativas de su funcionamiento de los últimos años: el expediente digital pasó a ser obligatorio para prácticamente todos los trámites que se realizan ante el organismo, desde la formación y reconocimiento de un partido político hasta su participación en una elección.
La reforma quedó plasmada en el Acta Acuerdo 1247, aprobada el 19 de agosto por el Tribunal integrado por su presidente Cristian Marcelo Benítez y los vocales Augusto Gregorio Busse y Juan Pablo Espeche, con Irma Gisela Hendrie como secretaria actuaria. El sistema entró formalmente en vigencia el 26 de agosto de 2026.
No se trata solamente de escanear expedientes. La nueva arquitectura convierte al Sistema de Gestión Electoral en el centro operativo de la relación entre los partidos y el Tribunal. Las agrupaciones accederán mediante usuarios y contraseñas individuales, podrán seguir el estado de sus expedientes y efectuar allí sus presentaciones. En períodos electorales, además, el propio registro informático de fecha y hora se convierte en una pieza decisiva para determinar si una presentación ingresó dentro o fuera de término.
La definición jurídica es contundente. El reglamento establece que las constancias, movimientos, registros y documentos incorporados al expediente digital tienen “plena validez jurídica” sin necesidad de respaldo en papel y define al expediente electrónico como soporte único, íntegro y cronológico de las actuaciones.
Cada expediente tendrá un identificador único e irrepetible. En el caso de los partidos, conservarán esa numeración durante toda la vigencia de su personería jurídico-política.
La obligatoriedad alcanza a los partidos provinciales y municipales, tanto reconocidos como en formación, su intervención en los procesos electorales y los demás trámites que requieran actuación del organismo. Los partidos y frentes que participen de elecciones deberán realizar sus presentaciones mediante el Sistema de Gestión Electoral a través de sus apoderados o autoridades habilitadas.
Hay, sin embargo, una particularidad: la digitalización no elimina absolutamente todo contacto inicial con el papel.
Para crear un partido, el procedimiento comienza con la presentación presencial del Formulario Único de Inscripción ante Mesa de Entradas. Allí se digitaliza el documento, se crea el expediente y la Secretaría de TIC genera un usuario y una contraseña temporal. Desde entonces, el procedimiento migra al entorno electrónico.
El nuevo esquema impone una obligación concreta a quienes pretendan crear una agrupación política: una vez generada la credencial de acceso, dispondrán de 15 días corridos para completar la presentación digital de inscripción.
Si no lo hacen, se dará de baja tanto el trámite iniciado mediante el formulario como la credencial provisoria.
El manual desarrolla el circuito con bastante precisión. Primero se presenta el formulario ante Mesa de Entradas; luego el área de Partidos Políticos registra al partido y al apoderado; finalmente, la Secretaría de TIC crea el usuario y entrega una contraseña temporal para operar dentro de la plataforma.
A partir de allí comienza la evaluación documental. El apoderado tendrá que cargar digitalmente, entre otros documentos, el acta de fundación y constitución, declaración de principios, programa o bases de acción política, Carta Orgánica, reporte de adherentes, planillas de certificación de adherentes y acta de designación de autoridades.
El objetivo es que el expediente pueda ser seguido prácticamente en tiempo real por sus responsables.
Cinco estados para saber dónde está cada partido
Otra innovación es la trazabilidad administrativa. El sistema establece cinco situaciones posibles para una agrupación: en proceso de inscripción, en trámite, en formación, habilitado y en observación.
“En proceso de inscripción” corresponde a los expedientes que todavía no tienen primera providencia; “en trámite”, a aquellos que ya avanzaron hacia publicaciones e informes; “en formación” identifica a los partidos autorizados para comenzar la afiliación; “habilitado” corresponde a una agrupación reconocida; y “en observación” indica que existen cuestiones que deben corregirse.
El apoderado podrá consultar desde el sistema dónde se encuentra el expediente, qué área del Tribunal lo está tramitando y qué disposiciones fueron dictadas.
Es un cambio significativo respecto de la lógica tradicional de seguimiento de expedientes físicos: la trazabilidad del trámite pasa a quedar incorporada al propio sistema.
La digitalización llega hasta uno de los componentes más sensibles de la vida interna de los partidos: sus afiliados.
Una vez que una agrupación alcanza el estado de “En Formación”, podrá descargar desde el sistema una ficha de afiliación identificada con el nombre del partido y sello de agua. La ficha sigue teniendo una instancia física: deberá imprimirse, completarse y contar con las certificaciones correspondientes.
Después vuelve al circuito digital. El apoderado deberá precargar individualmente a cada afiliado e incorporar la ficha correspondiente y el frente de su DNI previamente escaneados. Una vez realizada la carga, el sistema generará un reporte y el Tribunal evaluará las afiliaciones. Las aprobadas pasarán de “precarga” a “activo”.
El manual precisa que, una vez cargados los afiliados, deberá generarse el Reporte de Afiliados en Precarga y efectuarse una nueva presentación electrónica acompañada por las planillas de certificación de firmas.
Cumplidas las exigencias legales y realizada la Audiencia de Reconocimiento, el expediente incorpora el acta correspondiente y el estado cambia finalmente a “Habilitado”, quedando reconocido el partido.
Lemas, sublemas y candidaturas: el cambio que impacta en las elecciones
El alcance político de la reforma se vuelve particularmente relevante cuando comienza un proceso electoral. El reglamento dispone que la precarga de lemas, sublemas y candidaturas funcionará dentro del Sistema de Gestión Electoral. El apoderado que ya tenga credenciales podrá ser asociado al expediente de la elección; quien no las tenga recibirá acceso para operar. La documentación respaldatoria también deberá incorporarse mediante presentaciones digitales.
El Tribunal explica que esta reforma continúa un proceso iniciado años atrás y profundizado para las elecciones de 2025, cuando se integraron en una misma plataforma la carga de juntas promotoras y avales para constituir sublemas, las candidaturas municipales y provinciales y el sistema de notificaciones electrónicas.
Ahora esa lógica deja de ser un conjunto de herramientas complementarias y pasa a estructurarse alrededor de un expediente electrónico único.
Probablemente uno de los aspectos jurídicamente más relevantes esté en los plazos. El sistema registra día y hora de cada presentación digital.
Fuera de un proceso electoral, una presentación puede realizarse incluso en un día u horario inhábil, aunque será considerada ingresada en el día y hora hábil inmediatamente posterior.
Pero durante un cronograma electoral la lógica cambia: los vencimientos deben ser estrictamente respetados y una presentación registrada después del plazo será rechazada conforme a la legislación electoral.
Esto transforma al registro informático en una suerte de reloj oficial del proceso electoral.
Para los partidos significa que el momento en que la documentación ingresa efectivamente al sistema pasa a ser determinante. El esquema reduce la discusión sobre la recepción física de escritos, pero simultáneamente aumenta la responsabilidad de los apoderados respecto de los tiempos de carga.
El nuevo régimen de notificaciones merece atención especial. Cada usuario tendrá una casilla web que funcionará como domicilio electrónico. La notificación se perfeccionará cuando la cédula y sus archivos adjuntos ingresen en esa casilla.
Para los plazos expresados en días, el cómputo comienza el día hábil siguiente. Para los establecidos en horas, empieza a correr desde la hora posterior a la notificación.
Fuera de un cronograma electoral, las notificaciones se cursarán normalmente entre las 7 y las 12. Durante un proceso electoral, la franja se amplía de 7 a 13 y de 15 a 20. Las cédulas deberán tener firma digital del funcionario y las copias se adjuntarán en PDF.
Hay además una diferencia importante entre la notificación legal y el aviso que recibe el usuario: el sistema podrá enviar un correo electrónico automático de cortesía, pero ese email no constituye la notificación procesal válida.
En términos prácticos, los apoderados tendrán que controlar su domicilio electrónico dentro del sistema y no limitarse a revisar su correo convencional.
La digitalización tampoco diluye responsabilidades. El Acta Acuerdo establece que los apoderados o autoridades partidarias que accedan mediante sus credenciales son responsables de la veracidad de las presentaciones. La norma incluso prevé consecuencias bajo la legislación penal aplicable en caso de falsedad.
Asimismo, aunque el expediente digital posee plena validez jurídica sin respaldo físico, el Tribunal estableció durante la implementación que la documentación presentada será verificada antes de su aprobación y los partidos deberán conservar en su poder el respaldo en papel, que podrá ser requerido por el organismo.
Esa coexistencia es uno de los matices relevantes de la reforma: el expediente oficial pasa a ser digital, pero determinada documentación original seguirá teniendo que conservarse físicamente.
¿Qué pasa si se cae el sistema?
El reglamento contempla expresamente una contingencia tecnológica. Si el Sistema de Gestión Electoral sufre una falla, el Tribunal podrá habilitar temporalmente presentaciones en papel. Una vez restablecido el servicio, esas actuaciones deberán regularizarse e incorporarse digitalmente.
Además, toda documentación escaneada deberá subirse exclusivamente en formato PDF, y los expedientes serán conservados en repositorios seguros bajo los estándares tecnológicos definidos por el organismo.
La cuestión de la seguridad informática ocupa un lugar relevante en los fundamentos del Acta.
El Tribunal informa que los sistemas fueron desarrollados íntegramente por su Secretaría de TIC, y que la administración, gestión y almacenamiento de los datos quedan bajo control del propio organismo, con guarda en servidores locales.
También aclara un dato significativo: actualmente ya no cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001 e ISO 27001, por razones que atribuye a cuestiones ajenas al organismo, aunque sostiene que los estándares aplicados durante 16 años continúan formando parte de su política de gestión y que el sistema mantiene directrices de seguridad de la información vinculadas a ISO/IEC 27001.
Qué pasa con los viejos expedientes
El cambio tampoco empieza de cero. Todos los expedientes que nacieron en papel deberán cerrarse físicamente, escanearse e incorporarse al nuevo sistema como “expedientes históricos”.
La migración sigue un orden determinado. Primero ingresan los partidos provinciales reconocidos, desde los más antiguos hasta los más nuevos; luego los partidos municipales reconocidos; después los provinciales y municipales en formación; posteriormente los que estén en otras etapas de inscripción y, finalmente, el resto de los expedientes del Tribunal.
Para realizar esa migración, el Tribunal incluso dispuso previamente la interrupción del sistema y de la atención de Mesa de Entradas durante cuatro jornadas de agosto. Los expedientes físicos fueron cerrados y los cuerpos faltantes debían escanearse para permitir que los partidos pudieran consultarlos electrónicamente. La entrada en vigencia general quedó fijada para el 26 de agosto.
El Expediente Digital aparece en el Acta 1247 como la pieza final de un proceso tecnológico mucho más largo.
El Tribunal recuerda que en 2014 avanzó como organismo certificante para firma digital; en 2015 implementó el Sistema de Empadronamiento Digital de Extranjeros; en 2016 incorporó las notificaciones electrónicas; en 2018 avanzó con recibos de sueldo y legajos digitales; y en 2022 aprobó un sistema electrónico para trámites internos del personal.
También digitalizó progresivamente tareas centrales de la administración electoral, desde autoridades de mesa y centros de votación hasta delegados electorales, repliegue del material, escrutinio definitivo y adjudicación de bancas.
La digitalización de los partidos y sus expedientes completa ahora ese circuito. El cambio más relevante, por lo tanto, no está en la eliminación de carpetas.
